EQUIPO NIZKOR
Información

DERECHOS


27sep02


La Coordinadora Nacional de DH rechaza el nombramiento del nuevo jefe del Reniec, Eduardo Ruiz Botto.


A finales de 1990, Eduardo Ruiz Botto se desempeñó como Inspector General de la Policía Nacional del Perú, y en tal condición dirigió las investigaciones sobre el caso de la desaparición forzada del estudiante universitario Ernesto Rafael Castillo Paez, hecho ocurrido el día 21 de Octubre de 1990 en el distrito de Villa El Salvador.

Las investigaciones realizadas por la Inspectoría General de la PNP concluyeron, a pesar de las irregularidades encontradas en las Comisarías de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, que ningún efectivo policial tenía responsabilidad alguna en la detención y desaparición del estudiante.

La versión oficial dada por la Dirección de la PNP concluyó que Ernesto Rafael Castillo Paez no había sido detenido por efectivos policiales.

Agotadas las instancias nacionales, los familiares del estudiante llevaron su causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que en enero de 1995 denuncia el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 1997 la Corte sentencia que el Estado peruano es responsable por la desaparición de Castillo Paez, ya que había quedado demostrado que efectivamente en octubre de 1990 fue detenido por efectivos de la PNP. Esta sentencia ordena al Estado peruano la sanción de quienes cometieron este acto criminal. En la actualidad son 15 los efectivos policiales que están siendo procesados ante el Décimotercer Juzgado Penal de Lima por la comisión del delito de secuestro en agravio de Ernesto Rafael Castillo Paez.

Las investigaciones que estuvieron a cargo de Eduardo Ruiz Botto en el caso de Ernesto Castillo Paez fueron parciales e irregulares. Contribuyeron a impedir el esclarecimiento de los hechos y a garantizar la impunidad de los responsables. Es por ello que solicitamos que el Consejo Nacional de la Magistratura reconsidere el reciente nombramiento de Ruiz Boto, ya que no cuenta con la autoridad moral para desempeñar cargo público alguno.

[Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Lima, Per, 27sep02]

Ver documento especial de Nizkor: Vigencia de los derechos humanos durante el gobierno de Alan García (1985-1990)


DDHH en Peru

small logo
Este documento ha sido publicado el 8oct02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights