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25abr10
Estado de sitio en el norte de Paraguay
Como reacción a una serie de asesinatos perpetrados la semana pasada por el grupo armado de izquierda Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), el Congreso declaró ayer el estado de excepción en cinco departamentos del norte del país, lo que da poderes extraordinarios al presidente Fernando Lugo para combatir a los insurgentes.
El Senado dio finalmente su aprobación por unanimidad al polémico proyecto pedido por el mandatario, que durante los próximos 30 días tendrá la facultad de decretar detenciones sin orden judicial, luego de un trámite en las cámaras que se inició el jueves.
Los legisladores rechazaron una iniciativa original presentada por Lugo, pero después aprobaron otra similar que afecta a los departamentos San Pedro, Concepción, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, una zona de producción ganadera y extensos cultivos ilícitos de marihuana.
En la práctica, la medida que era frecuentemente utilizada en la dictadura del general Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, dará más herramientas a las fuerzas de seguridad y simplificará los trámites judiciales para actuar con mayor firmeza contra los miembros del EPP.
Lugo pidió al Congreso declarar el estado de excepción tras el asesinato, el miércoles pasado, de un policía y tres peones de una hacienda que habrían sido emboscados por integrantes del EPP internados en el bosque, cuando buscaban ladrones de ganado.
"Los militares van a empezar a adentrarse en los montes con personal entrenado en un terreno que los delincuentes conocen muy bien. Tienen que caer todos", dijo en la sesión el senador Luis Alberto Wagner, aliado del Gobierno.
El Ministerio del Interior, que en la víspera descubrió un campamento del grupo en la zona, esperaba la autorización para el envío de militares para capturar a la banda señalada como responsable de por lo menos cuatro secuestros en la última década.
Miembros del EPP habrían sido entrenados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y las autoridades paraguayas temen que el grupo pueda convertirse en una guerrilla similar a la colombiana.
La declaración implica también una fuerte presión para Lugo, quien tiene problemas para gobernar con un Congreso opositor y se verá obligado a mostrar resultados tangibles en el próximo mes para evitar que aumenten las críticas respecto a su política de seguridad.
"No hace falta declarar estado de excepción para poder detener a 20 personas que están en el monte", opinó Juan Martens, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que aglutina a organizaciones no gubernamentales.
[Fuente: Agencias Reuters y DPA en La Nación, Bs As, 25abr10]
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