Por Comité de Iglesias para Ayudas
de Emergencia
(Area Urbana)
Con aportes del Dr. José Nicolás Morínigo
y del
Arq. Luis Alberto Boh
La falta de empleos, las diferencias en las posibilidades de acceso a la educación, a la salud, la muy desigual distribución de la producción social, se relacionan con el problema de la vivienda que muestra niveles similares con las condiciones generales de los demas derechos sociales. Hay que señalar, sin embargo, que el problema de la vivienda tiene sus propios niveles de especificidad, y al mismo tiempo, presenta ramificaciones y extensiones que conviene precisar. Este breve trabajo busca precisamente, definir, describir la situación e indicar muy someramente las raíces del problema de la vivienda, y en consecuencia, las dificultades emergentes para hacer realidad un derecho inherente a la familia como condición para alcanzar una vida digna.
Al mismo tiempo, la descripción del problema se presenta considerando la situacion de la vivienda urbana y rural.
Puede definirse el derecho a la vivienda digna como el espacio construído donde un grupo familiar puede concretar la vida de interrelacion entre sus miembros, así como el desarrollo de las actividades personales de cada uno de ellos sin conflictos respecto a las pautas de comportamiento propias de su cultura. A su vez, la capacidad de este espacio de insertarse y vincularse satisfactoriamente a un contexto ambiental que responda tanto a requerimientos objetivos de salubridad, accesibilidad y servicios urbanos; como a los requerimientos valorativos culturales que hagan posible a la familia participar de un grupo o comunidad.
A partir de esta definición provisional, es posible detectar que existen dos niveles que deben ser considerados al analizar la vivienda, y que las condiciones que deben llenarse para lo que llamamos vivienda digna, incluyen tanto los aspectos particulares, referidos a la vivienda en sí; como a aspectos más abarcantes, vinculados a la relación entre vivienda y ambiente, equivalentes de alguna manera a la relación entre el individuo y su comunidad.
En esta perspectiva resalta un primer aspecto que está dado por el hecho de que la vivienda excede los límites estrictamente físicos de su materialidad, por consiguiente la vivienda no es sólo "una construcción", un hecho físico, es también el medio a través del cual un grupo familiar participa y se integra a una comunidad.
La vivienda es, en consecuencia, un espacio de inserción social del individuo o la familia en la medida en que forma parte de ese sistema de vínculos o redes materiales e inmateriales que conforma su ambiente físico-cultural.
Por lo tanto podríamos afirmar que en la medida en que la vivienda se inserta en la ciudad, o el medio rural, y en este caso también con sus pecualiaridades tantas veces olvidadas en los informes burocráticos, la vivienda se erige en un medio para la participación comunitaria.
3.- El proceso de urbanización y el problema de la vivienda.
El crecimiento urbano de Paraguay se ha manifestado tardiamente en referencia a otros países latinoamericanos.
La población urbana representa el 51% del total de la población, pero debe señalarse que la caracterización de urbano responde en el censo a un criterio político administrativo, al considerar como urbano a todo centro poblado cabecera de distrito, lo que deja de lado otros aspectos que son más relevantes desde el punto de vista sociológico y urbanístico. Paraguay posee 1.054.184 viviendas de acuerdo al Censo de 1992, de los cuales 570.000 se hallan en el medio urbano y 484.184 en el medio rural. En ciudades y núcleos de población de 5.000 habitantes y más, vive el 43,3% de la población total, un porcentaje más real para tener una idea aproximada de la urbanización del país.
De hecho, el proceso de urbanización adquiere un ritmo de crecimiento llamativo recién a partir de la década del 70, cuando el capital extranjero, amparado en leyes de fomento e inversiones, así como los grandes emprendimientos hidroeléctricos (Itaipú y Yacyretá), impulsaron el crecimiento económico en el marco de una economía de mercado cada vez más dinámica.
El uso continuado de la tierra y la carencia de instrumental teconológico en las áreas minifundiarias aceleraron la crisis de los sectores campesinos, dejando disponible un fuerte contingente de mano de obra que el sector agrícola tradicional era incapaz de absorber. Se inició a su vez, un fuerte proceso de expansión en el sector de la construcción que alteró el comportamiento relativamente estático del mercado de la tierra y la vivienda, y que con los otros factores mencionados dinamizaron la vivienda y la tierra urbana en el ciclo de la especulación, comercialización y acumulación.
El modelo económico convirtió a la tierra urbana en factor clave de un proceso de especulación sin precedentes en la sociedad paraguaya. La conformación de un sector empresarial-inversionista, así como la creación de instituciones que facilitaban a los sectores con ingresos medios y altos, invertir en la compra de tierra y vivienda urbanas, sentaron la base de un proceso que alejó las posibilidades de los sectores más populares para acceder a la vivienda.
Los factores mencionados influyeron decisivamente en la conformación y uso del espacio. El proceso de urbanización que hasta la década del 60 se caracterizó por un escaso dinamismo se alteró sustancialmente. La población de los municipios cercanos a Asunción se incrementó notablemente (Véase Cuadro N 1).
A mediados de la década del 70 Asunción absorbía el 80,9% de la población del área metropolitana, en 1992 absorbía el 50%, la tendencia por consiguiente es clara: la periferización de la ocupación espacial. Por otra parte, los pueblos con más de 5.000 habitantes ubicados en el Departamento Central, empezaron un proceso de crecimiento notable conformando un espacio relativamente integrado al Gran Asunción, con una población global de alrededor de 1.200.000 habitantes que confirman una manifestación evidente del proceso de urbanización localizado preferentemente en torno a la ciudad capital.
Los pueblos de más de 5.000 habitantes del departamento Central, que en el período intercensal de 1962-1972 crecieron con una ínfima tasa anual de 0,6%, en el período 72-82 aumentaron su población con una tasa de 11%, y entre el 82 y 92 se expandieron en forma inusitada con una tasa de 53,7% anual acumulativo (Véase cuadro N 2 ).
Si consideramos como urbano a los núcleos poblacionales de 5.000 y más habitantes constatamos, de acuerdo al Censo de 1992, que el 43.3% viven en áreas urbanas. Del 43% indicado, el 66% habita en Asunción y ciudadades del Departamento Central, lo que implica una alta concentración poblacional en un espacio relativamente restringido del Paraguay.
El crecimiento de las poblaciones de mas de 5.000 habitantes en el departamento Central indica por otra parte con claridad la agudización del proceso de periferización, con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida en la medida en que el acceso a los servicios indispensables para el medio urbano resultan insuficientes y notablemente deficitarios.
Asimismo, se ha establecido con nitidez la formación de otros polos de urbanización con características propias, una dinámica y una sustentabilidad que por primera vez se concretan al margen de los parámetros de la capital del país y su área de influencia.
Ciudad del Este y su entorno, y las ciudades de Encarnación y Pedro Juan Caballero en el este, sur y nor-este del país, respectivamente, conforman casi la totalidad del porcentaje de lo que llamamos resto urbano del Paraguay. En todos los casos, el carácter de ciudades fronterizas representa un déficit adicional en las condiciones de vida urbana por los altos niveles de delincuencia e inseguridad ciudadana (Véase Cuadro N 3).
El crecimiento urbano trajo aparejado en muchos casos un severo deterioro de las condiciones ambientales y un virtual colapsamiento de las capacidades de los municipios de menores recursos económicos ante las crecientes exigencias de servicios publicos (agua, luz, etc.), así como la recolección de basuras, infraestructura urbana y transporte. A esto deben sumarse sumarse otras pérdidas, quizás menos tangibles, pero igualmente importantes, vinculadas a la calidad de vida urbana, como la pérdida de niveles de identidad local por la extinción o las drásticas alteraciones del patrimonio histórico construído, la desnaturalización de los referentes simbólicos urbanos o las modificaciones y rupturas de las tramas sociales hasta entonces vigentes, a partir de determinadas actividades productivas locales que quedaron rebasadas o sustituídas por la irrupción de redes de comercialización o producción de alcance nacional.
En el caso del área metropolitana y ciudades del departamento Central, así como el caso de Ciudad del Este, por falta de un marco legal apropiado que distinga entre suelo urbanizable y no urbanizable, y por las particularidades de la legislación que identifica los límites del municipio con los de los distritos territoriales, la expansión urbana ha quedado fuera de toda limitación que no sean los criterios de lucro de las empresas loteadoras e inmobiliarias. El resultado ha sido no sólo la visible y dramática depredación de los recursos naturales, de las reservas paisajísticas, de las áreas abiertas de uso público y las existencias forestales; sino también el menos evidente pero decisivo deterioro, por incapacidad de cobertura, de las redes de comunicación y servicios, cada vez más precarias y costosas; que terminan significando para los pobladores de las deterioradas periferias el sobrecosto del aislamiento y la distancia a los sitios de trabajo.
De todos los servicios, el que tiene mayor impacto para generar procesos de expulsión en el área del Gran Asunción,es el de la apertura y construción de calles empedradas o con pavimento asfáltico.
Su forma de implementación casi siempre significa, en no pocos casos, la ejecución de una estrategia de apropiación de terrenos urbanos pertenecientes a sectores sociales pobres, que incapaces de hacer frente a las obligaciones emergentes de las las obras, se ven en la necesidad de mal vender sus propiedades, o incluso cederlas como consecuencia del incumplimiento de la obligación impuesta. En muchos casos, la expansión del empedrado es realizada con una clara orientación de apropiación, ya que no se integra a ningún proceso racional del crecimiento de la ciudad.
Con el aumento de la demanda de la tierra urbana como ahorro y como inversión, la especulación sobre los grandes espacios vacíos en áreas relativamente cercanas a los centros urbanos sustituye un comportamiento económico típico.
Como efecto inmediato, el precio de la tierra urbana sube extraordinariamente y su acaparamiento con una finalidad especulativa, obliga a los sectores de menores ingresos a buscar nuevos espacios en áreas más lejanas, aún cuando existen otros muchos más integrados a la trama urbana y a los servicios de luz, agua y empedrado plenamente disponibles.
La valorización de la tierra convierte en espacios deseables los sitios de asentamiento de la población de bajos ingresos en muchos casos carecen de títulos saneados sobre la propiedad de la tierra. Presionados por los inversionistas venden, en muchos casos, tierra y vivienda a un precio ínfimo.
El aumento de la población urbana pobre, ya sea en los tradicionales asientos de pobreza, como también otros nuevos,
constituye una caracteristica y un signo de las nuevas condiciones socio-económicas de la sociedad paraguaya.
Si bien el crecimiento de la población en las áreas inundables se mantiene estable, el crecimiento de la periferia de Asunción y ahora de manera muy dinámica la periferia de los municipios mas poblados del área metropolitana, y los centros de más de 5.000 habitantes del Departamento Central indican la conformación de un espacio con exigencias urbanas cada vez más insolayables. Se extiende así la trama urbana sin el correspondiente apoyo de servicios indispensables, que en una situación de concentración poblacional, se vuelven imprescindibles.
La situación socio-económica de los sectores pobres de la ciudad, tiende a mantenerse con gran precariedad en cuanto al acceso a los bienes y servicios indespensables para alcanzar una vida digna. Lejos de convertirse los cinturones de pobreza en sitios de transición desde donde sus pobladores inician procesos de movilidad social ascendente, estas áreas constituyen núcleos con poblaciones atrapadas en una situación relativamente permanente de empobrecimiento.
La precariedad material de las viviendas, el alto nivel de hacinamiento al que debe agregarse en muchos casos la inestabilidad crónica del asentamiento, la ausencia de servicios organizados y eficaces inciden directamente en el deterioro de los barrios pobres, y tambien en la calidad de vida de sus pobladores. En este sentido, por sus efectos inmediatos en la salud, la carencia de un sistema adecuado de distribucion de agua potable, así como un régimen permanente de eliminación de residuos, constituyen dos aspectos, determinados en la degradación ambiental urbana.
La pobreza social no sólo se define por carencias materiales, sino también por que constituye un obstáculo a la participación protagónica de los grupos sociales dentro de la sociedad.
La compra de lealtad a cambio de la libre disponibilidad de ciertos bienes (pequeñas parcelas en la areas inundables, o de la prestación de servicios, atención médica, etc.) directamente utilizados en muchos casos, como un medio para formar una clientela política, impiden la búsqueda legítima de alternativa de participación social, que puedan constituirse en un medio para alcanzar una mejor calidad de vida.
La dependencia de los pobres hacia los grupos de poder político, que en la práctica controlan bienes que pertenecen a toda sociedad, y que administran para conformar una amplia base social de apoyo político constituye una forma de privación de libertad y un medio para fortalecer relaciones de dominación espúreas. La manipulación se convirtió en un mecanismo de control, al que los pobres deben resignarse para poder seguir sobreviviendo.
Existen básicamente cuatro formas de inserción de la población urbana pobre en el área metropolitana.
a- los asentamientos espontáneos ubicados en las zonas indudables del Gran Asunción y en las áreas adyacentes de los cauces de los arroyos en zonas circundantes de la ciudad.
Existen dos mecanismos para la ocupación de la tierra, el primero de ellos es la ocupación directa; generalmente son familias que provienen del interior del país o familias que tienen una larga posesión en el lugar que hacen un sitio para los miembros de la familia. En el segundo caso el acceso se realiza a través de la compra de un derecho de ocupación, lo que a su vez implica una delimitación clara del espacio físico al cual accede el nuevo ocupante.
Los problemas básicos en los asentamientos espontáneos son: a) el elevado número de viviendas con una sola habitación que implican hacinamiento y promiscuidad y, b) la inexistencia de un mecanismo adecuado de defensa contra la creciente del río Paraguay, que periódicamente, cada uno, dos o cinco años, expulsa a la población como consecuencia de ciclos de crecidas que son a veces benignas pero otras muy fuertes. En estas áreas vive aproximadamente el 12% de la población de Asunción. Véase el estudio realizado por Base-Ecta, considerando el registro contable de las viviendas en los mapas levantados por el Instituto Geográfico Militar y CETA, consultora contratada por la Asistencia Técnica Japonesa.
b- Los asentamientos inducidos, producto de un proceso de relocalización grupal con apoyo de instituciones públicas o privadas.
Desde el punto de vista estrictamente material referida a la vivienda como unidad física las condiciones de los asentamientos inducidos tienden a mejorar. Sin embargo, al perder el sujeto la iniciativa en el proceso de construcción, las respuestas creativas de los porpios pobladores tienden a diluirse, mientras que la función técnica adquiere cada vez mayor proponderancia.
La vivienda como unidad material mejorada se convierte en una esfera aislada y aislante y su vital función de espacio estratégico de inserción en el medio urbano queda relagada a un plano secundario. De esta forma, separadas las familias pobres de su ámbito de trabajo y acción, o realizan un esfuerzo extraordinario para ajustarse a la nueva situación o bien, necesariamente deben volver a los sitios de donde han partido. Esta situación explica el abandono de los asentamientos inducidos en los casos en donde no se han previsto mínimamente tales situaciones.
Los asentamientos inducidos constituyen alternativas de solución para sectores de ingresos relativamente estables producto de una inserción laboral segura, pero para los sectores que obtienen recursos a traves de su actividad diaria por medio de la prestación de servicios múltiples en el medio urbano, la alternativa no es la más recomendable. No es casual entonces, que de acuerdo a informaciones proporcionadas por la Coordinadora de Pobladores de Zonas Inundables, entre el 60% y 70% de las familias que han sido reubicadas por la Municipalidad han abandonado sus viviendas, para volver nuevamente a las áreas inundables cercanas al centro de Asunción. Tres motivos explican el abandono: a) el aumento del costo de vida en los nuevos asentamientos, b) la ausencia de empleo en las áreas cercanas a los nuevos asentamientos y, c) la inexistencia de servicios de transporte medianamente eficiente.
Los factores de abandono indicados han sido objeto de evaluación y de estrategias para superar esos condicionamientos en los asentamientos inducidos creados por instituciones privadas, como el caso del Comité de Iglesias y otros.
c- Los asentamientos por adhesión o de alquiler, a través de la utilización de una pieza que sirve de refugio para toda la familia.
Piezas de alquiler en casas particulares o en viviendas destinadas para el efecto (casa de pensión ) constituyen otros de los medios de acceso de las familias pobres a la ciudad. El efecto más negativo que produce el hecho de vivir en piezas de alquiler, lo constituye la desintegración de las actividades familiares y comunitarias. Al no existir espacios para las acciones que se realizan en el ámbito de la vivienda, el proceso de integración familiar que se produce en la cotidianidad de las actividades del grupo familiar, se disuelve afectando seriamente la capacidad de integración del grupo.
A los peligros de la desintegración familiar, debe sumársele la desintegración comunitaria que altera un sistema de relación personalizada aún vigente en nuestra sociedad. El aislamiento del grupo familiar y su misma inserción inestable en el medio urbano limita el desarrollo de las relaciones comunitarias en el barrio, impidiendo una forma de arraigo social muy importante en nuestra sociedad urbana.
El crecimiento de los asentamientos por adhesión va adquiriendo un dinamismo cada vez más inusitado. En efecto, de 1986 a 1989 el crecimiento bruto fue del 23%, mientras que en el período 89-92 el crecimiento bruto subió al 37,9% de acuerdo a la Encuesta de Hogares y al Censo de 1992.
En un medio en donde por ley un lote mínimo debe tener 360 mt2, donde la cultura en el uso del espacio valora en igual medida el patio y la vivienda, el aumento del número de familias que alquilan piezas en viviendas colectivas, es un indicador del nivel de deterioro de la calidad de vida (Vease Cuadro N 4).
d- Los asentamientos producto de una movilización social denominada "ocupaciones"
El acceso a la tierra urbana a través de un proceso de movilización, tuvo un auge llamativo despues del golpe militar (1989). Este fenómeno puede ser explicado por tres factores claves: a) la existencia de lotes vacíos, generalmente baldíos abandonados sin un cuidado mínimo, ya sea por parte de la Municipalidad o de sus propietarios; b) tierras cuyos títulos no estaban suficientemente claros, que pertenecían a personas ligadas al régimen anterior, (intendentes, miembros de juntas municipales, etc.); y c) la posibilidad de movilización en el marco de reglas de juego respetuosas de las garantías personales, aspecto que permitió el desarrollo de una rápida conciencia social, a la que hemos hecho referencia (ver capítulo sobre "Organizaciones Vecinales").
Las viviendas de las ocupaciones son precarias. La gran mayoría están construídas con materiales de escasa calidad y duración. Se utiliza desde plásticos y cartones, hasta ladrillos para las paredes, mientras que como techo se utiliza preferentemente fibrocemento, aunque no faltan ni los plásticos, ni las tejas, directamente asentadas sobre las tiras de madera que hacen de soporte (alfagias).
La unidad habitacional cuenta en la generalidad de los casos con una pieza de aproximadamente 3 x 3 m. La precariedad de la vivienda es una consecuencia no solamente de la situación de pabreza de sus ocupantes, sino también de la inseguridad en la tenencia de la tierra, lo que determina la escasa motivación para construir viviendas relativamente seguras.
En relación a los servicios, la falta de un método apropiado de eliminación de excretas, en áreas densamente pobladas, inciden directamente en la calidad ambiental de las ocupaciones. Es común que cada unidad habitacional tenga su propio pequeño baño común, de gran precariedad, que unido a la obtención de agua de pozos de poca profundidad, salvo las ocupaciones que se hallan más consolidadas e integradas a la red de agua corriente, y que son los menos, constituyen aspectos determinantes de un habitad degradado.
El objetivo de esta parte del trabajo consiste en determinar, utilizando la Encuesta de Hogares 1995 y datos del Censo 1992, el déficit habitacional en el área urbana y rural.
Generalmente, el déficit habitacional se define en torno a variables tales como tipo de material utilizado, número de piezas en relación al número de ocupantes, disponibilidad o no de servicios considerados básicos, y otras de menor vigencia. A través de las mismas se pretende realizar una descripción cuantitativa de dicho déficit. Aunque tal perspectiva disgrega los distintos déficits sin reconocerlos en un enfoque totalizador, permite sin embargo, la descripción de problemas parciales en relación a la vivienda.
La cuantificación de los déficits de vivienda es un indicador del grado de insatisfacción de dicha demanda, y por ende de la capacidad socio-económica de la población para resolver el problema habitacional.
El déficit por hacinamiento se refiere a la demanda de espacio habitacional definiéndose como la relación entre número de ocupantes y número de piezas o habitaciones. Esta relación ha sido considerada en otros países como factor de primera importancia en lo que se refiere a las condiciones de salubridad mental que ofrece la vivienda a sus ocupantes.
En este sentido, se satisfacen necesidades de intimidad, autorealización, funcionalidad diferenciada, etc., indispensables para un ambiente familiar saludable.
Es en términos de dicha relación con que que abordará el análisis del déficit por hacinamiento en el presente estudio.
Se parte del supuesto de que la relación de 2 ocupantes por pieza constituye una densidad aceptable en términos generales para la vivienda urbana.
Una densidad mayor estaría implicando hacinamiento. Es decir, con un promedio de dos personas por ambiente todavía se espera que los ocupantes organicen su vida con relativa autonomía. Este promedio es el número aceptable de persona por cuarto, y las viviendas que exeden a dos ocupantes por pieza son las que tienen un déficit por hacinamiento.
El hacinamiento se ha caracterizado de acuerdo a niveles o grados de gravedad en: Alto, Medio y Bajo hacinamiento.
El hacinamiento alto incluye a las viviendas que tiene un déficit de tres piezas o más para obtener un hacinamiento aceptable. Ejemplos: una vivienda de una pieza con 7 o más ocupantes; una vivienda de dos piezas con 9 o más ocupantes.
El hacinamiento medio abarca a las viviendas que tienen un déficit de dos piezas para obtener un hacinamiento aceptable.
Ejemplo: una vivienda de una pieza con 5 ó 6 ocupantes.
El hacinamiento es bajo cuando falta una pieza para obtener un hacinamiento aceptable. Ejemplo: una vivienda con un cuarto y 3 a 4 ocupantes.
En relación a los grados de hacinamiento, el 11,8% de las viviendas del área urbana tiene un hacinamiento alto; 27,4% un hacinamiento medio y 60,8% un hacinamiento bajo. En números absolutos se tienen 14.327; 33.186 y 73.803 viviendas respectivamente (Véase Cuadro N 5).
Aunque el resto de las viviendas no se encuentran en situación de hacimiento, no puede concluirse que tengan un número de ocupantes óptimo. Esto depende de los m2 de las piezas, de los espacios abiertos de las viviendas y del espacio del entorno (hacinamiento con los vecinos, accesos, paseos, etc.
De acuerdo a los datos proporcionados por el último censo existen 206.246 viviendas deficitarias en el medio rural, lo que representa el 42,6% de las unidades habitacionales del área. De estas, el 22,9%, 31,6% y el 45,4% tienen un déficit alto, medio y bajo respectivamente (Vease Cuadro N 6).
En el presente trabajo se le da un alcance restringido a este déficit que hace referencia a la calidad de los elementos constructivos de la vivienda, a diferencia de otros estudios que le atribuyen una definición más amplia.
En efecto, se acostumbra designar con esta denominación las deficiencias de toda la infraestructura de la vivienda, tanto materiales de construcción como los servicios integrados a aquélla. Estos últimos, sin embargo, debido al ordenamiento de los datos censales, han tenido que ser analizados en otro punto del presente trabajo.
El déficit en cuestión representa un conjunto de problemas que, de acuerdo al punto de vista que se considere, adquirirá diferentes significaciones. Aquí, únicamente nos ocupamos de los aspectos referidos a las condiciones de seguridad y salubridad que implican los elementos constructivos y los problemas que acarrea la inadecuación de los mismos.
Todas las viviendas inadecuadas presentan rasgos del tipo de construcción rural por la utilización de materiales ecológicos o de desecho de baja durabilidad, o por la concepción de la vivienda integrada al entorno o vice-versa. Dada la precariedad de su emplazamiento, son considerados totalmente sustituibles. Son los que figuran en los censos como ranchos e improvisados que en el área urbana representan el 4,1% del total de viviendas urbanas (Véase Cuadro N 7).
Se considera que las viviendas de pared de estaqueo, o de desecho , las viviendas con techo de paja o palma y las unidades habitacionales con piso de tierra participan de este tipo de déficit. Ciertamente, en el caso que el techo de paja tenga un tratamiento adecuado para evitar vectores trasmisores de enfermedades (vinchuca por ejemplo, trasmisor del mal de Chagas) debería ser excluído, pero tal tratamiento simplemente no existe.
El déficit más elevado se observa en referencia al piso de tierra, sobre todo para los períodos de lluvia. El 59,5% de las viviendas del área rural tienen piso de tierra, mientras que el 41,5% posee techo de paja o palma. El 15% tienen pared de estaqueo y solo el 0,5% pared de desecho (cartón, maderas de cajones, etc.) (Véase Cuadro N 8).
En este ítem se considera que exite déficit cuando se carece de alguna de los siguientes servicios básicos:
a) carencia de baño (sanitarios).
b) carencia de luz eléctrica.
c) carencia de agua corriente.
En cuanto a la carencia de baño como un indicador del déficit en dicho servicio, conviene aclarar que los datos del Censo, no consideran la calidad de los baños de las viviendas que si los tienen.
En relación al servicio de luz eléctrica, la carencia del mismo es un buen indicador del déficit de dicho servicio. Igual ocurre con el agua corriente, si se supone que la provisión de agua potable es fundamental para la salud de la población (consumo personal, higiene, preparación de alimentos).
De acuerdo a los datos del cuadro Déficit por insuficiencia de servicios en el área urbana se observa que:
- El principal déficit se tiene en la carencia de agua corriente, que afecta al 40,21% (223.254 viviendas). La carencia de baños es insignificante, pero teniendo en cuenta que exite una relación entre la existencia del servicio de agua de Corposana, de las instalaciones cloacales y los baños modernos, puede inferirse que el déficit de la calidad de los baños es relativamente alto. Tampoco se considera la eficiencia de la institución que brinda ese servicio.
- La ausencia de luz afecta al 3,6% de las viviendas (20.233), probablemente a las viviendas dispersas y aisladas (Véase Cuadro N 9).
La condición de la vivienda rural tiene sus razgos particulares diferentes a los de la vivienda urbana, pero igualmente expresivos en cuanto que exhiben con especial dramatismo el creciente deterioro de las condiciones de vida en las áreas rurales.
La pauperización rural arrastra la pérdida de algunos aspectos rescatables que antes eran posibles identificar en la vivienda rural; como una relación armoniosa con el medio natural, adecuación a las pautas culturales, acceso a recursos de supervivencia, y finalmente, coherencia entre las soluciones tecnológicas y los recursos del medio.
Esta, de por sí débil trama que sostenía la realidad de la vivienda rural dentro de precarios límites de acceptabilidad, se ha roto con las transformaciones operadas en el contexto rural durante la última década.
El empobrecimiento rural repercutió en la habitación rural de diferentes maneras. En primer lugar, porque fue impidiento la aplicación de recursos para reposición, expansión o mejoramiento de la vivienda, la cual entonces no sólo presenta condiciones materiales cada vez más precarias, sino que al mismo tiempo en su conjunto es sobrepasada en su capacidad física ante la presión demográfica del sector rural.
Esta presión demográfica incide en los niveles de salubridad, y al asociarse con el cambio de los habitos de consumo, aumenta exponencialmente los índices de contaminación por producción de desechos no biodegradables, cuyos efectos sobre el medio ambiente natural entran en sinergia con la deforestación, la erosión y la contaminación de los recursos hídricos.
En segundo término, se ha roto la vinculación que garantizaba ciertos niveles de sustentabilidad, técnica, ambiental y cultural entre la vivienda y su contexto: el centro de gravedad de la actividad rural se aleja -física y conceptualmente- de la vivienda, pone énfasis en la productividad para la renta, monetariza y transfiere los recursos logrados a los medios que garanticen una incorporación muchas veces compulsiva a los circuitos de consumo y de cultura no rural.
El resultado es una creciente inadecuación de la vivienda rural a las cambiantes pautas de uso de los espacios internos y al equipamiento que se incorpora por la presión cultural, al mismo tiempo que aparece un déficit de recursos materiales y técnicos para resolver la materialidad de la vivienda.
Puede concluirse que la situación de la vivienda rural compendia de manera brutal los efectos y muchos de los rasgos más cuestionables de la cultura urbana, sin virtualmente ninguno de sus beneficios; y al mismo tiempo resume todas las limitaciones y las cargas derivadas de su localización rural, sin garantizar ninguna de sus ventajas. Las condiciones señaladas pueden observarse en prácticamente todo el contexto rural del país, pero fundamentalmente en las áreas de influencia de los grandes ejes estructuradores del territorio y canalizadores de los flujos de transporte y comunicación, definidos por las conexiones Asunción-Ciudad del Este-Encarnación, y más débilmente, el eje Oviedo-Concepción-Amambay.
Desde una perspectiva cuantitativa, la falta de servicios considerados indispensables para asegurar la posibilidad de una vida confortable, con estándares aceptables, constituye uno de los aspectos más negativos en relación a la vivienda rural. En efecto, el 95,17% de las viviendas carece de un servicio adecuado de agua , de modo que sus pobladores deben abastecerse de un río, arroyo, manantial o pozo. De hecho el agua de pozo y de los manantiales, siempre que se encuentren relativamente alejados de núcleos urbanos densos, pueden ser considerados como agua buena para beber; pero el agua de los ríos y arroyos en la actualidad, salvo zonas poco accesibles, constituye una de las fuentes mas peligrosas para la salud de la población.
Por otra parte el 44,83% de las viviendas rurales carecen de luz eléctrica y el 69,27% de las viviendas tienen letrina común lo que unido a las dificultades de acceso a un sistema de agua corriente facilita las epidemias sobre todo en el largo verano del Paraguay (Véase Cuadro N 10).
Los planes estatales de vivienda, implementados desde el CONAVI -Consejo Nacional de la Vivienda- se han convertido en poderosos factores de deterioro ambiental y depredación de las áreas abiertas interurbanas de la zona metropolitana, que se suman a los efectos de las urbanizadoras.
El procedimiento de adquisición de terrenos no urbanizados, generalmente de uso agrícola -chacras o granjas- para la implementación indiscriminada de loteos y construcción de viviendas unifamiliares, ha significado en la práctica una periferización urbana caracterizada por el anonimato, la depredación de los recursos forestales y paisajísticos, la precariedad o inexistencia de los servicios y la negación de la identidad comunitaria.
El resultado de esta política con énfasis casi exclusivo en la vivienda como objeto, formulada al margen de sus implicancias urbanísticas y culturales; se expresa no sólo en su escasa repercusión cuantitativa ante el déficit habitacional de país; sino de manera dramática e irrefutable en el fracaso para crear condiciones de habitación que vayan más allá de la limitada materialidad del techo y las paredes dentro de un lote sin proyección y de esperanzas de contruirse en realidad urbana.
En relación a la vivienda, las respuestas del sector público se limitan al CONAVI, institución que no puede exibir logros ni cuantitativos ni cualitativos, con los niveles de relevancia que las necesidades exigen.
La falta de respuestas y la incapacidad para administrar los requirimientos crecientes en el área de la vivienda, tanto a nivel urbano como rural, son los aspectos más llamativos de la situación de la vivienda en el Paraguay.
Las cada vez más consolidadas y expandidas condiciones de vida urbana incorporan permanentemente un número de habitantes a los problemas y necesidades propias de la ciudad, y las respuestas desde el sector público son débiles, desarticuladas y carentes de ideas, limitándose apenas a los aspectos mas restringidos y obvios del problema de la vivienda, sin abordar los demás aspectos vinculados.
Las propuestas del sector público han sido asimismo ineficaces
para incorporar de manera decidida y relevante tanto al sector privado como a los actores sociales urbanos para el diseño y la materialización de respuestas eficientes.
Asimismo, persisten los rasgos que son representativos del sector público paraguayo: ineficiencia, corrupción, falta de ideas e iniciativas, incapacidad de planificar, y una tendencia al oportunismo político en el diseño de las propuestas, todo lo cual concluye para la pobreza de las soluciones plantedas.