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19jun06


El Frontón: Veinte años después de la matanza.


"Transformar las negras mazmorras de la reacción en luminosas trincheras de combate". Con esta frase el grupo terrorista Sendero Luminoso definía el trabajo ideológico, político y organizativo que desempeñaban los terroristas detenidos en los diferentes centros penitenciarios de la ciudad.

En cumplimiento de esta consigna y en reacción al endurecimiento de la política antisubversiva aplicada por el entonces presidente Alan García Pérez, los internos del Pabellón Azul del penal San Juan Bautista (antes 'El Frontón') se amotinaron en la prisión y tomaron como rehenes a dos integrantes de la Guardia Republicana, a quienes despojaron de su armamento.

Eran las 6 de la mañana del 18 de junio de 1986. Horas después, el amotinamiento sería debelado con consecuencias tan nefastas que ni en el peor escenario los terroristas lo hubiesen imaginado.

Dos décadas atrás.

Veinte años han transcurrido desde que los comandos de la Marina de Guerra del Perú, amparados por el Decreto Supremo N 006-86-JUS, que declaró los penales de 'El Frontón', Santa Bárbara y Lurigancho "zona militar restringida", desplegaron un operativo militar que terminó no solo con el motín protagonizado por los senderistas, sino también con la vida de 219 internos de los centros penitenciarios. Ciento dieciocho de ellos murieron en la isla de 'El Frontón'.

El caso, que hasta el momento se mantiene abierto y que se ha convertido en la eterna piedra en el zapato del Partido Aprista, fue investigado tanto por el fuero militar como por el civil, en la corte nacional como en la supranacional. Sin embargo, pese a que ha quedado determinado que la orden de poner en manos de las Fuerzas Armadas el debelamiento de los motines fue asumida en el Consejo de Ministros con la ratificación del entonces presidente García, ningún mando político ha sido denunciado ante el Poder Judicial.

Pese a que el hecho ocurrió hace dos décadas, la resolución de la Corte de San José, de agosto de 2000, determinó que no existía fecha límite para la investigación y sanción de los responsables de los delitos cometidos en la matanza de los internos del centro penitenciario. Es decir, los presuntos responsables no podían alegar la prescripción de los delitos de homicidio calificado, secuestro y ejecuciones extrajudiciales, los ilícitos más graves incluidos en las investigaciones. Para los apristas, sin embargo, el caso ya está cerrado.

García y Mantilla se salvan.

Quizá lo más cerca de que García y sus ministros estuvieran a punto de ser sancionados fue en 1990, cuando en las dos cámaras del Congreso de la República, Diputados y Senadores, debatieron la procedencia de la denuncia constitucional contra el ex mandatario. La base de la acusación era nada menos que el informe de la comisión investigadora presidida por el senador Rolando Ames Cobián, que determinó la responsabilidad de los mandos políticos.

Aunque el dictamen de la comisión, que sugería la acusación constitucional, fue aprobado por la Cámara de Senadores, no corrió la misma suerte en la de Diputados y, en consecuencia, la acusación no prosperó.

En fueros judiciales García y su entonces equipo ministerial han corrido la misma suerte. Una a una las investigaciones abiertas, ya sea en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, han exculpado de responsabilidad penal a los altos funcionarios políticos.

En diciembre de 2004, el fiscal Mario González, luego de tres años de investigación, formalizó la denuncia penal por la masacre en 'El Frontón': Once mandos medios de la Marina de Guerra fueron responsabilizados por el homicidio y la ejecución extrajudicial de los internos. A García y al entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla, quien -a decir de los testigos- estuvo presente durante todo el operativo, solo se les acusó de los presuntos delitos contra la administración pública y contra la seguridad pública, los que ya prescribieron.

Otras instancias.

Solo dos instancias han determinado la responsabilidad de los mandos políticos sobre la matanza de 'El Frontón': La Corte de San José de Costa Rica y la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR).

Mientras que para la Corte quedó establecido que el Estado peruano, al haber ordenado a las FF.AA. debelar el motín de un penal civil, violó los derechos humanos de los internos, a quienes ejecutaron una vez rendidos, para la CVR quedó claro que, por la cadena de mando, García tenía capacidad de decisión sobre las acciones militares.

El informe presentado por la CVR, en agosto de 2003, señala que "los miembros de las FF.AA. y los altos mandos de la Guardia Republicana han señalado que las órdenes recibidas planteaban actuar con la máxima energía en el menor tiempo posible y que desde la Presidencia de la República hubo una permanente exigencia para el inicio de la intervención militar y la obtención de resultados".

Veinte años después, los familiares de las víctimas solo esperan por justicia.

[Fuente: La República, Perú 21, Lima, 19/6/2006]

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