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Conclusiones y recomendaciones.
Nombramiento de Defensor de Pueblo•a falta de esta institución sigue siendo una deuda pendiente del congreso. Con su puesta en vigencia se podrá recepcionar y dar seguimiento a denuncias por violaciones de DD.HH, así como canalizar los mecanismos para su reparación.
Cese de impunidad y reparación por las violaciones de DD.HH de la dictadura
•El Estado Paraguayo debe formar una Comisión de Investigación de los hechos ocurridos entre 1954-1989 y emitir un informe oficial con la lista de desaparecidos y detenidos, asumiendo todas las violaciones cometidas por él en ese periodo.
•Es necesario un trámite de oficio más efectivo y rápido para los procesos judiciales por estas violaciones ya que muchos se encuentran paralizados o trancados por incidencias procesales.
•La Corte Suprema de Justicia debe resolver el rechazo de la acción de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo para que finalmente quede vigente la Ley Nº 838/96 de Indemnización a las víctimas de la dictadura.
•El Estado debe proveer urgentemente un sistema de ayuda médica y psicológica integral a las víctimas de la tortura y de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Aceleramiento del proceso de reforma judicial
•Redefinir la institución de la Defensa Pública, sobre la base de su autonomía, contando con los recursos adecuados, para que pueda acercar la justicia a quienes más la necesiten.
•Es necesario acelerar el proceso de reforma de la justicia, fundamentalmente el de la justicia penal, en base a criterios técnicos de implementación que contemplen el diagnostico, las necesidades de implementación y capacitación y de los recursos tanto humanos como tecnológicos , que garantizan la operatividad eficiente de mismo, para lo cual se podría crear un organismo interinstitucional y multidisciplinario. Especialmente urge la vigencia de un nuevo Código de Procesamiento Penal, que debe hacerse en armonía con la legislación internacional, lo que ayudará a contar con medios jurídicos que produzcan un cambio efectivo en las garantías judiciales.
•Asimismo falta coordinar las distintas instituciones que operan en el sistema de justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Policía de la Capital, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior, con posibilidades de controles recíprocos y autocontroles en sus actuaciones.
Mejoramiento de la situación de los detenidos y presos en cárceles centros primarios de detención
•La Corte Suprema de Justicia debe ejercer de contralor y arbitrar las medidas que permitan reducir la morosidad judicial que abarrota las prisiones
•Asimismo debe exigir el cumplimiento fiel del Art. 12 de Constitución Nacional mediante una Acordada, para que los jueces y fiscales en los criminal de turno realicen visitas sorpresivas a Comisarias y Centros Primarios de Detención y puedan constatar los casos de detenciones ilegales o arbitrarias y abusos y torturas de agentes públicos. Al mismo tiempo hay que implementar una solución urgente para el hacinamiento en esos centros, agilizando los trámites para llevar a los detenidos al juez en el plazo constitucional prescrito de 24 horas.
•Definir claramente el rol de la Policía Nacional en el nuevo sistema penal a ser implementado y su relación con los órganos jurisdiccionales y con el Ministerio Público.
•Las denuncias por torturas y malos tratos deben ser investigadas en primer lugar dentro d la misma institución policial, que debe sancionar con rigor a los uniformados si comprueba la veracidad de la denuncia. Independientemente, la justicia debe impulsar de oficio la investigación de estos casos, estableciendo la responsabilidad de los autores de los hechos e incluso la posibilidad de reparación de las víctimas.
•Es imprescindible establecer programas de estudio de promoción y protección de los DD.HH. En todas las instituciones de educación de quienes tienen personas en custodia, oficiales de policía, militares, tanto en la educación formal como en la no formal.
•Se deben tomar medidas radicales par mejorar nuestros calamitosos establecimientos penitenciarios, que por su ruinoso estado, su incapacidad de satisfacer el número de internos son totalmente inadecuados para su función. En especial, respecto al correccional de menores "Panchito López", cuya existencia debe ser objeto de seria consideración.
•Implementar la ayuda post-penitenciaria que colabora para la reinserción del interno a la vida en libertad, no sea traumática en lo psíquico ni en lo económico, y evite la vuelta del ex-interno a la vida delictiva.
•Establecer prerrequisitos mínimos para garantizar un tratamiento que por lo menos atenúe las vejaciones que trae aparejado el encierro: separación entre menores y mayores, entre sexos y, de la misma manera, por criterios de emotividad, salud, estado físico y mental. En cada centro existirá por lo menos un medico general con conocimiento psiquiátricos, un enfermero, se dispondrá de los servicios de un médico odontólogo y de personal auxiliar adecuado.
Abolición del Servicio Militar Obligatorio y vigencia plena del derecho de objeción de conciencia
•La institución del SMO es hoy día uno de los espacios institucionalizados más importantes y críticos de violación de los Derechos Humanos en el Paraguay. Su naturaleza intrínseca, así como los excesos y arbitrariedades constatadas nos llevan a concluir que esta institución no puede ser reformada y solo cabe su supresión.
•El Ministerio Público debería conceder una especial importancia al seguimiento de las denuncias provenientes por violaciones a los derechos humanos en el ámbito del SMO. En este sentido, un sistema de fiscalización y de visitas de inspección sería imprescindible para la prevención del problema. Sería conveniente que el Ministerio Público en lo Tutelar del Menor verifique anualmente la lista de reclutados y sus documentos para detectar el ingreso de menores al SMO.
•De no definirse una solución a corto plazo con respecto a la abolición del SMO, el Estado Paraguayo tiene la obligación legal de garantizar con normas reglamentarias adecuadas el ejercicio de la objeción de conciencia. Cualquier intento de reglamentar la objeción con fines obstruccionistas, estableciendo normas punitivas, será inconstitucional.
•El Estado Paraguayo debe informar sobre el derecho de objeción de conciencia a la persona afectadas por el SMO. El Congreso debería prever fondos para suplir la falta de voluntad política del Poder Ejecutivo en el incumplimiento de esta obligación, y emprender una campaña de información para las personas interesadas en objetar puedan hacerlo en la Comisión de Derechos Humanos.
•Es necesario que el reclutamiento sea realizado por instituciones civiles y bajo jurisdicción ordinaria; las atribuciones policíacas de las instituciones castrenses deben ser anuladas así como el régimen punitivo que existe en contra de los detractores del SMO.
Cese de la discriminación y la violencia contra la mujer
•Modificar las leyes que todavía contienen discriminaciones hacia las mujeres y reglamentar los artículos constitucionales que protegen el derecho a la igualdad entre los sexos, así como los que obligan al Estado a tomar medidas protectivas y promocionales específicas para las mujeres.
•Tomar medidas urgentes para prevenir y castigar la violencia en general, especialmente la sexual, que afecta sobre todo a mujeres jóvenes. Dedicar esfuerzos especiales a la obtención de datos estadísticos confiables en base a los diversos registros existentes y brindar servicios de asistencia especialmente a las mujeres que son víctimas de la violencia.
•Establecer mecanismos institucionales, a más de los judiciales, destinados a recibir y encauzar denuncias sobre tratamientos discriminatorios hacia las mujeres o de incumplimiento de los derechos y protecciones establecidos en la Constitución y las Leyes. Es necesario contar con centros de atención que alienten a las denuncias y eviten la frecuente impunidad en los casos de violación de los derechos de las mujeres.
•Deben consolidarse e impulsarse los mecanismos se seguimiento e implementación de las convenciones y conferencias mundiales, así como las instancias interinstitucionales de coordinación, incorporando en todos los casos la participación efectiva y amplia de las organizaciones, mujeres y otros sectores de las sociedad civil.
La protección integral de todos los/las niños/as y adolescentes
•En especial de quienes están en grupos que merecen ser atendidos de manera más urgente y específica, ya que no tienen suficiente o ninguna cobertura: los con capacidades especiales, las/los niños/as víctimas de explotación sexual, indígenas, los que están en conflicto con la ley, en el servicio militar, en áreas rurales, trabajadores por cuenta ajena, los sin inscripción en el registro civil.
•Es necesaria una mayor coordinación de las diferentes instancias gubernamentales que se encuentran desarrollando acciones dirigidas al sector infantil, a fin de generarlas desde la consideración del interés superior del niño como condición básica a considerar.
Integración de las personas con discapacidad
•Formular políticas integrales de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, incluyendo en la reformulación de las instituciones su participación directa, con poder de decisión, en la instancias de planeamiento, gestión y evaluación de programas, así como promover una legislación en saluda mental que asegure los derechos de las personas con sufrimiento psíquico y promueva la organización de servicios comunitarios de atención.
Apoyo a personas que migran
•Es necesario implementar estrategias de retención de la población en sus lugares de origen, para desanimar el éxodo, lo cual sólo podrá realizarse con políticas de creación de empleos.
•Los que migran deberían recibir adecuada información sobre los lugares de recepción migratoria, y contar con un centro de atención legal y social en general, que funciones efectivamente, así como los migrantes con voluntad de retornar, deberían contar con algún apoyo para el desplazamiento de sus pertenencias, el otorgamiento de sus documentaciones, incluyendo escolarización certificados de trabajos, etc.
Restitución de las tierras reivindicadas por las comunidades nativas
•Restituir a través de compras directas o expropiaciones, las tierras reivindicadas por las comunidades nativas, imprimiendo a las tramitaciones la celeridad requerida, y al mismo tiempo, combatir la corrupción gubernamental institucionalizada que opera detrás de las gestiones reivindicativas. Este grave problema atenta directamente contra el reclamo que hacen los indígenas, porque con la estafa al Estado se enriquecen algunos pocos agente u operadores dentro de las instituciones públicas y se perjudica notablemente los intereses de esto pueblos.
Mejoras condiciones de vida para los pueblos indígenas
•Velar por el cumplimiento de las leyes laborales de los trabajadores indígenas, principalmente los asalariados de las estancias.
•Desarrollar una política nacional de salud en las comunidades indígenas, con todos los alcances que ella pudiera representar, especialmente en materia de atención básica permanente, campaña de prevención y erradicación de enfermedades contagiosas como la tuberculosis, y creación de infraestructuras necesarias para la atención sanitaria.
Mejorar la calidad de la participación política estableciendo mecanismos de control de la ciudadanía
•Los mecanismos sugeridos para un mayor control de la ciudadanía son: una Comisión de Control de la Ciudadanía, formada por ciudadanos/as notables que fiscalicen la legislación que os parlamentarios elaboren sobre cuestiones que afecten a sí mismos;
•La revocación de mandato, para los integrantes del Congreso que no están cumpliendo a cabalidad con su labor, lo que se puede hacer por una enmienda constitucional;
•Implementación de las listas cerradas y móviles, para que el elector elija candidatos/as en orden de su preferencia, y principalmente para la propuesta, aprobación e implementación de políticas públicas.
Promover un programa de fortalecimiento institucional de los municipios
•Es indispensable en primer término renovar la ley orgánica municipal, buscando dotar a los municipios de condiciones mínimas para desarrollar las funciones que la ley les asigna, así como capacitar a las autoridades electas y a los funcionarios y asesorar la planificación de proyectos sociales en base a las necesidades y problemas locales.
•En lo que respecta al Instituto de Desarrollo Municipal (IDM), debe ser reestructurado y dotado de los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones que le fueran asignadas y se esperan de él. Las mismas autoridades municipales deberían estar interesadas en esta renovación y encarar reclamos al gobierno central para llevarlas a cabo.
Reconocer el problema agrario como de tipo estructural
•El gobierno que asuma en 1998 tendrá que pensar seriamente en la implementación de programas de desarrollo económico y social que permitan contener el creciente deterioro de las condiciones de vida de las ciudadanía.
•Se deben crear las condiciones institucionales necesarias y adecuadas para la reforma agraria y el desarrollo nacional, ésta debe ser tarea prioritaria, y la misma debe partir de una premisa básica: la participación amplia de los sectores sociales, políticos, religiosos, etc. interesados en modificar la actual injusticia en la distribución de la tierra, de manera a generar el uso óptimo de los recursos para obtener un desarrollo sustentable con mayor equidad.
•Elaborar un Plan Estratégico a largo plazo para el desarrollo y la modernización del sector agrario paraguayo, que haga efectiva la participación de masas anteriormente marginadas, que eliminen el latifundio improductivo y que apoye a la pequeña y mediana empresa agrícola.
Convertir el sistema educativo en un instrumento firme de la democracia paraguaya
•Estructurar un sistema educativo democrático, participativo y ajeno a los intereses sectarios o corporativos con un currículum y una práctica educativa que contribuya efectivamente a la consolidación de los valores de la democracia, a través de la descentralización
Formulación de una política ambiental coherente con el modelos de desarrollo sustentable
•Es fundamental el fortalecimiento de los organismos de control de la gestión gubernamental, habilitando mecanismos efectivos para combatir la corrupción.
•En el derecho a un ambiente sano, es necesario que se establezca una agenda priorizando la reglamentación de las leyes ya vigentes para facilitar su aplicación en la medida de las necesidades, así como la formación de los jueces en materia de legislación ambiental, para activar y aplicar en forma efectiva las medidas de control en la administración de la justicia.
Reforma sanitaria como política de Estado y mayor voluntad para responder a necesidades prioritarias
•El Estado paraguayo presenta un gobierno que ni siquiera vislumbra sus propios objetivos sociales y manifiesta incapacidad o desinterés en responder a las necesidades prioritarias.
•La promoción del derecho a la salud con iniciativas, actividades e instrumentos para su cumplimiento, una asignación presupuestaria adecuada, la autogestión hospitalaria y la implementación de la Reforma Sanitaria como política de Estado pueden llevar a un mejoramiento de la situación de salud.
•La salud integral de la mujer debe ser preocupación prioritaria, siendo su derecho inherente y/o de la pareja el de decidir la cantidad de hijos a tener y su espaciamiento, debiendo incorporarse a los programas de educación de salud reproductiva, ya que según estadísticas del Ministerio de Salud, el 90% de casos de morbimortalidad materna son evitables.
•Un profundo saneamiento del sistema de seguridad social a nivel administrativo y operativo es esencial para analizar la viabilidad del sistema. Se deben establecer esquemas de control y sanción adecuados, acompañados de un cambio en el marco regulatorio. Es fundamental que la entidad pase a ser gerenciada por personal apto para ello.
Los Ministerios de Educación y de Salud, deben incorporar como parte de sus funciones la garantía de que la población más carenciada reciba los alimentos básicos necesarios. En este sentido, no tendrá mucha efectividad la apertura de escuelas en lugares donde se encuentran asentadas poblaciones pobres, si no se garantiza un vaso de leche y el acceso a verduras y frutas, necesarias para el crecimiento y el aprovechamiento de la instrucción impartida en el centro educativo. Tampoco los programas de prevención de enfermedades implementados por el Ministerio de Salud Pública podrán ser efectivos si no se cuenta con una población alimentada.
Buscar los mecanismos para hacer realidad el acceso de todos a una vivienda digna como un deber el Estado
•La vivienda digna en el medio urbano requiere de un adecuado nivel de servicios y de seguridad ambiental. Precisamente, la precariedad más fuerte de las viviendas de los sectores populares consiste en el deterioro ambiental como consecuencia de la precariedad de servicios en los barrios.
•La vivienda en el medio rural debe ser analizada en función al estilo de vida y modos de habitar del campesino. No se puede trasferir modelos urbanos; un rancho en buenas condiciones es una respuesta adecuada a las necesidades del campesino. El problema radica en tres servicios claves: tratamiento de materiales a utilizarse, tratamiento del agua y construcción de baño adecuado para la eliminación de excretas.
•Los asentamientos ubicados en zonas inundables no han recibido ningún tipo de apoyo efectivo que pueda cambiar las condiciones de vida de sus ocupantes, y se han convertido en sitios de una inseguridad absoluta para miles de familias que tienen sus viviendas aledañas a los ríos y arroyos.