Tomo I
PRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS

PREFACIO

La historia del Perú registra más de un trance difícil, penoso, de 
auténtica postración nacional. Pero, con seguridad, ninguno de ellos 
merece estar marcado tan rotundamente con el sello de la vergüenza y 
el deshonor como el fragmento de historia que estamos obligados a 
contar en estas páginas. Las dos décadas finales del siglo XX son —es 
forzoso decirlo sin rodeos— una marca de horror y de deshonra para el 
Estado y la sociedad peruanos.

Se nos pidió investigar y hacer pública la verdad sobre los veinte 
años de violencia de origen político iniciados en el Perú en 1980. Al 
cabo de nuestra labor, podemos exponer esa verdad con un dato 
abrumador y al mismo tiempo insuficiente: la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación ha concluido que la cifra más probable de víctimas 
fatales en esas dos décadas supera los 69 mil peruanos y peruanas 
muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o 
por obra de agentes del Estado.

Nos ha tocado rescatar y apilar uno sobre otro, año por año, los 
nombres de peruanos que estuvieron y ya no están. La cifra es 
demasiado grande como para que nuestra Nación permita que se siga 
hablando de errores o excesos de parte de quienes intervinieron 
directamente en esos crímenes. Y es, también, demasiado estridente y 
rotunda como para que alguna autoridad o un ciudadano cualquiera 
pueda alegar ignorancia en su descargo. Este informe expone, pues, un 
doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura 
masivos, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de 
quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo 
hicieron.

Hemos afirmado que el dato numérico es abrumador, pero insuficiente. 
Es cierto. Poco explica ese número o cualquier otro sobre las 
asimetrías, las responsabilidades y los métodos del horror vivido por 
la población peruana. Y poco nos ilustra, también, sobre la 
experiencia del sufrimiento que se abatió sobre las víctimas para no 
abandonarlas más. En este informe cumplimos con el deber que se nos 
impuso y con la obligación que contrajimos voluntariamente: exponer 
públicamente la tragedia como una obra de seres humanos padecida por 
seres humanos.

De cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos o campesinas cuya 
lengua materna era el quechua. Se trata, como saben los peruanos, de 
un sector de la población históricamente ignorado por el Estado y por 
la sociedad urbana, aquélla que sí disfruta de los beneficios de 
nuestra comunidad política. La Comisión no ha encontrado bases para 
afirmar, como alguna vez se ha hecho, que éste fue un conflicto 
étnico. Pero sí tiene fundamento para aseverar que estas dos décadas 
de destrucción y muerte no habrían sido posibles sin el profundo 
desprecio a la población más desposeída del país, evidenciado por 
miembros del PCP-Sendero Luminoso y agentes del Estado por igual, ese 
desprecio que se encuentra entretejido en cada momento de la vida 
cotidiana de los peruanos.

Diecisiete mil testimonios aportados voluntariamente a la Comisión 
nos han permitido reconstruir, siquiera en esbozo, la historia de 
esas víctimas. Agobia encontrar en esos testimonios, una y otra vez, 
el insulto racial, el agravio verbal a personas humildes, como un 
abominable estribillo que precede a la golpiza, la violación sexual, 
el secuestro del hijo o la hija, el disparo a quemarropa de parte de 
algún agente de las fuerzas armadas o la policía. Indigna, 
igualmente, oír de los dirigentes de las organizaciones subversivas 
explicaciones estratégicas sobre por qué era oportuno, en cierto 
recodo de la guerra, aniquilar a ésta o aquélla comunidad campesina.

Mucho se ha escrito sobre la discriminación cultural, social y 
económica persistentes en la sociedad peruana. Poco han hecho las 
autoridades del Estado o los ciudadanos corrientes para combatir ese 
estigma de nuestra comunidad. Este informe muestra al país y al mundo 
que es imposible convivir con el desprecio, que éste es una 
enfermedad que acarrea daños muy tangibles. Desde hoy, el nombre de 
miles de muertos y desaparecidos estará aquí, en estas páginas, para 
recordárnoslo.

Nadie se debe escudar en los defectos de nuestra sociedad ni en los 
rigores de nuestra historia para evadir sus responsabilidades. Es 
cierto —y esa es una lección mayor de este informe— que existe una 
culpa general, la culpa de la omisión, que involucra a todos los que 
dejamos hacer sin preguntar en los años de la violencia. Somos los 
primeros en señalarlo así. Pero al mismo tiempo advertimos que 
existen responsabilidades concretas que afrontar y que el Perú —como 
toda sociedad que haya vivido una experiencia como ésta— no puede 
permitir la impunidad. La impunidad es incompatible con la dignidad 
de toda nación democrática. La Comisión ha encontrado numerosos 
responsables de crímenes y violaciones de los derechos humanos y así 
lo hace saber al país por los canales pertinentes, respetando siempre 
los requisitos y restricciones que señala la ley peruana para imputar 
un delito. La Comisión exige y alienta a la sociedad peruana a exigir 
que la justicia penal actúe de inmediato, sin espíritu de venganza, 
pero con energía y sin vacilaciones.

Sin embargo, este informe va, en realidad, más allá del señalamiento 
de responsabilidades particulares. Hemos encontrado que los crímenes 
cometidos contra la población peruana no fueron, por desgracia, 
atropellos de ciertos sujetos perversos que se apartaban, así, de las 
normas de sus organizaciones. Nuestras investigaciones de campo, 
sumadas a los testimonios ya mencionados y un meticuloso análisis 
documental, nos obligan a denunciar en términos categóricos la 
perpetración masiva de crímenes coordinados o previstos por las 
organizaciones o instituciones que intervinieron directamente en el 
conflicto.

Mostramos en estas páginas de qué manera la aniquilación de 
colectividades o el arrasamiento de ciertas aldeas estuvo previsto en 
la estrategia del PCP-Sendero Luminoso. Junto con ello, el cautiverio 
de poblaciones indefensas, el maltrato sistemático, el asesinato como 
forma de impartir ejemplos e infundir temor conformaron una 
metodología del horror puesta en práctica al servicio de un objetivo 
—el poder— considerado superior al ser humano.

El triunfo de la razón estratégica, la voluntad de destrucción por 
encima de todo derecho elemental de las personas, fue la sentencia de 
muerte para miles de ciudadanos del Perú. Esta voluntad la hemos 
encontrado enraizada en la doctrina del PCP-Sendero Luminoso, 
indistinguible de la naturaleza misma de la organización en esos 
veinte años. Nos hemos topado con aquella razón estratégica en las 
declaraciones de los representantes de la organización, que 
transparentan una disposición manifiesta a administrar la muerte y 
aun la crueldad más extrema como herramientas para la consecución de 
sus objetivos. Por su carácter inherentemente criminal y totalitario, 
despectivo de todo principio humanitario, el PCP-Sendero Luminoso es 
una organización que, en cuanto tal, no puede tener cabida en una 
nación democrática y civilizada como la que deseamos construir los 
peruanos.

Frente a un desafío tan desmesurado, era deber del Estado y sus 
agentes defender a la población —su fin supremo— con las armas de la 
ley. Debe quedar claro que el orden que respaldan y reclaman los 
pueblos democráticos no es el de los campos de concentración, sino 
aquél que asegura el derecho a la vida y la dignidad de todos. No lo 
entendieron así los encargados de defender ese orden. En el curso de 
nuestras investigaciones, y teniendo a mano las normas de derecho 
internacional que regulan la vida civilizada de las naciones, hemos 
llegado a la convicción de que, en ciertos periodos y lugares, las 
fuerzas armadas incurrieron en una práctica sistemática o 
generalizada de violaciones de derechos humanos y que existen 
fundamentos para señalar la comisión de delitos de lesa humanidad, 
así como infracciones al derecho internacional humanitario.

Como peruanos, nos sentimos abochornados por decir esto, pero es la 
verdad y tenemos la obligación de hacerla conocer. Durante años, las 
fuerzas del orden olvidaron que ese orden tiene como fin supremo a la 
persona y adoptaron una estrategia de atropello masivo de los 
derechos de los peruanos, incluyendo el derecho a la vida. 
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, masacres, 
violencia sexual contra las mujeres y otros delitos igualmente 
condenables conforman, por su carácter recurrente y por su amplia 
difusión, un patrón de violaciones de los derechos humanos que el 
Estado peruano y sus agentes deben reconocer para subsanar.

Tanta muerte y tanto sufrimiento no se pueden acumular simplemente 
por el funcionamiento ciego de una institución o de una organización. 
Se necesita, como complemento, la complicidad o al menos la anuencia 
de quienes tienen autoridad y por lo tanto facultades para evitar una 
desgracia. La clase política que gobernó o tuvo alguna cuota de poder 
oficial en aquellos años tiene grandes explicaciones que dar al Perú. 
Hemos reconstruido esta historia y hemos llegado al convencimiento de 
que ella no hubiera sido tan grave si no fuera por la indeferencia, 
la pasividad o la simple ineptitud de quienes entonces ocuparon los 
más altos cargos públicos. Este informe señala, pues, las 
responsabilidades de esa clase política que, debemos recordarlo, no 
ha realizado todavía una debida asunción de sus culpas en la 
desgracia de los compatriotas a los que quisieron, y tal vez quieran 
todavía, gobernar.

Es penoso, pero cierto: quienes pidieron el voto de los ciudadanos 
del Perú para tener el honor de dirigir nuestro Estado y nuestra 
democracia; quienes juraron hacer cumplir la Constitución que los 
peruanos se habían dado a sí mismos en ejercicio de su libertad, 
optaron con demasiada facilidad por ceder a las fuerzas armadas esas 
facultades que la Nación les había dado. Quedaron, de este modo, bajo 
tutela las instituciones de la recién ganada democracia; se alimentó 
la impresión de que los principios constitucionales eran ideales 
nobles pero inadecuados para gobernar a un pueblo al que –en el 
fondo– se menospreciaba al punto de ignorar su clamor, reiterando la 
vieja práctica de relegar sus memoriales al lugar al que se ha 
relegado, a lo largo de nuestra historia, la voz de los humildes: el 
olvido.

* * * * *

En un país como el nuestro, combatir el olvido es una forma poderosa 
de hacer justicia. Estamos convencidos de que el rescate de la verdad 
sobre el pasado – incluso de una verdad tan dura, tan difícil de 
sobrellevar como la que nos fue encomendado buscar – es una forma de 
acercarnos más a ese ideal de democracia que los peruanos proclamamos 
con tanta vehemencia y practicamos con tanta inconstancia.

En el momento en que la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue 
instituida, el Perú asistía, una vez más, a un intento entusiasta de 
recuperar la democracia perdida. Y sin embargo, para que ese 
entusiasmo tenga fundamento y horizonte, creemos indispensable 
recordar que la democracia no se había perdido por sí sola. La 
democracia fue abandonada poco a poco por quienes no supimos 
defenderla. Una democracia que no se ejerce con cotidiana terquedad 
pierde la lealtad de sus ciudadanos y cae sin lágrimas. En el vacío 
moral del que medran las dictaduras las buenas razones se pierden y 
los conceptos se invierten, privando al ciudadano de toda orientación 
ética: la emergencia excepcional se vuelve normalidad permanente; el 
abuso masivo se convierte en exceso; la inocencia acarrea la cárcel; 
la muerte – finalmente – se confunde con la paz.

El Perú está en camino, una vez más, de construir una democracia. Lo 
está por mérito de quienes se atrevieron a no creer en la verdad 
oficial de un régimen dictatorial; de quienes llamaron a la 
dictadura, dictadura; a la corrupción, corrupción; al crimen, crimen. 
Esos actos de firmeza moral, en las voces de millones de ciudadanos 
de a pie, nos demuestran la eficacia de la verdad. Similar esfuerzo 
debemos hacer ahora. Si la verdad sirvió para desnudar el carácter 
efímero de una autocracia, está llamada ahora a demostrar su poderío, 
purificando nuestra República.

Esa purificación es el paso indispensable para llegar a una sociedad 
reconciliada consigo misma, con la verdad, con los derechos de todos 
y cada uno de sus integrantes. Una sociedad reconciliada con sus 
posibilidades.

En este informe se habla de vergüenza y de deshonra; sin embargo, 
hablan también por sí solos, en sus páginas, actos de coraje, gestos 
de desprendimiento, signos de dignidad intacta que nos demuestran que 
el ser humano es esencialmente magnánimo. Ahí se encuentran quienes 
no renunciaron a la autoridad y la responsabilidad que sus vecinos 
les confiaron; ahí se encuentran quienes desafiaron el abandono para 
defender a sus familias convirtiendo en arma sus herramientas de 
trabajo; ahí se encuentran quienes pusieron su suerte al lado de los 
que sufrían prisión injusta; ahí se encuentran los que asumieron su 
deber de defender al país sin traicionar la ley; ahí se encuentran 
quienes enfrentaron el desarraigo para defender la vida. Ahí se 
encuentran: en el centro de nuestro recuerdo.

Presentamos este informe en homenaje de todos ellos y de todas ellas. 
Lo presentamos, además, como un mandato de los ausentes y de los 
olvidados a toda la Nación. La historia que aquí se cuenta habla de 
nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. Esta 
historia habla de nuestras tareas. Esta historia comienza hoy.

Salomón Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación 
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INTRODUCCIÓN

En el año 2000 el Perú inició una nueva transición a la democracia. 
Se retomaba así una promesa muchas veces defraudada en la historia 
del país. Este nuevo intento empezó después de la caída de un 
gobierno autoritario y corrupto. Amplios sectores de la población 
expresaron, entonces, su esperanza de que esta vez el país encontrara 
verdaderamente el camino hacia la construcción de un Estado que 
represente los intereses de todos las peruanas y peruanos sin 
excepción y, al mismo tiempo, hacia la edificación de una sociedad 
unida, pacífica y próspera.

Para transitar ese camino, el país necesita afrontar y vencer 
diversos obstáculos. Uno de ellos, el más grande tal vez, es el 
legado de dos décadas de violencia durante las cuales se produjeron 
masivas violaciones de derechos humanos. Esa violencia, que afectó a 
todos los peruanos, se encarnizó principalmente en la población rural 
de los andes, la que ha sido históricamente la más postergada y 
excluida en el Perú.

Así, acogiendo un justo reclamo de la sociedad, el gobierno de 
transición decidió constituir una Comisión de la Verdad y 
Reconciliación con la finalidad de esclarecer la naturaleza del 
proceso y los hechos del conflicto armado interno que vivió el país, 
así como de determinar las responsabilidades derivadas de las 
múltiples violaciones de los derechos fundamentales ocurridas en 
aquellos años.

La convicción fundamental que sustentó la formación de la Comisión y 
que ha animado su trabajo se halla explícitamente señalada en su base 
legal: «la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y el Estado» (Presidencia del 
Consejo de Ministros, 2001a. Considerando 1º). Esta afirmación se 
encuentra en flagrante contradicción con la penosa realidad 
descubierta por la Comisión en sus investigaciones. Para los 
causantes de la violencia, la vida humana fue casi siempre un medio 
dispensable en la lucha por el poder y no el fin supremo que toda 
intervención política debía proteger y desarrollar. La investigación 
realizada, sin embargo, lejos de debilitar la fe de la Comisión en el 
principio de la dignidad inalienable de la vida humana, la ha 
fortalecido. De forma similar se ha fortalecido su convencimiento de 
que la enorme y generosa energía volcada por el pueblo peruano para 
liberarse del autoritarismo debe dirigirse ahora a la construcción de 
un Estado basado realmente en el principio del respeto a la vida y, 
por lógica consecuencia, en el rechazo a cualquier intromisión de la 
violencia en la política. En efecto, la Comisión está persuadida de 
que ningún proyecto nacional puede fundarse en la destrucción de la 
vida, y que todo ideal social que se afirme en la violencia 
manifiesta un equívoco de raíz y no contribuye en realidad a la 
justicia ni a la paz. La Comisión interpreta la voluntad del pueblo 
peruano de conocer su pasado como una consecuencia del principio 
fundamental de afirmar la dignidad de la vida humana y, por lo tanto, 
entiende la tarea que le ha sido asignada como un elemental acto de 
justicia y un paso necesario en el camino hacia una sociedad 
reconciliada.

En esta sección introductoria del Informe Final, la Comisión rinde 
cuentas ante el país de las condiciones históricas en las que surgió, 
los principios que han guiado su labor, sus métodos de investigación 
y los objetivos que propone para este esfuerzo de esclarecimiento 
histórico. Con total honestidad, expone aquí el modo en que ha 
interpretado el mandato recibido del pueblo, y explica las 
principales definiciones conceptuales y decisiones prácticas que ha 
debido adoptar y tomar.

Al resumir su experiencia en estas páginas, la Comisión no intenta 
transmitir una imagen idealizada de su actuación, sino asume con 
responsabilidad las consecuencias de sus decisiones en el curso de la 
investigación. El proceso ha sido rico en aprendizaje, y la Comisión 
ha extraído importantes lecciones metodológicas, tanto de sus 
aciertos como de sus errores. Esta presentación, por lo tanto, quiere 
ser una contribución a los esfuerzos que futuros investigadores 
habrán de llevar a cabo en nuestro país —y en otras partes del mundo 
donde sea necesario documentar la historia del horror— con la 
esperanza de construir naciones con paz y dignidad.

1. Origen de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Desde los inicios del conflicto se dejó sentir claramente a exigencia 
ciudadana de conocer la verdad sobre lo que ocurría en las zonas 
donde éste era más intenso. La falta de información sobre las graves 
violaciones a los derechos fundamentales de las personas ponía 
seriamente en cuestión los principios de transparencia y 
responsabilidad que el régimen democrático debía sostener.

La matanza de Uchuraccay, en enero de 1983, en la que ocho 
periodistas ofrendaron sus vidas en el cumplimiento de su labor 
informativa, dio al país indicios de la compleja naturaleza del 
conflicto y se convirtió en un amenazante ejemplo de los riesgos 
asociados al ejercicio libre del periodismo en los años por venir. 
Fue precisamente como reacción a la matanza de los periodistas que 
por primera vez diversos sectores de la sociedad civil se vincularon 
entre sí para exigir la verdad. Pero fue también entonces cuando la 
ciudadanía percibió las inmensas dificultades de las instituciones 
oficiales para comprender la naturaleza del conflicto. Ni la Comisión 
Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay (Vargas Llosa 1983), 
formada por el Poder Ejecutivo, ni un prolongado proceso judicial 
posterior, respondieron a las expectativas de la ciudadanía por 
esclarecer los hechos, las responsabilidades y la naturaleza del 
conflicto que se iniciaba.

Al enorme riesgo del trabajo periodístico, que hacía difícil la 
documentación sobre lo que estaba ocurriendo, se añadió muy pronto la 
constatación de que los organismos del Estado que tenían la autoridad 
constitucional para investigar los crímenes no se encontraban a la 
altura de lo que exigía su misión. Los organismos jurisdiccionales no 
cumplían con la función de poner en conocimiento del país lo que 
venía ocurriendo, y el clamor de las víctimas porque se investigasen 
los hechos no obtuvo respuesta. Como se mostrará en este Informe, ya 
sea por incapacidad técnica o por falta de voluntad, ya sea por temor 
o por complicidad con la grave situación, la demanda de conocer la 
verdad no fue satisfecha por el Estado en los años del conflicto.

Ante la agresión que sufría la prensa y la ineficacia demostrada por 
las autoridades judiciales, el naciente movimiento de derechos 
humanos hizo suyas las denuncias, cada vez más constantes y 
consistentes entre sí, de familiares de personas que habían sido 
"desaparecidas" en las zonas de emergencia luego de arrestos 
arbitrarios. Tuvieron que ser los líderes comunitarios, las 
comunidades religiosas o algunos valientes profesionales quienes 
asumieran la dura tarea de investigar y hacerle saber al país lo que 
ocurría en las zonas donde se desarrollaba el conflicto. Desde 
aquellos tempranos momentos, era evidente que la exigencia de saber 
era indesligable de la necesidad de prevenir los crímenes cometidos a 
través de la sanción —en ejercicio de la autoridad legítima del 
Estado— contra quienes resultasen culpables de esos abusos y de las 
estrategias que los originaron.

Luego de la masacre de presos acusados de terrorismo o sentenciados 
por tal delito, ocurrida en las prisiones de Lima en junio de 1986, 
la demanda de verdad y justicia fue explícitamente planteada por una 
amplia coalición de organismos de la sociedad civil unidos en torno a 
la naciente Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Estos 
organismos exigieron una explicación oficial comprehensiva y clara 
sobre las responsabilidades de la matanza: "A nadie puede escapar que 
la responsabilidad no puede limitarse sólo a los efectivos de una 
fuerza policial determinada. El propósito de investigar a fondo estos 
hechos sólo podrá ser auténtico cuando se ofrezca una explicación que 
no exceptúe ni privilegie a ningún responsable y se les castigue con 
la severidad de la ley" (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 
1986). Pero la exigencia de esclarecer los hechos para poner coto a 
los abusos no se limitaba a la comisión puntual de delitos, sino ante 
todo a "esa lógica que afirma que, para cambiar la sociedad o para 
defender sus instituciones, hay que matar" (Álvarez et al. 1986) — 
como afirmaba un comunicado del 27 de junio de 1986 firmado por 
cientos de religiosos y religiosas católicos.

Sin embargo, las voces de protesta no fueron escuchadas. Durante todo 
el desarrollo del conflicto, las demandas por conocer la verdad sobre 
los hechos de violencia debieron constatar con frustración cómo 
investigaciones llevadas a cabo con gran valentía debían paralizarse 
debido a amenazas y atentados contra investigadores y testigos. En 
ocasiones, como ocurriría con la investigación de la masacre de 
campesinos cometida por el Ejército Peruano en Cayara en 1988, no 
sólo se montó una maquinaria de silencio e impunidad, sino que 
también injustificables maniobras políticas en el Congreso de la 
República impidieron efectivamente la aceptación oficial de graves 
hechos.

La creciente intensidad del conflicto hizo cada vez más difícil 
documentar con objetividad e imparcialidad lo que ocurría. La 
radicalización de las opiniones y las estrategias que priorizaban una 
solución estrictamente militar, acallaban la voz de quienes clamaban 
por la verdad, exponiéndolos al costo de ser difamados y 
estigmatizados como supuestos cómplices de la subversión. Fue sólo 
luego de la captura de los principales líderes subversivos y del 
descenso de las acciones armadas que el clamor por la verdad lograría 
convencer a cada vez más amplios sectores de la población. En efecto, 
en junio de 1995, cuando el gobierno encabezado por Alberto Fujimori 
hizo aprobar las inconstitucionales leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 
26492 que liberaban a miembros de las fuerzas de seguridad 
sentenciados por crímenes de lesa humanidad y prohibían toda 
investigación jurisdiccional, la ciudadanía se movilizó masivamente, 
encabezada por la juventud universitaria que asumió un rol de 
vanguardia en la lucha por la recuperación de la democracia. Esas 
jornadas de coraje cívico, animadas por principios éticos que 
renacían luego de un largo invierno en nuestra patria, fueron los 
inicios de un clamor ciudadano masivo que exigía conocer la verdad 
sobre el conflicto.

En los años que vendrían, la lucha de la ciudadanía, movilizada 
contra el creciente autoritarismo y la corrupción del régimen 
encabezado por Alberto Fujimori, se hizo consustancial a la exigencia 
de verdad y justicia. Cuando el intento de perennizar el régimen a 
través de una reelección ilegal hizo inevitable la intervención de la 
comunidad internacional, uno de los principales puntos de negociación 
propuestos por la sociedad civil para la agenda de la Mesa de Diálogo 
entre el gobierno y la oposición fue la creación de una Comisión de 
la Verdad, actuando en conexión con la derogación de las leyes de 
amnistía (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 2000. Puntos 13 
y 14).

El colapso del régimen de Fujimori, desencadenado por la puesta en 
evidencia de su carácter corrupto, condujo a la formación de un 
gobierno transitorio encabezado por el recientemente nombrado 
presidente del Congreso de la República, Dr. Valentín Paniagua, que 
encaró los retos más urgentes del inicio de la transición y canalizó 
la voluntad popular a través de medios institucionales y pacíficos. 
Uno de los primeros actos del gobierno transitorio, en diciembre de 
2001, fue la formación del Grupo de Trabajo Interinstitucional para 
proponer la creación de una Comisión de la Verdad con participación 
de los Ministerios de Justicia, Interior, Defensa, Promoción de la 
Mujer y del Desarrollo Humano, la Defensoría del Pueblo, la 
Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico del 
Perú y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Ministerio de 
Justicia, 2000).

2. El diseño del mandato de la Comisión

El Grupo de Trabajo Interinstitucional sesionó por tres meses, en los 
que desarrolló consultas con cientos de organizaciones de la sociedad 
civil y del Estado, y con expertos nacionales e internacionales. Los 
temas investigados abarcaban la amplitud del mandato de la Comisión, 
sus poderes y el mecanismo más adecuado para establecerla.

La discusión sobre los alcances del mandato fue, indudablemente, la 
más compleja, puesto que debía ocuparse de la competencia de la 
Comisión. El Grupo de Trabajo Interinstitucional propuso que la 
Comisión examinase delitos atribuibles a todas las partes del 
conflicto, esto es, "tanto los hechos imputables a agentes del 
Estado, a las personas que actuaron bajo su consentimiento, 
aquiescencia o complicidad, así como los imputables a los grupos 
subversivos." (Grupo de Trabajo Interinstitucional, 2001. Artículo 
1º). La amplitud temporal de la competencia de la Comisión propuesta 
por el Grupo de Trabajo Interinstitucional no fue modificada, y así 
se expresó en la versión final del mandato. En efecto, el Decreto 
Supremo aprobado por el Consejo de Ministros recogió la propuesta de 
abarcar en la investigación los actos ocurridos entre el año 1980 y 
el año 2000 (Grupo de Trabajo Interinstitucional, 2001. Artículo 1º; 
Presidencia del Consejo de Ministros, 2001a. Artículo 1º). Esta 
decisión hacía más complejo el encargo, pues obligaba a investigar 
dos temas que —aunque íntimamente relacionados— respondían a procesos 
políticos distintos: de un lado, los crímenes ocurridos en el 
contexto del conflicto armado, mientras las organizaciones 
subversivas ilegales conservaban una amplia capacidad operativa y 
mantenían el objetivo estratégico de capturar el poder político, y, 
de otro lado, los ocurridos durante el gobierno autoritario 
encabezado por Alberto Fujimori, cuando muchos de los actos 
delictivos respondían a estrategias selectivas de intimidación de 
grupos legales de oposición y ya los grupos subversivos principales 
habían perdido su capacidad operativa o habían cambiado de objetivo 
estratégico.

La amplitud material de la competencia de la Comisión tampoco 
experimentó grandes cambios en ambos estadios de elaboración. En 
efecto, todos los delitos planteados por el Grupo de Trabajo (Grupo 
de Trabajo Interinstitucional, 2001. Artículo 2º) fueron recogidos en 
el Decreto Supremo:

    La Comisión de la Verdad enfocará su trabajo sobre los siguientes 
hechos, siempre y cuando sean imputables a las organizaciones 
terroristas, a los agentes del Estado o a grupos paramilitares:

    a) Asesinatos y secuestros;
    b) Desapariciones forzadas;
    c) Torturas y otras lesiones graves;
    d) Violaciones a los derechos colectivos de las comunidades 
andinas y nativas del país;
    e) Otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las 
personas. (Presidencia del Consejo de Ministros, 2001a. Artículo 3º) 

La formulación abierta recogida en los incisos "c" y "e" reconocía la 
posibilidad de que la Comisión decidiese incluir conductas que no 
hubieran sido explícitamente señaladas, pero que — por analogía— 
presentasen similar seriedad. La amplitud de este mandato situó a la 
Comisión frente a un enorme reto metodológico y jurídico: era 
necesario desarrollar mecanismos para el registro de la información 
que no conocían precedente en el país —lo que conduciría a la 
creación de una base de datos de gran amplitud y poder 
investigativo—, y era preciso además identificar una base de derecho 
que pudiese aplicarse a los hechos que denunciarían las víctimas.

En efecto, aunque es evidente que debía aplicarse el derecho 
nacional, era también presumible que en una sociedad en transición a 
la democracia los instrumentos jurídicos nacionales no hubiesen 
incorporado los avances más recientes del derecho internacional. Por 
el contrario, parte del andamiaje legal erigido en los años del 
régimen autoritario encabezado por Alberto Fujimori formaba parte de 
la misma estructura de impunidad y violación de los derechos humanos 
que debía rechazarse con firmeza. Era, pues, necesario recurrir a los 
mejores aportes del derecho internacional, en atención a obligaciones 
libre y soberanamente asumidas por el Perú.

En el origen del proceso gubernamental de creación de la Comisión, el 
Ministerio de Justicia sugirió que los crímenes ocurridos en el 
conflicto constituían "graves violaciones a los Derechos Humanos y al 
Derecho Internacional Humanitario" (Ministerio de Justicia, 2000. 
Considerando 2º). Esta mención a dos grandes cuerpos jurídicos del 
Derecho Internacional Público era sensible a complejos debates sobre 
la necesidad de tipificar los crímenes cometidos por grupos 
subversivos en una forma que reflejase adecuadamente el rechazo 
universal que causaban. En efecto, aunque las acciones de terror que 
han realizado los grupos subversivos generan una amplia repulsa, el 
desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos parecía 
centrarse únicamente en las obligaciones de los Estados, mas no en 
las de grupos de particulares que no ejercen la soberanía. Hay que 
convenir en que estos enfoques son extraños al sentido común, el cual 
encuentra poco comprensible que el derecho internacional no considere 
técnicamente a los grupos subversivos como "violadores de derechos 
humanos", habida cuenta que las acciones terroristas en las que con 
frecuencia incurren son evidentemente violatorias de los derechos 
fundamentales de las personas. Es de suponer que, por esta razón, el 
Ministerio de Justicia dejó abierta la posibilidad de recurrir al 
Derecho Internacional Humanitario, es decir, al derecho aplicable a 
los conflictos armados, para impedir que los grupos subversivos 
pudiesen quedar excluidos de una investigación fundada en los 
estándares más altos del derecho.

Sin embargo, la alusión al Derecho Internacional Humanitario genera 
no pocas dudas. En efecto, algunos sectores señalaban con 
preocupación que el reconocimiento de esta fuente de Derecho, 
codificada fundamentalmente en los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 y los protocolos adicionales de 1977, al señalar la 
existencia de un conflicto armado, podría implicar de manera 
indirecta la atribución de la condición de beligerante a los grupos 
subversivos, lo que supuestamente debilitaría la posición soberana 
del Estado peruano. Probablemente estas dudas, y la imposibilidad de 
resolverlas en el corto período encargado al Grupo de Trabajo, 
resultaron en el silencio del Decreto Supremo final sobre las 
violaciones al Derecho Internacional Humanitario, lo que dejaba a la 
Comisión la tarea de identificar por sí misma las bases jurídicas más 
adecuadas para tipificar los hechos delictivos atribuidos a las 
organizaciones subversivas.

Afortunadamente, la Comisión surgió en el marco de un amplísimo 
desarrollo del Derecho Internacional Público y de la conciencia 
universal sobre el valor de los derechos humanos. En años recientes, 
1994 y 1995, se crearon los Tribunales Penales Internacionales de las 
Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia y para Ruanda; se aprobó 
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1998 y se puso 
en evidencia la creciente voluntad de los países de poner en vigor 
mecanismos de jurisdicción universal para perseguir a los 
responsables de crímenes de lesa humanidad independientemente del 
lugar donde los hubieran cometido. Estos desarrollos permiten 
establecer con claridad la responsabilidad penal internacional de 
personas particulares que forman parte de organizaciones no 
estatales.

En cuanto al Derecho Internacional Humanitario, la Comisión ha 
seguido la línea unánime de interpretación de este cuerpo jurídico, 
según la cual la aplicación de las normas del Derecho Internacional 
Humanitario, en particular las establecidas en el artículo 3º común a 
los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, son de 
aplicación automática en el caso de un conflicto armado interno, pero 
su aplicación no entraña de ninguna manera el reconocimiento del 
estatus de beligerante a los grupos subversivos armados, ni del 
estatus de combatiente a los integrantes de dichos grupos, ni del de 
prisioneros políticos o de guerra a quienes resultasen capturados por 
las fuerzas de seguridad (Junod, 1986. p. 1368).

El Derecho Internacional Humanitario, en el caso que nos compete, se 
limita al deber básico de prohibir que los grupos participantes en el 
conflicto armado hagan blanco de sus ataques a la población civil. Su 
aplicación no afecta en modo alguno "la responsabilidad que incumbe a 
todo gobierno de mantener y restablecer el orden público en el Estado 
y de defender la unidad e integridad territorial del Estado por 
cualquier medio legítimo" (Estatuto de Roma, 1998. Artículo 8, 
párrafo 2, inciso g). Como es evidente, los instrumentos 
internacionales libremente aceptados por el Perú no debilitan en 
absoluto la aplicabilidad de las leyes penales nacionales para 
sancionar los actos ilícitos de los subversivos, siempre que estas 
leyes no vulneren derechos fundamentales de toda persona humana.

Cabría señalar, de otro lado, que aunque el Decreto Supremo decidió 
recurrir al concepto de "terrorismo" para referirse a los crímenes 
cometidos por las organizaciones subversivas, la Comisión no está 
convencida de que este término alcance a describir con precisión el 
amplio rango de conductas emprendidas por dichos grupos, ni de que 
exista un amplio consenso jurídico internacional sobre el contenido 
del término. Su utilización, por el contrario, al cabo de un 
prolongado conflicto armado, está cargada de significados subjetivos 
que hacen difícil el análisis de la conducta de quienes decidieron 
alzarse contra el Estado y en ese rumbo cometieron violentos 
crímenes. Por esta razón, la Comisión ha distinguido entre los actos 
de subversión que tuvieron como objetivo aterrorizar a la población 
civil y otros de distinta índole, y ha buscado utilizar el concepto 
de "terrorismo" y "terrorista" con cautela y rigurosidad.

El Decreto Supremo que dio vida a la Comisión, en adición a su 
competencia, le fijó objetivos y atribuciones balanceadas para 
permitir su interacción armónica con otras instancias del Estado. Los 
objetivos fijados por el Decreto Supremo, a la letra, son:

    a) Analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así 
como los comportamientos que, desde la sociedad y las instituciones 
del Estado, contribuyeron a la trágica situación de violencia por la 
que atravesó el Perú;

    b) contribuir al esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales 
respectivos, cuando corresponda, de los crímenes y violaciones de los 
derechos humanos por obra de las organizaciones terroristas o de 
algunos agentes del Estado, procurando determinar el paradero y 
situación de las víctimas, e identificando, en la medida de lo 
posible, las presuntas responsabilidades;

    c) elaborar propuestas de reparación y dignificación de las 
víctimas y de sus familiares;

    d) recomendar reformas institucionales, legales, educativas y 
otras, como garantías de prevención, a fin de que sean procesadas y 
atendidas por medio de iniciativas legislativas, políticas o 
administrativas; y,

    e) establecer mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones. 
(Presidencia del Consejo de Ministros, 2001a. Artículo 2º). 

Salta a la vista el ambicioso marco establecido por el Decreto 
Supremo para el trabajo de la Comisión, pues no se limita a la 
comprobación de los hechos violatorios de los derechos fundamentales 
de las personas (con la posibilidad de llegar hasta la identificación 
de responsabilidades presuntas), sino que la obliga a ofrecer una 
explicación del proceso político, social y cultural que hizo posibles 
tales violaciones y a lidiar con las secuelas del conflicto a través 
de propuestas de reparación integral y reformas institucionales.

El Decreto Supremo también dio atribuciones a la Comisión que, aunque 
correctas, resultaban modestas en relación a la magnitud de la tarea 
encomendada:

    a) Entrevistar y recopilar de cualquier persona, autoridad, 
funcionario o servidor público toda la información que considere 
pertinente.

    b) Solicitar la cooperación de los funcionarios y servidores 
públicos para acceder a la documentación o cualquier otra información 
del Estado.

    c) Practicar visitas, inspecciones o cualquier otra diligencia 
que considere pertinente. Para tal efecto, la Comisión podrá contar 
con el apoyo de peritos y expertos para llevar adelante sus labores.

    d) Realizar audiencias públicas y las diligencias que estime 
conveniente en forma reservada pudiendo guardar reserva de la 
identidad de quienes le proporcionen información importante o 
participen en las investigaciones.

    e) Gestionar las medidas de seguridad para las personas que, a 
criterio de la Comisión, se encuentren en situación de amenaza a su 
vida o integridad personal.

    f) La Comisión de la Verdad establecerá canales de comunicación y 
mecanismos de participación de la población, especialmente de la que 
fue afectada por la violencia.

    g) Aprobar su reglamento de organización y funcionamiento 
internos para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones. 
(Presidencia del Consejo de Ministros, 2001a. Artículo 6º) 

La Comisión no recibió la facultad de citar de grado o fuerza a 
personas cuyo testimonio considerase de importancia, capacidad que sí 
disfrutan los organismos jurisdiccionales y las comisiones 
investigadoras formadas por el Poder Legislativo. Como puede 
apreciarse, el Decreto Supremo le brindaba a la Comisión amplia 
autonomía y capacidad de iniciativa, pero dentro del marco de 
gestiones de buena voluntad. Sin pretender desconocer la cooperación 
recibida de distintas instancias estatales y de la sociedad civil, la 
principal fuerza de que la Comisión disponía para llevar a cabo su 
mandato era su autoridad moral y su capacidad de argumentar 
persuasivamente. La Comisión no ha vulnerado nunca los límites 
fijados para la ejecución de sus tareas, pero no ha desaprovechado 
tampoco las posibilidades que su mandato le brindaba.

El Decreto Supremo encuadraba el sentido de las investigaciones en 
una "propensión" a la reconciliación nacional (Presidencia del 
Consejo de Ministros, 2001a. Artículo 1º). Mediante un instrumento 
legal complementario, el Decreto Supremo 101-2001-PCM, el Estado 
reafirmó que "uno de los fines esenciales de la Comisión es sentar 
las bases para un profundo proceso de reconciliación nacional" 
(Presidencia del Consejo de Ministros, 2001c. Considerando 2º). Este 
nuevo Decreto, sin embargo, hacía una importante clarificación sobre 
el sentido de la reconciliación, ligándola al establecimiento de la 
verdad y la justicia, pues dejaba en claro que el "profundo proceso" 
de reconciliación que avizoraba debía realizarse "a partir del 
esclarecimiento de los hechos así como el restablecimiento de la 
justicia" (Presidencia del Consejo de Ministros, 2001c. Considerando 
2º).

Esta clarificación fue indispensable para excluir una interpretación 
del concepto de reconciliación que la hiciese equivalente a la 
extinción de la responsabilidad penal de los perpetradores de los 
graves crímenes contemplados en el mandato. Cabe recordar que el 
régimen autoritario encabezado por Alberto Fujimori había utilizado 
el concepto de "reconciliación nacional" para justificar la dación de 
las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 que, en 1995, 
institucionalizaron la impunidad. Una Comisión que era el resultado 
directo de la indignación ética de la ciudadanía contra la impunidad 
y la injusticia, debía entender pues la reconciliación de otro modo. 
Ha sido precisamente la línea de interpretación del Decreto Supremo, 
que liga la reconciliación al esclarecimiento de la verdad y la 
acción de la justicia, la que la Comisión ha hecho suya y aplicado de 
modo invariable a lo largo de sus trabajos.

3. Legitimidad de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

La Comisión de la Verdad y Reconciliación considera que el mandato 
que le ha sido otorgado, cabalmente entendido, constituye una fuente 
de legitimación en diversos sentidos estrechamente vinculados entre 
sí. El mandato encierra, ante todo, una fuente de legitimación 
política y una fuente de legitimación ética. Pero a ellas es posible 
añadir igualmente una fuente de legitimación personal y una fuente de 
legitimación por la tarea ya realizada. Cada uno de estos sentidos 
remite a un diferente modo de autoridad de la Comisión, así como a un 
tipo particular de responsabilidad que le es propio.

En efecto, la Comisión fue creada por el Gobierno del Perú, en 
representación de la nación, acogiendo el legítimo reclamo de la 
sociedad de ejercer su derecho a conocer la verdad sobre su historia, 
derecho internacionalmente reconocido (Organización de las Naciones 
Unidas, 1997, Principio 2). La Comisión recibió un mandato de 
carácter político de parte de un gobierno democrático de transición, 
que fue ratificado luego por otro gobierno democrático surgido de 
elecciones libres, avaladas ampliamente por la comunidad 
internacional. De este mandato procede un primer modo de autoridad de 
la Comisión: ésta ha aceptado el encargo que le da la nación por 
medio de su Gobierno y ha actuado investida de la autoridad política 
que le ha sido así otorgada. De modo correlativo, al aceptar el 
mandato, la Comisión ha asumido una responsabilidad frente a la 
nación entera y se ha empeñado íntegramente en dar satisfacción al 
derecho de conocer la verdad que asiste a todos los peruanos.

La segunda fuente de legitimación del trabajo la Comisión es de 
carácter ético. Obligados por el mandato de la nación, y 
comprometidos plenamente en el cumplimiento de su misión, los 
comisionados se congregaron para meditar sobre la naturaleza de la 
tarea encomendada, y acordaron de modo unánime sostener un compromiso 
claro con un conjunto de principios éticos que debían servirles de 
orientación. Ya al inicio de sus trabajos, en una "Declaración de 
principios y de compromiso con la nación" (Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, 2001), la Comisión hizo pública su convicción de que 
los principios que debían regir su misión son: la defensa de la 
cultura de los derechos humanos, la consolidación de una democracia 
genuina, la implantación de una justicia solidaria y la más absoluta 
transparencia en la ejecución de sus investigaciones. Para la 
Comisión, el modo de autoridad más importante es, sin duda, el que 
procede de esta fuente, pues en torno a él se orientan todas las 
demás perspectivas del trabajo. Al expresar claramente su adhesión a 
tales principios de la ética pública, la Comisión se ha obligado a 
asumir una responsabilidad frente a ellos.

La tercera fuente de legitimación del trabajo de la Comisión es de 
carácter personal. Para la realización de tan delicada tarea, los 
Decretos fundadores nombraron a trece personas (doce miembros y un 
observador), teniendo en cuenta principalmente el reconocimiento 
moral del que todas ellas gozan ante la opinión pública sobre la base 
de una "reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la 
sociedad" y de su identificación "con la defensa de la democracia y 
la institucionalidad constitucional" (Presidencia del Consejo de 
Ministros, 2001a. Artículo 4º, Presidencia del Consejo de Ministros, 
2001b. Considerando 2º, Presidencia del Consejo de Ministros, 2001c. 
Considerando 4º, Presidencia del Consejo de Ministros, 2001d. 
Considerando 1º). Lo que se ha buscado, al nombrar a estas 
personalidades de la vida pública, es hallar una garantía de probidad 
y autonomía en la realización del trabajo que les era encomendado. La 
naturaleza de este nombramiento otorga a la Comisión un tercer modo 
de autoridad: los comisionados aceptaron honrosa y humildemente la 
confianza depositada en su integridad personal y, consecuentemente, 
han actuado investidos de la autoridad personal que les confiere su 
propia trayectoria de vida, situados en el horizonte histórico, 
social y cultural de su pertenencia a la comunidad peruana. Pero, por 
lo mismo, entienden que, al aceptar el mandato en estos términos, han 
contraído una enorme responsabilidad frente a sí mismos, pues ponen 
su vida y su reputación en juego en la ejecución de esta tarea.

Por último, al culminar el complejo proceso de sus investigaciones, 
la Comisión está en condiciones de considerar que el trabajo 
realizado le otorga una genuina fuente de legitimación adicional. 
Desde el inicio, la Comisión decidió dar prioridad a las voces de las 
víctimas, convocó a la comunidad nacional en su conjunto a sumarse al 
esfuerzo por esclarecer los hechos, solicitó el concurso de múltiples 
expertos en las materias de su investigación y procedió con la máxima 
transparencia. En tal sentido, el trabajo realizado puede 
considerarse un cuarto modo de autoridad: habiendo actuado de acuerdo 
a dichos criterios, la Comisión puede expresarse ahora apelando a la 
autoridad que le confiere la experiencia del camino recorrido. Pero, 
por lo mismo, ella ha contraído una responsabilidad frente a las 
víctimas de la violencia, que confiaron en la transparencia y en la 
seriedad de su labor. Asumir esta responsabilidad es un modo de 
hacerles justicia y, por su intermedio, de responder ante el país 
entero.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación se dirige pues al país 
desde esta cuádruple fuente de legitimación. Habla investida de la 
autoridad política que le otorga el mandato de la nación, de la 
autoridad ética de los principios en los que cree, de la autoridad 
personal conferida por la propia trayectoria de vida de los 
comisionados y de la autoridad práctica derivada del trabajo ya 
realizado. Es desde esta compleja perspectiva que expresa sus 
convicciones sobre el sentido de la "verdad", la "justicia" y la 
"reconciliación", y que hace explícitos los principios que han 
sustentado su misión y guiado su proceder.

4. El mandato de la Comisión como oportunidad histórica para el país

Es preciso recordar que el período del que nos ocupamos no es el 
primer episodio cruento en nuestra historia. En ella, la violencia 
como forma de enfrentar los conflictos entre distintos grupos 
sociales y políticos ha sido una lamentable constante. Pero ha sido 
igualmente una constante que no se haya llevado a cabo un proceso de 
reflexión y procesamiento de los conflictos. El trabajo de la 
Comisión es, pues, original y novedoso porque es la primera vez en la 
historia del Perú que el país ha decidido tomar el camino de la 
introspección para identificar las razones por las cuales sufrimos la 
recurrente presencia del fratricidio.

Es oportuno preguntarse, en este contexto, por los traumas históricos 
que el Perú podría haber resuelto de haber decidido investigar 
honestamente su pasado en otros momentos de grave agitación. Después 
de todo, Ayacucho no ha sido el único epicentro de la violencia en la 
historia del siglo veinte peruano. La insurrección de Trujillo, en 
1932, bárbaramente reprimida, sembró rencores y desconfianzas que 
ensombrecieron la vida política del país por décadas. Los alzamientos 
campesinos de todo el siglo veinte, la rebelión arequipeña de 1950, 
los episodios guerrilleros de los años 60, los enfrentamientos 
sociales de los años 70, fueron graves períodos de crisis al cabo de 
los cuales se cometió la grave omisión de no reconocer abusos ni 
establecer responsabilidades. Cada ciclo de violencia que culminaba 
consagrando la impunidad se fue sumando a una espiral perversa que 
alimentó la renovada violencia de las décadas siguientes. Resulta 
imposible determinar cuánto del dolor que hemos debido padecer en el 
conflicto reciente encuentra su explicación en episodios anteriores 
irresueltos; cuánto de nuestro sufrimiento en las dos últimas décadas 
fue una retardada pero inexorable prolongación de dicha espiral.

Debemos admitir, luego de una sobria consideración histórica, que una 
sociedad no puede aprender a convivir pacíficamente y en justicia si 
no es capaz de reconocer sus heridas y su dolor, si no vuelve sobre 
su pasado en busca de lecciones. Por eso, la Comisión considera su 
mandato como un ejercicio que, aunque doloroso, es indispensable para 
el establecimiento de la verdad histórica, y rechaza categóricamente 
toda insinuación que le atribuya la intención de "reabrir heridas", 
contribuir al disenso o alimentar odios. La Comisión ha registrado la 
tragedia de miles de asesinatos y vejaciones, pero también el 
escándalo del silencio y la impunidad. Es de la opinión que no se 
puede, por cobardía moral o cálculo político, "voltear la página" de 
nuestra más reciente historia sin cumplir con el deber doloroso de 
leerla y aprender, tanto por el compromiso moral de dignificar a las 
víctimas como por razones de utilidad pública, centradas en la 
prevención de nuevos hechos violentos.

El trabajo de la Comisión ha hecho evidente que el Perú es un país 
injusto marcado por una ofensiva distancia entre los derechos que la 
ley reconoce y la realidad de exclusión que la mayoría de nuestros 
compatriotas debe sufrir. "¡ Ojalá esta investigación a la larga nos 
lleve a una vida de igualdad de derechos; ojalá de acá a diez años o 
quince años nosotros también seamos considerados como peruanos!", 
clamaba en la audiencia pública de Huanta, celebrada los días 11 y 12 
de abril de 2002, el ciudadano Abraham Fernández, y, poco después, en 
la de los días 22 y 23 de mayo en Huancayo, su voz era recogida por 
la ciudadana Rebeca Ricardo: "Ya no quiero que nos ayuden como 
asháninkas, sino como personas".

El conflicto armado que hemos vivido fue favorecido por la brecha 
abierta entre el Estado y la sociedad, una sociedad que no ha podido 
ser integrada ni representada satisfactoriamente. La legitimidad del 
orden jurídico y de los organismos de mediación y negociación 
provistos por el Estado han mostrado una crónica debilidad en nuestra 
historia política e intelectual. Los actos de subversión dicho orden, 
percibido como débil e ilegítimo, provinieron tanto de sectores 
populares, en búsqueda radical de derechos negados, como de sectores 
que buscaban afianzar su control patrimonial del Estado.

La brecha social y la deslegitimación del Estado republicano se han 
representado intelectualmente de diversas maneras. Un discurso 
criollo conservador, justificador de las diferencias y de la 
marginación de amplios sectores de la población, ha actuado en 
permanente contrapunto con un discurso radical que idealizaba un 
orden alternativo e igualitario. Ambas visiones del Perú eran 
propensas al enfrentamiento y negaban la mediación. Al amparo de 
ambas visiones y en un contexto mundial marcado por la Guerra Fría 
que enfrentó países capitalistas y países socialistas, fueron 
surgiendo las ideologías que desataron y luego agudizaron el 
conflicto. Sin embargo, es también necesario reconocer que el país ha 
cambiado, independientemente del conflicto y, ocasionalmente, a 
contracorriente de la voluntad de los violentos de uno u otro signo. 
La mayor movilidad social, la creciente ciudadanización efectiva de 
la mujer, la expansión de la educación pública, la desconcentración 
de la propiedad de la tierra y otros procesos democratizadores, han 
creado nuevos lazos de integración social nacional que el conflicto 
no ha sido capaz de destruir. Por el contrario, una cultura de 
derechos y esperanzas se ha ido abriendo paso de manera irregular y a 
veces contradictoria, lo que permite a la Comisión afirmar que el fin 
de la violencia y del autoritarismo constituyen una inmensa 
oportunidad histórica para el Perú: la refundación de la democracia, 
la creación de un nuevo pacto social que verdaderamente incluya a 
todas las peruanas y peruanos en los beneficios y obligaciones de la 
ciudadanía y en la riqueza cultural que sólo una sociedad tolerante y 
pluralista puede crear. La reflexión sobre el significado histórico 
del período que hemos experimentado está íntimamente vinculada a la 
expresión de una voluntad renovadora, que busca prevenir de manera 
permanente el riesgo de un nuevo conflicto armado interno.

5. Conceptos fundamentales del mandato de la Comisión

La fidelidad al encargo recibido de la nación exige un riguroso 
discernimiento sobre el significado de la verdad, la justicia y la 
reconciliación, conceptos fundamentales que el mandato de la Comisión 
pone en estrecha vinculación entre sí.

5.1. La verdad

La Comisión entiende por "verdad" el relato fidedigno, éticamente 
articulado, científicamente respaldado, contrastado 
intersubjetivamente, hilvanado en términos narrativos, afectivamente 
concernido y perfectible, sobre lo ocurrido en el país en los veinte 
años considerados por su mandato.

Se trata de una verdad en sentido "práctico" o en sentido "moral", 
pues lo que nos toca juzgar son hechos humanos -acciones- 
indesligables de la voluntad, las intenciones y las interpretaciones 
de sus protagonistas. La Comisión habla de esta "verdad práctica" 
desde la cuádruple fuente de legitimación esbozada anteriormente, y 
considera que para su plena comprensión deben relacionarse 
adecuadamente entre sí las diferentes dimensiones contempladas en la 
definición. Es así como entiende el mandato de "esclarecer los 
hechos, los procesos y las responsabilidades" de la violencia social 
vivida en el país, y de "proponer iniciativas destinadas a instaurar 
la paz y la concordia entre los peruanos" (Presidencia del Consejo de 
Ministros 2001a. Artículo 1º)

En el contexto de sus deliberaciones la Comisión ha considerado, 
pues, que:

"Verdad" es un relato éticamente articulado: ésta es su primera y 
principal dimensión. La Comisión habla, como se ha dicho, sobre 
hechos humanos, en los que están involucrados la voluntad, las 
intenciones y los afectos de los agentes, es decir, sobre hechos 
morales. Pero lo hace, además, desde el marco de principios éticos 
que ha presidido su misión: desde su compromiso con los derechos 
humanos, los valores democráticos, la justicia solidaria y la 
honestidad en la realización de sus invetigaciones. La articulación 
ética del relato se refiere pues tanto a su contenido como a su 
forma: a su contenido, en la medida en que la Comisión ha 
interpretado los acontecimientos a la luz de los principios éticos 
indicados; a su forma, en la medida en que ha perseguido, también por 
motivos éticos, la transparencia en todos los aspectos de la 
investigación. Y por idéntica motivación moral ha considerado 
imprescindible tener en cuenta las otras dimensiones del concepto de 
verdad.

"Verdad" es un relato científicamente respaldado. Muchas de las 
investigaciones llevadas a cabo por la Comisión han tenido por 
finalidad establecer un registro detallado y preciso de los hechos de 
violencia, de las condiciones en que se produjeron, de sus 
participantes directos y de las secuelas que dejaron. En todos estos 
casos, la Comisión recurrió a los expertos y a los métodos 
científicos y técnicos más actualizados, a fin de garantizar la mayor 
objetividad posible: informes criminológicos, pericias judiciales, 
antropología forense, análisis de laboratorio, etc. Pero esta 
dimensión científica ha estado presente igualmente en los trabajos de 
análisis e interpretación de las causas de los hechos, pues se 
solicitó el concurso de una amplia gama de científicos que, desde 
disciplinas distintas -como la antropología, la sociología, la 
historia y la sicología-y con el instrumental metodológico 
disponible, han contribuido a esclarecer el proceso en cuestión. Se 
ha dado así un respaldo científico al relato éticamente articulado.

"Verdad" es un relato contrastado intersubjetivamente. Para el 
establecimiento de una verdad práctica, tal como se entiende en este 
Informe, era preciso, evidentemente, escuchar y procesar las voces de 
todos los participantes. La Comisión ha puesto especial énfasis en 
esta dimensión de la verdad, y ha centrado por eso su trabajo en la 
organización de audiencias públicas en todo el país. Por razones 
estrictamente éticas, se ha privilegiado la escucha de las víctimas 
de la violencia, frente a las cuales el país entero tiene una deuda 
de justicia y de solidaridad. Adicionalmente, se han organizado 
entrevistas con los participantes directos e indirectos de aquellos 
hechos . militares, integrantes de grupos subversivos, autoridades 
políticas y líderes de opinión . , con la finalidad de recibir los 
testimonios de todos y de escuchar sus versiones de lo ocurrido. 
Finalmente, la Comisión ha convocado públicamente a todos los 
peruanos para que brinden su contribución al esclarecimiento del 
proceso . lo que efectivamente ha ocurrido de muchas maneras. En el 
marco de su concepción ética de las cosas, y con el respaldo 
científico debido, la Comisión ha contrastado y evaluado la 
participación y la versión de los diferentes agentes involucrados. El 
relato resultante es por eso "objetivo" en el sentido en que se 
sustenta sobre una síntesis concordante y consistente entre las 
experiencias de los diversos actores y las diversas fuentes, es 
decir, posee una objetividad abierta siempre a nuevas contrastaciones 
intersubjetivas.

"Verdad" es un relato hilvanado en términos narrativos. La exposición 
de los resultados de nuestra investigación, una vez contrastados los 
testimonios y el análisis, lleva la forma de un relato coherente en 
el que se enlazan los acontecimientos entre sí. Los hechos violentos, 
por más crudos que sean, no hablan por sí solos; la Comisión los 
interpreta a la luz de las diversas dimensiones mencionadas hasta que 
cobran su sentido. El relato que ofrece tiene por finalidad, como se 
pide en el Decreto Supremo, esclarecer los hechos ocurridos en el 
marco de procesos sociales e históricos que permitan explicarlos 
debidamente. El relato tiene pues la pretensión no sólo de registrar 
los acontecimientos puntuales, sino también de explicar sus causas 
inmediatas y sus causas remotas. Indica asimismo, en la medida de lo 
posible, cuáles han sido las responsabilidades, inmediatas y remotas, 
del proceso de deterioro de nuestra vida social. Habiendo prestado 
especial atención a las voces de las víctimas, y habiendo recogido 
los testimonios de muchos peruanos y peruanas deseosos de contribuir 
a la recomposición de nuestra nación, la Comisión confía en estar 
proponiendo una manera inédita de narrar nuestra memoria colectiva. 
Al recomendar igualmente reformas institucionales como corolario del 
Informe, la Comisión espera contribuir a "afirmar la paz y la 
concordia entre los peruanos" (Presidencia del Consejo de Ministros, 
2001a. Artículo 1º).

"Verdad" es un relato afectivamente concernido. Porque los hechos que 
nos ocupan son obra de voluntades humanas, y porque han provocado el 
dolor y el sufrimiento de muchísimos compatriotas, el relato que los 
expone debe tener en cuenta la dimensión afectiva que les es 
consustancial. Y debe tenerla en cuenta no sólo porque ella está 
presente en las acciones y en las voluntades que son materia de 
nuestra investigación, sino igualmente porque los investigadores y 
los destinatarios de este relato nos abrimos también a la comprensión 
a través de nuestros afectos. La verdad de la que hablamos es pues al 
mismo tiempo moral y afectiva. "Verdad" es un relato perfectible. El 
relato de la Comisión se refiere a sucesos ocurridos en la historia 
del Perú y a procesos sociales ligados a una memoria conflictiva y 
fragmentada.

Proponemos una narración que, al recuperar nuestra memoria como país, 
se proyecta hacia el futuro, y debe por eso ser continuada y 
enriquecida con la participación de la sociedad civil, el Estado y 
los organismos que habrán de crearse para vigilar el cumplimiento de 
las recomendaciones del Informe. Lo importante es que el relato 
contiene en él mismo los criterios que permiten su perfeccionamiento 
constante; consideramos que habrá lugar en él siempre para acoger 
nuevos testimonios de víctimas aún desconocidas, así como nuevas 
perspectivas de análisis o de crítica que contribuyan a su 
reescritura continua. Por la articulación aquí presentada de las 
diferentes dimensiones del concepto de verdad al que se adhiere, la 
Comisión confía en que el suyo será un relato fidedigno. Lo es, no 
sólo en el sentido de fidelidad a los hechos, sino principalmente en 
el sentido de ser digno de fe, digno de crédito, para todos los 
peruanos y peruanas. La Comisión aspira a que la nación entera 
encuentre en él un sentido de lo ocurrido, y a que se reconozca tanto 
en la explicación de las causas como en las propuestas de refundación 
de nuestros vínculos sociales. De esa "verdad" habla la Comisión: de 
un relato fidedigno, éticamente articulado, científicamente 
respaldado, contrastado intersubjetivamente, hilvanado en términos 
narrativos, afectivamente concernido y perfectible.

5.2. La justicia

La más ostensible "verdad" que esta investigación ha puesto de 
manifiesto es que, en el contexto del conflicto, se han cometido en 
el país flagrantes injusticias. Desde la perspectiva ética que ha 
articulado el relato, la Comisión constata que, en el período 
analizado, y sobre un fondo histórico y secular de injusticias, se 
han violado principios y derechos fundamentales de las peruanas y de 
los peruanos: se ha destruido la vida y la dignidad de muchas 
personas, se ha negado su libertad, se han frustrado muchas de sus 
aspiraciones y de sus capacidades y, de modo más general, se han 
deteriorado los principios de convivencia social, llegándose a una 
situación de violencia y crueldad de proporciones insólitas. Los 
hechos puestos al descubierto por la investigación constituyen una 
negación ética de la justicia.

Es preciso, pues, restaurar, o instaurar verdaderamente, la justicia 
en nuestra sociedad. Siendo ésta una tarea compleja, debemos tener en 
claro cuáles son los criterios que le han de servir de orientación. 
En efecto, la justicia es ante todo un principio ético regulador de 
nuestra vida social y política, que expresa un ideal de convivencia 
humana en el que se respeten y se garanticen constitucionalmente 
derechos fundamentales como la dignidad y la inviolabilidad de la 
persona humana, la libertad individual, la igualdad de derechos y 
oportunidades, la equidad y la solidaridad. Estos principios y 
derechos, que nuestra propia constitución política consagra, son hoy 
universalmente reconocidos y pertenecen al patrimonio ético y al 
orden jurídico internacionales. La Comisión, además, tiene la 
convicción de que ellos deberían encarnarse en un modo de vida, en la 
sensibilidad de todos nuestros compatriotas, es decir, que deberíamos 
hacer de su ejercicio un compromiso personal y un hábito de conducta.

En la situación particular de nuestra sociedad, caracterizada por el 
tránsito de un estado de violencia y de un régimen corrupto y 
autoritario hacia un estado democrático de derecho, y en el contexto 
de las deliberaciones y las atribuciones de la Comisión, el principio 
ético de la justicia justicia se pone de manifiesto y se actualiza de 
diferentes maneras. En líneas generales, comprende las cuatro 
dimensiones siguientes: la moral; la judicial; la reparadora; y la 
política y social.

5.2.1. Sentido moral

En su sentido moral, la instauración de la justicia implica que se 
reconozcan los esfuerzos ya realizados y se hagan los que sean aún 
necesarios para esclarecer los hechos e investigar las causas de la 
violencia ocurrida en nuestro país. En tal sentido, la Comisión, al 
hacer entrega de su Informe Final, quiere contribuir a una forma de 
hacer justicia que satisfaga la demanda de explicación y de 
desagravio de muchos peruanos y, en última instancia, de la nación 
entera. La vigencia de la justicia implica pues que se preste debida 
atención al relato propuesto por la Comisión y que se haga un 
esfuerzo colectivo de reflexión sobre la responsabilidad que le 
compete a cada quien. Muchos hechos de violencia quedarán registrados 
y sobre sus responsables deberá caer una sanción moral, sin menoscabo 
de otras sanciones a que se hagan merecedores. Además, es preciso que 
todos reconozcamos la parte de responsabilidad que nos es propia.

5.2.2. Sentido judicial

En su sentido judicial, la instauración de la justicia implica que se 
hagan todos los esfuerzos posibles para perseguir y castigar a los 
culpables de las violaciones a los derechos humanos y de los actos de 
violencia perpetrados en el periodo bajo investigación. En esta línea 
la Comisión pone a disposición de los organismos competentes un 
conjunto de expedientes sobre cuya base deberán iniciarse los 
procesos judiciales respectivos. Debe buscarse que ninguna injusticia 
quede sin sanción y que se aplique a los responsables todo el rigor 
de la ley.

5.2.3. Sentido reparador

En su sentido reparador, la instauración de la justicia implica que 
se hagan todos los esfuerzos posibles para resarcir directamente a 
las víctimas de la violencia por los daños padecidos. Es la sociedad 
peruana misma la que debe asumir la responsabilidad de la tarea de 
reparación, y es el Estado el encargado de ejecutarla en 
representación de todos. Para ello, la Comisión le hace entrega de un 
programa de reparaciones que contempla diferentes medidas en favor de 
las víctimas, con la finalidad de subsanar de algún modo el daño que 
han sufrido, lo cual no va en perjuicio de otras reivindicaciones, 
igualmente justas, a las que puedan tener derecho.

5.2.4. Sentido político y social

En su sentido político y social, la instauración de la justicia 
implica que se hagan todos los esfuerzos posibles por reformar las 
instituciones de la sociedad a fin de que las relaciones sociales 
sean más equitativas, más democráticas y más solidarias, y a fin de 
que no se repita una tragedia nacional semejante. En términos 
estrictamente políticos, ella implica que se lleve a cabo una 
redistribución más equitativa del acceso al poder y, en términos 
sociales, que se ponga en práctica un régimen de efectiva igualdad de 
oportunidades para todas las peruanas y peruanos. Para que ello 
ocurra, deben combatirse de modo especial los rasgos de injusticia 
estructural de nuestra sociedad, principalmente los hábitos de 
discriminación, y debe respetarse la diversidad cultural que nos 
constituye como nación . cosas ambas consagradas por nuestra 
Constitución y reconocidas por tratados internacionales de los que el 
Perú es signatario. Inspirada en este sentido de la justicia, y en 
cumplimiento de su mandato, la Comisión propone un conjunto de 
reformas institucionales destinadas a afianzar la paz y la equidad en 
nuestra sociedad.

Por la diversidad de dimensiones que implica, la instauración de la 
justicia es una tarea de largo aliento para nuestro país. El 
esclarecimiento de la verdad y la sanción moral a los responsables; 
la sanción judicial a los culpables, ajena a toda arbitrariedad; la 
reparación de las víctimas y la propuesta de reformas institucionales 
son modos de expresión del principio ético de la justicia que la 
Comisión ha hecho suyo y que propone al país con la finalidad de 
refundar los vínculos esenciales de convivencia ciudadana. Es, en 
otras palabras, una propuesta de reconciliación nacional la que aquí 
se ofrece.

5.3. La reconciliación

La Comisión entiende por "reconciliación" la puesta en marcha de un 
proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos 
fundamentales entre los peruanos, vínculos voluntariamente destruidos 
o deteriorados en las últimas décadas por el estallido, en el seno de 
una sociedad en crisis, de un conflicto violento, iniciado por el PCP 
Sendero Luminoso. El proceso de la reconciliación es hecho posible, y 
es hecho necesario, por el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido 
en aquellos años . tanto en lo que respecta al registro de los hechos 
violentos como a la explicación de las causas que los produjeron . 
así como por la acción reparadora y sancionadora de la justicia.

La sociedad peruana en su conjunto, conmocionada por el 
descubrimiento de tan dolorosa verdad, ha de tomar conciencia, en 
primer lugar, de la complejidad del proceso que condujo a dicha 
situación y ha de extraer, además, las lecciones necesarias para que 
ello no vuelva a repetirse. No sólo ha de registrar la espiral de 
violencia y venganza desatada entonces, o el grave daño causado a 
muchas de sus víctimas, sino ha de advertir igualmente que la 
precariedad y la injusticia del vínculo social precedente 
contribuyeron a su posterior deterioro. Para que la reconciliación 
tenga sentido, deberán modificarse las condiciones en que se 
restauren los vínculos entre los peruanos.

La toma de conciencia de la magnitud del daño causado a nuestra 
sociedad debe llevarnos a todos a asumir parte de la responsabilidad, 
aun cuando ésta pueda y deba diferenciarse según grados. No sólo la 
acción directa de los protagonistas, sino también la complicidad 
silenciosa o la desidia de muchos han contribuido a su manera a 
promover la destrucción de la convivencia social. Debemos reconocer, 
pues, la naturaleza ética del compromiso por la reconciliación, es 
decir, debemos admitir que las cosas pudieron ocurrir de otra manera 
y que muchos no hicimos lo suficiente para que así fuese.

Por lo mismo, la reconciliación no puede consistir simplemente en 
restablecer la relación originaria, pues ella fue en cierto modo el 
caldo de cultivo del proceso perverso que condujo a su destrucción. 
Debemos extraer lecciones de la experiencia vivida: una vez 
reconocida nuestra responsabilidad colectiva, debemos empeñarnos en 
corregir y replantear las condiciones básicas de nuestra convivencia. 
La reconciliación debe consistir por eso en una refundación de los 
vínculos fundamentales, instaurando una nueva relación, 
cualitativamente distinta, entre todos los peruanos y peruanas. 
Debemos aspirar a crear un nuevo acuerdo social, un nuevo espacio 
compartido, en el que puedan estar realmente vigentes los derechos 
ciudadanos, y en el que rijan los principios del respeto a la 
dignidad de la persona, del pluralismo, del derecho a la diversidad, 
de la solidaridad y de la justicia. Es preciso, de parte de todos, un 
compromiso de buena voluntad para procesar el pasado y para imaginar 
un futuro de concordia. Si no se establece una sociedad 
verdaderamente pacífica, libre y justa, corremos el riesgo de 
retornar a las situaciones precarias de equilibrio que desataron el 
proceso violento del que queremos salir.

Si la verdad es una condición previa de la reconciliación, la 
justicia es al mismo tiempo su condición y su resultado. Ello es así 
porque, como hemos visto, la justicia tiene diferentes dimensiones, 
que es indispensable considerar y hacer respetar en su especificidad 
moral; judicial; reparadora; y política y social.

Por las razones indicadas, el compromiso con la reconciliación 
compromete a la sociedad peruana en su conjunto; es ella la que debe 
reconciliarse consigo misma. Y lo hará cuando, comenzando por el 
Estado, se instauren relaciones de reconocimiento recíproco que 
corrijan la discriminación social, económica, racial, cultural y de 
género, y cualquier otra forma de postergación, relaciones que hagan 
posible la refundación del acuerdo social entre todos. En tal 
sentido, la reconciliación comprende tres niveles: en el nivel 
político, es una reconciliación entre el Estado . incluyendo a las 
Fuerzas Armadas y Policiales . y la sociedad, y lo es también entre 
los partidos políticos, la sociedad y el Estado; en el nivel social, 
es una reconciliación de las instituciones y los espacios públicos de 
la sociedad civil con la sociedad entera, de modo especial con los 
pueblos indígenas, las regiones, las mujeres y los jóvenes, 
secularmente postergados; y en el nivel interpersonal, es una 
reconciliación entre los miembros de comunidades o instituciones que 
se vieron enfrentados a causa de la violencia generalizada. Es de 
esperar que este proceso de reconciliación halle un reflejo en la 
educación, en la familia, en los medios de comunicación, en el modo 
de funcionamiento de las instituciones civiles y políticas, y en la 
propia vida cotidiana de todas las peruanas y peruanos.

Si reconocemos nuestra responsabilidad en el daño causado a la 
sociedad y nos comprometemos a poner en práctica el proceso de la 
reconciliación, estaremos dando muestras de un verdadero 
arrepentimiento. Sería en tal sentido deseable que instituciones o 
personas directamente involucradas en los hechos de violencia hagan 
público reconocimiento de su culpa ante la sociedad, es decir, que 
pidan el perdón. Aunque sólo a las víctimas les corresponde, en 
definitiva, otorgarlo, la petición del perdón, acompañada de un 
sincero reconocimiento de la responsabilidad, sea ésta personal o 
institucional, puede ayudar a crear las nuevas condiciones de 
solidaridad que requiere la reconciliación nacional.

Finalmente, por la riqueza de dimensiones que encierra, la 
reconciliación es un proceso abierto y permanente, que hace las veces 
de una meta común para nuestra sociedad. Acercarnos a ella es una 
tarea de toda la ciudadanía.

6. Opciones metodológicas

Durante los años de la violencia los investigadores nacionales 
adquirieron una importante experiencia en las técnicas de reportar 
violaciones a los derechos humanos. En distintos momentos de aquel 
largo período, instancias como el Congreso de la República, la 
Defensoría del Pueblo y la sociedad civil llevaron a cabo 
investigaciones basadas en testimonios o en el acervo documentario 
estatal, y se crearon bases de datos comprehensivas en distintas 
instituciones. Sin embargo, ninguna de estas investigaciones tuvo que 
documentar y explicar un universo de fenómenos tan amplio y complejo 
como el encargado a la Comisión. Dada la peculiar naturaleza de los 
hechos por explicar, así como el impacto que nuestro trabajo tendría 
en seres humanos concretos, debieron tomarse decisiones metodológicas 
respaldadas por principios éticos fundamentales. Del mismo modo, 
debió tenerse en cuenta una gran variedad de disciplinas con el 
objeto de comprender cabalmente la complejidad y las dimensiones de 
la violencia de origen político.

El objeto de estudio encargado a la Comisión es, indudablemente, de 
naturaleza peculiar. Dentro del universo de las conductas humanas, la 
violencia constituye un inmenso reto para el investigador, pues se 
trata de una conducta no sólo irracional, que se resiste a las 
explicaciones o justificaciones, sino, además, de un accionar 
moralmente repugnante al grado de dificultar su comprensión. Los 
comisionados comparten con el resto del país la experiencia 
traumática de haber vivido la violencia de forma cotidiana, por lo 
que han debido mantener un delicado equilibrio entre dos riesgos 
simétricamente opuestos: por un lado, disolver la necesaria condena 
moral en un frío análisis formal y, por el otro, renunciar al 
análisis riguroso y desapasionado en razón de la comprensible 
indignación que los hechos provocan.

Lejos de ser una materia inerte, la violencia actúa sobre quienes la 
investigan suscitando en ellos experiencias traumáticas. No es 
tampoco un asunto confinado al pasado, pues sus consecuencias están 
aún entre nosotros y tienen un profundo impacto en nuestros juicios. 
La vigilancia epistemológica necesaria para una investigación 
rigurosa no puede ignorar que semejante objeto de estudio obliga al 
investigador a un profundo examen de conciencia y a reconocerse 
dentro de múltiples escenarios ocupados por victimarios y víctimas. 
De este modo, la investigación, además de constituir un esfuerzo de 
explicación de los hechos, no puede abstenerse de emitir un juicio 
ético y practicar un ejercicio auténticamente terapéutico y 
reparador.

La gran mayoría de los actores involucrados en el desarrollo de la 
violencia han alegado motivaciones políticas con el propósito de 
explicar o hasta de justificar sus actos. La Comisión, sin embargo, 
se rehúsa a otorgar validez o consistencia a la noción de "violencia 
política", a pesar de que sea un rótulo descriptivo ampliamente 
utilizado. Esa expresión es más bien un contrasentido, ya que la 
violencia, que es por definición la ruptura de todo esfuerzo 
comunicativo, no puede considerarse parte o continuación de una 
actividad . la política . que consiste precisamente en un proceso 
dialógico de construcción de acuerdos. Es preciso sostener, por ello, 
con firmeza que quienes atribuyen razones políticas a sus crímenes 
están profundamente equivocados, ya sea que hayan actuado con el fin 
de subvertir o de conservar el ordenamiento político del país. Medios 
como el asesinato, la violencia sexual, la tortura y otros similares 
contaminan irremediablemente los fines, por más elevados que éstos se 
proclamen.

Los actores políticos enfrentados en el conflicto han mantenido, sin 
embargo, la pretensión de justificar sus acciones o, por lo menos, de 
explicarlas en el contexto de estrategias de tipo político. La 
Comisión ha registrado sus testimonios observando una posición de 
imparcialidad, ha escuchado a los actores involucrados y estudiado a 
fondo sus razonamientos para llegar luego a conclusiones propias 
sobre la validez o invalidez de sus pretensiones. Así, la Comisión 
debió entrevistar a líderes y cuadros militares de los grupos 
subversivos armados, al igual que a los dirigentes políticos y jefes 
de las fuerzas de seguridad, con el fin de reconstruir la lógica de 
los participantes de esta tragedia. La imparcialidad formal, como 
instrumento de la investigación, jamás estuvo reñida, sin embargo, 
con la lealtad fundamental de la Comisión hacia la democracia ni con 
la solidaridad debida a las víctimas del conflicto. Para comprender 
la complejidad de la violencia en sus diferentes dimensiones - como 
hechos registrados, como resultado de estrategias determinadas 
racionalmente, como expresión de voluntades e interpretaciones 
subjetivas de seres humanos y como producto de amplios 
condicionamientos sociales - se debió recurrir al concurso de varias 
disciplinas y al acoplamiento de metodologías diversas.

Fue particularmente difícil tender puentes entre la construcción de 
una base de datos a partir de los testimonios, las exigencias del 
análisis jurídico y la reconstrucción histórica y política del 
conflicto. En efecto, el análisis empírico debía consignar hechos 
objetivos contrastando las versiones de múltiples testimonios, muchos 
de los cuales –aunque vívidos-eran fragmentarios y parciales. La 
forma de recolección de dichos datos no permite establecer 
automáticamente las motivaciones ni la voluntad de los agentes, lo 
cual es un elemento indispensable para la tipificación de hechos 
criminales a partir de los principios establecidos en los 
instrumentos de derecho.

Relacionar el análisis jurídico y el de los científicos sociales ha 
sido un reto difícil. La ciencia jurídica se orienta a la 
reconstrucción de la acción humana con la intención de contribuir a 
la acción penal. Sin embargo, la adjudicación de penas, propia de los 
organismos jurisdiccionales, no puede llevarse a cabo sin alcanzar 
altos estándares de certeza, porque la consecuencia de sus decisiones 
implica la suspensión de derechos fundamentales para las personas que 
son declaradas culpables. El proceso judicial debe identificar con 
precisión, y sobre la base de evidencias presentables ante una corte, 
si una conducta reúne los elementos objetivos y subjetivos que la 
hacen concordar con tipos penales previamente definidos. La 
reconstrucción histórica, en cambio, busca recomponer la racionalidad 
que el agente atribuyó a sus acciones, así como el resultado de la 
interacción de tal racionalidad con la acción de otros agentes en el 
marco de relaciones estratégicas y evaluaciones normativas complejas.

Por otro lado, es evidente que las fuentes del análisis histórico son 
más amplias que las del análisis jurídico, y que la narrativa que de 
ellas se desprende no conduce a la adjudicación de penas. No todos 
los relatos de las víctimas, no todas las pruebas documentales, no 
todos los testimonios que recibe el historiador, el antropólogo o el 
sociólogo son pertinentes o utilizables en una corte de justicia. 
Pero, aunque la ciencia social no pueda determinar si una conducta es 
o no criminal, puede, en cambio, reconstruir el contexto y la trama 
de realización de esa conducta, así como poner de manifiesto las 
decisiones estratégicas y normativas que le sirvieron de sustento.

Asimismo, la atmósfera afectiva generada por la presentación de la 
mayoría de sus testimoniantes, las víctimas, fue motivo de una 
reflexión de naturaleza psicológica. Es imposible valorar 
adecuadamente lo que las personas declaran sin comprender los 
complejos mecanismos con que funciona la memoria individual y cómo 
ésta procesa graves experiencias traumáticas. En miles de testimonios 
recogidos por los entrevistadores de la Comisión se aprecian 
narrativas desgarradas, permanentes retornos a la instancia del 
trauma, sublimaciones y justificaciones que nos hacen comprender que 
rendir testimonio no es solamente contribuir al esclarecimiento de un 
hecho, sino también una forma de procesar un duelo largamente 
postergado, un indispensable instrumento terapéutico. Un ejemplo 
puede servir para ilustrar este punto. En la audiencia pública 
celebrada en Huancavelica los días 25 y 26 de mayo de 2002, la 
ciudadana Olga Huamán refirió las circunstancias de la misteriosa 
desaparición de su esposo, Víctor Gonzalo, a manos de personas 
desconocidas. Es poco lo que un proceso judicial podría hacer por 
esta ciudadana en ausencia de testimonios de los perpetradores o de 
pruebas. Sin embargo, en la audiencia, ella tuvo la oportunidad de 
relatar una serie de sueños en los que creía haber recibido mensajes 
de su esposo, en que éste le relata su triste suerte y la reconforta 
en su dolor. Aunque los sueños de la señora Huamán no podrían 
considerarse como elementos probatorios de una conducta criminal, es 
evidente que nos dicen mucho sobre los mecanismos con los que las 
víctimas procesan el duelo y arrojan luces sobre cómo la cultura 
popular pugna por dar sentidos a la violencia experimentada.

Si bien es posible yuxtaponer distintas metodologías para investigar 
un objeto de estudio complejo, es muy difícil construir un auténtico 
enfoque multidisciplinario, en el que las fortalezas de cada 
disciplina coadyuven en un esfuerzo convergente. El Informe Final es 
tributario de los mejores empeños de la Comisión para lograr una 
genuina multidisciplinariedad a través de un eficaz control de 
consistencia entre los enfoques y los resultados de las distintas 
secciones.

Acaso una de las consecuencias más importantes de la actitud 
metodológica adoptada a raíz del mandato ha sido el convencimiento de 
que las víctimas no son sujetos pasivos, sin capacidad de reaccionar 
ante los hechos, sino seres humanos íntegros, con capacidad de acción 
e interpelación. Ni la vulneración de sus derechos ni los daños que 
les fueron infligidos han podido mellar su irreductible humanidad. 
Han sido capaces de optar y han prestado una valiosa contribución al 
relato sobre la reconstrucción de la nación en una medida que no 
podrá ser suficientemente enfatizada.

En directa relación con la necesidad de comprender el papel de todos 
los involucrados en el conflicto, la Comisión reconoció desde el 
principio que debía ejercer una permanente mirada crítica sobre sí 
misma. Era conciente de que, aunque buscaba arrojar luces sobre 
hechos largamente silenciados, habría aspectos de la violencia que 
serían más difíciles de mostrar que otros. La experiencia de las 
mujeres, por ejemplo, ha sido sistemáticamente subsumida en la de los 
hombres, y muchas veces los crímenes sufridos por ellas han sido 
ignorados tanto por la sociedad como por ellas mismas, que han 
preferido relatar las tragedias sufridas por sus seres queridos. La 
Comisión adoptó por ello, desde muy temprano, un enfoque de género 
que recorre de manera transversal todas sus investigaciones. Del 
mismo modo, ha tratado de ser sensible a las experiencias de grupos 
cultural y étnicamente discriminados, como las comunidades andinas y 
amazónicas, por lo que adoptó la política de emplear a un personal 
profesional originario de las zonas donde ubicó sus oficinas de 
campo, hablante de los idiomas nacionales y conocedores de los 
códigos culturales de cada región.

El trabajo metodológico debió confrontarse además con el carácter 
masivo de la información por recopilar. Miles de peruanos han sufrido 
la violencia o han sido testigos de actos de violencia; de ellos, 
diecisiete mil se acercaron voluntariamente a las oficinas de la 
Comisión a rendir su testimonio. La mayoría de ellos corresponden a 
víctimas de la violencia. Ese sesgo ha resultado inevitable, habida 
cuenta que los potenciales declarantes eran conscientes de que la 
Comisión tenía el encargo explícito de contribuir a la justicia, por 
lo que muchos perpetradores se abstuvieron de brindar sus 
testimonios.

De otro lado, la Comisión ha invertido sus mayores recursos humanos 
en obtener testimonios de las zonas rurales. Esto fue consecuencia 
directa de hipótesis iniciales sobre el carácter predominantemente 
rural del conflicto vivido, lo cual, si bien pudo luego comprobarse, 
determinó que los mecanismos de investigación fuesen particularmente 
eficaces para recoger las experiencias vividas en el campo pero 
relativamente menos útiles para reconstruir el conflicto en contextos 
urbanos, siendo necesario recurrir, en este último caso, a miles de 
entrevistas en profundidad a actores clave del conflicto.

En cualquier caso, el inmenso acervo documentario recopilado y 
producido por la Comisión, que sustenta la solidez del Informe Final, 
será íntegramente transferido a la Defensoría del Pueblo, en 
cumplimiento de su mandato fundacional (Presidencia del Consejo de 
Ministros, 2001a).

7. La Comisión y otras experiencias de justicia transicional

A pesar de que los hechos que se consignan en este Informe denuncian 
una grave situación de injusticia, es también necesario reconocer que 
el país ha cambiado. Una cultura de derechos y esperanzas se ha ido 
abriendo paso poco a poco, a veces de manera irregular y 
contradictoria. Sin embargo, el resultado ha sido que investigadores 
y víctimas hemos compartido un mismo lenguaje de derechos que nos 
une, además, a experiencias de parecida introspección que otras 
sociedades han llevado a cabo.

En efecto, no sólo el Perú ha cambiado; el mundo también lo ha hecho, 
como resultado de aceptar la responsabilidad por catástrofes 
similares a la nuestra. La memoria de crímenes colectivos ha sido, 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, uno de los más poderosos 
elementos culturales que ha convencido paulatinamente a los Estados a 
admitir libremente limitaciones a su poder para consagrar un conjunto 
de principios que –independientemente de los fundamentos filosóficos 
o religiosos que se invoquen . consagra el ideal de una vida humana 
digna.

La doctrina de los derechos humanos es un imperativo moral que se ha 
ido transformando en acervo cultural de la humanidad, y ha tomado la 
forma de una obligación legal consagrada en un amplio cuerpo 
convencional y en la costumbre de los organismos jurisdiccionales 
nacionales e internacionales. El respeto a los derechos humanos no es 
un asunto de imagen nacional, de buenas intenciones o un mero 
instrumento pedagógico: es un poderoso contrapeso al ejercicio 
irresponsable de la razón estratégica por parte de los agentes 
políticos.

Esto es particularmente claro en los procesos de paz y en aquellas 
circunstancias que los científicos sociales han llamado "transiciones 
a la democracia" (O´Donnell y Schmitter, 1986). En tales situaciones, 
lo que es normativamente deseable suele verse como contrapuesto a lo 
que es pragmáticamente posible. En ocasiones, dicha contraposición se 
ha utilizado para justificar pactos por los que los nuevos gobiernos 
democráticos garanticen la impunidad de los antiguos líderes 
autoritarios, con el fin de mantener la paz social, como si la lucha 
por la justicia fuera solamente un hermoso pero inalcanzable ideal.

Lo cierto es que una transición democrática que renuncie a ajustar 
las cuentas del pasado y a establecer responsabilidades, tiene un 
profundo déficit de legitimidad. La Comisión está convencida de que 
el mantenimiento de la impunidad niega principios elementales de la 
democracia, puesto que consagra retroactivamente el crimen y 
establece diferenciaciones odiosas entre personas que debieran ser 
iguales ante la ley. Revisar el pasado, hacer justicia, reparar a las 
víctimas y comprometerse en un profundo programa de transformaciones 
institucionales y sociales (Organización de las Naciones Unidas, 
1997) es la única garantía cierta para cimentar la lealtad de los 
ciudadanos hacia el régimen democrático, para desarrollar y 
modernizar el Poder Judicial y para promover la efectiva 
participación en la vida ciudadana de amplios sectores de la 
población secularmente marginados.

La Comisión ha estudiado con atención el problema de la justicia 
transicional en otras latitudes. El presente esfuerzo de 
clarificación histórica ha surgido casi veinte años después del 
poderoso informe Nunca Más (CONADEP, 1985) que documentó las sevicias 
cometidas por la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. En el 
tiempo transcurrido, las sociedades han ganado experiencia y 
encontrado estrategias útiles para enfrentar el problema de la 
impunidad. Hasta el año 2001, cuando se fundó en el Perú la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación, se habían creado veintiún organismos 
similares en distintos países (Hayner, 2001); mal habría hecho la 
Comisión de no estudiar con atención dichas experiencias.

Pero del mismo modo que se han multiplicado los organismos ad hoc de 
clarificación histórica, se ha ampliado también el rango de las 
estrategias destinadas a hacer que los perpetradores respondan por 
sus crímenes. Cada vez más países alrededor del mundo se muestran 
dispuestos a activar mecanismos de jurisdicción universal para la 
investigación y enjuiciamiento de los más graves crímenes que ofenden 
la conciencia de la humanidad, en estricta aplicación de instrumentos 
internacionales tales como la Convención contra el Genocidio (1948) y 
la Convención contra la Tortura (1984). Reafirmando los principios 
establecidos en Nuremberg, los países han empezado a aplicar el 
principio de que nadie está por encima de la prohibición universal de 
cometer crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, y 
en particular que los jefes de Estado no gozan de inmunidad absoluta 
que los proteja del interés universal de castigar tales actos de 
barbarie (Regina vs Bartle ex parte Pinochet, y Regina vs. Evans ex 
parte Pinochet. 1999).

De igual manera, los países en donde se han vivido graves situaciones 
de violación generalizada o sistemática de los derechos humanos están 
empezando a encontrar estrategias legales capaces de vencer las 
trabas dejadas por instrumentos de impunidad. En Sierra Leona, al 
cabo de un largo proceso de negociaciones, se ha establecido un 
Tribunal Especial, con apoyo de la Organización de las Naciones 
Unidas, para juzgar a los perpetradores de las mayores atrocidades 
del conflicto ahí vivido, y se espera que pronto ocurra lo mismo en 
Camboya. En nuestro continente se llevan a cabo investigaciones 
judiciales efectivas sobre crímenes cometidos por regímenes 
autoritarios en Argentina, Chile, Guatemala y México, a pesar del 
obstáculo constituido por leyes de impunidad o por el tiempo.

En el caso de nuestro país, la lucha contra la impunidad ha sido 
llevada al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos en múltiples ocasiones, dando como resultado sentencias que 
constituyen una útil herramienta de carácter jurídico. Esto es lo que 
ha ocurrido, en particular, con la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre de 
Barrios Altos, en la que se declaró la nulidad de las leyes de 
amnistía con las que se pretendía amparar a los acusados de este 
crimen:

    Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones 
de prescripción y el establecimiento de excluyentes de 
responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de 
los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos 
tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o 
arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por 
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. (Chumbipuma Aguirre y otros 
vs. Perú. Sentencia del 14 de marzo de 2001). 

Por último, la comunidad internacional ha dado un paso gigantesco en 
la lucha contra la impunidad al aprobar el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional en 1998. La Corte, que entró en vigor en 
julio de 2002, actuará cuando los sistemas nacionales de justicia, 
enfrentados a casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de 
lesa humanidad, no estén dispuestos a llevar a cabo su tarea o no 
tengan la capacidad de hacerlo. La Corte tiene el poder de juzgar a 
los responsables de los más graves delitos sin hacer distinción 
alguna basada en el cargo oficial que ostenten, lo que la convierte 
en un poderoso elemento disuasivo frente a quienes pretendan 
ampararse en el poder político o militar para cometer crímenes.

Este vertiginoso desarrollo jurídico convence a la Comisión de la 
importancia de su misión, por medio de la cual se asegura el 
cumplimiento del deber del Estado de recordar la violencia del pasado 
para evitar su repetición, y se garantiza el derecho de la sociedad 
de conocer la verdad acerca de su historia. Al mismo tiempo, la 
Comisión sitúa su labor en el marco de una escena mundial que muestra 
rumbos inciertos. La cultura de los derechos humanos y la 
institucionalidad internacional que la sostiene son frágiles y 
reposan sobre el consenso de los Estados. En determinados momentos, 
como ha ocurrido al inicio de este siglo, el temor a la violencia 
puede generar una espiral de represalias que afecten la legalidad 
internacional y reduzcan las posibilidades de afianzar los derechos 
de los pueblos y los ciudadanos del mundo.

La Comisión expresa, pues, su esperanza de que la conciencia 
universal del respeto a la dignidad humana se robustezca y que la 
comunidad internacional consolide los instrumentos diseñados en la 
segunda mitad del siglo XX para defender la paz y la seguridad 
mundiales.

8. Exhortación final

Cumplido el tiempo que le fue asignado para la realización de las 
investigaciones, la Comisión hace ahora entrega al país de su Informe 
Final. Con la convicción de que todos los peruanos tenemos parte de 
responsabilidad sobre lo ocurrido, e incluyendo a sus miembros - por 
sus oficios y su propia condición de peruanos - entre los 
destinatarios del Informe, la Comisión exhorta y se dirige de modo 
particular:

A la nación: que nos dio el mandato de esclarecer los hechos de 
violencia y de proponer iniciativas para afirmar la paz y la 
concordia entre los peruanos . con la finalidad de rendirle cuentas 
sobre nuestro trabajo y de exhortarla a que haga suyo el Informe, 
tanto en lo que éste nos dice sobre nuestro pasado como en lo que nos 
propone para cambiar profundamente nuestra sociedad;

A las víctimas: que son quienes han sufrido más directamente la 
violencia y que, debiéndoles el país una explicación, han constituido 
el centro de preocupación de la Comisión - con la esperanza de que 
encuentren expresada su voz en el Informe y de que hallen también en 
él las razones que satisfagan sus demandas de justicia y de 
solidaridad;

A los miembros de las organizaciones subversivas: que son los 
principales responsables del proceso de violencia vivido en el país, 
pues lo iniciaron y emplearon, en mayor o menor medida, el método 
perverso del terror - para que, quienes aún persisten en esta 
ideología, recapaciten sobre las consecuencias de sus acciones, 
comprendan que la justicia no se logra a través de la violencia y 
hagan reconocimiento público de su responsabilidad;

A las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú: que, según se 
mostrará en este Informe, en su lucha por defender al Estado, que la 
sociedad reconoce, tuvieron miembros que perpetraron crímenes 
condenables, haciéndose corresponsables de graves violaciones de los 
derechos humanos - para que asuman su responsabilidad, redefinan el 
papel que les corresponde en la sociedad y en el Estado y recuperen 
su prestigio institucional;

A los poderes del Estado: que, en la historia reciente del país, 
según se mostrará en este Informe, tuvieron autoridades que:
-carecieron de una política coherente e integral para defender a la 
nación y permitieron, por acción u omisión, que en el país se 
violaran masivamente los derechos humanos;
-no ofrecieron al país, como era su deber, las leyes adecuadas que 
permitieran enfrentar de manera democrática a la subversión y que 
cohonestaron, en ocasiones, la impunidad para los criminales;
-administraron sin mayor cuestionamiento normas que pervertían la 
justicia y claudicaron, traicionando su autonomía, frente a poderes 
ajenos;
y que, de modo más general, no supieron cumplir cabalmente con su 
papel de conducir el rumbo político de la sociedad; poderes que, en 
la hora presente, tienen una directa responsabilidad en la transición 
democrática; específicamente, nos dirigimos:

Al Poder Ejecutivo: pues, teniendo la responsabilidad de la 
conducción del país, ha de dirigir la implementación de las 
recomendaciones del Informe, poniendo en práctica el programa de 
reparaciones, las iniciativas de reconciliación y las propuestas de 
reforma institucional;

Al Poder Legislativo: pues, teniendo la facultad de legislar, se 
halla en la obligación de tomar las medidas indispensables para hacer 
efectivas las propuestas de reforma institucional, el programa de 
reparaciones y las demás recomendaciones del Informe;

Al Poder Judicial y al Ministerio Público: pues, teniendo a su cargo 
la administración de la justicia en el país, habrá de continuar con 
las investigaciones de los delitos cometidos y habrá de seguir 
recibiendo las denuncias del caso, haciéndose cargo de los 
expedientes que les entrega la Comisión y abriendo los procesos 
judiciales que permitan sancionar a los culpables de los hechos de 
violencia;

A los partidos políticos: y a aquellos dirigentes de la época que, 
según se mostrará en este Informe, renunciaron a, o no lograron, 
asumir la grave responsabilidad de ofrecer al país caminos de paz y 
concordia y que guardaron frecuentemente silencio frente a la trágica 
historia que vivió nuestra sociedad, padecida también por muchos de 
sus miembros, así como a los partidos y dirigentes actuales - para 
que, considerando por sobre todo los altos intereses de la nación, 
asuman su responsabilidad y cumplan con el papel que les corresponde 
en la consolidación de la vida ciudadana;

A los medios de comunicación: porque, según se mostrará en este 
Informe, muchos de ellos, en los primeros años de la violencia, no 
cumplieron con su deber de informar con veracidad y de formar a la 
opinión pública, banalizando la tragedia padecida, silenciándola, 
simplificándola o convirtiéndola en espectáculo, y porque muchos 
otros, más adelante, sucumbieron de múltiples formas a la corrupción 
. para que asuman su responsabilidad y, revalorizando el poder de la 
palabra, expongan la verdad libres de prejuicios y sometimientos;

A las iglesias: que, según se mostrará en este Informe, si bien 
hicieron sentir muchas veces su orientación moral, en ocasiones 
también callaron sobre lo ocurrido - para que inculquen en los 
ciudadanos los valores y los principios de la tolerancia, la justicia 
y la solidaridad;

A las comunidades universitarias: las cuales, según se mostrará en 
este Informe, renunciando en ocasiones al sentido auténtico de la 
autonomía y claudicando ante los dictados de una ideología 
violentista, llegaron a ser atropelladas, perdiendo incluso a muchos 
de sus miembros - para que, a través del diálogo razonado y crítico, 
contribuyan a la reconstrucción del tejido social y a la orientación 
científica y democrática de los jóvenes;

A las asociaciones gremiales de empresarios y trabajadores: que, 
según se mostrará en este Informe, ya sea por indiferencia, por afán 
de lucro o por caer en las trampas de las ideologías, en muchos casos 
se desentendieron de los procesos que vivía nuestra sociedad o se 
hicieron cómplices de la guerra que azotó al país - para que 
extraigan las lecciones de esa historia y contribuyan de modo más 
decidido y solidario al proyecto de reconstrucción de la vida 
democrática;

A cada uno de los peruanos: porque todos hemos sufrido de diversas 
maneras el deterioro de nuestra convivencia, y porque llevamos en 
diferentes grados parte de la responsabilidad de lo ocurrido - para 
que hagamos un examen de conciencia sobre la importancia de 
contribuir a la consolidación de nuestra democracia y nos 
comprometamos en la tarea de la reconciliación nacional;

A la comunidad internacional: porque ella ha sido testigo del 
deterioro de la vida social y política del Perú - para que preste 
oídos al proceso de reflexión que la propia nación peruana está 
llevando a cabo, para que sea ahora también testigo del acto por el 
que el Perú decide refundar sus vínculos sociales fundamentales y nos 
brinde su colaboración en esta tarea.

Finalmente, la Comisión desea manifestar que este Informe Final es 
igualmente un tributo a todas las peruanas y todos los peruanos que 
cayeron como víctimas de la violencia, a quienes la padecieron y la 
siguen padeciendo, y a quienes de un modo u otro opusieron 
resistencia con honestidad, con dignidad y con sentido patriótico, 
dejándonos un testimonio de esperanza que habrá de servirnos de 
aliento en la reconstrucción de nuestra vida en común.

Bibliografía

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de Principios" 3 de abril de 2002.
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Presidencia del Consejo de Ministros. Resolución Suprema 330-2001. 6 
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agosto de 2001.
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and Others, ex parte Pinochet.
Regina vs. Evans and another and the Commissioner of Police for the 
Metropolis and Other ex parte Pinochet. House of Lords, 24 March 
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Vargas Llosa, Mario et al., Informe de la Comisión Investigadora de 
los sucesos de Uchuraccay. Lima, 1983.

	  	
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CAPÍTULO 1

LOS PERÍODOS DE LA VIOLENCIA

1.1. LOS DATOS CENTRALES DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

El conflicto armado interno vivido por el Perú entre 1980 y el 2000 
ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el 
territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos 
de toda nuestra historia republicana. El número de muertes que 
ocasionó este enfrentamiento supera ampliamente las cifras de 
pérdidas humanas sufridas en la guerra de la independencia y la 
guerra con Chile -los mayores conflictos en que se ha visto 
comprometida la nación.

Si bien la CVR ha recibido reportes de 23,969 peruanos muertos o 
desaparecidos, los cálculos y las estimaciones estadísticas 
realizadas nos permiten afirmar que la cifra total de víctimas 
fatales del conflicto armado interno superaría en 2.9 veces esa 
cantidad. Aplicando una metodología llamada Estimación de Múltiples 
Sistemas, la CVR ha estimado que el número total de peruanos que 
pudieron haber muerto en el conflicto armado interno es de 69,280 
personas. 1

Con esta metodología estadística, la CVR ha estimado que 26,259 
personas murieron o desaparecieron a consecuencia del conflicto 
armado interno en el departamento de Ayacucho entre 1980 y 2000. Si 
la proporción de víctimas estimadas para Ayacucho respecto de su 
población en 1993 fuese la misma en todo el país, el conflicto armado 
interno habría causado cerca de 1.2 millones de víctimas fatales en 
todo el Perú, de las cuales aproximadamente 340,000 habrían ocurrido 
en la ciudad de Lima Metropolitana, el equivalente a la proyección al 
año 2000 de la población total de los distritos limeños de San 
Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina. Así, conjuntamente con las 
brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto 
la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún 
prevalecen en el país. Y es que la violencia impactó desigualmente 
distintos espacios geográficos y diferentes estratos de la población. 
Una tragedia humana de estas proporciones puede resultar inverosímil, 
pero es la que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y 
selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, sin 
que el resto del país la sintiera y asumiera como propia.

1.2. EL CONTEXTO DEL CONFLICTO

La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto 
armado interno fue la decisión del PCP-SL de iniciar una guerra 
popular contra el Estado peruano 2.

El PCP-SL inició un conflicto armado interno de proporciones jamás 
vistas en el país. En nuestro país no se repite el esquema clásico 
latinoamericano de agentes del Estado como perpetradores casi 
exclusivos enfrentados a grupos subversivos con un uso restringido de 
la violencia y, sobre todo, a civiles desarmados. Por un lado, la 
violencia armada en contra de la población civil la inicia el 
principal grupo subversivo, el PCP Sendero Luminoso, utilizando de 
manera sistemática y masiva métodos de extrema violencia y terror sin 
guardar respeto a normas básicas sobre la guerra y los derechos 
humanos. Por otro lado, dicha violencia subversiva estuvo dirigida 
contra los representantes y partidarios del antiguo orden en las 
áreas iniciales del conflicto armado (Ayacucho, Apurímac, etc.) por 
lo que la mayor parte de víctimas de las acciones senderistas 
estuvieron entre campesinos o pequeñas autoridades locales y no entre 
miembros de las elites políticas o económicas del país. Desde 
entonces fue responsable del uso sistemático y masivo de métodos de 
extrema violencia y terror sin guardar respeto por las normas básicas 
sobre la guerra y los derechos humanos, hasta llegar a acumular el 
53.68% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR, 
convirtiéndose así en el primer perpetrador.

Frente a la guerra desatada por el PCP-SL, el Estado tuvo el derecho 
y el deber de defenderse, siempre garantizando la defensa y vigencia 
de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Sin embargo, la 
Comisión constata que, paradójicamente, las etapas más duras del 
conflicto en lo que a violaciones de los derechos humanos se refiere, 
transcurrieron en democracia. El mayor número de víctimas, muertes y 
desapariciones forzadas, incluyendo los tres picos de 1984, 1989 y 
1990, ocurrieron cuando el país tenía gobiernos democráticos, 
surgidos de elecciones libres, sin exclusión de partidos ni fraudes 
electorales, por lo menos antes del autogolpe del 5 de abril de 1992. 
Asimismo, entre 1980 y 1990, se dio una de las etapas con mayor 
número de procesos electorales democráticos a nivel nacional, 
regional y municipal de toda la historia republicana, con la 
excepción puntual de las áreas directamente afectadas por la 
violencia que atravesaron por circunstancias particulares.

El Estado no tuvo capacidad para contener el avance de la subversión 
armada, que se expandió en unos años a casi todo el país 3. Los 
gobernantes aceptaron la militarización del conflicto, abandonando 
sus fueros y prerrogativas para dejar la conducción de la lucha 
contrasubversiva en manos de las Fuerzas Armadas (FFAA). En relación 
a este punto, los gobiernos elaboraron hipótesis equivocadas sobre 
las organizaciones subversivas y procedieron a dar una respuesta 
fundamentalmente militar que terminó por agravar el conflicto, 
propiciando su escalada tal como el PCP-SL buscaba. Si bien, dada la 
gravedad de los hechos, era inevitable que el Estado utilizara a sus 
fuerzas armadas para hacerle frente, declarando además los estados de 
excepción, los gobiernos lo hicieron sin tomar las previsiones del 
caso para impedir atropellos a los derechos fundamentales de la 
población. Peor aún, a la abdicación de la autoridad civil a la 
conducción de la respuesta estatal contrasubversiva se sumó la 
desatención a las denuncias de violación de los derechos humanos e 
incluso, en varios casos, la garantía de impunidad que se facilitó a 
los responsables de las mismas. Según los casos reportados a la CVR, 
los agentes del Estado, Comités de Autodefensa y paramilitares son 
responsables del 37.26% de muertos y desaparecidos. De estos, 
especialmente miembros de las FFAA escalaron la violencia iniciada 
por el PCP-SL, resultando responsables del 28.73% de muertos y 
desaparecidos reportados a la CVR. Si bien en nuestro país no se 
repite el esquema clásico latinoamericano de agentes del Estado como 
perpetradores casi exclusivos enfrentados a grupos subversivos con un 
uso restringido de la violencia y, sobre todo, a civiles desarmados, 
ello no exime la responsabilidad por la acumulación de graves 
denuncias sobre sus agentes que, incluso investigadas, no fueron 
sancionadas.

En efecto, otra de las peculiaridades del conflicto armado interno es 
que hubo importante información, denuncias e investigación sobre los 
hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos. A 
diferencia de lo acontecido en otros lugares, el país contó con una 
cobertura amplia de los hechos y con libertad de prensa hasta para 
las organizaciones subversivas. En las áreas de conflicto, sin 
embargo, hubo hostigamiento a la prensa y hasta asesinatos de 
periodistas. Por su parte, las organizaciones defensoras de los 
derechos humanos realizaron numerosas denuncias específicas y 
acopiaron información sobre la guerra interna.

Hubo, también, investigaciones periodísticas, parlamentarias y, en 
menor medida, judiciales que lamentablemente tuvieron poco éxito en 
cuanto a la sanción efectiva de los responsables. Sin embargo, la 
Comisión constata, con sus resultados, que hubo también un sesgo en 
el recojo de dicha información y realización de investigaciones y 
denuncias, pues no se hizo el mismo esfuerzo por recoger denuncias 
que apuntaban a la responsabilidad de los grupos subversivos. Debido 
a ello, estimaciones realizadas anteriormente por otras 
instituciones, oficiales o particulares, situaban la responsabilidad 
del PCP-SL en menos del 10% mientras elevaban las atribuidas a los 
agentes del Estado a más del 80%.

A pesar de esta constatación, la Comisión no puede dejar de señalar 
que la respuesta de los organismos del Estado a la violencia 
subversiva alcanzó también márgenes extremos que rompieron con un 
patrón singular de las FFAA peruanas. Durante la dictadura que 
dirigieron entre 1968-1980, años sombríos para los derechos humanos 
en América Latina, los militares peruanos registraron muy pocas 
violaciones de este tipo, toleraron la existencia de organizaciones y 
de propaganda izquierdista y, más aún, cumplieron ellos mismos 
reformas reclamadas tradicionalmente por las izquierdas. Si bien en 
los últimos años de la década del setenta, el gobierno militar 
endureció sus acciones contra las fuerzas de izquierda mediante la 
severa represión policial de las protestas sociales y el incremento 
de las deportaciones de opositores, quedó lejos del nivel de 
violencia desplegado a partir de 1983, cuando ingresaron al combate 
directo contra Sendero Luminoso.

Por todo lo expuesto, es importante analizar el conflicto peruano 
como parte de un proceso en el que las acciones de violencia 
transcurrieron a lo largo de varios años, con incrementos graduales 
de intensidad y extensión geográfica, afectando principalmente a 
zonas marginales al poder político y económico y dejando a los 
campesinos indígenas como símbolos por excelencia de las víctimas. En 
varios de estos lugares, una vez controlada la amenaza subversiva 
armada, las poblaciones quedaron bajo control militar por extensos 
períodos. La aparente lejanía del poder y de los núcleos de decisión, 
en un país fuertemente centralizado, permitió que el "problema de la 
violencia", crucial y cotidiano para cientos de miles de peruanos, se 
mantuviese como un tema secundario para las agendas pública y privada 
del país por varios años.

La gravedad de la situación peruana, sin embargo, no se limitó a un 
conflicto no convencional entre organizaciones subversivas armadas y 
agentes del estado, sino que incluyó en el mismo período 1980-2000 la 
peor crisis económica del siglo que desembocó en un proceso 
hiperinflacionario inédito en el país; momentos de severa crisis 
política que incluyeron el debilitamiento del sistema de partidos y 
la aparición de liderazgos providenciales, un autogolpe de Estado y 
hasta el abandono de la Presidencia de la República en medio de uno 
de los mayores escándalos de corrupción de la historia peruana; el 
fenómeno del narcotráfico coincidió tanto con el surgimiento y 
expansión del fenómeno subversivo armado como con su represión. El 
crecimiento de las áreas de cultivo de coca destinadas al 
narcotráfico, principalmente en la ceja de selva, facilitó la 
aparición de espacios muy particulares en los que había retrocedido 
la presencia estatal mientras crecía la de grupos armados irregulares 
vinculados a dicha actividad ilícita. De esta manera, la zona del 
Alto Huallaga se convertiría, desde mediados de los ochenta, en uno 
de los escenarios de mayores enfrentamientos de todo el conflicto 
interno, quedando convertido el río Huallaga en la fosa de restos 
humanos más grande del país. En tales circunstancias, todos los 
actores que intervinieron en la zona terminaron siendo afectados por 
el narcotráfico y la corrupción que de éste se deriva. Por último, el 
conflicto armado interno coincidió también con una coyuntura de 
relaciones exteriores delicada, dado que el país enfrentó dos 
conflictos bélicos externos contra Ecuador en 1981 y 1995.

1.3. ANTECEDENTES

El Perú no había sufrido conflictos armados internos significativos 
antes de 1980. Los momentos de mayor agitación política y convulsión 
social con estallidos de violencia armada (1930-1934, 1948-50, 1965, 
1977-80) duraron poco tiempo, tuvieron un carácter local antes que 
nacional y no registraron un gran número de muertes o desapariciones 
forzadas. Todos los casos vistos en perspectiva histórica parecieron 
circunscritos a coyunturas muy específicas, de corta duración y nunca 
tuvieron un despliegue nacional como si la violencia no hubiese 
podido expandirse. Las respuestas estatales fueron muy violentas, en 
ocasiones, pero no se consolidó un modelo de Estado represivo a gran 
escala, que tuviese extensas áreas del territorio controladas bajo 
algún régimen nacional de excepción, entre otras razones porque no 
hubo recursos para sostener un régimen de ese tipo.

El Estado, que había sido sumamente débil en el país, registró una 
expansión acelerada en la segunda mitad del siglo veinte, 
especialmente durante la década del setenta. La renovada presencia 
estatal en las esferas económica, social y política, alcanzó también 
a zonas marginales como el área rural andina, escasamente vinculada 
al Estado si no era a través del servicio militar obligatorio o la 
escuela primaria. A pesar de ello, la presencia estatal mediante 
infraestructura o servicios siguió siendo ínfima en dicha zona del 
país, en comparación con las más urbano costeñas. Un rasgo 
característico del país ha sido su frágil integración nacional, 
expresada en la gran fragmentación de sus espacios regionales y la 
falta de reconocimiento cabal de la diversidad étnica de sus 
habitantes. En ese contexto, se constata la imposición de patrones 
culturales occidentales y la tendencia a marginar a los demás 
sectores, especialmente a los rurales indígenas. Sin un sistema 
educativo nacional e integrador ni revoluciones populares como la 
mexicana o boliviana, los procesos de integración social y cultural 
más radicales del país han surgido de proyectos autoritarios como el 
del General Velasco (1968-75) o a través del impulso de los mismos 
actores bajo la forma de desborde popular.

Los acelerados cambios demográficos y las transformaciones en el 
aparato productivo ocurridos a partir de la década del cuarenta 
transformaron radicalmente el perfil poblacional del país. En pocos 
años, el acelerado crecimiento demográfico y la migración del campo a 
la ciudad, produjeron un país más poblado y más urbano. De los 6.2 
millones de habitantes de 1940 se pasó a 17 millones en 1981. Las 
políticas económicas aplicadas, mientras tanto, contribuyeron a 
ampliar la brecha entre ricos y pobres, aumentando el número de estos 
últimos, especialmente en las áreas rurales andinas, cuyos habitantes 
de menores ingresos son los más pobres del país.

El gobierno de Velasco transformó radicalmente la sociedad peruana 
anterior a 1968 y creó un nuevo escenario militar en el que se 
desenvolvieron los principales actores del proceso de violencia. De 
las numerosas medidas realizadas por este gobierno, tienen particular 
importancia para dicho proceso la reforma agraria, la expansión 
industrial, el reconocimiento de sindicatos, la reforma educativa y 
la radicalización de discursos. El gobierno militar impulsó una 
corriente de opinión en contra de los partidos políticos y la 
democracia parlamentaria. Persiguió a los miembros de Acción Popular, 
el partido del ex presidente Belaunde, alentando más adelante un 
régimen al que denominaba del no partido. Asimismo, incentivó un 
contacto directo con la población del tipo binomio pueblo-fuerza 
armada.

La expansión del sistema educativo, en todos sus niveles, ha sido 
intensa y sin correlato con un crecimiento económico que asegure la 
absorción de la población educada por un mercado laboral formal. En 
términos sociales y culturales, los efectos fueron bastante más allá 
de la insatisfacción de expectativas económicas. La educación 
proporcionó un "mito de progreso" a cientos de miles de peruanos que 
por su procedencia étnica, capacidad económica o lugar de residencia 
se encontraban bastante lejos de poder transformar su condiciones de 
existencia y de participar en el proceso político nacional de otra 
manera.

Hasta la década del setenta la economía peruana se caracterizó por 
presentar una industrialización escasa y tardía, a la que 
correspondió una clase obrera de reducido tamaño y sin mayor 
presencia en la escena política nacional. La abundancia y diversidad 
de materias primas, en un país casi desprovisto de servicios 
públicos, permitió relegar por varias décadas la industrialización. 
No obstante, este carácter primario de la economía peruana no implicó 
una dependencia total del capital norteamericano como ha ocurrido en 
varios casos latinoamericanos de economías similares. La inversión 
norteamericana en el Perú no ha sido permanente sino concentrada en 
algunos períodos de la historia republicana, como 1919-30, 1948-56, 
etc.

No ha existido en el país una tradición de organizaciones subversivas 
armadas. De las excepciones registradas, el aparato militar y 
clandestino aprista prefirió la toma de ciudades y las acciones de 
propaganda armada urbana a la creación de focos guerrilleros 
permanentes y siempre estuvo subordinado a una estrategia política 
general orientada a lograr la inclusión del partido en la escena 
política legal. Las guerrillas del 65 pugnaron por insertarse en el 
campo pero sufrieron una rápida derrota militar.

1.4. LOS PERÍODOS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Ante la complejidad del escenario en el que desarrolló la guerra 
interna, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha estudiado los 
veinte años y seis meses del conflicto armado interno peruano (mayo 
de 1980-noviembre de 2000) a partir de la lógica interna de los 
acontecimientos y siguiendo las estrategias de los actores directos 
implicados en el proceso, así como las diversas posiciones frente al 
mismo asumidas por otros actores políticos y sociales. En dicha 
explicación, se reconstruyen los contextos de las principales 
acciones y decisiones, viendo las distintas opciones al alcance de 
los actores para evitar anacronismos al interpretar hechos del pasado 
a partir de conocimiento no disponible en el momento de su 
ocurrencia.

Para ello, la CVR optó por establecer una periodización propia que 
divide al conflicto armado interno en cinco etapas definidas por 
puntos de quiebre que no coinciden con las fechas de inicio y 
culminación de los gobiernos que tuvo el país entre mayo de 1980 y 
noviembre del 2000 4 porque el proceso analizado no siempre sufrió 
modificaciones sustanciales al producirse los relevos presidenciales 
y, en varias oportunidades, las decisiones adoptadas por alguna 
administración en materia de contrasubversión tuvieron consecuencias 
que abarcaron a los siguientes períodos presidenciales.

Asimismo, al tratarse de un conflicto armado no convencional, las 
principales acciones estudiadas por la CVR en función de su mandato, 
transcurrieron usualmente fuera de los escenarios públicos del país y 
sin un seguimiento continuo por los medios de comunicación 
nacionales. Por ello, al utilizar una periodización original del 
proceso 1980-2000, la CVR ofrece una interpretación del conflicto 
mismo, de las estrategias de los actores, de las víctimas y las 
consecuencias, tomando siempre en cuenta el contexto en que el que se 
desenvolvieron las acciones. Al obrar de esta manera, la CVR ha 
buscado apartarse de las historias oficiales de la guerra interna, 
como las construidas por el PCP SL para justificar su guerra popular 
o por el primer gobierno del ingeniero Alberto Fujimori para afirmar 
su agenda política en contra de lo que denominaba partidos 
tradicionales.

Si bien toda esfuerzo de organización temporal supone un margen de 
arbitrariedad en la selección de los criterios para definir las 
etapas, la CVR ha optado por construir una periodización que refleje 
lo ocurrido como parte de un proceso nacional y recupere la secuencia 
de acontecimientos basados en sus propios hallazgos e 
investigaciones. De esta manera, se han establecido los siguientes 
períodos:

1. El inicio de la violencia armada (mayo 1980-diciembre 1982)

Comprende desde la primera acción cometida por el Partido Comunista 
del Perú Sendero Luminoso en Chuschi, Cangallo, el 17 de mayo de 1980 
hasta la disposición presidencial del 29 de diciembre de 1982 que 
dispone el ingreso de las fuerzas armadas a la lucha contrasubversiva 
en Ayacucho.

2. La militarización del conflicto (enero 1983-junio 1986)

Abarca desde la instalación el 1 de enero de 1983 del llamado comando 
político militar de Ayacucho a cargo del general Roberto Clemente 
Noel Moral, hasta la matanza de los penales del 18-19 de junio de 
1986.

3. El despliegue nacional de la violencia (junio 1986-marzo 1989)

Es la etapa que va desde la mencionada matanza de los penales de 
junio de 1986 hasta el 27 de marzo de 1989, fecha del ataque 
senderista, con apoyo de narcotraficantes, al puesto policial de 
Uchiza en el departamento de San Martín.

4. La crisis extrema: ofensiva subversiva y contraofensiva estatal 
(marzo 1989-setiembre de 1992)

Se inicia inmediatamente después del asalto senderista al puesto de 
Uchiza y culmina el 12 de setiembre de 1992 con la captura en Lima de 
Abimael Guzmán Reinoso y algunos de los principales dirigentes de su 
organización realizada por el GEIN.

5. Declive de la acción subversiva, autoritarismo y corrupción 
(setiembre 1992-noviembre 2000)

Este último período comienza con la captura de Guzmán y otros líderes 
senderistas y se extiende hasta el abandono del país del ingeniero 
Alberto Fujimori.

1.4.1. Primer período: El inicio de la violencia armada (mayo de 
1980-diciembre de 1982)

El conflicto armado interno que padeció el Perú se inicia con la 
decisión del PCP-SL de declarar la guerra al Estado peruano que 
deseaba destruir. La acción simbólica que caracteriza este comienzo 
de la lucha armada fue la quema pública de las ánforas electorales en 
el distrito de Chuschi (Cangallo-Ayacucho) el 17 de mayo de 1980, con 
ocasión de las elecciones generales. Con ello, el PCP-SL se 
automarginó del proceso democrático abierto con los comicios 
celebrados ese día, luego de diecisiete años, y dio inicio a una 
violenta campaña para destruir el Estado peruano y someter a la 
sociedad peruana a un régimen autoritario y totalitario bajo su 
conducción. Esta etapa finalizará cuando, a fines de 1982, entren a 
tallar en el conflicto las FFAA.

En un principio, Sendero Luminoso realizó atentados aislados contra 
la propiedad pública y privada y acciones de propaganda armada. La 
gravedad de sus actos fue aumentando progresivamente, llegando al 
asesinato sistemático y a los ataques contra las fuerzas policiales, 
buscando provocar una mayor dureza en las respuestas estatales en su 
contra, hasta lograr que se definiese una situación de conflicto 
armado interno. El conflicto armado interno fue percibido 
inicialmente como un hecho marginal, enfocado con una combinación de 
subestimación y desconcierto que permitió el crecimiento de la 
presencia senderista, en ciertas áreas del departamento de Ayacucho y 
Huancavelica. El PCP SL no apareció de inmediato en los medios de 
comunicación nacional como el único responsable de las acciones sino 
recién cuando se le atribuyó directamente la actoría de las mismas. 
Aun así, se trataba de una agrupación muy pequeña dentro de un 
conglomerado de organizaciones radicales izquierdistas difíciles de 
identificar por alguien que no estuviese familiarizado con ellas. Los 
temas vinculados a la transferencia de poder a los civiles después de 
doce años de dictadura militar atrajeron mayor atención de la opinión 
pública, pero, al mismo tiempo, despertaron suspicacias entre los 
círculos izquierdistas que atribuyeron a las fuerzas del orden la 
autoría de los atentados, al igual que en otros países de América 
Latina.

Si en años anteriores no se descartaba el alzamiento en armas de 
algunos grupos radicales de izquierda, el fenómeno particular 
iniciado por el PCP-SL desconcierta a las fuerzas del orden. En 
general, éstas hubieran esperado más bien la repetición de un proceso 
guerrillero similar al ocurrido en 1965. La formación 
contrasubversiva que habían recibido distintas unidades los preparaba 
únicamente para fenómenos de este tipo o, en el mejor de los casos, a 
grupos armados semejantes a los que por esos años actuaban en otros 
países de América Latina. Al tener muchas dificultades para definir 
con claridad a qué tipo de adversario se enfrentaban, los trabajos de 
inteligencia del período previo e inicial estuvieron erróneamente 
dirigidos. Las posibilidades de evitar el curso de los 
acontecimientos a partir del trabajo de este tipo fueron escasas 
debido al muy reducido tamaño de la organización, a su similitud con 
muchas otras agrupaciones de izquierda radical que postulaban la 
lucha armada y a su mínimo equipamiento militar antes de 1980. Sin 
embargo, las posiciones frente al problema inicial de la "falta de 
inteligencia" son todavía fuertes. Para representantes del entonces 
gobierno de Acción Popular, la responsabilidad mayor recae en el 
gobierno del general Francisco Morales Bermúdez que lo antecedió:

    Lo grave es que no solamente se sustraen de la responsabilidad de 
haber descubierto y combatido con anterioridad a este movimiento, 
sino que en la hora crítica del problema tampoco lo afrontan. Dejan 
desmantelado al Ministerio del Interior. No sé si al interior de las 
Fuerzas Armadas reservaron documentación. Creo que sí por la cuestión 
ésta de espíritu de cuerpo, pero cuando llega el gobierno 
constitucional no (se) encuentra nada..." (Luis Pércovich, Ministro 
del Interior durante el gobierno de AP, Entrevista CVR 28.08.02) 

La respuesta de Morales Bermúdez es elocuente:

    Fueron detectados determinados elementos de Sendero como personas 
de cierta tendencia, pero en ningún momento hubo (en 1979 y en 1980) 
una información de Inteligencia que dijera 'cuidado, aquí ya tenemos 
un problema'. Eso nunca, nunca hubo eso, en la vida. (…) Entonces sí 
había ese sistema (de Inteligencia) así montado y los comandantes 
generales que me habían servido a mí fueron comandantes generales de 
Belaunde, ¿cómo el gobierno podía no disponer de la Inteligencia para 
acabar el problema? Era imposible. Yo a Belaunde lo llamo, a los tres 
comandantes generales y su servicio de Inteligencia no tiene esta 
información. ¡Caramba! Todos los servicios de Inteligencia tienen sus 
informaciones porque eran informaciones cruzadas. Entre todos los 
servicios incluyendo el del Ministerio del Interior se cruzaban 
informaciones permanentes sobre el frente interno, el frente externo. 
De manera que ésa es una versión que se manejó mucho." (Morales 
Bermúdez, Entrevista CVR 03.10.02) 

En los dos años y medio que duró la fase inicial del conflicto 
estudiado por la CVR, Sendero Luminoso tuvo un terreno inmejorable 
para desarrollar sus planes y corregir sus errores. El tratamiento 
exclusivamente policial que dio el presidente Belaunde a las primeras 
acciones senderistas correspondía, en buena medida, a la respuesta de 
un gobierno civil que no podía delegar inmediatamente el problema a 
las fuerzas armadas sin dar una imagen de debilidad y sin ceder 
prerrogativas constitucionales propias de un régimen democrático.

1.4.1.1 Las primeras acciones: un problema menor para el país

El PCP SL inició su autodenominada guerra popular contra el Estado 
peruano mediante una serie de atentados con explosivos contra 
instalaciones públicas en diversas partes del país, aunque 
desplegando más recursos en Ayacucho. Si bien la quema de ánforas en 
Chuschi sería vista como un hecho aislado, debe precisarse que hubo 
acciones menores en otras partes del país como Lima y La Oroya.

En las semanas que siguieron al ataque del 17 de mayo de 1980, grupos 
de senderistas arrojaron bombas incendiarias contra el local de la 
municipalidad de San Martín de Porres, destruyendo documentación y 
enseres, y contra la tumba del general Velasco. Hasta el 28 de julio, 
día del cambio de gobierno, hubo diversas acciones de propaganda, 
robo de cartuchos de dinamita y armas. No hubo, en ese lapso, una 
respuesta estatal directa contra Sendero Luminoso de parte del 
gobierno militar. El mismo día de la juramentación de Fernando 
Belaunde Terry se produjo un apagón parcial por el derribo de una 
torre en Huancavelica y un ataque con explosivos al local de Acción 
Popular en Pasco. En general, los medios de comunicación cubrieron 
escasamente las primeras acciones de propaganda armada senderistas, 
prácticamente irrelevantes ante la trascendencia de los debates 
propios de la transferencia del poder a los civiles. El Presidente 
entrante encontró un país radicalmente distinto al que dejó. El nuevo 
escenario le exigió lidiar con nuevos actores políticos y sociales. 
Entre los primeros, el gobierno de Acción Popular ya no tuvo que 
enfrentar una oposición parlamentaria de derecha, como la de APRA-UNO 
en su primera administración (1963-68), sino una de la izquierda sin 
precedentes por su radicalidad y tamaño. En el plano social, Belaunde 
enfrentaba por primera vez fuertes organizaciones gremiales y 
sindicales con presencia nacional, tales como el SUTEP, la CGTP, la 
CCP o la Federación Minera, que venían de la experiencia reciente de 
las luchas contra el gobierno militar y mantenían estrechos lazos con 
la izquierda parlamentaria y amplia cobertura en medios opositores.

En cuanto a la respuesta a la lucha armada, el gobierno de Acción 
Popular, al igual que la mayoría de actores en el país, no terminó de 
comprender lo que implicaba el desafío planteado al Estado por 
Sendero y su guerra popular. Por varios años, el tema no ocupó un 
lugar prioritario dentro de la agenda estatal ni de las 
preocupaciones sociales fuera de las zonas de emergencia. Fue tratado 
como un problema de delincuencia común susceptible de ser resuelto 
mediante la neutralización de individuos (los "delincuentes 
terroristas"). En ese momento, sin embargo, factores ajenos a la 
guerra interna afectaban el desempeño policial. Entre los más 
importantes, la extensión de la corrupción vinculada al narcotráfico 
y las disputas y tensiones entre institutos policiales (Guardia 
Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones), propiciadas 
por arraigadas y contrapuestas identidades corporativas. A lo largo 
del quinquenio, además, se va insistir en la vinculación entre 
Sendero Luminoso y parte de la izquierda legal, al punto que el 
gobierno se resistirá a liberar a militantes de IU encarcelados por 
acusaciones de terrorismo. Al margen de las discusiones en la escena 
oficial, el PCP SL utilizó consistentemente todos los espacios 
políticos a su disposición, construyendo su organización 
prácticamente sin alteraciones significativas de sus planes 
originales. Las respuestas del Estado y de la sociedad estuvieron 
mediatizadas por razones ajenas al proceso subversivo mismo. Para 
algunos sectores era imposible aislar a Sendero del resto de la 
izquierda radical mientras que para otros la guerra sucia era 
inevitable por la naturaleza misma del Estado. La Policía de 
Investigaciones logró éxitos en los medios urbanos al capturar a 
cientos de senderistas (por ello, Sendero tuvo que concentrarse en 
liberar a sus presos) mientras que en el campo el avance policial fue 
ínfimo debido, en parte por la insuficiencia de efectivos y 
precariedad de los puestos rurales. No obstante, la presencia de 
Sendero Luminoso no se limitó a algunas provincias del departamento 
de Ayacucho. Desde un inicio, dio gran importancia a su trabajo en 
Lima, en palabras de Abimael Guzmán:

    Nosotros lo hemos visto así, el trabajo en Lima lo hemos ido 
ponderando, ¿tiene importancia Lima? Tiene importancia. Razón. 
Nosotros decimos, "Ayacucho es la cuna, Lima la catapulta". El 
Partido por diversas instancias, en un par de años, salta a trabajar 
en Lima, al centrar en Lima se encuentra en una gran ciudad con gente 
de diversas provincias de todo el país. Al trabajar ahí trabajas en 
todo el país, por eso se convierte en catapulta. Pero no podía ser 
una ciudad conquistada al comienzo, sino en la parte final. 
(Entrevista CVR)" 

La principal fuerza política de oposición, el Partido Aprista Peruano 
(PAP), también subestimó la emergencia y el desarrollo inicial de la 
llamada guerra popular senderista. Desde su papel opositor a lo largo 
del quinquenio 1980-85, el PAP no dio señales concretas de contar con 
alguna alternativa a la política contrasubversiva aplicada por las 
fuerzas del orden. Representantes del PAP fueron duros críticos de lo 
hecho por AP pero evitaron una confrontación radical con las fuerzas 
armadas, especialmente el Ejército, debido a su tradicional 
rivalidad.

1.4.1.2. Sendero alcanza una repercusión nacional

Dos eventos asociados a Sendero Luminoso proporcionaron una nueva 
dimensión al conflicto. En marzo de 1982, en una operación inédita 
hasta el momento y planeada por su dirección central, un comando 
senderista asaltó el CRAS de Huamanga y rescató a sus presos, 
logrando escapar sin que hubiese una adecuada respuesta de las 
fuerzas policiales y sin que los efectivos del Ejército acantonados 
en el cuartel de la ciudad interviniesen por no contar con órdenes de 
Lima para hacerlo. El asalto a la cárcel de Huamanga obligó a 
distintos observadores a considerar al PCP SL como una amenaza mayor 
de que la que sugerían los actos terroristas o los asesinatos 
aislados. Para generales del Ejército, como Sinesio Jarama, a partir 
de ahí las cosas iban en serio, mientras que el general Noel empezó a 
preparar inteligencia en el terreno desde su base en Huancayo. Desde 
la orilla opuesta, izquierdistas radicales que posteriormente habrían 
de constituir el MRTA, señalaron a la CVR que el asalto a dicho penal 
los convenció de que se había producido un escalamiento del conflicto 
del que ya no habría marcha atrás (P. Cárdenas S.) 5

Horas después de consumado el ataque y liberación de los internos 
senderistas, un grupo de miembros de la Guardia Republicaba (la 
institución policial hasta entonces encargada de la custodia de los 
establecimientos penales) ingresó al hospital de Huamanga y en 
represalia ejecutó a tres senderistas heridos internos bajo custodia 
policial. 6

La combinación de ambas acciones, el ataque al penal y la ejecución 
de senderistas hospitalizados, proporcionó una primera victoria 
mediática a Sendero Luminoso al ser presentado por los medios 
nacionales, aun si lo condenaban, como una fuerza guerrillera y 
víctima a la vez de la inocultable brutalidad policial. Precisamente, 
el tema de los abusos cometidos por las fuerzas policiales destacadas 
en Ayacucho para las operaciones contrasubversivas terminaría siendo 
capitalizado por Sendero Luminoso en circunstancias particulares 
meses después. En setiembre, a la muerte de Edith Lagos, una de las 
senderistas evadidas del penal de Huamanga, en un choque con 
efectivos policiales, hubo manifestaciones masivas de respaldo que 
incluyeron una misa de cuerpo presente celebrada por el obispo de 
Ayacucho y un entierro multitudinario en el que no faltaron símbolos 
senderistas. Luego de su muerte, Edith Lagos, fue convertida por la 
opinión pública en la figura más conocida del senderismo y, si bien 
nunca fue una dirigente partidaria importante, su imagen de joven 
rebelde (murió a los 19 años) dio un rostro al desconocido 
senderismo. Así, hubo congresos de la juventud aprista ayacuchana que 
llevaron su nombre y, dirigentes históricos del PAP, como Armando 
Villanueva del Campo, que recibieron muy fuertes críticas en la 
prensa a fines de los ochenta por haber saludado supuestamente a su 
tumba en una visita al cementerio huamanguino. 7

Desde esta etapa inicial del conflicto, quedó incorporado en la 
agenda política nacional el tema de violaciones de los derechos 
humanos. Uno de los primeros debates al respecto se produjo por la 
protesta de altos representantes de la Iglesia católica por el caso 
de las torturas que Edmundo Cox Beuzeville habría sufrido en manos de 
la policía después de su captura, realizada el 6 de julio de 1981 en 
Cuzco. Cox, miembro del PCP SL actualmente en prisión, era sobrino de 
un respetado obispo de entonces, que denunció los hechos recibiendo 
muy fuertes críticas de representantes del gobierno que criticaron a 
los obispos por no haber protestado igual durante la dictadura 
militar. Dos elementos quedaron muy claros a raíz de dichos eventos. 
Lo primero fue que los senderistas preservaron al máximo la 
clandestinidad de su organización al negar su militancia (su llamada 
"regla de oro") y, al mismo tiempo, aprovecharon espacios 
democráticos en los que no creían, como el de la defensa de los 
derechos humanos, para debilitar la imagen de las fuerzas de orden. 
En segundo lugar, las denuncias sobre las violaciones de los derechos 
humanos por las repuestas de agentes del Estado a la acción 
senderista fueron vistas como parte de un juego político subalterno 
de opositores y no como un problema a encarar por el gobierno. A lo 
largo del período 1980-85, no hubo esfuerzos por la creación de una 
comisión de paz o mayores anuncios de investigación de denuncias 
sobre el particular. El tema de los derechos humanos se 
internacionalizó gradualmente por la intervención de organizaciones 
que protestaban desde el exterior por las violaciones documentadas en 
el país. Algunos diputados de izquierda denunciaron al Estado peruano 
ante la OEA y la ONU, por considerar que los atropellos expuestos no 
eran resueltos por la justicia peruana.

A lo largo de 1982 fue quedando patente que las fuerzas policiales 
eran impotentes para controlar la expansión del Plan estratégico de 
inicio del PCP SL en las zonas rurales de Ayacucho y para superar la 
mala imagen que tenían frente a la opinión pública. Todo ello, se 
tradujo en una demanda constante al gobierno de turno para que 
actuase con mayor rigor ante el avance y las provocaciones 
senderistas. El 27 de diciembre de 1982 el presidente Belaunde dio un 
ultimátum de 72 horas al PCP SL para que depusiera las armas. Sendero 
rechazó el pedido y el 30 de diciembre el gobierno entregó a las FFAA 
el control de la zona de emergencia de Ayacucho. El general de 
brigada EP Roberto C. Noel Moral, quien había sido Prefecto de Lima 
en 1979 y jefe del SIE dos años después, asumió la jefatura del nuevo 
comando político militar. El general Noel recuerda así los términos 
del encargo recibido:

    En el Consejo de Defensa Nacional, el Presidente del Comando 
Conjunto, le manifestó al Presidente de la República que su orden se 
había cumplido. 'Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, Jefe Supremo de 
la República, Presidente de la Nación; artículo 118 de la 
Constitución del Estado'. El general presidente del Comando Conjunto, 
le indicó al Presidente de la República que para no omitir ninguna 
cosa que pudiera constreñir los planes, le pedía que el Comandante 
General de la 2ª División de Infantería, expusiera al Consejo y yo 
expuse al Consejo. A las cinco de la tarde, el Presidente de la 
República decide clausurar el evento, pero en el evento me dicen 
'General, sus planes son aprobados, pero usted va a actuar con el 
apoyo de las fuerzas policiales'. Entonces yo le digo, pregúnteme. 
Presidente del Comando Conjunto, yo le digo, '¿ Qué pasa? ' Y como 
nadie habla, prendo el micro y digo 'Señor presidente, perdón, quiero 
hacerle una pregunta, usted me ha cambiado la misión. ¿Voy o no voy a 
combatir? '. El presidente Belaunde me dice, 'General, usted combata 
con toda energía y tiene el apoyo del Gobierno Constitucional'. 
'Gracias'." (Entrevista CVR, 18.03.03) 

Desde entonces, la violencia senderista estuvo dirigida contra los 
representantes y partidarios del antiguo orden en las áreas iniciales 
del conflicto armado (Ayacucho, Apurímac, etc.) por lo que la mayor 
parte de víctimas de las acciones senderistas estuvieron entre 
campesinos o pequeñas autoridades locales y no entre miembros de las 
elites políticas o económicas del país.

1.4.2. Segundo período: La militarización del conflicto (enero de 
1983-junio de 1986)

A partir del ingreso de las Fuerzas Armadas a la lucha directa contra 
Sendero Luminoso se inició un nuevo curso en el conflicto que habría 
de mantener la presencia militar en varias regiones del país por más 
de quince años. Se abre así una segunda etapa del enfrentamiento que 
durará hasta mediados de 1986, momento en que SL decidirá 
intensificar sus acciones violentistas. La primera consecuencia de la 
decisión tomada, fue lo que la CVR ha denominado la "militarización 
del conflicto". En ningún momento anterior del siglo veinte se había 
producido un fenómeno similar de constitución de instancias político 
militares de conducción de la respuesta estatal al fenómeno 
subversivo. Asimismo, es en esta etapa que Sendero Luminoso crea su 
autodenominado Ejército Guerrillero Popular y realiza acciones 
guerrilleras como ataque a puestos policiales y emboscadas a 
patrullas militares, sin abandonar los asesinatos selectivos y los 
atentados terroristas.

1.4.2.1 La escalada de la violencia El asesinato de ocho periodistas 
en Uchuraccay, a cuatro semanas del ingreso de las fuerzas armadas a 
la lucha contra Sendero, produjo un quiebre en el conflicto al 
difundirse ampliamente en los medios nacionales imágenes terribles de 
la violencia que se estaba produciendo en la sierra de Ayacucho y 
departamentos limítrofes. En los meses siguientes hubo un avance en 
la militarización del conflicto, al reducirse los espacios de 
actuación política y predominar la lógica de las acciones armadas no 
convencionales en dicho contexto. Las cifras de víctimas y de 
violaciones a los derechos humanos en los departamentos afectados 
crecieron exponencialmente, siendo este el período con la mayor 
cantidad de víctimas del conflicto (ver anexo estadístico).

A pesar del tiempo transcurrido, las FFAA no contaron inicialmente 
con una adecuada comprensión de Sendero Luminoso y su estrategia, 
viendo a esta organización como parte de una gran conspiración 
comunista atacando el país. Según esta concepción todos los 
izquierdistas eran igualmente responsables de las acciones 
senderistas y no había mayor diferencia a partir de alineamientos 
internacionales. De esta manera, por ejemplo, el general EP Noel pudo 
señalar, en entrevista con la CVR en el 2003, que veinte años atrás 
había desbaratado un plan de ataque senderista preparado para el 26 
de julio de 1983 en homenaje al trigésimo aniversario del asalto al 
cuartel de Moncada en Cuba. Acción impensable para una organización 
como el PCP SL, que jamás celebró dicha fecha y no concedía un 
carácter revolucionario a la experiencia cubana.

El general Noel tuvo serias disputas con los medios de comunicación 
especialmente a partir de los sucesos de Uchuraccay, con los 
"directores o periodistas que escribían en contra de las fuerzas 
armadas y alentaron a la subversión (...) la rama de agitación y 
propaganda que tiene el comunismo en las organizaciones sectarias 
todo eso está en el conocimiento de Inteligencia (general EP (r) 
Noel, Entrevista CVR, 18.03.03)".

Por su parte, el segundo jefe político militar de Ayacucho, el 
general EP Adrián Huamán Centeno fue destituido por sus declaraciones 
públicas criticando la falta de apoyo del gobierno central a la lucha 
contrasubversiva. En contraste con su antecesor, el general Huamán, 
quechuahablante y de origen comunero campesino, tuvo una mejor imagen 
mediática que el general Noel y fue respaldado por fuerzas de 
oposición en sus alegatos a favor de medidas sociales para los 
campesinos y por sus críticas a la falta de respaldo de los políticos 
oficialistas. Su relevo intempestivo, se debió, según el ex ministro 
Percovich, "a que quiere rebasar a la autoridad civil (...) Quiere 
manejar él solo las cosas de acuerdo a su criterio. No obedece o da 
la impresión que quiere decir lo que el gobierno estaba señalando y 
lo que el gobierno civil estaba haciendo. Incluso llega un momento a 
hacer apreciaciones orientadas a desprestigiar al gobierno civil". 
(Entrevista CVR, 28.08.02) Paradójicamente, a pesar de estas imágenes 
a favor y en contra del general Huamán, no se tomó en cuenta para su 
destitución que 1984, en cuyos ocho primeros meses fue jefe del 
comando político militar, es individualmente el año con mayor número 
de víctimas de todo el conflicto armado interno (1980-2000).

En esta fase de militarización el país conoce de algunos casos 
emblemáticos 8 de violaciones masivas a los derechos humanos 
atribuidos a las fuerzas del orden como los de Socos (sinchis de la 
ex GC, noviembre 1983), Pucayacu (infantes de Marina, agosto de 1984) 
y Accomarca (infantería del Ejército, agosto de 1985). Por el lado de 
Sendero Luminoso, los casos principales de este tipo que se le 
atribuyen son los de Lucanamarca y Huancasancos (abril de 1983).

Finalmente, el MRTA inició sus acciones armadas formalmente en 1984, 
presentándose como parte de la izquierda peruana y explicitando sus 
diferencias con Sendero (uso de uniformes, campamentos guerrilleros, 
reivindicación de acciones, etc.). Esta organización, constituida en 
1982 a partir de la unión de dos pequeñas agrupaciones de izquierda, 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria-El Militante (MIR-EM) y el 
Partido Socialista Revolucionario-Marxista Leninista (PSR -ML), había 
optado dos años después por prepararse para la lucha armada.

1.4.2.2. El énfasis "social" en la lucha contrasubversiva Al ser 
elegido presidente Alan García Pérez se cambió el discurso oficial 
sobre la guerra interna al criticarse por primera vez desde el 
gobierno las violaciones a los derechos humanos cometidas por las 
fuerzas armadas, se creó una Comisión de Paz. Se intentó cambiar el 
esquema únicamente militar para enfrentar a la subversión. El punto 
más difícil en este terreno fue la destitución del jefe de la segunda 
región militar, general de división Sinesio Jarama, y del jefe del 
comando político militar de Ayacucho Wilfredo Mori, a raíz del caso 
Accomarca. A pesar de las críticas a la situación imperante, García 
no derogó el DL 24150, promulgado por Belaunde en junio de 1985, el 
cual regulaba (y aumentaba) las atribuciones de los Comandos 
político-militares, que hasta entonces habían funcionado sin un 
sustento constitucional.

Alan García Pérez define las posiciones de su gobierno en los 
siguientes términos:

    Nosotros hemos tenido dos etapas en el análisis sobre Sendero 
Luminoso. La primera muy borrosa en el gobierno de Fernando Belaunde, 
donde sin conocer siquiera lo que podría ser esto, los alcances de lo 
que podría sobrevenir, pensábamos en una explicación de tipo 
sociológica, estímulo, impulso de la miseria, y naturalmente éramos 
un poco concesivos y tolerantes en la explicación. Y tal vez en los 
términos actuales un poco paternalistas en el sentido decir 'pobre 
gente que ha sido abandonada tantos siglos reacciona de esta manera, 
de manera que la sociedad centralista y blanca tiene que entenderla, 
darle una solución'. A partir de 28 de julio no es que la perspectiva 
cambia o la actitud, sino la necesidad ya de administrar. Se cuenta 
con que la gente le está pidiendo que no haya apagones en Lima, que 
no le maten más gente, que no traigan malas noticias los diarios, 
¿no? (Entrevista CVR, 07.05.03) 

La idea central del gobierno de García era derrotar a la subversión 
sustrayéndole el posible apoyo campesino mediante el desarrollo de 
políticas dirigidas a este sector y a zonas de extendida pobreza. El 
gobierno aprista entendió con exagerado optimismo que el crecimiento 
económico de sus dos primeros años había terminado con Sendero 
Luminoso, al registrarse un descenso de sus acciones entre 1985 y 
1986. Por último, asumió que el carácter "popular" del PAP cerraría 
los espacios sociales para un eventual crecimiento de Sendero. 
Inicialmente, esta política pudo parecer exitosa por el repliegue de 
Sendero tras la ofensiva militar de las fuerzas armadas de 1983 y 
1984 y por la tregua unilateral que le dio el MRTA al gobierno 
aprista.

Las relaciones con las fuerzas armadas fueron tirantes al principio, 
pero este impulso inicial quedó relegado ante casos posteriores en 
que las denuncias de violaciones a los derechos humanos no 
encontraron igual eco, como la muerte de internos en el motín del 
penal de Lurigancho, ocurrido en octubre de 1985 en Lima, en la que 
el gobierno aprista no asumió responsabilidad alguna. El punto 
culminante de este proceso fue la masacre de los penales (18 y 19 de 
junio de 1986) que marcó considerablemente a todos los actores de la 
guerra interna, y trajo a Lima las imágenes de las matanzas hasta 
entonces lejanas. En términos prácticos, con esta matanza y el 
trámite dado a ella, terminaron los intentos del gobierno aprista por 
desarrollar una política propia de seguridad interior. 9

1.4.3. El despliegue nacional de la violencia (junio de 1986-marzo de 
1989)

Luego del proceso de militarización creado por el incremento de las 
acciones del PCP-SL, el ingreso de las fuerzas armadas al combate 
contra la subversión y el inicio de acciones del MRTA, se creó un 
contexto de actores armados desarrollando sus propias estrategias en 
el terreno. A partir de 1986, sin embargo, fue evidente, que el 
conflicto armado interno había salido de los departamentos iniciales 
en los que se produjeron las acciones de los primeros años y había 
alcanzado una extensión nacional. Se había desplegado fuera de 
Ayacucho, ingresando a otras zonas del país en las que permanecería 
por varios años más.

1.4.3.1. La apertura de nuevos frentes

Luego de la matanza de los penales, el PCP SL incrementó gradualmente 
sus acciones, acentuando su presencia en distintos frentes fuera de 
Ayacucho como Puno, Junín y el valle del Huallaga. Se encontraba en 
una fase de "desarrollar la guerra de guerrillas y conquistar las 
bases de apoyo" en las áreas rurales para expandir su guerra popular. 
En las zonas urbanas, principalmente Lima, el PCP SL optaría por una 
política de asesinatos electivos de autoridades para sembrar terror y 
debilitar al Estado. Un atentado de singular importancia ocurrió en 
Lima en 1985, contra Domingo García Rada, presidente del JNE, cuando 
se preparaba la segunda vuelta electoral. Más adelante Sendero 
Luminoso dirigiría sus ataques contra dirigentes del partido de 
gobierno. El primero de estos casos, también en Lima, fue el de 
Rodrigo Franco en 1987, buscando obstruir la consolidación del 
"modelo burocrático del fascismo aprista".

El MRTA cortó la tregua concedida a García y abrió un frente 
guerrillero en el departamento de San Martín en 1987, con gran 
despliegue publicitario, a escasos tres meses del intento de 
estatización de la banca que había abierto un espacio de oposición 
muy fuerte contra el gobierno. Debido a ello, la cobertura televisiva 
proporcionada a la campaña del MRTA fue enorme, aprovechándole 
carácter opositor de muchos medios contra el gobierno. Asimismo, el 
jefe guerrillero, Víctor Polay, "Rolando", un ex aprista cercano a 
Alan García en los setenta, se convirtió en una figura conocida por 
los medios, aunque su campaña tuvo más efectos propagandísticos que 
militares ya que fue rápidamente dispersada por el Ejército.

1.4.3.2. Protagonismo de Sendero: el congreso y la entrevista del 
siglo

Sendero Luminoso realizó en tres partes, entre febrero de 1988 y 
junio de 1989, su primer congreso partidario. Entre sesiones apareció 
en El Diario una entrevista a su líder Abimael Guzmán quien ofreció 
la versión directa más completa acerca de su organización y sus fines 
conocidos hasta el momento. Con ello, además, disipó las dudas sobre 
su supuesto fallecimiento, anunciado periódicamente por las 
autoridades y la prensa, a lo largo de los años.

Desde 1985, aunque motivado por razones externas a la guerra interna, 
estuvo en curso el proceso de reorganización a las fuerzas policiales 
que se inició con un fuerte debate sobre el pase al retiro de 
numerosos oficiales. Varios de los cambios propiciados por el 
Ministerio del Interior dentro de este proceso contribuyeron a una 
mejor coordinación de acciones para la lucha contrasubversivas. 
Destacan, en especial, la unificación del comando en la Dirección 
General y Regiones Policiales; la mediación directa en la resolución 
de conflictos entre institutos policiales; el reforzamiento de la 
dirección y seguimiento de sus labores desde el Ministerio; y la 
fusión de las distintas unidades especializadas operativas en la 
Dirección de Operaciones Especiales (DOES). Sin embargo, dadas estas 
prioridades (incluyendo la implementación de la Dirección General de 
Inteligencia del Ministerio del Interior, DIGIMIN), el sector no 
atendió ni reforzó lo suficiente a la DIRCOTE, unidad que había 
adquirido experiencia a partir de su trabajo concentrado en Lima 
desde su creación como división en la Dirección de Seguridad del 
Estado de la PIP (DIRSEG-PIP) en 1981.

Por estos años, efectivos de algunas unidades especiales de las 
fuerzas policiales, como el Grupo Delta de la DOES, habrían sido 
vinculados individualmente por la prensa de la época al mal llamado 
"Comando Rodrigo Franco" (CRF). En efecto, se registró en 1988, por 
primera vez en la guerra interna, la acción de un supuesto grupo 
paramilitar, el Comando Rodrigo Franco, que se atribuyó el asesinato 
a Manuel Febres Flores, abogado del dirigente senderista Osmán 
Morote, capturado poco antes por la DIRCOTE. Diversas fuentes 
vincularon su aparición y acciones atribuidas al mismo con el Partido 
Aprista y con efectivos de la policía, bajo control de Agustín 
Mantilla, la figura más fuerte del ministerio del Interior durante el 
quinquenio del gobierno aprista. No obstante, la Comisión constata 
que el CRF, antes que una organización centralizada, podría haberse 
tratado más bien de una especie de franquicia informal por la que 
actores diversos, no necesariamente articulados entre ellos, 
terminaron utilizando un mismo membrete para sus actividades, 
especialmente de escuadrones de la muerte.

Por otro lado, la creación del Ministerio de Defensa en 1987 tuvo 
serios tropiezos en su ejecución y a pesar de haberse puesto en 
marcha, no logró ubicarse por encima del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, ni implicó un recorte en las atribuciones en materia 
de defensa nacional con las que contaban los institutos armados. (Ver 
informe sobre las fuerzas armadas)

1.4.3.3. Capitalizando la crisis: la ofensiva de Sendero

Al producirse el descontrol de la economía y la aceleración del ciclo 
de hiperinflación, el gobierno perdió la iniciativa política en manos 
de la oposición de derecha luego de la estatización y abandonó sus 
intentos por controlar la política contrasubversiva, dejando el 
terreno libre a las FFAA en las zonas de emergencia. Sin embargo, 
mantuvo un trabajo especializado de inteligencia e investigación 
policial, principalmente en Lima y otras ciudades, que tuvo logros 
como la captura ya mencionada de Osmán Morote. La situación se hizo 
más difícil al iniciarse un ciclo de huelgas de diversa índole.

La división del frente Izquierda Unida cerró el ciclo de la gran 
presencia electoral de la izquierda en el país abierto en 1978, 
afectando seriamente a los partidos que la conformaban y dejando sin 
representación dentro del sistema democrático a importantes sectores 
radicales que no apoyaban a las organizaciones armadas pero tampoco 
se sumaban a la política contrasubversiva del gobierno al desconfiar 
de las fuerzas armadas. Vinculaciones con el MRTA de algunas 
organizaciones. Intentos de vía armada. Debilitamiento de los 
aparatos izquierdistas de base: sindicatos, organizaciones de base, 
golpeados por la crisis y por Sendero Luminoso que ponía en marcha su 
avance hacia el autodenominado equilibrio estratégico.

El ataque a la base policial de Uchiza en marzo de 1989 fue una de 
las mayores operaciones militares realizadas por Sendero Luminoso, 
aun cuando fuese en alianza con narcotraficantes. La falta de 
respuesta estatal en apoyo a los policías sitiados debilitó todavía 
más la imagen del gobierno de García y lo obligó a crear un comando 
político militar en la zona, a cargo del general de brigada Arciniega 
quien puso en práctica una nueva estrategia del Ejército para aislar 
a Sendero de los campesinos.

1.4.. 4. Crisis extrema: ofensiva subversiva y contraofensiva estatal 
(marzo de 1989-setiembre de 1992)

El año 1989 fue uno de los años más difíciles de nuestra historia 
republicana, siendo el clímax e inicio de un período de crisis 
extrema que se prolongaría hasta 1992, en el que el conflicto armado 
interno se vio exacerbado.

1.4.4.1. Avance subversivo, crisis económica y campañas electorales 
Durante 1989 se produjo un nuevo giro en la guerra interna debido, 
principalmente, a las decisiones y acciones de dos de los principales 
actores.

En primer lugar, el PCP-SL, durante su I Congreso, definió como nuevo 
objetivo de su plan de guerra popular que el "equilibrio estratégico" 
remeciera todo el país. Para ello, planteó considerar como eje 
central de acción, acentuar su ofensiva en las zonas urbanas, 
principalmente el Lima. Así, el PCP-SL incrementó notablemente sus 
niveles de violencia, forzando su relación con la población en la 
sierra rural y en la selva, por un lado, y movilizando sus bases 
urbanas hacia la realización de ataques y atentados más violentos, 
frecuentes y visibles, por otro. Con esta decisión se iniciaba el 
segundo "pico" estadístico de víctimas en la guerra interna.

Paralelamente, e independientemente del proceso seguido entonces por 
el gobierno, desbordado con la crisis económica y política, las FFAA 
empezarán a aplicar su nueva estrategia "integral", que contemplaba 
la comisión de violaciones de los derechos humanos menos numerosas 
pero más premeditadas. Esta nueva estrategia orienta a la Directiva 
Nº 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para la Defensa 
Interior (DVA Nº 017 CCFFAA -PE -DI), firmada en diciembre de 1989 
por el Gral. Artemio Palomino Toledo 10 en la que se toman dos 
grandes decisiones estratégicas que enmarcaron y condicionan el 
accionar militar durante todo el resto de la guerra. Primero, la 
organización de las Fuerzas Armadas para la Defensa Interior en Zonas 
y Subzonas de Seguridad Nacional se cambia por una organización en 
frentes contrasubversivos, los cuales no se derivan de las regiones 
militares sino de una zonificación especial obtenida mediante el 
análisis del despliegue y el accionar del PCP-SL. Segundo, en los 
Frentes donde hay narcotráfico se establece como misión separar a la 
subversión del narcotráfico y combatir a los narcotraficantes que 
apoyen a la subversión o reciban protección de ella.

Derivada de esto, la decisión de fomentar y apoyar la conformación de 
Comités de Autodefensa en las zonas rurales serranas donde la 
población empezaba a entrar en conflicto con el control de PCP-SL, 
definió el inicio de la etapa final del conflicto. Por otro lado, 
habiendo restringido las FFAA a los departamentos de Junín y Pasco 
como el "centro de gravedad" para sus operaciones contrasubversivas a 
nivel nacional, la guerra se desplazará notoriamente hacia el Frente 
Mantaro desde dicho año. En esta zona central se aplicó intensamente 
la nueva estrategia de eliminación selectiva, especialmente durante 
1990, no sólo contra los comités populares sino también contra los 
organismos alojados en universidades y asentamientos humanos urbanos.

Por otro lado, el MRTA queda atrapado en una espiral de violencia de 
la cual no logrará salir fácilmente. En abril de 1989, un mes después 
del ataque senderista contra el puesto de Uchiza, el MRTA decidió 
realizar una operación militar de grandes proporciones en la sierra 
central: la toma de una ciudad importante para efectos de propaganda 
armada de repercusión nacional. La zona central del país era decisiva 
para los objetivos militares del MRTA, pero además la urgencia de una 
muestra de fuerza semejante vino de la necesidad de responder al 
fuerte golpe que representó la captura de su líder Víctor Polay en el 
Huancayo a comienzos del año. Para cumplir la toma de Tarma, que era 
la ciudad elegida en esta oportunidad, el MRTA trasladó a la zona a 
varios de sus mejores efectivos militares en una fallida operación 
que concluyó en la matanza de Molinos.

El repase de guerrilleros rendidos que hizo el Ejército demostró al 
MRTA que para las fuerzas del orden no había subversivos buenos y 
malos. Todos recibían el mismo trato. La respuesta de la organización 
llegaría meses después a través del asesinato del general (r) Enrique 
López Albújar en Lima, en represalia por Molinos.

Al ser 1989 un año de elecciones municipales y regionales, y en buena 
medida el inicio de la presidencial del año siguiente, se produjo una 
sorprendente movilización de fuerzas políticas que revelaron los 
límites reales de las amenazas planteadas al Estado por el PCP SL y 
el MRTA. Las elecciones se celebraron a nivel nacional, con éxito 
para la crítica situación existente, fracasando los senderistas en su 
intento de boicotearlas.

En marzo de 1990, mientras las elecciones generales estaban en su 
máximo punto de confrontación, se firmó el Grupo Especial de 
Inteligencia (GEIN) en la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE). 
Mientras que los Grupos Operativos "Delta" de la DIRCOTE continuaban 
abocados a la tarea legal de investigación de atentados y acciones 
terroristas en Lima, el GEIN se dedicó a trabajar exclusivamente en 
el desarrollo de operaciones encubiertas de inteligencia 
(seguimientos y vigilancia) para la captura de los principales 
líderes subversivos,. Antes del cambio de gobierno, el primero de 
junio dio su primer y gran golpe al allanar una casa donde hasta 
pocos días antes se alojaba Guzmán y donde encontraron información 
valiosa,. Después de esta operación, en opinión de los policías de 
esta unidad, el PCP SL se abre como una "caja de Pandora; la 
intervención fue "el principio del fin de Sendero Luminoso". 
(Jiménez, 2000: 721).

1.4.. 4.2. Los inicios de Fujimori y la subversión.

En sentido estricto, el nuevo gobierno no ideó una nueva estrategia 
contrasubversiva. Más bien, Alberto Fujimori mantuvo la estrategia 
integral de las FFAA e impulsó iniciativas legales para 
complementarla. Había asumido también el Plan Político-Militar de un 
sector de las FFAA y, con ello, la necesidad de instalar un sistema 
de democracia dirigida que se ajuste a las necesidades de la 
contrasubversión.

El PCP SL, muy golpeado en las áreas rurales, creció 
sorprendentemente en Lima en medio de la crisis existente. El MRTA 
intentó un diálogo con el gobierno, luego de la fuga de sus 
dirigentes de Castro Castro, mediante el secuestro de un diputado 
fujimorista pero fue rechazado. En 1991, más de la mitad de la 
población peruana vivía bajo el estado de emergencia. Ese mismo año 
se da una ofensiva del MRTA en diversas zonas del país, dando una 
imagen de recomposición luego de la fuga del túnel. En noviembre, el 
Ejecutivo promulgó el paquete de Decretos Legislativos y el debate de 
los mismos en el Congreso, iniciándose la cuenta regresiva para la 
justificación del próximo golpe de Estado.

El 5 de abril de 1992, mediante el golpe que quebró el orden 
constitucional, el gobierno de Fujimori promulgó una serie de 
disposiciones que endurecieron la legislación antiterrorista (DL 
25475, 25499, 25659, 25744) sin contemplar el respeto de garantías 
mínimas del debido proceso. Asimismo, se encargó de extender, a 
través de la promulgación de varios Decretos Ley, las prerrogativas 
militares, ampliando su poder en las zonas de emergencia y en la 
actividad contrasubversiva. Con ello, se amplió la discrecionalidad 
de las fuerzas del orden, en una evidente disminución de los 
controles democráticos de sus acciones contrasubversivas. 
Simultáneamente continuaron las graves violaciones a los derechos 
humanos perpetradas por diversos agentes estatales, entre ellos la 
del escuadrón de la muerte denominado grupo Colina (Barrios Altos, La 
Cantuta, etc.) en operaciones desde inicios de los noventa. En 
efecto, gracias a las amplias atribuciones permitidas por ley, el 
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) empezó a planear y ejecutar 
operaciones especiales de inteligencia por cuenta propia, utilizando 
para ello personal de unidades operativas de las FFAA como si fuera 
personal a su disposición.

El asesinato de María Elena Moyano por parte de Sendero representó 
una situación límite por el grado de crueldad de SL y la fragilidad 
de las organizaciones populares que se le enfrentaban a inicios de 
los 90. Mediante atentados terroristas con coches bomba en Lima 
(siendo el más grave el de Tarata en julio de 1992) Sendero aceleró 
su ofensiva sobre la capital, mientras calculaba la posibilidad de 
una intervención norteamericana que desatase una guerra de liberación 
nacional en el país.

En este contexto de crisis extrema, los policías de los grupos 
especiales de la DINCOTE, sorprenderán al país con la sucesión de una 
serie de capturas de altos dirigentes subversivos que constituyeron 
un aporte fundamental para conseguir la derrota estratégica de la 
subversión y el terrorismo. Entre ellas, destacan la captura de 
Víctor Polay Campos por la Brigada Especial de Detectives (BREDET) y 
la de Abimael Guzmán Reinoso por el GEIN.

1.4.5. Declive de la acción subversiva, autoritarismo y corrupción 
(setiembre de 1992-noviembre 2000)

1.4.5.1. Derrota estratégica de la subversión

El escenario posterior a la captura de Abimael Guzmán y otros 
importantes dirigentes estuvo marcado por la derrota de Sendero 
Luminoso, iniciada tres años antes cuando fue expulsado de varias de 
sus zonas de tradicional influencia por la acción de las fuerzas del 
orden y los comités de autodefensa. La falta de una conducción 
nacional que cubriera el vacío provocado por la captura de Guzmán se 
hizo evidente en la disminución de acciones terroristas. El principal 
objetivo de la organización en esta fase fue, inicialmente, el de 
presentar la imagen de no haber sido afectados mientras que se 
concentraban en campañas como la de "salvar la vida del Presidente 
Gonzalo".

1.4.5.2. Pacificación y amnistía

En octubre de 1993, desde su prisión en la base naval del Callao y 
luego de conversaciones entre dirigentes senderistas facilitadas por 
el gobierno de Fujimori, Abimael Guzmán propuso un Acuerdo de Paz al 
Estado que no se concretó pero sirvió para efectos propagandísticos 
al régimen de Fujimori en vísperas del referéndum para aprobar la 
Constitución de 1993. De ahí en adelante, la nueva posición del jefe 
senderista fue convirtiéndose en mayoritaria, por encima de las 
fracciones disidentes que planteaban proseguir la guerra popular, 
pero el gobierno de Fujimori no buscó una salida definitiva de paz ni 
respondió a las propuestas de Guzmán. En la práctica se había 
producido una división de Sendero Luminoso, ya que una parte de la 
dirección senderista rechazó la propuesta de Acuerdo de Paz de 
Guzmán. Por su parte, el MRTA continuó las acciones militares en 
zonas como San Martín y la ceja de selva central. Bajo la dirección 
de Cerpa, luego de la caída de Polay, tomaron ciudades importantes 
como Moyobamba e intentaron desarrollar núcleos de guerrilla urbana. 
Aun cuando parecían en el papel menos golpeados que Sendero Luminoso, 
no pudieron recuperarse de las graves disputas internas, la 
inexperiencia de sus cuadros y los efectos de la ley de 
arrepentimiento. Externamente, la organización fue afectada por el 
debilitamiento de la izquierda y la ofensiva estatal y mediática 
contra las organizaciones subversivas. En ese escenario concluyeron 
que su prioridad organizativa debía ser la de recomponer su dirección 
nacional mediante la liberación de los dirigentes presos. Al no poder 
replicar la experiencia del túnel de Canto Grande, optaron por 
preparar alguna acción de toma de rehenes para exigir luego un canje 
de prisioneros. Paralelamente, el gobierno de Fujimori continuó 
resaltando su imagen de mano dura, sin concesiones frente a la 
subversión mediante el nuevo marco legal aprobado y destacando su 
estrecha relación con las fuerzas armadas. A pesar del evidente 
declive en las acciones subversivas, resaltado por la misma 
propaganda oficial, el régimen no disminuyó el número de zonas de 
emergencia sino que mantuvo un esquema de contrasubversión sin 
subversión.

En términos estrictos la política de pacificación consistió en 
mantener en prisión a la mayor cantidad posible de subversivos bajo 
condiciones extremas en penales de máxima seguridad y en aislar a los 
núcleos armados. La propuesta de acuerdo de paz hecha por Guzmán y la 
dirigencia senderista brindó réditos políticos a Fujimori y rebajó la 
tensión en los penales, pero no liquidó a la organización. Vladimiro 
Montesinos tuvo a su cargo la conducción personal de las 
conversaciones y tratos con Guzmán e Iparraguirre y demás dirigentes 
senderistas, en tanto "interlocutor académico", las cuales estuvieron 
enmarcadas por intereses políticos coyunturales del gobierno, 
administrados por el asesor y que se disiparon hacia 1995. Debe 
recalcarse que ni Fujimori, ni el General Hermoza Ríos (entonces la 
figura de mayor poder en las fuerzas armadas) se reunieron con los 
jefes senderistas. Tampoco se promovió reunión alguna con miembros de 
la DINCOTE, en buena parte desarticulada después de la captura de 
Guzmán, o expertos de inteligencia del Ejército trabajando en el SIN, 
como Fournier.

Las incansables denuncias contra las violaciones de los derechos 
humanos tuvieron un nuevo impulso a partir del hallazgo de las fosas 
de La Cantuta en julio de 1993. El gobierno de Fujimori no asumió 
responsabilidades, optando por la descalificación de la legitimidad 
de los denunciantes y su permanente hostigamiento. Teniendo al SIN 
como su principal aparato político, el gobierno continuará con una 
serie de cambios intencionales de la legislación que supondrán la 
eliminación práctica de la independencia de poderes, con la finalidad 
de garantizar la impunidad para los agentes estatales implicados en 
violaciones de los derechos humanos. Así, la existencia de una 
mayoría de representantes oficialistas en el Congreso Constituyente 
Democrático permitió la utilización de diversos voceros para salir al 
frente a las denuncias y, sobre todo, para aprobar en 1995 una ley de 
amnistía para las violaciones de derechos humanos cometidas por las 
fuerzas del orden que garantizara una completa impunidad.

1.4.5.3. Contrasubversión sin subversión

Lejos de revertirse, el proceso de corrupción normativa continuará el 
resto de la década, con el objetivo de: asegurar la perpetuación del 
régimen. Para ello, el gobierno utilizará, con fines electorales y de 
control político, la estructura militar desplegada con pretexto de la 
contrasubversión, en un contexto en el que la subversión se 
replegaba. Explotará mediáticamente, con fines de acumulación 
política, las últimas acciones de gran impacto de la guerra interna 
que concluyeron en éxitos, al tiempo que manipulaba los miedos de la 
población con la amenaza del "terrorismo". Así, las operaciones 
antisubversivas dejaron de ser un medio para capturar líderes 
subversivos y terminar finalmente con las acciones del PCP-SL y del 
MRTA, para convertirse en un medio de propaganda para el gobierno, en 
el mejor de los casos, y en una cortina de humo, en el peor, tapando 
los excesos y los delitos que se denunciaban cada vez con más 
frecuencia. Esto fue posible en gran medida por el progresivo y casi 
total control de medios de comunicación masivos, comprados con el 
dinero del Estado.

Las últimas acciones de gran impacto de la guerra interna concluyeron 
en éxitos explotados por el gobierno. Por ejemplo, el asalto a la 
residencia del embajador japonés en Lima por un comando del MRTA, 
encabezado por su líder máximo Néstor Cerpa, que mantuvo cautivos a 
72 rehenes, concluyó con la operación de rescate Chavín de Huántar, 
ampliamente celebrada por el gobierno y las fuerzas armadas. Luego 
del revés militar sufrido en el conflicto del Cenepa de inicios de 
1995, el gobierno convirtió los festejos por la exitosa liberación de 
los rehenes en una epopeya militar. Por otro lado, en julio de 1999, 
luego de un enorme y publicitado operativo militar para cercarlo, fue 
capturado cerca de la ciudad de Huancayo el líder senderista 
disidente Oscar Ramírez Durand, Feliciano, quien había rechazado la 
propuesta de acuerdo de paz de Abimael Guzmán y mantenía vigente la 
guerra popular iniciada en 1980. Ramírez Durand era el último de los 
altos dirigentes del PCP SL que seguía libre.

Preocupado más por asegurar su continuidad, y aun resaltando su 
imagen de mano dura sin concesiones frente a la subversión, Fujimori 
terminará descuidando en la práctica la política antisubversiva y no 
dará una solución final al problema de la subversión, focalizada 
desde hacía varios años en algunas zonas marginales y poco accesibles 
del territorio en las que coincidía con el narcotráfico.

Las contradicciones entre el discurso de mano dura y realidad se 
mostraron más de una vez. Como colofón, a poco tiempo de su colapso, 
el gobierno que se preciaba de ser duro e infranqueable frente a la 
subversión terminó apoyando (con una venta de armas) al grupo 
subversivo de un país hermano, acusado precisamente en ese momento de 
realizar actos terroristas y de estar vinculado con el narcotráfico.

1En un intervalo de confianza al 95% cuyos límites inferior y 
superior son 61,007 y 77,552 personas respectivamente. Para mayores 
detalles véase el anexo del presente informe titulado: ¿Cuántos 
peruanos murieron?: Estimación del número total de víctimas fatales 
del conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

2Para un análisis detallado sobre este punto y los diferentes tipos 
de causas (históricas, institucionales, coyunturales) del conflicto 
ver capítulo correspondiente.

3La CVR ha recibido testimonios de muertes y desapariciones como 
producto del conflicto armado interno en todos los departamentos, 
salvo Moquegua y Madre de Dios. Sólo en Tacna (1) y en Tumbes (4) la 
cifra de víctimas reportadas a la CVR es de un dígito.

4El proceso analizado por la CVR comprende los gobiernos del general 
Francisco Morales Bermúdez en su fase final (del 17 de mayo al 28 de 
julio de 1980), del arquitecto Fernando Belaunde Terry (del 28 de 
julio de 1980 al 28 de julio de 1985), del doctor Alan García Pérez 
(del 28 de julio de 1980 al 28 de julio de 1990) y del ingeniero 
Alberto Fujimori Fujimori (del 28 de julio de 1990 al 5 de abril de 
1992; del 5 de abril de 1992 al 28 de julio de 1995; del 28 de julio 
de 1995 al 28 de julio de 1995 al 28 de julio de 2000 y de esta fecha 
al 20 de noviembre del mismo año).

5Véase entrevistas de la CVR con Sinesio Jarama, Roberto Clemente 
Noel y Peter Cárdenas.

6 Véase el caso ilustrativo referido al hospital de Huamanga.

7 Véase capítulo sobre el PAP.

8 Véase el capítulo de casos ilustrativos.

9 Ver Cap. Sobre FFAA 10 Ver capítulo sobre FFAA.

	  	
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CAPÍTULO 2
EL DESPLIEGUE REGIONAL

2.1. LOS CONTEXTOS REGIONALES: LAS REGIONES DE LA VIOLENCIA AL INICIO 
DEL CONFLICTO
2.1.1. Los procesos de modernización inacabados
2.1.1.1. El nororiente: integración, carretera, colonización y 
narcotráfico
2.1.1.2. Los asháninkas y colonos en la selva central
2.1.1.3. La modernización andina: las ciudades y las universidades
2.1.1.4. Lima Metropolitana: urbanización, industrialización y 
marginalidad
2.1.2. Las sociedades rurales de alta conflictividad
2.1.2.1. Las comunidades contra empresas asociativas: región Central, 
sur andino y sierra norte
2.1.2.2. La extrema pobreza rural. Privatización del poder y 
conflictos internos al mundo comunal
2.2. LOS PERÍODOS DE LA VIOLENCIA EN LAS REGIONES 2.2.1. Las acciones 
iniciales (1980-1982)
2.2.2. La militarización del conflicto (enero 1983 -junio1986) 
2.2.2.1. La guerra, masacres y retroceso del Partido Comunista del 
Perú Sendero Luminoso (PCP-SL): el núcleo inicial
2.2.2.2. Los espacios de expansión y nuevos actores de la violencia
2.2.3. El despliegue nacional (julio 1986 -marzo 1989) 2.2.4. La 
crisis extrema (abril 1989 -septiembre 1992)
2.2.4.1. El repliegue final de la sierra rural 2.2.4.2. La máxima 
violencia urbana
2.2.4.3. La guerra asháninka y la espiral violencia en la selva: la 
guerra continúa
2.2.5. El declive de la acción subversiva (octubre 1992-2000)
2.3. CONCLUSIONES

El conflicto armado entre grupos alzados en armas y fuerzas 
contrainsurgentes que de 1980 al 2000 tuvo como escenario el 
territorio nacional se desarrolló de manera muy diferente en los 
distintos espacios regionales que conforman el país.

Efectivamente, si bien esta historia de dos décadas de violencia fue 
protagonizada por organizaciones de decisión y mando altamente 
centralizadas —el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso 
(PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), por un 
lado, y las Fuerzas del Orden, por el otro—, la intensidad de la 
violencia tuvo expresiones regionales extremadamente diferenciadas, 
así también sus formas y la configuración de sus actores. Mientras en 
unos espacios su presencia fue puntual y esporádica; en otros, arrasó 
vidas, destruyó activos, transformó la vida cotidiana de sus 
pobladores e impuso largos períodos de horror, sufrimiento e 
incertidumbre. Además, entre las regiones de alta incidencia de 
acciones violentas, el desarrollo del conflicto fue también diferente 
en su cronología, en las estrategias desplegadas por los grupos 
alzados en armas y las fuerzas contrainsurgentes, en la forma, así 
como en las modalidades y espacios en que los pobladores se vieron 
involucrados, y, por último, en las razones para que ello sucediera. 
Cada una de estas historias regionales configuran la historia del 
conflicto en el Perú.

Esta diversidad de historias regionales golpeadas por la violencia se 
asocia tanto a las particularidades de los contextos regionales, es 
decir, a la situación de las regiones antes del inicio del conflicto, 
como al papel que les asignaron los grupos alzados en armas a lo 
largo de sus estrategias territoriales.

El presente acápite describe, desde una perspectiva espacial, el 
conflicto armado analizando la forma cómo se desarrolló en estas 
regiones donde la violencia fue intensa. Asimismo, analizamos los 
elementos comunes y las diferencias que existen entre una y otra. Las 
regiones que fueron objeto de estudios específicos por parte de la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), debido a la alta 
incidencia de acciones violentas en ellas, fueron las siguientes:

1. La región Sur-Central, compuesta por el departamento de Ayacucho, 
las provincias de Acobamba y Angaraes del departamento de 
Huancavelica y las provincias de Andahuaylas y Chincheros del 
departamento de Apurímac; ésta es la región donde se inició con una 
violencia hasta entonces desconocida el conflicto armado y donde 
cobró la mayor cantidad de víctimas

2. La región Nororiental, compuesta por los departamentos de Huanuco, 
San Martín, Ucayali (particularmente las provincias de Padre Abad y 
coronel Portillo) y Loreto; en esta región, el conflicto armado se 
prolongó por más tiempo, se cruzó con otras fuentes de violencia y 
constituyó una de las regiones con mayor número de víctimas.

3. La región Central, compuesta por los departamentos de Junín y 
Pasco, y las provincias de Huancavelica, Tayacaja, Huaytará, 
Churcampa y Castrovirreyna del departamento de Huancavelica. Ubicada 
entre Ayacucho y Lima, es una región estratégica para el 
abastecimiento y las comunicaciones de la capital, generadora y 
transmisora de energía para la red nacional y asentamiento de 
empresas mineras; funcionó también como refugio en la zona de selva.

4. Lima Metropolitana, sede del poder y centro de la economía, fue 
permanentemente asediada desde el inicio de la violencia 
concentrando, por su visibilidad nacional e internacional, la mayor 
cantidad de atentados; pero también fue el espacio de planificación 
nacional de la violencia y el foco de agitación y organización en sus 
asentamientos populares.

5. El Sur Andino, compuesto por los departamentos de Puno y Cuzco, y 
las provincias de Abancay, Grau y Cotabambas del departamento de 
Apurímac. 1

En este conjunto de regiones se produjo el 98% de las víctimas 
reportadas en los testimonios recogidos por la CVR, así como la mayor 
destrucción de infraestructura y las mayores pérdidas de capital 
social (organización, confianza, vínculos, solidaridad) de todo el 
país.

Sobre la base de las historias regionales construidas por la CVR en 
las regiones de alta incidencia de violencia, este capítulo 
desarrolla dos secciones. La primera busca analizar los rasgos 
comunes que presentan estas regiones en términos de la situación 
previa al desarrollo del conflicto, que explicarían el contexto en el 
cual las propuestas subversivas y sus estrategias, a diferencia de 
otros contextos regionales, tuvieron eco en la población. Se 
analizarán aquí los efectos de proyectos y políticas de modernización 
inacabadas que, al mismo tiempo que minaban las tradicionales 
relaciones y condiciones de vida de amplios sectores poblacionales, 
no terminaron de producir nuevas situaciones de integración y 
desarrollo. Los abismos entre la modernidad y el progreso, instalados 
en el discurso político y en las expectativas pero sólo 
fragmentariamente iniciados, y el atraso y la pobreza rebasaron los 
términos que los habían hecho soportables y habituales por largo 
tiempo. Son regiones donde un discurso de destrucción del Estado —del 
viejo estado— fue inicialmente asumido con entusiasmo por sectores 
importantes de la población.

La segunda sección revisa las grandes tendencias de despliegue 
territorial de la violencia a lo largo de los años de conflicto. Un 
análisis diacrónico y espacial permitirá comprender los diferentes 
momentos de concentración y despliegue territorial de los actores de 
la violencia. Los estudios regionales de la CVR permiten diferenciar 
dos momentos muy marcados en los cuales el conflicto se desarrolla en 
espacios regionales diferentes. Uno primero (subdividido en dos 
períodos), de 1980 hasta septiembre de 1986, se desarrolla en la 
sierra sur central, especialmente en los espacios rurales y con 
acciones de sabotaje sobre la red eléctrica que crean desconcierto en 
las ciudades; allí se registró, al año, el mayor número de muertos. 
Tras una etapa (1987-1988) en la que las acciones y sus efectos de 
muerte disminuyen, un segundo ciclo se desplegó con intensidad desde 
1989 hasta fines de 1992; su espacio principal fue la selva (la 
cuenca del Huallaga y la selva central principalmente) y las ciudades 
(Lima, Huamanga y Huancayo se convierten en territorios de guerra). 
Otras historias regionales empiezan también a desarrollarse en este 
período; es el momento en el que el PCP Sendero Luminoso intentó 
extender la lucha campesina por la tierra en Puno y que columnas 
subversivas buscaron desplegar estrategias de control en el norte del 
país. Tras la captura de Abimael Guzmán Reinoso en septiembre de 1992 
y la desarticulación del núcleo subversivo principal, la violencia 
tuvo prácticamente como único escenario la selva.

2.1. CONTEXTOS REGIONALES: LAS REGIONES DE LA VIOLENCIA AL INICIO DEL 
CONFLICTO

El PCP Sendero Luminoso y el MRTA tuvieron éxito en unas regiones y 
en otras no. Una parte del país, particularmente toda la región 
costera (con excepción de Lima) en la que se encuentran los 
departamentos más poblados del país después de la capital, constituyó 
el pequeño rubro de otros en el que sólo se contabilizan el 5% de las 
muertes en todo el período. Allí está también gran parte de la selva 
baja y de la selva norte (Amazonas, norte de Cajamarca y parte de 
Loreto) y sur (Madre de Dios); exactamente lo opuesto de los 
anteriores, los espacios menos poblados. La mayor parte de Ancash, 
Cajamarca y Arequipa, en la Sierra, pertenecieron también a la 
categoría de otros. A partir de los estudios regionales realizados 
por la CVR, se puede sostener que las regiones donde los grupos 
subversivos tuvieron éxito fueron aquéllas en las que lograron 
insertarse en situaciones de conflicto abierto y sin visos de 
solución, sea entre sectores de la población o entre los pobladores y 
el Estado. En estos estudios, se observa, además, que estos 
conflictos se asociaron a la forma particular cómo los procesos de 
modernización que vivió la sociedad peruana desde la década cincuenta 
—o más bien su realización parcial e inacabada, tanto en su versión 
rural (la Reforma Agraria) como en su versión urbana y de integración 
vial— afectaron las diferentes regiones del país. Las 
transformaciones vividas de forma diferente tuvieron también efectos 
en el surgimiento o deterioro de una sociedad civil organizada, lo 
que incidió a su vez en las formas y los niveles de violencia.

2.1.1. El procesos de modernización inacabados

Desde la década del cincuenta, diversos procesos desencadenados en la 
sociedad peruana llevaban a la liquidación del orden tradicional. En 
el campo, particularmente serrano, la masiva emigración rural, 
principalmente hacia la ciudad de Lima, y las movilizaciones 
campesinas contra el régimen latifundista transformaban la demografía 
y las estructuras de poder. Políticas de protección a la industria y 
de aliento a la inversión (banca de fomento industrial y 
agropecuaria, aranceles proteccionistas, etc.) venían transformando 
la economía nacional y particularmente la vida, la economía y el peso 
demográfico de Lima. Al mismo tiempo, grandes planes modernizadores 
fueron diseñados para un Perú moderno. Así, las grandes irrigaciones 
de la costa en los últimos cuarenta años han transformado el paisaje 
social, económico y demográfico de la región. La carretera marginal, 
que empezó a construirse en la década de sesenta, ha tenido efectos 
semejantes. En la Sierra, la promesa de la modernización no tuvo 
inversiones ni ejes viales ni gigantescas represas; allí, la 
modernización, o sus pedazos, se operaron a través de la Reforma 
Agraria y la ampliación de la cobertura educativa.

Todos estos programas tuvieron desiguales efectos y desiguales grados 
de concreción en las regiones, aunque alteraron, por cierto, la vida 
de la mayoría de las personas y sus expectativas. La violencia que se 
inició en 1980 encontró en los espacios de modernización inacabada, 
de expectativas altas pero no logradas, un lugar privilegiado para 
enraizarse y desarrollarse.

2.1.1.1. El nororiente: integración, carretera, colonización y 
narcotráfico

Quizá el caso paradigmático de los procesos de modernización 
incompletos, que afectaron la vida de las personas al desligarlas de 
sus entornos tradicionales y no terminar de integrarlas en un 
contexto nuevo de desarrollo y bienestar, sea el de la Región 
Nororiental. Este es un espacio de colonización, cuya población se 
multiplicó varias veces en medio siglo, pues recibió varias 
corrientes migratorias provenientes de la sierra pobre —central y 
norte—. Esto produjo, a su vez, que los servicios no pudieran 
abastecer a la nueva población.

El gigantesco esfuerzo por construir una carretera Marginal de la 
Selva en loa década del sesenta buscaba no sólo incorporar los 
recursos de la amazonía a la economía nacional, sino reducir la 
presión sobre la tierra en la sierra y en la costa, así como 
reorientar las migraciones que tendían a concentrarse excesivamente 
en la ciudad de Lima. Por ello, el complemento de la inversión vial 
fue una intensa promoción de la colonización facilitando la entrega 
de tierras para la ampliación de la frontera agrícola.

Pero eso fue todo. La creciente población colona, particularmente en 
la década del setenta, proveniente de provincia, con orígenes étnicos 
diversos y sin mayores recursos económicos propios, fue poblando 
territorios sin servicios públicos y sin comunicaciones internas que 
no fueran el eje central con el empeño de salir de la pobreza de 
donde provenían. Los pueblos fueron creándose como ampliación de 
campamentos y una sociedad desorganizada fue apareciendo, con una muy 
escasa presencia de instituciones públicas garantes de la seguridad y 
del orden. Dos historias paralelas se desarrollan desde este punto. 
Por un lado, la de la cuenca del Huallaga, donde la ausencia del 
Estado y de mercados para la producción agrícola fue sustituida por 
otra institución (con su economía, su cultura, sus normas): el 
narcotráfico. Por otro, la de las provincias de San Martín, más 
vinculadas por la vía de Jaén-Chiclayo a la costa donde —si bien se 
desarrolla una producción agrícola legal— esta ausencia se sustituye 
con una organización social y luchas regionales.

En ambos espacios, por represión al narcotráfico o por represión a 
los movimientos sociales, el conflicto con el Estado fue intenso, 
particularmente entre los años 1978 y 1982. Este conflicto es el 
contexto inmediato en el que logra ser escuchadas y se enraízan las 
propuestas de los grupos alzados en armas: el PCP Sendero Luminoso en 
la zona productora de coca, y el MRTA en San Martín, con la intención 
de acercarse a la zona cocalera.

2.1.1.2. Los asháninkas y colonos en la selva central

A diferencia de la región Nororiental, la selva central —más próxima 
a la capital— tuvo una mayor y más antigua articulación con la 
economía nacional y contó con una red urbana más consolidada, si bien 
desde la década del sesenta su población creció rápidamente por la 
llegada de colonos inmigrantes provenientes principalmente de la 
sierra central.

Es el territorio de una de las etnias amazónicas más importantes del 
país, la de los asháninkas, desde el gran Pajonal en el norte hasta 
la provincia de la Convención, Cuzco, por el sur. Además de 
asháninkas, existen comunidades de las etnias yanesha y 
notmasiguenga, en proporción bastante menor. La ocupación 
colonizadora de esta región, si bien antigua, se vio favorecida por 
la red vial en expansión y modificó sensiblemente su acceso a los 
recursos. Esto generó innumerables conflictos con los colonos por el 
acceso y la titularidad de las tierras.

A diferencia de otras sociedades amazónicas, las comunidades nativas 
de la selva central no se cuentan entre las más aisladas del país. 
Están vinculadas a la red urbana y comercial de la zona y se 
relacionan con los poblados de colonos (aunque en conflicto por 
linderos) y con el sistema educativo. Los misioneros católicos y 
evangélicos — el Instituto Lingüístico de Verano (ILV)— han estado 
presentes desde hace tiempo a través de escuelas, de acciones de 
educación bilingüe, de promotores de salud, etc. Muchas comunidades 
recibieron apoyo para construir escuelas o casas comunales, obtener 
ganado, radios de comunicación, piladoras, podadoras, motobombas de 
agua, herramientas, maquinaria de carpintería, motosierra, postas de 
salud equipadas, equipo dental e, incluso, en algún caso, un 
aeropuerto. Las comunidades también contaban con varios miembros 
capacitados como técnicos agropecuarios y promotores de salud.

A través de sectores que funcionaban como bisagra entre las 
comunidades nativas y la sociedad nacional —tales como los colonos 
provenientes de Ayacucho, profesores bilingües, promotores de salud y 
luego autoridades nativas— el PCP Sendero Luminoso va ingresando a 
esta sociedad a medio camino entre una organización muy tradicional 
cuya reproducción es difícil por la pérdida de recursos y 
territorios, así como la sociedad y la economía modernas en la que no 
terminan de integrarse. Un discurso de igualdad, de justicia, y sobre 
todo de bienestar, va calando entre los adultos mayores de los clanes 
familiares y termina enraizándose en la población y reorganizándola 
en función de la guerra.

La compleja relación entre el MRTA y la población nativa asháninka en 
la zona de Oxapampa, que terminó en un fuerte enfrentamiento abierto, 
resultó ser el único lugar de la selva central, quizá porque la 
colonización y la ocupación de tierras de las comunidades había sido 
más tardía, donde el conflicto asháninkas-colonos se mezcla con el 
conflicto armado.

2.1.1.3. La modernización andina: las ciudades y las universidades

A diferencia de la selva y la costa, la sierra no tuvo un gran 
proyecto de modernización. Sin ningún recurso atractivo para el 
capital extranjero o nacional ni un polo económico dinámico — mal 
integrado por una escasa y pésima infraestructura vial— hacia 
mediados del siglo XX, el departamento de Ayacucho mostraba signos 
visibles de depresión económica con uno de los PBI más bajos del país 
y altas tasas de emigración de sus diferentes provincias. Tradicional 
centro de residencia de los terratenientes de la región, la ciudad de 
Huamanga se había constituido con los siglos en sede indiscutible del 
poder regional. Pero en el entorno regional de pobreza y depresión, 
los terratenientes ya no eran tampoco significativos. Movimientos 
campesinos, procesos de compra de haciendas por sus feudatarios y, 
finalmente, la implementación de la Reforma Agraria sobre los restos 
del sistema tradicional de hacienda, les habían restado poder, 
influencia y peso determinante en la ciudad y la región.

Fue un proyecto educativo —la reapertura de la Universidad Nacional 
San Cristóbal de Huamanga en 1959— lo que renovó la ciudad y la 
conectó con el movimiento de renovación y progreso del país. Esta 
reapertura generó el arribo de contingentes de profesores y 
estudiantes foráneos y en los años siguientes se convirtió en el foco 
de desarrollo cultural, político y económico de la región; fue la 
difusora de ideas progresistas y estuvo distanciada de los sectores 
tradicionales en momentos en que el orden terrateniente y señorial 
estaba casi en extinción.

En su reapertura tras cerca de medio siglo, la UNSCH fue imaginada 
como una organización moderna en su estructura y su concepción 
académica. Sin las trabas administrativas de otras universidades, 
capacitaría técnicos, investigadores y maestros que solucionarían los 
problemas la región. Este plan moderno y de alta calidad sólo pudo 
sostenerse en el discurso debido a la rápida masificación de la 
Universidad. Al principio, la UNSCH tenía 228 alumnos. En 1980, al 
inicio del conflicto armado, el número de alumnos se había 
multiplicado por 30 (eran 6,095 estudiantes); el crecimiento 
deterioró los servicios y las remuneraciones, pero permitió el 
ingreso de jóvenes del interior, hijos de campesinos portadores de 
las expectativas de movilidad social de sus familias y sus pueblos.

La importancia de la educación como instrumento de progreso y 
movilidad social y de la Universidad como institución regional se 
manifestaron en el hecho de que las dos únicas movilizaciones 
relevantes de la región tuvieron que ver con ellas: la lucha contra 
el intento del gobierno en 1966 de recortarle el presupuesto —que da 
origen al Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho— y la lucha en 
Huamanga y Huanta, violentamente reprimida, contra un decreto dado 
por el gobierno militar en junio de 1969 que intentaba recortar la 
gratuidad de la enseñanza escolar.

La Universidad fue un centro que acogió, como en el resto de las 
Universidades del país, las ideas radicales de las décadas del 
sesenta y setenta. Sin el contrapeso de otras instituciones u otros 
focos de influencia cultural, ejerció casi un monopolio sobre la 
opinión pública y modeló el sentido común local. Su influencia, como 
casa de estudios moderna —cuando menos en el discurso—, llegó hasta 
la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo, donde 
profesores de Huamanga y luego altos dirigentes del PCP Sendero 
Luminoso son invitados en los años setenta a dar charlas a 
estudiantes y sindicatos.

Este es el espacio del surgimiento del Partido Comunista del Perú 
Sendero Luminoso y de su líder, Abimael Guzmán. Su encierro en la 
UNSCH, tras su ruptura con el PCP Bandera Roja se da en momentos en 
que precisamente la Universidad da uno de sus saltos de crecimiento 
pasando de casi 1,500 estudiantes en 1968 a 3,319 en 1971. La fuerte 
presencia del PCP-SL en la facultad de Educación de la UNSCH se 
amplía hacia los planteles de aplicación Guamán Poma de Ayala, lo que 
le permitió influir en el SUTE-Huamanga y copar las nuevas plazas de 
maestros, asociadas al paulatino crecimiento de la cobertura 
educativa en la región, particularmente en las áreas rurales.

Otras regiones de la Sierra, donde la violencia estuvo presente 
aunque no con la intensidad de Ayacucho, también vivieron en los años 
cincuenta y sesenta procesos de cierta urbanización, sin fuertes 
entornos de desarrollo económico, así como de modernización de sus 
universidades. La modernización del Cuzco fue igualmente urbana. Tras 
el terremoto de 1950, que prácticamente destruyó la ciudad, se creó 
la Corporación de Reconstrucción y Fomento (CRYF) que emprendió una 
intensa obra de reconstrucción y remodelación urbana. Con ello se dio 
inicio a la modernización de la ciudad que desembocó en su actual 
configuración de ciudad turística. La Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cuzco, como su similar de Huamanga, también vivió un 
proceso de modernización y crecimiento desde los años cincuenta. Al 
inicio de esa década, la UNSAAC contaba con cinco facultades y 988 
estudiantes; en 1978, ofrecía 22 carreras profesionales en las que 
estaban matriculados 8,492 estudiantes; en 1980, al inicio de la 
violencia, contaba con 14,000. Son también sectores rurales y urbanos 
pobres quienes logran acceso a la universidad durante este 
crecimiento, que se desarrolla al mismo ritmo del deterioro de los 
servicios. Asimismo, es semejante al fenómeno de Ayacucho también la 
difusión de ideas radicales.

Pero, a diferencia de Huamanga, la antigua capital Imperial era una 
sociedad más compleja y sí encontró un enlace con el dinamismo 
moderno por medio del turismo. Mientras en 1954 se registró la 
presencia de 6,903 turistas, llegaron a la ciudad 176,000 en 1975. 
Como consecuencia, la industria hotelera, la de restauración y la de 
artesanía se ampliaron a ese ritmo.

Cuzco también fue un caso de urbanización en pobreza y en un entorno 
regional deprimido. Sin embargo, si bien la queja de dirigentes y 
autoridades de fue que el turismo no beneficiaba la ciudad y sólo 
permitía grandes beneficios a empresas de Lima o del exterior, es 
probable que la presencia de una actividad dinámica, que movilizaba 
las ideas y los servicios en torno a una población foránea muy móvil, 
haya sido uno de los contrapesos culturales que influyeron en el 
hecho de que la ciudad, su universidad y sus jóvenes estudiantes 
—aunque radicalizados— no engrosaran masivamente las filas de la 
militancia subversiva ni colaboraran en desarrollar una guerra.

La modernización en Puno también fue urbana. La ciudad de Puno vivió 
un proceso acelerado de urbanización, al igual que Cuzco, asociado a 
desastres naturales. Entre 1950 y 1960, se produjo la combinación 
perversa de lluvias excesivas e inundaciones y períodos de completa 
sequía. En ese contexto de desastres, en diciembre de 1961, se creó 
la Corporación de Fomento y Promoción Social y Económica de Puno 
(CORPUNO), organismo con autonomía administrativa que hasta 1972 
organizó y planificó las inversiones de fomento en el departamento. 
Su acción, sin embargo, sólo se reflejó en la modernización urbana de 
la capital del departamento.

En este afán de modernización, también en Puno la creación de una 
universidad apareció como una pista de progreso. En 1961, abre sus 
puertas la Universidad Nacional Técnica del Altiplano, que en los 
años setenta se masificó y acogió las expectativas de movilidad 
social de sectores mestizos o hijos de campesinos.

Pero la ciudad de Puno, en realidad, no era ni el único ni el más 
dinámico espacio urbano del departamento. Bajo la influencia del 
ferrocarril y, desde 1963, de la instalación de la fábrica de cemento 
de Caracoto, la ciudad de Juliaca se convirtió en la expresión 
moderna de sectores provincianos vinculados al mundo campesino. Esto 
constituyó una burguesía comercial mestiza e indígena, que logró 
sustituir a la declinante clase terrateniente. Igualmente, las 
provincias del sur, cuya población predominante eran los pequeños 
campesinos aymara organizados por medio de una antigua red de 
ciudades menores hasta la frontera con Bolivia y con un mayor 
dinamismo comercial, fue reacia al discurso radical. En suma, la 
presencia de la subversión en Puno fue esporádica en las ciudades y 
se asentó básicamente en la zona rural de las antiguas grandes 
haciendas ganaderas.

El caso de la región Central, entre Ayacucho y Lima, estratégica para 
el abastecimiento de alimentos y de energía a la capital y su aparato 
industrial, era esencial pues estaba conformada por una red urbana 
(las ciudades de Huancayo, La Oroya, Cerro de Pasco, Tarma, Jauja), 
de una actividad minera (grandes empresas públicas, sindicatos y 
depósitos de explosivos) y un entorno rural altamente diferenciado: 
comunidades urbanizadas y vinculadas a los mercados en el valle del 
Mantaro; y, por otro lado, por zonas altas ganaderas y muy pobres 
—como en Pasco—, o en conflicto con empresas asociativas. Para ambas 
agrupaciones subversivas, el PCP Sendero Luminoso y el MRTA, 
controlar la región Central fue un objetivo estratégico. Mientras 
ambas fracasan en las zonas de comunidades de valle, exitosamente 
integradas al mercado, ambas se desarrollan en las zonas altas y en 
las ciudades, particularmente en Huancayo, cuya universidad, 
fuertemente radicalizada, fue incluso escenario de enfrentamientos 
entre estas dos agrupaciones subversivas.

Las ciudades mineras —La Oroya, Cerro de Pasco— fueron objeto de 
atentados frecuentes. En ambos casos, buscaron aprovechar los 
conflictos sindicales de mineros y metalúrgicos; pero, como sucedería 
en los diferentes intentos de captar organizaciones sindicales, 
fracasaron. Sin éxito en el movimiento gremial, el PCP Sendero 
Luminoso amedrentó y asesinó a dirigentes mineros importantes, los 
cuales, por otro lado, también fueron víctimas del Comando Rodrigo 
Franco. El espacio minero y gremial fue asediado, golpeado, pero no 
capturado políticamente. En contraste, en las universidades de la 
región, el discurso de confrontación tuvo éxito entre los jóvenes, 
muchos de origen rural. En Cerro de Pasco, donde la presencia del PCP 
Sendero Luminoso se registra desde los primeros años del conflicto 
armado, la Universidad Daniel Alcides Carrión (UNDAC) de Cerro de 
Pasco fue un espacio político excepcional para la difusión y 
discusión de los lineamientos del PCP-SL, así como el reclutamiento 
de futuros militantes. En La Universidad Nacional del Centro del 
Perú, en Huancayo, el centro del conflicto en la ciudad, la presencia 
tanto del PCP-SL como del MRTA es menos prolongada pero 
extremadamente violenta y duramente reprimida.

2.1.1.4. Lima Metropolitana: la urbanización, la industrialización y 
la marginalidad

Lima, la sede del poder político y económico del país, fue uno de los 
espacios de mayor violencia. Muchas de las acciones subversivas 
desarrolladas en la zona central de la capital —como el asesinato de 
altos funcionarios, oficiales del Ejército y empresarios, así como el 
estallido de coches-bomba, voladura de torres, ataques a centros 
comerciales y financieros— se asociaron a la alta visibilidad de la 
capital y a la enorme resonancia de cualquier actividad en ella; 
estas acciones de asedio y visibilidad fueron, sin embargo, acciones 
desde fuera, no se apoyaron en la propia población de los viejos 
barrios de Lima y su área de expansión de clase media y alta, menos 
aún buscaron captarla.

Pero Lima Metropolitana fue al mismo tiempo la sede de la principal 
instalación industrial del país y de su mayor población obrera. Fue 
también el destino de la gran emigración rural, la depositaria de las 
esperanzas y, luego, las frustraciones de millones de peruanos pobres 
que abandonaron sus comunidades de origen, así como la mayor 
concentración de miseria y precariedad económica. De este modo, 
además de ser un lugar de asedio externo por su visibilidad, Lima 
Metropolitana, en sus asentamientos populares periféricos, fue uno de 
los espacios de intensa agitación y proselitismo subversivo. Captar a 
una población obrera (el sujeto de la revolución) y miserable 
rodeando el centro del poder nacional fue un objetivo político y 
militarmente estratégico de los grupos alzados en armas.

La modernización de Lima Metropolitana fue simultáneamente un proceso 
de industrialización por sustitución de importaciones, alentado por 
políticas de protección, y un descomunal proceso de urbanización. Es 
ampliamente conocido que el proceso de urbanización desbordó la 
capacidad de asimilar la mano de obra en los sectores formales de la 
economía y fue incapaz de integrar el rápido crecimiento poblacional 
a la estructura urbana y de servicios preexistentes. Además de ello, 
es necesario recordar que en la década de los años 80 entró en crisis 
el modelo industrial de sustitución de importaciones. Esto generó 
secuelas importantes de desempleo y deterioro de la legitimidad 
sindical. Ese fue el contexto para el desarrollo de la violencia en 
la región.

Las organizaciones alzadas en armas desarrollaron una sistemática 
labor de penetración entre pobladores de asentamientos humanos 
populares con el objetivo de captar a los directivos (o directamente 
la dirección) de las organizaciones sindicales, barriales y de 
subsistencia. Estos asentamientos populares —organizados en torno a 
los tres grandes ejes de articulación de Lima, la Carretera Central, 
la Panamericana Norte y la Panamericana Sur— constituían, en la 
estrategia subversiva, el cinturón de hierro que ahogaría al centro 
político y económico nacional. Es necesario señalar, más allá de los 
contextos específicos de los diferentes conos de expansión de Lima 
popular, la importancia de la presencia de la izquierda legal, así 
como un hecho político que marcó la historia de estos asentamientos 
desde 1980: las elecciones municipales. Por primera vez, en 1980, se 
estableció que los gobiernos locales debían ser elegidos por voto 
universal. Desde entonces, particularmente desde 1984 con la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los municipios electos empezaron a 
recibir verdaderas atribuciones de gobierno local. En estas zonas 
urbanas, en proceso de construcción, con servicios insuficientes, el 
papel de las municipalidades y de la lucha política por llegar al 
gobierno local fue muy importante. En los distritos populares de 
Lima, la izquierda pasó de su tradicional espacio en el movimiento 
obrero y barrial a tener funciones de gobierno. En 1980 y 1983, 
prácticamente todos los distritos de los conos norte, sur y este 
tuvieron alcaldes de izquierda.

Tanto su estrategia de lucha contra las autoridades locales como de 
control del movimiento sindical y barrial llevaron a las 
organizaciones subversivas a un directo enfrentamiento con la 
izquierda, en la medida en que ésta se erigió como contrapeso a su 
influencia. Por su lado, la acción contrasubversiva, al intentar 
eliminar organizaciones y potenciales focos de demandas populares, 
también golpeó significativamente a la izquierda y a las 
organizaciones existentes.

El caso del cono este es representativo de la diversidad de 
conflictos que a inicios de los años ochenta se desarrollaban en los 
asentamientos populares de Lima Metropolitana. Fue una de las zonas 
de Lima de mayor presencia del PCP Sendero Luminoso. Allí se 
concentró un eje industrial (Ate-Vitarte), un centro de enorme 
actividad comercial como La Parada (El Agustino) y hasta una de las 
universidades con fuerte presencia del PCP Sendero Luminoso: la 
Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Fue 
fundada como una experiencia novedosa en Educación; luego clausurada 
por razones políticas en 1977 y reestablecida en 1980, pero 
masificada y lejos del programa renovador de su fundación y de los 
recursos que éste requería.

En esta zona obrera y comercial, la crisis del sector industrial se 
asoció a situaciones de gran conflictividad. Desde 1976 se realizaron 
movilizaciones, marchas y tomas de carreteras vinculadas a reclamos 
sindicales. Durante el Paro Nacional del 19 de julio de 1977 y los 
paros del 22 y 23 de mayo de 1978, éste —como los otros conos de 
Lima— se convirtió en un verdadero campo de batalla.

El sindicalismo y la legitimidad de la organización y la lucha 
sindical, sin embargo, se fueron deteriorando en los años siguientes 
ante la profundización de la crisis del sector industrial, la 
recesión del final del gobierno de Alan García Pérez y la 
imposibilidad de dar respuestas a la lucha social, la cual era 
problemática pero ordenada en cauces de negociación sindical.

Al igual que en otras zonas de la capital, el problema de la vivienda 
y la dotación de servicios de agua y desagüe requerían de la nueva 
gestión municipal. Durante la administración de Alfonso Barrantes 
Lingán, alcalde de Lima por Izquierda Unida (IU), se implementó el 
Programa Especial de Habilitación Urbana de la zona de Huaycán, con 
lo que se organizó la primera invasión y la constitución de la 
segunda (la primera fue la de Villa El Salvador) Comunidad Urbana 
Autogestionaria. De esta manera, la municipalidad buscaba intervenir 
frente al problema de la vivienda con una experiencia de organización 
urbana sustentada en la participación popular. Cuando en los años 
noventa se trató de replicar la experiencia en Raucana, formado por 
excedentes poblacionales de otras zonas extremadamente pobres, la 
relación del gobierno local con la población ya no era la misma. 
Mientras Huaycán se convirtió en un espacio de lucha entre el PCP-SL 
y la organización vecinal; en Raucana, se constituyó el primer Comité 
Popular abierto del PCP-SL en un ámbito urbano. Así pues, el cono 
este de Lima —tanto entre sus sectores sindicalizados como en sus 
organizaciones urbanas y estudiantiles— fue uno de los mayores focos 
de agitación y acción del PCP Sendero Luminoso.

El cono norte, donde además se desarrolló una presencia importante 
del MRTA, fue otra de las grandes zonas de expansión popular de Lima. 
Allí se desarrolló una de las primeras acciones subversivas: el 
incendio de la municipalidad de San Martín de Porres en 1980. Con 
menos presencia obrera y sindical, la organización subversiva en la 
zona fue más débil y tuvo un carácter más de subsistencia: acciones 
de asalto a almacenes de alimentos o camiones de reparto y su 
distribución entre la población figura entre las acciones de ambas 
organizaciones subversivas de mayor aceptación. Al igual que lo que 
sucedió en San Juan de Lurigancho (ubicado en la organización del 
PCP-SL dentro del Comité Zonal Norte) y, en cierto modo, en Huaycán y 
Raucana en el este, la acción subversiva fue más intensa en los 
asentamientos nuevos, los cuales correspondían a los sectores de 
población más pobre y con menos servicios de los distritos.

San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado y de crecimiento más 
rápido de la capital, tuvo la particularidad de ser el principal 
receptor de la población desplazada por el conflicto armado en la 
sierra sur-central. Los asentamientos que mostraban este origen eran 
aquello que estaban en las zonas alta e intermedia y que eran los 
menos consolidados como estructura urbana —como Huanta 1, Huanta 2, 
Cangallo, Fajardo—. La mayoría de ellos se formaron durante la 
gestión del alcalde de origen huantino Óscar Vargas. En el distrito, 
se ubicó también el penal de Canto Grande, dos veces asaltado por los 
subversivos. Se debió probablemente a todo esto y a la efectiva 
presencia del PCP Sendero Luminoso que el distrito mostró la 
particularidad de haber sido objeto de sistemáticos rastrillajes por 
parte de las fuerzas del orden, lo que desencadenó una secuela de 
descontento y conflictividad. También el Comando Paramilitar Rodrigo 
Franco estuvo presente en este distrito, donde fueron asesinados 
Manuel Febres Flores, abogado de los presos acusados de terroristas, 
y Saúl Cantoral Huamaní, secretario general de la Federación Nacional 
de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos.

La Lima producto de la modernización de los años sesenta y setenta, 
conformada por sus inmigrantes, con ciudades marginales y con una 
economía evidentemente marginal fue un escenario del conflicto armado 
menos visible que los atentados al centro de la capital; pero que 
involucró la vida cotidiana de millones de personas y aportó cifras 
considerables a la dramática estadística de muertos por el conflicto 
armado interno.

2.1.2. Las sociedades rurales de alta conflictividad

El conflicto armado tuvo en los ámbitos rurales un escenario 
privilegiado. Los grupos alzados en armas buscaron controlar el campo 
y tener bases de apoyo en los poblados campesinos tanto por razones 
de estrategia militar como política. El PCP Sendero Luminoso, 
inspirado en la tradición maoísta, inició una guerra del campo a la 
ciudad. Los grandes espacios de escaso poblamiento y débil presencia 
policial ocultaban sus desplazamientos. Controlarlos requería de 
bases de apoyo; por ello, conquistar políticamente la población 
campesina fue uno de sus objetivos principales. Con bases de apoyo 
rurales, el PCP Sendero Luminoso se desplazaba, en los términos de 
Abimael Guzmán Reinoso, «como el pez en el agua».

Pero no todo el ámbito rural fue receptivo a la prédica y a las 
acciones de los grupos alzados en armas. Las sociedades rurales con 
campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria (los valles de la 
costa peruana, la zona norte de Cajamarca, el Valle Sagrado en Cuzco) 
o espacios comunales con recursos y alta integración al mercado (el 
valle del Mantaro, por ejemplo) tendieron a mantenerse al margen de 
la violencia.

Las historias regionales construidas por la CVR muestran que el éxito 
en la inserción rural de la principal fuerza subversiva, el PCP 
Sendero Luminoso, se produjo en los espacios rurales de población 
campesina muy pobre —mal vinculada al mercado— donde la Reforma 
Agraria no había tenido prácticamente nada qué redistribuir y no 
había implicado un cambio significativo debido a la pobreza de sus 
recursos; o donde la estrategia empresarial de la Reforma había 
reproducido la marginación de las comunidades campesinas y creado 
nuevos ámbitos de conflicto irresuelto.

2.1.2.1. Las comunidades contra las empresas asociativas: región 
Central, sur andino y sierra norte

El período de violencia en los espacios rurales estuvo plagado de 
actos de destrucción de centros de desarrollo tecnológico en la 
sierra. La granja Allpachaca de la Universidad Nacional San Cristóbal 
de Huamanga, centro de mejoramiento ganadero altoandino, fue 
destruida íntegramente por el PCP Sendero Luminoso, incluyendo el 
degollamiento del ganado mejorado. Años después, las instalaciones 
del IER Huaqrani de la Prelatura de Ayaviri, centro de investigación 
y capacitación tecnológica, tuvieron igual suerte. La estación 
experimental de LLachoc, del Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria, cerca de la ciudad de Huancavelica, fue asaltada por el 
PCP Sendero Luminoso en 1987; fueron asesinados nueve trabajadores y 
sacrificadas 400 alpacas. Pero este tipo de instalaciones no eran 
numerosas. Las que sí aparecieron ampliamente como objetivos de 
destrucción fueron las instalaciones y la ganadería fina de las 
empresas asociativas creadas por la Reforma Agraria, particularmente 
las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS). Aquello que 
resultó sorprendente fue que las acciones para destruir las SAIS 
contaron con un amplio consenso y, en muchos casos, con la 
participación activa de las comunidades campesinas de la zona. La 
sierra central, el departamento de Puno, la sierra de La Libertad y 
el sur de Cajamarca habían sido escenarios de un importante 
desarrollo ganadero empresarial desde comienzos del siglo XX. Las 
relaciones entre las haciendas ganaderas —islas de desarrollo 
tecnológico, de mejoramiento de ganados y pastos, con relativamente 
pocos trabajadores— y las comunidades campesinas de sus entornos —con 
pastizales sobre poblados y depredados— fueron conflictivas por mucho 
tiempo. Desde un principio, las comunidades demandaron siempre sus 
derechos de propiedad sobre los pastizales de las haciendas. La 
Reforma Agraria, implementada desde 1969, reconoció esta antigua 
reivindicación de las comunidades; pero no fragmentó las grandes 
empresas ganaderas ni devolvió las tierras que las comunidades 
reclamaban. Por el contrario, unificó varias haciendas en gigantescas 
empresas. Así fue como surgieron las SAIS, cuyos beneficiarios 
directos fueron sus trabajadores y colonos con gran cantidad de 
tierras, como una forma empresarial que incorporaba las comunidades 
como socias sin capacidad de decisión, pero con derecho a recibir 
parte de las utilidades.

El poder económico en manos de las empresas profundizó la división 
social en las zonas donde se desarrollaron y, en el contexto de la 
crisis económica de la segunda mitad de los años setenta, del 
desmontaje de los sistemas de control y movilización creados y 
mantenidos durante el gobierno del general Velasco empezaron a 
generar situaciones de corrupción y crisis financiera. Los socios de 
las Cooperativas Agrarias de Producción de la costa y de los valles 
interandinos, en los años siguientes a 1980, optaron por liquidar las 
empresas y repartirse la tierra en parcelas individuales. Los 
derechos de propiedad en las SAIS, sin embargo, eran más complejos: 
los beneficiarios directos, si bien cuestionaban a sus dirigentes 
corruptos o ineficientes, no podían ni deseaban eliminar las empresas 
por el asedio de las comunidades. Éstas demandaban sus antiguas 
tierras, pues ni siquiera recibían utilidades. La situación de 
conflicto sin solución estaba planteada.

En Santiago de Chuco, Huamanchuco, Cajabamba y San Marcos, en el 
norte, el avance de la Reforma Agraria había sido lento y 
conflictivo. Sin embargo, después de un período entre 1972 y 1978 en 
que las empresas habían funcionado relativamente bien, aunque 
repartiendo pocas (o ninguna) utilidades a las comunidades campesinas 
socias, prácticamente todas entraron en crisis financiera y 
organizativa. Los dirigentes y funcionarios de las empresas eran 
acusados de corruptos y de enriquecerse a costa del trabajo de los 
socios, a quienes mantenían impagos durante meses, mientras los 
préstamos obtenidos no eran invertidos y endeudaban al colectivo. En 
el contexto de descontento de los beneficiarios y de las comunidades, 
la propuesta del PCP Sendero Luminoso de destruir las SAIS, asesinar 
dirigentes y repartir el ganado y los bienes tuvo amplia aceptación

En las zonas altas de Junín, la situación de conflicto es semejante. 
En la zona de Canipaco (Chongos Alto, Chicche, Yanacancha) se 
encontraban los complejos ganaderos de las SAIS más grandes y más 
tecnificadas del país. Las diferentes unidades de producción de lo 
que se constituyó como la SAIS Cahuide habían modernizado la 
actividad ganadera con la introducción de pastos mejorados y 
aclimatado nuevas razas de ovinos y vacunos, además del cruce de 
camélidos. Con ello, se incrementó la producción de leche y sus 
derivados, así como de carne y lana de alta calidad. La prosperidad 
de las empresas, sin embargo, había dejado de traducirse en el 
bienestar de sus beneficiarios y comunidades socias. Hacia 1987, 
cuando el PCP Sendero Luminoso empezó sus actividades en la zona, el 
descontento era grande y la cúpula de dirigentes había sido acusada 
de corrupta y de vender tierras a precios irrisorios. En este 
contexto de poca legitimidad de la dirigencia de las SAIS y de 
cuestionamiento al manejo de las tierras, las comunidades socias 
levantaron nuevamente el conflicto por linderos descontentos por la 
solución de la Reforma Agraria a su reivindicación de tierras. Con un 
discurso de orden y justicia y el ajusticiamiento de dirigentes 
corruptos y otros antisociales, el PCP-SL ganó adeptos rápidamente.

Fue semejante la situación en la cuenca del Cunas, también en Junín, 
frente a las unidades de producción de las SAIS Cahuide, Heroínas 
Toledo y Túpac Amaru, aunque las acciones subversivas fueron en esta 
zona incluso más violentas. Las SAIS fueron objeto del sistemático 
ataque por parte de militantes del PCP-SL. Muchos dirigentes y 
técnicos fueron asesinados, los locales incendiados y el ganado, a 
diferencia de lo que sucedía en el norte, no fue repartido sino 
sacrificado.

En el norte del departamento de Puno, particularmente en las 
provincias de Azángaro y Melgar, el conflicto armado interno se 
desarrolló alrededor del mismo problema sobre el control de tierras 
en las áreas ganaderas; pero en un contexto diferente: el de las 
movilizaciones campesinas por su reestructuración. Allí, sin embargo, 
el escenario social era más complejo; una organización campesina como 
la Federación Departamental de Campesinos de Puno, los partidos de la 
izquierda legal y las organizaciones de apoyo al campesinado de la 
Iglesia Católica fueron otros tantos actores locales con los que se 
enfrentaron las fuerzas subversivas, además de la acción de la 
Policía y las Fuerzas Armadas.

En diciembre de 1985, se produjo una primera toma de tierras cuando 
cerca de 4,000 campesinos recuperaron 10,000 hectáreas de una empresa 
de propiedad social en Melgar. El recientemente electo presidente 
Alan García Pérez, en febrero de 1986, emitió dos decretos supremos 
para la reestructuración y el redimensionamiento de las empresas 
asociativas de Puno.

Una comisión nombrada en Lima debía negociar el proceso con los 
directivos de las empresas. Un año más tarde, ante la ineficiencia de 
la comisión, la Federación Departamental de Campesinos de Puno 
convocó a sus bases de todo el departamento a recuperar las tierras; 
172 comunidades recuperaron 360,000 hectáreas. El PCP Sendero 
Luminoso, que había intentado desde 1980 asentarse en las comunidades 
campesinas del sur del departamento, en la zona aymara, con muy poco 
éxito, encontró en este conflicto entre el gobierno y los directivos 
de las empresas, por un lado, y las comunidades campesinas, por otro, 
un nuevo espacio fácil de conquistar. Bajo la consigna «la tierra se 
defiende con armas», inició una serie de atentados y arrasamientos 
contra las empresas asociativas —en algunos casos, con la 
participación de campesinos repartiendo el ganado entre los 
comuneros— e invitó a dirigentes de la Federación Campesina, 
vinculados a la izquierda, a integrarse a sus filas. Si bien no tuvo 
éxito en este intento de captar a las organizaciones campesinas, la 
situación de conflicto, la represión de las fuerzas del orden de la 
movilización campesina y de la propia izquierda enfrentada al PCP-SL 
crearon un ambiente en el que la subversión logró conquistar bases de 
apoyo. En 1989, el departamento se convirtió en otro de los 
escenarios de violencia, aunque de menor intensidad que en la sierra 
central.

Un caso particular de conflicto en torno a la Reforma Agraria fue el 
de Andahuaylas en el departamento de Apurímac. Allí la cuestión de 
tierras estaba resuelta desde 1980, al inicio del conflicto armado 
interno. Sin embargo, la solución —la tierra de las antiguas 
haciendas en manos de los campesinos— había sido fruto de un fuerte 
conflicto entre las comunidades y el Estado. Por razones 
burocráticas, de pequeñas influencias y poca resonancia política, el 
proceso de la Reforma Agraria había sido extremadamente lento. Aún en 
1974, luego de cinco años de promulgada la ley de la Reforma Agraria 
y en un entorno de creciente descontento, los hacendados seguían en 
posesión de las tierras. En 1974, la Federación Provincial de 
Campesinos de Andahuaylas llamó a sus bases a aplicar directamente la 
Reforma, tomando las tierras y sacando a los hacendados. El resultado 
fue que 68 de las 118 haciendas de la provincia fueron 
simultáneamente tomadas por miles de campesinos. El intento de 
reprimir la movilización fracasó y se abrió un largo y conflictivo 
proceso en el cual las autoridades responsables de realizar la 
Reforma Agraria intentaban aplicar compulsivamente el modelo 
asociativo, en tanto que los campesinos presionaban por una 
alternativa entre parcelaria y comunal. En 1978 —tras nuevas 
movilizaciones, conflictos y dirigentes encarcelados—, se entregaron 
las tierras. Esta situación propició que los dirigentes de la 
Federación y de las tomas de tierras, como Julio César Mezzich y Lino 
Quintanilla, con el respaldo de una lucha exitosa, se radicalizaran e 
ingresaran al PCP Sendero Luminoso a inicios de 1980 y fueran los 
impulsores de su desarrollo en la zona.

2.1.2.2. La extrema pobreza rural. Privatización del poder y 
conflictos internos al mundo comunal

Pero el sector de la sociedad rural más importante en el conflicto 
armado —donde el PCP Sendero Luminoso inició su expansión, conquistó 
conciencias y adhesiones, controló amplios espacios, logró 
importantes bases de apoyo y creó numerosos Comités Populares, llevó 
adelante de manera más completa su estrategia de nuevo poder y donde 
se cometieron los casos más cruentos de ataque a poblaciones civiles, 
tanto por parte de Sendero Luminoso como de las Fuerzas Armadas— fue 
el de los márgenes sociales del país. Estos sectores eran 
considerados irrelevantes para la economía nacional y los planes de 
desarrollo, donde el Estado no estuvo presente garantizando el acceso 
a la infraestructura y a los servicios públicos básicos. Asimismo, 
tampoco cumplieron el papel de salvaguarda de la tranquilidad, la 
seguridad y la propiedad de las personas que estuvo siempre delegado 
en grupos locales. Estos eran, además, contextos rurales muy pobres 
con mayorías de población quechua hablante y analfabeta, por lo cual 
nunca habían estado integrados a través del voto en los procesos 
electorales. Eran zonas mal comunicadas con los mercados, inmersas en 
sus propios conflictos, desestabilizadas por antiguos conflictos de 
linderos o por el acceso diferenciado a tierras y sometidas a 
situaciones de abuso de poder o del ejercicio ilegítimo del poder.

Fue el espacio de lo que se llamó, despectivamente, la mancha india: 
la sierra sur-central (Ayacucho, Apurímac, Huancavelica) y las 
provincias altas del Cuzco. La sierra rural de Pasco y algunas zonas 
de Junín como la cuenca del Tulumayo compartieron estas 
características y la violencia que se desarrolló durante el conflicto 
armado.

En estos espacios de pobreza rural, si bien la población campesina 
estaba organizada en comunidades (con numerosos problemas internos), 
las únicas expectativas de progreso fueron individuales: la 
emigración y el acceso a la educación. Los maestros o los hijos que 
estudiaban en las capitales provinciales, respaldados por el 
prestigio que esto conlleva, fueron prácticamente el único vínculo 
con el progreso. Si bien cada localidad vivió una historia propia, 
los maestros de las escuelas y la visita de jóvenes universitarios 
fueron el inicio de la presencia del PCP Sendero Luminoso en las 
localidades. Con mayor o menor intensidad, esta presencia fue 
legitimándose a partir de un discurso político de igualdad y ruptura 
de la marginación y de la puesta en práctica de un orden 
extremadamente autoritario que eliminó, rápidamente, para 
satisfacción de la población, las conductas antisociales, los robos y 
el abigeato. En estas sociedades con una gran violencia interna y 
envidia por el acceso diferenciado a los recursos, el asesinato y el 
reparto de los bienes y ganado de los ricos (comuneros con mayores 
recursos y normalmente con más poder) y de los medianos hacendados 
que todavía existían contribuyeron a la adhesión de muchos campesinos 
a una propuesta política que era simple. Proponía una sociedad 
igualitaria, en la cual debía imperar una justicia vertical firme y 
debía estar conducida por personas letradas.

Pero estas sociedades no habían estado ausentes de los procesos de 
cambio del país desde mediados del siglo XX. En Ayacucho, 
particularmente en las zonas del río Pampas (provincias de Víctor 
Fajardo, Cangallo, Huancasancos y Vilcashuamán) y en las provincias 
del norte (Huanta, Huamanga, La Mar), un régimen de haciendas había 
sido el predominante hasta mediados del siglo XX, tanto en la 
organización del acceso y distribución de recursos como en el montaje 
de una estructura de poder, autoridad y justicia. En la mayoría de 
casos, sin embargo, estas haciendas, muy poco rentables en una 
economía que se modernizaba, estaban en decadencia. En los años 
sesenta, en el contexto de mayor movilidad y migración temporal de 
los campesinos, muchas haciendas fueron compradas por las comunidades 
del entorno o por sus feudatarios constituidos luego de la compra en 
nuevas comunidades. En Vilcashuamán, muchas comunidades tienen este 
origen. En Víctor Fajardo, la única hacienda que existía al momento 
de la Reforma Agraria estaba desde hacía tiempo en manos de los 
campesinos. Así, desde mediados del siglo XX, se había producido un 
proceso de ampliación de los recursos de las familias comuneras por 
adquisición de pedazos de haciendas en decadencia. Esta ampliación, 
sin embargo, había sido conflictiva entre las comunidades y desigual 
en su interior, dependiendo del mayor o menor acceso a recursos 
monetarios y a diversas relaciones de cercanía con el antiguo 
hacendado. El viejo poder del hacendado, con su consiguiente control 
de los cargos de autoridad y de justicia, fue precariamente 
sustituido por estos nuevos campesinos acomodados.

Como antes con los hacendados, cuyo poder personal no fue sustituido 
por un aparato burocrático moderno, salvo en el corto período entre 
1970 y 1975 en que el Estado construyó el Sistema Nacional de 
Movilización Social (SINAMOS) —una red de funcionarios que llega a 
todos los pueblos del país—, el poder estatal estaba en manos de 
agentes locales, muchas veces utilizado para sus propios fines.

Sobre los conflictos de esta nueva desigualdad (probablemente 
irrelevante para un observador externo para el que una persona rica 
se ubicaría tanto como una pobre en el quintil inferior de la 
distribución de ingresos) en el acceso a los recursos y en su 
vinculación con mecanismos locales de poder, se insertó y se enraizó 
la prédica y la práctica del PCP Sendero Luminoso. La débil presencia 
del Estado representada en los dispersos puestos policiales — 
insuficientes para combatir los robos y el abigeato— y los cargos de 
autoridad —jueces de paz, tenientes gobernadores— fueron rápidamente 
eliminados por la subversión con hostigamiento, amenazas y 
asesinatos. En el vacío de poder fácilmente generado, se instauró el 
nuevo poder.

En muchos lugares se repitió este esquema: en Pasco, desde los 
primeros años; en el Tulumayo, más tarde; en las provincias altas de 
Cuzco y Apurímac, igualmente. Así pues, el circuito educativo como 
promoción y diferenciación social, el abuso de poder local y el 
abigeato como legitimación abrieron estos espacios a la subversión en 
la segunda mitad de la década del ochenta.

Diversas situaciones de conflicto y descontento fueron la puerta de 
entrada del PCP Sendero Luminoso. Casos de antiguos conflictos entre 
anexos y capitales de distrito, que monopolizaban el poder local y 
eran sedes de pobladores con más recursos, suscitaron ataques y 
asesinatos (juicios populares) que tuvieron la adhesión de los más 
pobres (los anexos). Algunos casos resaltan como contraste. En la 
zona del río Pampas, Huancasancos era el área de pastos naturales más 
ricos y desarrollo ganadero más importante y tenía una conexión con 
los mercados de la costa. La poca aceptación de los comuneros del 
discurso y la práctica del nuevo poder llevó a un conflicto más bien 
generacional de enorme violencia: el de jóvenes con mayor educación, 
pero aún sin acceso a recursos, radicalizados por la prédica del 
PCP-SL, contra los adultos (sus padres) reaccionarios.

Cuando este mundo de igualdad y justicia se convirtió en un 
territorio de guerra y se produjeron contradicciones por el nuevo 
poder (que serán analizadas más adelante), estas zonas rojas, sedes 
de bases de apoyo y Comités Populares, paulatinamente, conforme la 
estrategia contrasubversiva, pasaron de la represión generalizada a 
la búsqueda del apoyo de la población local; así se fueron 
constituyendo los Comités de Autodefensa que terminaron por eliminar, 
en alianza con las fuerzas del orden, la presencia del PCP Sendero 
Luminoso en el campo andino y lo obligaron a desplazarse hacia las 
ciudades y hacia la selva.

2.2. LOS PERÍODOS DE LA VIOLENCIA EN LAS REGIONES

La información recogida por la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación revela que los espacios que se van involucrando en el 
conflicto, así como las estrategias, cambian a lo largo de los veinte 
años de violencia. El presente acápite analiza la expresión 
territorial del conflicto en los cinco períodos identificados como 
etapas del proceso nacional de violencia.

2.2.1. Las acciones iniciales (1980-1982)

El 18 de mayo de 1980, día de las elecciones nacionales, el PCP 
Sendero Luminoso inició oficialmente su lucha armada atacando el 
registro electoral del poblado de Chuschi en Cangallo. Unas semanas 
antes, con banderas y trajes que evocaban el Ejército rojo chino, los 
militantes del PCP Sendero Luminoso habían anunciado, en la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que salían al campo a 
iniciar una guerra que destruiría al Estado y crearía una nueva 
sociedad.

Entre 1980 y 1982, el PCP Sendero Luminoso desarrolló una sistemática 
acción de penetración en las áreas rurales de las provincias de 
Cangallo y Víctor Fajardo en la zona central de Ayacucho (la cuenca 
del río Pampas), y en Huanta, la Mar y Huamanga en el norte del 
departamento. Está ampliamente presente en las provincias de Cerro de 
Pasco y Daniel A. Carrión en Pasco; también en Huancavelica, 
Angaraes, Acobamba y Tayacaja. Se registra su presencia en el 
corredor formado por las provincias de Santiago de Chuco y Huamachuco 
en La Libertad y Cajabamba, y en San Marcos, Cajamarca. En todas 
estas zonas, sea a partir de la acción militante de maestros rurales 
sea por la prédica de jóvenes universitarios que las visitaban, se 
inicia un trabajo de concientización de la población rural. En él, se 
enfatiza el anuncio de una nueva sociedad justa y sin exclusiones, la 
prédica contra el viejo estado que debe ser destruido y contra los 
terratenientes y gamonales, personificados, según el caso, en 
empresas asociativas o, a falta de otro sector, en los campesinos más 
acomodados. En todas estas zonas se construyen primero bases de apoyo 
a la columna del PCP-SL principal que se moviliza por una zona amplia 
y, luego, Comités Populares, núcleos de un nuevo estado.

En la sierra norte, en Santiago de Chuco, las acciones se inician en 
Angasmarca, con la presencia de un líder nacional del PCP-SL, Osmán 
Morote. En su primera incursión en 1981, Sendero Luminoso, además de 
destruir las instalaciones de la SAIS Angasmarca, saqueó, repartió 
los bienes y asesinó a un policía En esta misma zona, posteriormente, 
será emboscado un convoy del Ejército causando la muerte de cuatro 
soldados. Desde Angasmarca, el PCP Sendero Luminoso irradió su 
accionar a todo Santiago de Chuco y logró asentarse en todas las 
zonas ganaderas. En ellas, la estrategia de destruir las cooperativas 
y SAIS fue produciendo el apoyo de la población y también el 
asesinato de directivos.

En las ciudades de Huamanga, Huancayo, Huancavelica, Cero de Pasco y 
Lima, se iniciaron las acciones de alta visibilidad, atentados 
diversos —como ataques a locales municipales y otros establecimientos 
públicos, estallido de petardos de dinamita, etc.— anunció la 
presencia del PCP Sendero Luminoso y rebotaron rápidamente en la 
prensa. Semejante efecto tuvieron los atentados reiterados contra 
torres de transmisión de energía eléctrica que dejaron a oscuras las 
ciudades alimentadas por la central hidroeléctrica del Mantaro. En 
los barrios populares de Lima, los apagones provocados se combinaron 
con la silenciosa aparición de enormes fogatas con el símbolo de la 
hoz y el martillo en las faldas de los cerros.

Ataques y Atentados con Explosivo por Departamentos. May 1980 / Dic 
1982

Menos visibles, pero estratégicos para la preparación de una guerra, 
serán los ataques reiterados a asientos mineros para proveerse de 
explosivos y a puestos policiales con la doble finalidad de proveerse 
de armas y dejar el campo sin presencia policial. Esta acción de 
propaganda y preparación sólo empezó a cobrar vidas al final de 1980. 
En diciembre de 1980, fueron asesinadas tres personas en un asalto 
masivo, conducido por el PCP Sendero Luminoso, contra la hacienda 
Ayzarca, pequeña hacienda de 48 hectáreas, prácticamente la única de 
la provincia de Vilcas Huamán. La primera víctima en la ciudad de 
Humanga —un pequeño comerciante— se registra en septiembre de 1981. 
La estadística de muerte dará, finalmente, un salto en 1982.

Diversos acontecimientos masivos, organizados por esta agrupación, se 
registraron en este período, los cuales evidenciaron, al mismo tiempo 
que la temprana aceptación de su discurso, su facilidad de 
movimiento. Quizá el más notable es el multitudinario entierro de 
Edith Lagos en la ciudad de Huamanga en septiembre de 1982; ella 
había huido durante el asalto al penal de Huamanga en marzo y había 
muerto en un enfrentamiento con la policía en Andahuaylas. La masiva 
asistencia de huamanguinos al desfile del féretro por la ciudad y la 
misa en la catedral fueron muestra de la pérdida creciente de 
legitimidad del Estado y las fuerzas del orden. En este período, las 
victorias morales en la ciudad estuvieron del lado del PCP Sendero 
Luminoso.

La presencia inicial de esta agrupación en las comunidades rurales 
durante el año 1980 no tuvo inicialmente problemas. Los profesores 
que organizaron reuniones de adoctrinamiento y visitas de jóvenes, 
algunos de ellos hijos de la comunidad o de la zona que estudiaban en 
la universidad, con un discurso radical y gran influencia entre los 
estudiantes secundarios, fustigaron al Estado y a las autoridades 
abusivas. Los testimonios describen a estos miembros del PCP-SL 
iniciales como personas cordiales y dispuestas a escuchar los 
problemas locales (acaso relevando el contraste con el mal trato que 
siempre han sufrido de parte de agentes urbanos y policías). En 
Pasco, se habla de una relación de respeto y consideración hacia las 
opiniones, incluso de las autoridades locales.

Poco a poco, durante 1981, empezó la presión por la renuncia de las 
autoridades locales (jueces de paz, tenientes gobernadores, 
presidentes de comunidad), quienes deben dejar pasar al nuevo poder, 
más joven y sin vínculos con el viejo estado. Para ese momento, aún 
no había muertes, pero las adhesiones y el entusiasmo eran 
crecientes. La violencia se expresaba en el hostigamiento a puestos 
policiales que poco a poco se fueron retirando. En las provincias del 
norte de Ayacucho, fueron atacados los puestos de Luricocha, Quinua y 
Tambo; en las del centro, los de Vischongos, Mollebamba y Totos. Se 
evidenció que, tras los ataques a puestos policiales, la fuerza 
principal tenía bases de apoyo adonde replegarse. En octubre de 1981, 
se decretó por primera vez el estado de emergencia en cinco de las 
siete provincias de Ayacucho y se encargó a los sinchis la lucha 
contrasubversiva.

Hasta ese momento, la respuesta policial había sido de retiro del 
campo y de represión en las ciudades. En ellas, muchas de las 
detenciones fueron vistas como arbitrarias y abusivas. La policía no 
buscaba legitimar su acción ante la población y más bien generaba 
descontento. Acusaciones de robo y abuso contra la población con la 
excusa de buscar a los subversivos colaboraron al desprestigio de las 
fuerzas policiales. En 1981, el alcalde de Huamanga llegó a solicitar 
que se decrete la ley seca para los policías ante los diversos 
escándalos por embriaguez. Mientras el desprestigio crecía, las 
columnas del PCP Sendero Luminoso, con apariciones fugaces en las que 
derribaron torres y dinamitaron locales de autoridades poco 
respetadas, ganaron una imagen de limpieza, orden y cierto heroísmo 
romántico. El ataque a la cárcel de Huamanga en marzo de 1982, donde 
el PCP-SL logró la liberación de más 200 detenidos (entre sus 
militantes y los presos comunes), lo revistió de un heroísmo 
romántico; en tanto que la venganza de la Guardia Republicana, al 
asesinar a sangre fría a tres subversivos que se hallaban en el 
hospital, colaboraron al desprestigio de las fuerzas del orden.

Pero a fines de 1981 y sobre todo en 1982, la situación en el campo 
empezó a cambiar. El PCP-Sendero Luminoso incrementó su presión sobre 
la población y se iniciaron los asesinatos de las autoridades locales 
que se mantuvieron en sus cargos. Las opiniones discrepantes, tanto 
como las conductas antisociales, empezaron igualmente a ser 
sancionadas con la muerte. Los comuneros con mayores recursos son 
también objeto de violencia y muerte.

En las provincias del centro de Ayacucho, en marzo de 1982, fueron 
asesinados el teniente alcalde de Lucanamarca y el subprefecto de 
Vilcashuamán. Entre junio y noviembre, fueron asesinados el 
gobernados de Concepción, Vilcas, las autoridades y un comerciante de 
Huaylla, un grupo de mineros en canarias (acusados de soplones), el 
gobernador de Cayara, un poblador en Llusita, un grupo de campesinos 
en Chuschi (acusados de abigeos), once pobladores en Buena Vista, los 
Morochucos y un profesor en Pomacocha por negarse a leer una 
proclama. Igualmente, el gobernador de Alcamenca, una profesora en 
Huancaylla, un campesino en Taca y empleados de correos de Huancapi, 
Fajardo, también fueron acusados de soplones y, luego, ajusticiados. 
Un campesino acomodado fue asesinado en Lucanamarca y sus 600 ovejas 
fueron repartidas entre los comuneros. Durante el primer juicio 
popular en Huancasancos, el 19 de noviembre de 1982, toda la 
comunidad reunida escuchó los cargos contra un comunero —considerado 
abusivo, explotador y mujeriego— y asistió a la ejecución de la 
sentencia: un disparo en la sien. La imagen se repitió por todas 
partes.

En Huanta, el presidente de la comunidad de Uchuraccay y tres 
comuneros, así como el presidente y el teniente gobernador de 
Huaychao, fueron asesinados por ser representantes del poder. Ello 
provocó la reacción de las comunidades que habían sido bases de 
apoyo. Doce pobladores en Pumahuasi, Santillana, también cayeron 
asesinados. En Pasco, igualmente, asesinatos a tenientes 
gobernadores, alcaldes y presidentes de comunidades, vacían de 
autoridad el área rural de Pasco y Daniel A. Carrión. Semejante fue 
la situación de Churcampa, Tayacaja y Huancavelica.

Las tomas de pueblos, ataques contra ferias semanales y juicios 
populares fueron frecuentes y produjeron un clima simultáneamente de 
adhesión en unos y de terror entre quienes discreparon. Acusaciones 
mutuas de soplón para resolver rencillas entre familias se 
multiplicaron a la llegada de una columna. Diversos asaltos masivos 
(cientos de campesinos) a diferentes formas de concentración de 
recursos, privadas, comunales, estatales suscitaron adhesión de 
muchos, pero también descontento. Este malestar se produjo en 
Huancasancos cuando el PCP-SL convocó a las comunidades vecinas a 
repartirse el ganado (numeroso y de calidad) de su granja comunal de 
Caracha; lo mismo ocurrió en Lucanamarca.

En agosto de 1982, el PCP-SL organizó el ataque masivo al fundo 
Allpachaca de la UNSCH:

    [...] por lo menos 300 a 400 campesinos [...] que destruyen la 
infraestructura, matan el ganado destruyen los tractores, porque la 
tecnología no era una cosa que estaba en sus esquemas y representaba 
a la burguesía, además de ello se justifican diciendo que el queso y 
el vino que se maceraba en este fundo beneficiaban a un pequeño grupo 
y no al campesinado entonces reparten los quesos y la carne a los a 
campesinos que habían ido. (Ponencias del taller Universidad y 
conflicto armado interno) 

La tienda comunal de Lucanamarca fue asaltada y los productos 
repartidos a colas de comuneros. Otra tienda comunal, esta vez en 
Ñuñungallo, Huancavelica, también fue asaltada y días después 
destruidos los almacenes de la SAIS Huancavelica. En Pasco, fue 
asaltada la Cooperativa Racracancha; los pastizales de la SAIS Ramón 
Castilla fueron incendiados; la maquinaria, tractores, caterpilar y 
equipos de Santo Tomás de Pata en Angaraes fueron destruidos también. 
Cinco campesinos detenidos por los sinchis tras este asalto, tras 
días de tortura, fueron dejados en libertad ante la falta de 
evidencias.

Angaraes fue una de las provincias que ya en 1982 fueron declaradas 
en estado de emergencia.

En uno de sus distritos, no pudieron realizarse las elecciones 
municipales de noviembre 1980. Al igual que su vecina provincia de 
Acobamba, entre 1980 y 1982, se registró una intensa actividad de 
propaganda; así también visitas a pueblos y anexos, asaltos a locales 
comerciales y reparto de víveres y amenazas a las autoridades. En 
Acobambal PCP Sendero Luminoso se hace fuerte particularmente en los 
distritos de Marcas y Espíritu Santo, zonas prácticamente liberadas, 
donde, nuevamente, jóvenes y maestros son los agentes de influencia.

Mucho más al sur, en Azángaro, Puno, el PCP Sendero Luminoso inició 
muy tempranamente su presencia. Un atentado dinamitero en la 
fronteriza ciudad de Desaguadero en octubre de 1980 fue una de las 
primeras acciones armadas. En 1981, su presencia se registró en la 
zona sur del departamento, en Juli, donde unos cuarenta subversivos 
saquearon el Instituto de Educación Rural (IER), muy cerca de la 
ciudad, y poco después cargas de dinamita estallaron en la puerta de 
la Prelatura de Juli. Al norte, en la provincia de Melgar, el PCP-SL 
organizó en 1982 el asalto a la ERPS Oxani de la SAIS Sollocota. Poco 
antes del asalto a la SAIS habían sido atacados los puestos 
policiales de Orurillo y Umachiri en Melgar. Poco después del asalto, 
la policía detuvo a cinco subversivos gracias a la colaboración del 
gobernador de Tiramaza. Dos semanas después, fue asesinado el 
gobernador de Tiramaza, pero las acciones de violencia no llegarán a 
tener, sino algunos años después, la intensidad de otras zonas del 
país.

En la selva, también se inició la actividad subversiva, aunque sin 
cobrar vidas en este período.

A nivel del despliegue de la presencia territorial, diversos 
testimonios en poblados de la margen izquierda del río Huallaga 
—particularmente en el distrito de Crespo y Castillo en la provincia 
de Leoncio Prado, en Huánuco, una de las provincias donde se produjo 
el mayor número de muertos en los años sucesivos— refirieron que 
desde 1982, grupos de avanzada del PCP Sendero Luminoso estuvieron 
recorriendo la zona, convocando pobladores a reuniones donde 
pregonaban la necesidad de realizar acciones armadas contra el Estado 
para defender el cultivo de coca —cuya defensa a través de acciones 
legales como las que venían haciendo era inútil—. A mediados de ese 
año, ya tenían bases de apoyo; se señaló la presencia de una columna 
de unos sesenta subversivos que, a diferencia de otras zonas, 
parecían estar todos armados. Sin embargo, algunos testimonios 
refirieron que, ya desde 1980, existían vinculaciones entre el PCP 
Sendero Luminoso y grupos de grandes cocaleros ilegales e incluso que 
parte del dinero que recaudaba la asociación de cocaleros iba ya, 
desde ese año, a la organización subversiva.

A lo largo de 1982, en la sierra central y sur-central, se 
intensificaron también los asaltos a locales públicos, a sistemas de 
transporte (ferrocarril central, puentes), al sistema de transmisión 
eléctrica y, particularmente, a los puestos policiales, que terminan 
abandonando el campo. Por muerte o renuncia de las autoridades, sin 
policías en los alrededores, las bases de apoyo se multiplicaron y 
constituyeron comités populares. El PCP Sendero Luminoso se convirtió 
en el nuevo estado.

Pero el período se cerró con dos tipos de acontecimientos. El 
descontento de sectores crecientes de campesinos frente al PCP 
Sendero Luminoso y su autoridad en el campo ante la muerte de sus 
autoridades comunales, el cierre de ferias, los asaltos a bienes 
colectivos (granjas comunales, tiendas comunales) y el temor a que la 
vara de los ricos siga bajando.

El segundo, que permitirá la canalización del descontento, pero 
convertirá los espacios rurales de la sierra Sur-central en un 
territorio de guerra, fue la entrega, en diciembre de 1982, de las 
provincias bajo estado de emergencia al comando militar.

2.2.2. La militarización del conflicto (enero 1983-junio1986)

El período, claramente definido por el ingreso de las Fuerzas Armadas 
al conflicto, estuvo señalado por dos signos en espacios diferentes. 
El primero fue el enfrentamiento y la derrota de Sendero Luminoso en 
Ayacucho, Huancavelica y Pasco, donde había organizado bases de apoyo 
y Comités Populares. Una altísima cantidad de muertes se concentraron 
en estas zonas, particularmente en el norte y centro de Ayacucho, 
donde son arrasados poblados enteros por ambas fuerzas; cerca del 60% 
de las muertes o desapariciones reportadas en los testimonios 
recogidos por la CVR en la región Sur-Central para los 20 años del 
conflicto se concentran en este período. Pero hacia el final de éste, 
Comités de Autodefensa se organizaron en la mayoría de zonas y el PCP 
Sendero Luminoso se replegó con un gran número de bajas.

El segundo signo fue el avance de la subversión en otras regiones 
fuera de su núcleo inicial: el Nororiente, Lima Metropolitana y el 
Sur Andino. En este período, otro actor se sumó al conflicto, el 
MRTA; asimismo, empezaron a intervenir también las fuerzas 
paramilitares.

2.2.2.1. La guerra, masacres y retroceso del PCP Sendero Luminoso: el 
núcleo inicial

Éste fue el período de mayor destrucción y muerte en la Sierra 
Sur-Central, que devino en un territorio de guerra. Con el ingreso de 
las Fuerzas Armadas, las ciudades se militarizaron haciéndose visible 
el cambio y el control de todos los espacios. En el campo, si bien la 
desconfianza y la distancia cultural entre militares y campesinos no 
facilitaba las relaciones, se evidenció que el PCP Sendero Luminoso 
no era la única fuerza y que la oposición a su presencia podía tener 
respaldo.

Se produjeron los primeros actos de rebelión contra la autoridad del 
PCP Sendero Luminoso. A menos de un mes del ingreso de las Fuerzas 
Armadas, los campesinos de Macabamba y Huaychao —bases de apoyo del 
PCP-SL en las alturas de Huanta— rompieron con la subversión y dieron 
muerte a siete de sus miembros en un acto de mucho impacto en la 
prensa nacional. Éste fue saludado por el Presidente de la República, 
aunque tuvo terribles consecuencias. En el contexto de temor a las 
represalias del PCP-SL, cinco días después, la vecina comunidad de 
Uchuraccay asesinó a ocho periodistas y su guía, como también al 
mando local del PCP Sendero Luminoso. Como es sabido, a pesar de la 
enorme resonancia del acontecimiento, que llevó a la zona a 
prestigiados intelectuales nacionales, los comuneros no contaron con 
ninguna protección por parte de las fuerzas armadas y en tres asaltos 
sucesivos —en mayo, en julio y en diciembre de 1983— el PCP Sendero 
Luminoso asesinó alrededor de 135 comuneros. Ésta fue la mayor 
masacre cometida contra un sólo pueblo en todo el conflicto.

Quizá la inmediatez de esta respuesta campesina y la dificultad de 
las Fuerzas Armadas para imaginar una alianza con un sector del que 
desconfiaba impidieron que comunidades como Uchuraccay o las de 
Huancasancos —como otras— contaran con un franco respaldo a su 
levantamiento. Las Fuerzas Armadas comenzaron actuando autónomamente 
reprimiendo fuertemente las zonas rojas sin reparar en las 
diferencias.

En todo caso, el ingreso de las Fuerzas Armadas a las provincias de 
Ayacucho, la instalación de bases contrasubversivas y la oposición 
que pudo entonces manifestarse, aunque inicialmente sin real 
respaldo, llevaron al PCP Sendero Luminoso a cambiar su relación con 
las comunidades e incrementaron, como consecuencia, la intolerancia y 
la coerción. Un círculo de violencia y de muerte empezó a cercar 
desde ambos bandos a las comunidades. Fue el peor momento de la 
guerra en las zonas rurales de Ayacucho. El PCP-SL ya no realizaba 
sólo asesinatos individuales en rituales de juicio popular, sino 
aniquilamientos colectivos, operaciones punitivas, arrasamientos 
(muerte, asaltos, violaciones, incendio de viviendas, robos, etc.). 
Estas operaciones también se realizaron contra pueblos y comunidades 
por la Marina de Guerra o el Ejército en las zonas bajo su control. 
En muchos casos, unas u otras operaciones punitivas fueron apoyadas 
(por los comités populares, en un caso, o por los Comités de 
Autodefensa, en el otro) por comunidades tradicionalmente enfrentadas 
con la que iba a ser castigada; con ello, resolvía viejos conflictos. 
Ambos buscaron apoyarse en unas comunidades para atacar a las otras; 
nadie ahorró vidas. En un sólo año —1984—, se produjo el 30% de las 
muertes de los veinte años de conflicto recogidas en los testimonios 
por la CVR.

El cuadro siguiente, realizado sobre testimonios tomados por la CVR, 
explica el entorno de violencia en las áreas rurales entre 1983 y 
1985.

Atacadas por Sendero Luminoso*	Atacadas por Fuerzas del Orden
1983	 
Enero	 
- Vilcanchos: el asesinato de 12 personas (Z2)	 
Febrero	
- Sacsamarca: el asesinato de comuneros (Z2)	
Abril	
- Lucanamarca: el asesinato de 67 comuneros (Z2)
- Juquisa, Ocros: la muerte de 18 campesinos (Z2)
- Llusita: el asesinato colectivo (Z2)	- Totos: la detención de 
varios pobladores y el asesinato de algunos de ellos (Z2)
Mayo	
- Huaychao: el asesinato de cuatro comuneros (Z1)
- Huantaccasa: el asesinato de siete personas (Z1)
- La primera incursión y asesinato de comuneros en Uchuracay	- El 
arrasamiento de Matara (Accocro). Quemaron casas, asesinaron, 
torturaron y desaparecieron a aproximadamente 25 personas (Z1).
- La detención y desaparición en el cuartel de Canaria de 17 
pobladores de Hualla.
Junio	
- Accocro: la masacre de 14 personas en (Z1)
- La segunda incursión y el asesinato de comuneros en Uchuracay
Julio	
- Sachabamba: la muerte de veinte comuneros (Z1)	- Iribamba: 
el asesinato de 19 pobladores (Z1)
Agosto	
- Huaychao: el asesinato de cinco comuneros (Z1)
- La Estancia de Yaquia- Lucanamarca: ocho muertos y dos heridos (Z2)
- Ñununhuayco: el arrasamiento y la masacre de 13 pobladores (Z2)
Septiembre	
- Bellavista: diez comuneros asesinados (Z1)
- Asesinato de cinco autoridades comunales en Cayramayo (Z1)	- San 
Pedro de Pampay: 13 campesinos asesinados (Z1)
Noviembre	
	- Socos: la muerte de 32 personas (Z1)
- Accomarca: el asesinato de 11 personas (Z2)
Diciembre	
- La tercera incursión y el asesinato de comuneros en Uchuracay (Z1)
1984	
Enero	
- Mayocc, Ocros: la muerte de 15 campesinos (Z2)
Febrero	
- Huancasancos: elñ asesinato colectivo; muerieron 14 personas (Z2)	
- La incursión y el asesinato en Carhuac; la Marina llegó al lugar a 
enfrentar al PCP-SL pero asesinaron a seis pobladores y saquearon sus 
casas. Los subversivos escaparon (Z1).
- La desaparición de 17 pobladores de Viscachayocc, Pampa Cangallo 
(Z2).
Abril	
	- Huarapite: El asesinato de 32 pobladores (Z1)
Junio	
	- - La detención, la tortura y la desaparición de pobladores 
de Ticllas; ocho desaparecidos y dos liberados (Z1)
Julio	
- Incapampa (San José de Ticllas): el asesinato de diez personas (Z1)
- Pacucro (Huamanguilla): más de cuarenta personas asesinadas (Z1)
- Ccanis: cuarenta personas asesinadas (Z1)
- Hualla: el asesinato de 12 personas en (Z2)
- San Martín de Tiopampa: ocho muertos (Z2)	- Huarcayocc: La 
detención y desaparición de diez personas (Z2)
Agosto	
- Pampacancha: el asesinato de más de 48 pobladores (Z1)
- Hualla: la muerte de más de 65 personas (Z2)	- Seis jóvenes de la 
iglesia evangélica presbiteriana asesinados en el pago de Callqui 
(Huanta) (Z1)
- Se descubrieron 49 cadáveres de detenidos por la base de la Marina 
de Huanta, enterrados en fosas en Pucayacu, Huancavelica (Z1)
Octubre	
	- Huayllay: desaparecieron a cuatro y asesinaron a seis 
campesinos (Z1).
- Callqui: el secuestro y la desaparición de 22 comuneros (Z1)
Noviembre	
- Hualla: 12 personas asesinadas(Z2)
Diciembre	
	- La detención, las torturas y la desaparición de comuneros 
de Hualla: nueve víctimas (Z2)
1985	
Agosto	
	- Accomarca, en Vilcashuaman: el asesinato de 69 campesinos 
(Z2)
- Umaro: el asesinato de 59 campesinos (Z2)

* La referencia espacial es la siguiente: Z1: provincias de Cangallo, 
Vilcashuamán, Huancasancos y Víctor Fajardo; Z2: provincias de 
Huamanga, Huanta y La Mar.

Las comunidades fueron asediadas por ambos combatientes buscando 
terrucos o mesnadas. Para identificarlos sin dudas y evitar el 
disimulo de los comuneros, unos se disfrazaron de los otros. Al 
inicio, las comunidades optaron por acoger al PCP-SL; pero, en éste 
momento, quedaron literalmente atrapados entre dos fuegos.

En ese contexto de violencia creciente, se generaron dos respuestas. 
Una fue el desplazamiento. Decenas de lugares mostraron una situación 
similar a la del pueblo de Acocro, capital del distrito del mismo 
nombre en la provincia de Huamanga. Antes del comienzo de la 
violencia, era un pueblo con cerca de 3,000 habitantes, una feria 
semanal y dos buenas escuelas. Tras estos conflictos, era una 
comunidad casi abandonada de menos de 300 habitantes.

La segunda respuesta, por parte de los que quedaron, fue abandonar 
esa ubicación intermedia y volver a optar, pero esta vez, 
constituyendo Comités de Autodefensa y sujetándose a las órdenes de 
las Fuerzas Armadas. En ese momento, cuando de manera coordinada y no 
anárquica como al inicio del período, las comunidades constituyeron 
Comités de Autodefensa y actuaron junto con las Fuerzas Armadas; aún 
en medio de una violencia desmedida, el PCP Sendero Luminoso se batió 
en retirada.

En las provincias del centro de Ayacucho (Cangallo, Vilcashuamán, 
Huancasancos y Víctor Fajardo) los actos de violencia disminuyeron 
drásticamente desde 1985 y, en prácticamente toda la zona y por 
diferentes vías, desapareció la presencia subversiva: por acción de 
los Comités de Autodefensa en Huancasancos o Víctor Fajardo y por la 
directa acción militar en Cangallo y Vilcashuamán.

También en las provincias del norte de Ayacucho (Huamanga, Huanta, La 
Mar) los actos de violencia se atenuaron a partir de 1985. No 
obstante, la situación de relativo conflicto se mantuvo 
—probablemente alimentada por la violencia urbana y por la 
persistente presencia del PCP Sendero Luminoso en la selva del valle 
del río Apurímac—.

La zona del valle del río Apurímac, la vertiente oriental y la bajada 
hacia la selva del departamento, procesó en este período una 
situación especial. Allí las incursiones de la Marina fueron 
violentas, incluso contra la Federación de Campesinos del Valle del 
río Apurímac cuyo secretario general, Julio Orozco Huamaní, fue 
asesinado en agosto de 1983 en la hacienda Lusiana, base de la 
Marina. La federación, que había sido un actor importante y había 
conducido importantes reivindicaciones agrarias, fue desarticulada y 
en la zona quedaron sólo las fuerzas combatientes disputándose el 
apoyo del campesinado. Como en las otras provincias de alta 
incidencia de violencia en Ayacucho, el ingreso de las fuerzas 
armadas provocó inicialmente la reacción del PCP-SL de incrementar la 
intolerancia y la violencia con el asesinato de soplones: el 15 de 
diciembre de 1983, una de sus columnas ingresó a la comunidad de 
Santa Carmen, en Chungui, y asesinó a nueve personas. Luego, en el 
anexo de Marco, ejecutó a un campesino acusándolo de gamonal y 
repartiendo sus bienes. En el distrito de Chungui, el PCP Sendero 
Luminoso asesinó a por lo menos un gamonal (campesinos con más 
posición que el promedio) en cada uno de los anexos y comunidades.

En esta situación, un amplio sector de campesinos pasó decidida y 
entusiastamente a formar Comités de Autodefensa, que contaron con el 
apoyo de las Fuerzas Armadas. En el primer semestre de 1984, acciones 
combinadas de fuerzas del orden y ronderos, realizaron asesinatos 
masivos en la margen derecha del río Apurímac. El poblado de 
Lucmahuayco fue arrasado por constituir, según los ronderos de 
Inkawasi, un poblado del PCP Sendero Luminoso y quedó en abandono 
total hasta el retorno recién el año 2000 de algunos sobrevivientes. 
En el mismo distrito de Chungui, casi no hubo comunidad o anexo que 
no sufriera alguna incursión combinada de militares y Comités de 
Autodefensa, con la secuela de robo de bienes y animales, ejecuciones 
y quema de casas.

Pero a diferencia de las zonas de sierra del departamento, el sector 
de campesinos que mantuvo su apoyo al PCP Sendero Luminoso tuvo en la 
selva una opción de repliegue. Su columna en la zona organizó una 
estrategia de enrolamiento masivo, particularmente en la zona 
denominada Oreja de Perro, y se retiró hacia la selva. Las retiradas 
consistían en desalojar los centros poblados y refugiarse en el 
monte, en zonas de difícil acceso. En otras palabras, el PCP-SL 
trasladó sus bases de apoyo (la masa) para evitar su arrasamiento; un 
hecho semejante sucederá, más adelante, con las comunidades 
asháninkas en Satipo.

Aún en la región Sur-central, las provincias de Angaraes y Acobamba, 
en Huancavelica, vivieron también con intensidad la guerra. Durante 
1983, el PCP Sendero Luminoso continúa la estrategia de vaciamiento 
del campo: asesinato a autoridades que no habían renunciado y 
hostigamiento a los puestos policiales. En diciembre de ese año, sin 
embargo, fuerzas del orden enfrentaron más directamente a columnas 
del PCP Sendero Luminoso y no a poblaciones de apoyo. En Acobamba, 
cerca de cien presuntos subversivos murieron en diciembre de 1983 en 
este tipo de enfrentamientos.

Acosado, el PCP Sendero Luminoso repitió la misma estrategia con el 
fin de amedrentar a las poblaciones asesinando a quienes son 
sospechosos de ser soplones, aunque no se registró el arrasamiento de 
comunidades. Con menos violencia que en Ayacucho, la historia se 
repitió: la oposición que generó el contexto de violencia creado por 
la subversión se canalizó cuando empezaron a desplegarse las fuerzas 
armadas y a instalarse bases contrasubversivas con el fin de crear 
Comités de Autodefensa, cuya oposición al PCP-SL se vio intensificada 
por los actos punitivos de esa organización y terminaron expulsándola 
de la zona.

Recuperar el control de las provincias de Huancavelica más bien 
vinculadas a la región Central (Huancavelica, Tayacaja, Churcampa) 
tuvo particular importancia para las fuerzas del orden, tanto por la 
presencia de asientos mineros como por la central hidroeléctrica. A 
pesar de su fuerte control en la ciudad, todavía el PCP-SL realizó 
acciones en 1983 (voladura de una torre de alta tensión, estallido de 
petardos, etc.) de mucha visibilidad. Un temprano enfrentamiento, en 
marzo de 1983, de una patrulla del Ejército con una columna 
subversiva en un paraje del distrito de Vilca tuvo como saldo 24 
muertos del PCP-SL. Esto contuvo temporalmente el accionar subversivo 
en la zona. En junio, sin embargo, tras pasar por otros pueblos, 
reaparecieron en el pueblo de Vilca —base principal de sus 
operaciones— convocando a la población a plegarse a la lucha armada. 
En diciembre, en el mismo pueblo, fueron congregados cientos de 
comuneros de distritos de Vilca, Manta y Acobambilla, para atacar 
como masa los fundos Tucle, Laive y Antapongo, unidades de producción 
de la SAIS Cahuide, en Chongos Alto (Huancayo).

Las acciones del PCP-SL se intensificaron en diferentes zonas de 
Huancavelica en su intento de impedir las elecciones municipales de 
noviembre de 1983. En la propia ciudad de Huancavelica, durante la 
víspera de las elecciones, militantes del PCP-SL detonaron diez 
cargas explosivas en diferentes barrios y produjeron un clima de 
terror. Las elecciones no pudieron realizarse en los distritos de 
Manta, Vilca, Acobambilla, Pilchaca y Occoro, precisamente la zona de 
mayor accionar subversivo.

El Ejército por su parte instaló bases contrasubversivas realizó 
desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de pobladores 
sospechosos de apoyar a los subversivos. Entre ellos, Hilario Ayuque 
Zúñiga, secretario general de la Confederación Intersectorial de 
Trabajadores Estatales (CITE) e integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos de Huancavelica. En marzo de 1984, ante la llegada de 18 
camiones del Ejército para instalar bases contrasubversivas en Vilca, 
Coricocha y Manta, la población de la zona huyó por temor a 
represalias; entre disparos indiscriminados del Ejército, murieron 
tres pobladores en Ccollpa y seis en Manta.

Se multiplicaron también los asesinatos del PCP-SL por la sospecha de 
colaborar con las fuerzas del orden o suscitar la organización de 
rondas de autodefensa; en diversos centros poblados de los distritos 
de Yauli y Acobambilla sucedieron numerosas ejecuciones de este tipo.

A lo largo de 1984, el Ejército promovió la formación de rondas 
contrasubversivas; en algunos casos, la propuesta coincidió con la 
voluntad de la población de hacer frente a las columnas del PCP-SL; 
en otros, sin embargo, no fue posible por la enraizada influencia del 
trabajo político previo del PCP-SL.

En el paraje de Llanaslla, muy cerca de la comunidad de Santa 
Bárbara, en el distrito de Huachocolpa, el enfrentamiento de una 
patrulla militar con una columna del PCP-SL deja 45 subversivos 
muertos —entre ellos, mandos locales del PCP-SL—. Tras este tipo de 
enfrentamientos y la acción combinada del Ejército y las rondas 
campesinas, entre fines de 1984 e inicios de 1985, las fuerzas 
subversivas se replegaron desplazándose principalmente hacia las 
punas de Junín.

En las provincias de Tayacaja, la presencia militar fue también muy 
importante desde 1983, especialmente por la necesidad de resguardar 
las instalaciones de la central hidroeléctrica del Mantaro, en 
Quichuas y en Cobriza. En Churcampa, el Ejército instaló también en 
1983 una base contrasubversiva en la localidad de Millpo, en la zona 
alta del distrito de Paucarbamba. Las desapariciones de personas 
sospechosas de integrar las filas del PCP-SL se sucedieron una tras 
otra en estas zonas. El control militar y las violaciones de derechos 
humanos, sin embargo, no controlaron rápidamente la situación y las 
torres de transmisión de energía siguieron siendo derribadas.

Como en otras zonas, sin embargo, y en la medida en que se pudo 
superar el temor de represalias del PCP-SL, los pobladores pudieron 
constituir rondas y detener militantes del PCP-SL en las comunidades 
y entregarlos, luego, a las bases contrasubversivas. En la mayoría de 
casos, estas personas fueron ejecutadas extrajudicialmente o 
desaparecidas.

En muchos casos, las rondas lograron enfrentar con éxito los intentos 
del PCP-SL de ingresar a sus pueblos para ejecutar colaboradores. En 
el anexo de Maraypata, en Churcampa, los pobladores se enfrentaron el 
27 de diciembre con un grupo del PCP-SL que pretendía castigarlos por 
haber formado rondas campesinas; murieron varios subversivos que 
fueron enterrados en un lugar cercano. En Locroja, igualmente un 
destacamento subversivo de aproximadamente veinte personas que 
portaban diversas armas ingresó una vez más a la comunidad de 
Maraypata; pero sus vecinos de Paccay acudieron de inmediato y una 
lluvia de piedras mató a cuatro subversivos, mientras los demás 
fueron detenidos y entregados a los militares de la base de 
Churcampa.

También en la región Central, en Pasco, particularmente en la 
provincia de Daniel A. Carrión, donde el PCP-SL contaba con numerosas 
bases de apoyo, el proceso fue semejante y provocó el rápido 
repliegue de las columnas subversivas hacia la selva. En 1983, la 
zona no fue aún declarada en estado de emergencia y el PCP-SL 
continuó aún la estrategia del control de campo asesinando 
autoridades locales y propietarios de tierras. La presencia inicial 
del PCP-SL en el distrito de Yanahuanca, sobre todo en la zona 
denominada de los Chinches, se propagó a casi todos los distritos 
durante este período.

En mayo de 1983, un contingente de 200 militantes del PCP-SL ingresó 
al distrito de Páucar; arengó a la población y amenazó a las 
autoridades. Un mes después, en un nuevo asalto al pueblo, fueron 
asesinadas las autoridades y el director del colegio por no haber 
renunciado. Luego, cuatro autoridades más fueron asesinadas en el 
vecino caserío de San Juan de Yacán. Los testimonios mencionaron la 
participación de niños y adolescentes en el contingente del PCP-SL 
que desfilaban con cintas rojas y daban vivas al Presidente Gonzalo. 
El distrito quedó en manos del PCP-SL, cuya fuerza principal era 
encabeza por Óscar Ramírez Durán, conocido como Feliciano.

En el distrito de Yanahuanca, el 24 de junio de 1983, un grupo de 
treinta subversivos asesinó a Alcira Benavides Albeo acusada de 
gamonalista, luego de un juicio popular en Madrid, en el anexo de 
Huarautambo; su hacienda fue saqueada y los enseres y animales se 
repartieron entre los pobladores. Sin víctimas mortales, el ataque a 
la cooperativa Huarautambo terminó también con reparto de bienes y 
ganado. En agosto de 1984, en diversos poblados del mismo distrito, 
fueron asesinadas las autoridades. En Astobamba, militantes del 
PCP-SL asesinaron al teniente gobernador y en Huarautambo al agente 
municipal, su hermano y su esposa; los tres cuerpos fueron dejados en 
la plaza del pueblo. La acción provocó el rechazo y pobladores de las 
dos localidades alertaron a una patrulla del Ejército que 
incursionaba en la zona. Semanas después, la columna subversiva 
regresó y, tras increpar a los pobladores, detuvieron a diez de ellos 
que fueron atados a postes en la plaza para fusilarlos; a diferencia 
de otros casos, las súplicas de los familiares les salvaron la vida.

Pobladores de otras zonas intentaron reunirse también para 
contrarrestar el ingreso del PCP-SL. En septiembre de 1984, fueron 
asesinados los tres pobladores que proponían generar mecanismos de 
vigilancia en Chinche Tingo.

Recién en julio de 1984, la provincia de Daniel Alcides Carrión se 
declaró en emergencia y pasó a control militar. Poco a poco el 
Ejército restableció el orden y a las autoridades a través de la 
implantación de bases contrasubversivas. Ello provocó, sin mayores 
enfrentamientos, el repliegue del PCP Sendero Luminoso.

De todas estas zonas, muchas de ellas zonas rojas o zonas liberadas, 
donde el PCP Sendero Luminoso inició su accionar y controló sus 
poblados entre fines de 1984 e inicios de 1985, la organización 
subversiva terminó en retirada con fuertes bajas.

2.2.2.2. Los espacios de expansión y los nuevos actores de la 
violencia

Un espacio de expansión fue la sierra central. La provincia de Pasco 
y la provincia de Ambo en Huánuco surgieron como extensión (o 
repliegue) de la acción del PCP Sendero Luminoso en Daniel Alcides 
Carrión. En Pasco, en 1985, se produjeron incursiones del PCP-SL 
(asesinato, saqueo, incendio) en más de una oportunidad en la empresa 
minera Vinchos en Pallanchacra. SE dio cuenta de incursiones también 
en el distrito de Huarica, con acceso a la carretera Central y en el 
de Ticlayán, en el límite con Ambo, donde varios centros poblados se 
constituyeron como bases de apoyo en 1985 y 1986; en ellas, se 
organizaron también escuelas y arengas en pueblos. Éstas fueron 
acciones de implantación inicial, de recorrido de zona, de 
establecimiento de redes.

Cerca de Pasco, en las provincias serranas del norte de Lima 
(Cajatambo y Oyón) y del sur de Ancash (Bolognesi, Ocros), la 
presencia más subterránea del PCP Sendero Luminoso buscando 
adhesiones, empezó a convertirse en acción abierta y despliegue de 
estrategia de vaciamiento de espacios y constitución de bases de 
apoyo en 1985 a través de una columna subversiva muy móvil. Ese año 
se registró en Cajatambo el primer asesinato de una autoridad, el 
teniente alcalde de Gorgor. Entre 1985 y 1986, la columna armada 
subversiva ejecutó en diversos poblados de Bolognesi a profesores, 
campesinos y autoridades sospechosos de tener contactos con la 
policía. En toda la zona, amenazas a autoridades y acciones de 
sabotaje a locales públicos, se intensificaron en el contexto de la 
campaña electoral de 1986 con el objetivo de amedrentar a los 
candidatos y abrieron camino al trabajo organizativo de formación de 
comités populares; en ese contexto, muchos dirigentes antiguos y 
jóvenes que no quieren involucrarse en las actividades subversivas 
iniciaron el éxodo de la zona.

Otro espacio de expansión en el período es el valle del Mantaro, 
tanto por la realización de acciones de sabotaje como por la 
penetración en la universidad. El 20 de enero de 1983, se produjo la 
primera aparición pública de militantes armados del PCP-SL: cuatro 
militantes irrumpieron en el comedor universitario, arengaron a los 
comensales, distribuyeron un documento sobre el avance de la guerra 
en el país y pidieron colaboración económica. Las irrupciones de ese 
tipo fueron frecuentes en los años sucesivos en el campus 
universitario.

El espacio municipal y de partidos políticos fue también objeto de 
atentados. Saúl Muñoz Menacho, alcalde IU de Huancayo, fue asesinado 
el 16 de julio de 1984. En marzo y abril de 1985, se produjeron 
atentados dinamiteros a los locales partidarios de Acción Popular, 
del Partido Popular Cristiano, del PAP y de Izquierda Unida, y al del 
Registro Electoral Provincial. Las acciones siguieron en alza todo el 
período.

A la creciente presencia del PCP Sendero Luminoso, se agregó en el 
valle del Mantaro la acción del MRTA, que anunció el inicio de su 
labor subversiva en octubre de 1984 con acciones de agitación y 
propaganda armada en las ciudades de Jauja, Concepción y Huancayo.

Aún en Junín, pero en la selva, empezó la expansión también. Si bien 
los testimonios de asháninkas del río Ene declararon que se 
recibieron noticias de la presencia del partido desde 1982, fue en 
1984 que se inició un trabajo sistemático de penetración y captación 
de líderes de comunidades nativas y de jefes de clanes familiares. Un 
testimonio refirió que al comienzo era así

y que iban de casa en casa. En octubre de 1984, se produjo un 
atentado, el incendio de la misión franciscana de Cutivireni (río 
Tambo), una granja y viviendas aledañas. En 1985, las noticias de que 
el PCP-SL ajustició proxenetas y otros delincuentes levantó su 
simpatía en las comunidades nativas; el ofrecimiento de el viejo 
poder vamos a desaparecer, nuevo poder vamos a aparecer entusiasmó a 
los pobladores de las comunidades nativas.

En la cuenca del Huallaga, en la selva, empezó también en estos años 
la espiral de violencia que de manera ininterrumpida se extendió 
hasta la segunda mitad de los años 90 con un saldo de varios miles de 
muertos. Las acciones violentas se iniciaron en 1983 con la muerte de 
un trabajador del Ministerio de Agricultura y un estudiante 
secundario acusados de apoyar a la policía. A finales de ese año, se 
registró el ataque del PCP-SL al local del proyecto de Reducción y 
Erradicación de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH); al año 
siguiente, un nuevo ataque a CORAH, en Monzón, dejó 19 trabajadores 
muertos. Poco después, en un ataque a la cooperativa Pucate del 
distrito de José Crespo y Castillo, el PCP-SL asesinó al Presidente 
de la cooperativa y seis dirigentes y socios.

En 1984, igualmente el PCP-SL tomó dos veces la ciudad de Aucayacu 
atacando el puesto policial con un saldo de veinte muertos. Entre uno 
y otro asalto, fue asesinado el alcalde de Tingo María, Tito Jaime 
Fernández, el 19 de abril. El 20 de septiembre fue asesinado el 
Alcalde de Pumahuasi, de las filas del PAP. Otras tres cooperativas 
son atacadas en 1984 en el distrito de Crespo y Castillo. El PCP-SL 
incursionó en la ciudad de Tocache y atacó la estación experimental 
de Tulumayo, el puesto de la Guardia Civil en Santa Lucia y a las 
instalaciones de la empresa Palma del Espino, en Uchiza. En ese 
contexto, se decretó el estado de emergencia en el departamento de 
Huánuco primero y, luego, en San Martín.

En el valle del Monzón, donde la presencia del PCP-SL se registró 
desde 1984, su presencia se tornó especialmente violenta con la 
aparición de sectores discrepantes con el dominio del partido. El 
primero de enero de 1986 un grupo de sesenta subversivos 
incursionaron en el caserío Agua Blanca, donde se había organizado un 
Comité de Autodefensa bajo el liderazgo del campesino Andrés Cornelio 
Castañeda; en un juicio popular, él fue asesinado junto con otras 15 
personas; tras ser torturado y brutalmente asesinado, el cuerpo fue 
decapitado a la vista del pueblo. La propia ciudad de Monzón fue 
tomada por el PCP-SL en febrero de 1986; se realizó una asamblea; se 
arengó a la población y se destruyeron los enseres y documentos de la 
Municipalidad, conducida desde entonces sólo por sus trabajadores.

En la zona rural durante 1985, el PCP-SL amedrentó y asesinó 
autoridades. Los jóvenes se entusiasmaron con el discurso y la 
violencia subversiva, así como crecieron las bases de apoyo. A pesar 
de ello, el estado de emergencia se retiró. Las acciones como el 
asesinato de diez homosexuales y prostitutas en Aucayacu o la 
emboscada a una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural 
(UMOPAR) donde fallecieron siete policías y el fiscal de Leoncio 
Prado, colaboran a su prestigio entre los campesinos cocaleros. El 
hostigamiento a las fuerzas del orden permitieron mayor libertad a la 
economía ilegal de la coca; en 1986, por ejemplo, salieron hasta 
cinco y seis vuelos diarios con coca del aeropuerto de Tocache.

Ese año el PCP-SL estuvo desarrollando Comités de poder popular 
paralelo (CPPP) en pueblos mayores con la finalidad de mantener una 
red de información, asesinar a los malos elementos y cobrar los cupos 
y colaboraciones. El dinero del narcotráfico circuló hacia el PCP 
Sendero Luminoso que empezó a dominar la región.

En Puno, la inicial presencia del PCP-SL empezó a desarrollarse 
vinculada a la lucha por la tierra de las comunidades campesinas 
contra las empresas asociativas en las provincias ganaderas del norte 
del departamento. Ésta se desencadenó en diciembre de 1985.

Aquí, sin embargo, el PCP Sendero Luminoso no actuó en el vacío. Las 
organizaciones campesinas, organismos de promoción de la Iglesia 
Católica y la Izquierda Unida, venían desde antes apoyando las 
reivindicaciones campesinas. Según dirigentes del PCP-SL, en el 
departamento era necesario arrancar a las masas de la influencia 
política del revisionismo, lo que define una situación de conflicto 
político por la conducción del movimiento campesino. En oposición a 
las acciones de lucha y negociación por la reestructuración de 
empresas asociativas que impulsan las demás organizaciones, el PCP-SL 
buscó radicalizar el movimiento y en 1986 inició una serie de ataques 
y el arrasamiento sistemático de las principales empresas 
asociativas. Al incendio de las instalaciones, prosiguió el saqueo y 
el robo de ganado. En ocasiones, la acción es sólo de sus militantes; 
en otras, participaron sectores importantes de comunidades. Junto con 
ello, se produjeron atentados a locales públicos, toma de pueblos con 
asalto a locales comerciales, saqueos y repartos de víveres, así como 
ajusticiamiento de autoridades, aunque aún el número de víctimas era 
reducido en comparación con los años siguientes.

Las provincias cuzqueñas vieron también el inicio de las acciones de 
hostigamiento a puestos policiales por el PCP Sendero Luminoso. El 25 
de enero de 1985 ocurrió en San Sebastián, en las cercanías de la 
ciudad de Cuzco, el primer asalto a un puesto policial donde murieron 
dos policías.

En febrero, un sargento de la Guardia Republicana murió asesinado en 
Chiaraje, en las zonas altas de Canas, en tanto en abril fue atacado 
el puesto policial de Urcos. En la misma ciudad de Cuzco, en el 
barrio de Zarzuela, tres encapuchados atacaron el pequeño puesto 
policial y mataron a un miembro de la Guardia Civil. Era evidente la 
presencia de la organización subversiva en el departamento.

2.2.3. Despliegue nacional (julio 1986-marzo 1989)

Fue un período de creciente control de las fuerzas contrasubversivas 
en las áreas rurales de la región Sur Central del país donde la 
intensidad de la violencia disminuyó considerablemente, en tanto se 
desplegó el conflicto en la región Central, en el Nororiente y en el 
Sur Andino, y los asentamientos humanos de Lima devinieron en objeto 
de una intensa labor proselitista por parte de las organizaciones 
alzadas en armas. Tanto en Lima como en la Sierra Central, éste sería 
uno de los períodos más duros para el movimiento sindical.

En la sierra sur-central, el paulatino control de las fuerzas armadas 
se asoció tanto al establecimiento de bases contrasubversivas como a 
la consolidación de los Comités de Autodefensa, que terminaron por 
constituirse bajo la intensa presión militar, incluso en zonas que 
habían sido reacias como las provincias de Vilcashuamán y Cangallo.

En contraste con la alta violencia contra la población civil del 
período anterior, los casos de ataque a las poblaciones por las 
fuerzas en conflicto fueron menos frecuentes. Pero no del todo 
ausentes.

El 14 de septiembre de 1987, el PCP-SL incursionó en Putaqasa, parte 
del distrito de Sacsamarca, asesinando a nueve comuneros e 
incendiando viviendas. El 10 de febrero de 1989, el PCP-SL volvió a 
incursionar en Putaqasa asesinando a dos comuneros. Pero el caso más 
notorio de ataque a un poblado civil en la región sucedió en la 
Comunidad de Cayara en Víctor Fajardo. En represalia por la emboscada 
de una columna del PCP Sendero Luminoso a un convoy del Ejército en 
las inmediaciones de la comunidad el 13 de mayo de 1988, una patrulla 
de las fuerzas del orden incursionó en Cayara; reunió a la población 
y dio muerte a 28 campesinos a sangre fría.

Pero estos casos no son frecuentes como en el período anterior y, más 
bien, ambos bandos optaron por asesinatos selectivos. Así, en manos 
de la Marina de Guerra, murió violentamente, por ejemplo, Hugo 
Bustios Saavedra en Huanta (noviembre de 1988); en manos del PCP 
Sendero Luminoso, el Alcalde provincial de Huanta en diciembre de 
1987 y a un sacerdote en plena misa en Huamanga. Por otro lado, La 
ciudad de Huamanga empezó a sentir la presencia de grupos 
paramilitares en marzo de 1988, cuando estalló un artefacto explosivo 
en la Universidad, aunque fue más tarde cuando los docentes y los 
trabajadores se convirtieron en sus víctimas.

En la selva de Ayacucho, en el Valle del Río Apurímac, las retiradas 
del PCP Sendero Luminoso no estuvieron exentas de violencia, por la 
presión de los subversivos por enrolar a la masa que requiere para 
enfrentar el permanente asedio de los Comités de Autodefensa. En el 
poblado de Pichiwilca, por ejemplo, base de Comités de Autodefensa 
del Valle, donde el PCP Sendero Luminoso atacó en abril de 1988 
apoyado por un numeroso contingente de campesinos de la fuerza local; 
los pobladores lograron alertar a los ronderos de Anchiway que fueron 
en su apoyo, así como una patrulla del Ejército. Una larga batalla 
logró repeler el ataque quedando 12 subversivos muertos según los 
testimonios.

Menos fortuna corrieron los pobladores de San Gerardo, en Sivia, en 
junio del mismo año cuando el PCP-SL asesinó 17 personas; o, en 
febrero de 1989, los de Canayre en Llochegua, donde un numeroso grupo 
de subversivos, llegados por el río desde el Ene, según los 
testimonios, atacaron el poblado y asesinaron a 37 personas. Poco 
después las rondas de Llochegua enfrentaron a la columna subversiva.

Crecientemente las rondas contrasubversivas, lograron controlar el 
valle del Río Apurímac.

En este período y en esta zona se produjeron las primeras entregas de 
armas a los ronderos; el propio presidente Alan García asistió 
personalmente a una entrega de 100 armas a los ronderos de Rinconada.

En las provincias de Huancavelica que se ubicaban en el área 
sur-central, la relativa pacificación lograda con la instalación de 
bases contrasubversivas en el área rural, se interrumpió, sobre todo 
en Angaraes, cuando una de las principales, la base de Santo Tomás de 
Pata, es retirada. En junio y octubre de 1988, una columna del PCP 
Sendero Luminoso atacó los pueblos de Cuticsa y Puyhuán y asesinó a 
11 y 15 campesinos respectivamente. En 1989, enfrentamientos del 
PCP-SL con campesinos organizados de las comunidades de Chupaca y 
Santo Tomás de Paca dejaron saldos de treinta y veinticinco comuneros 
muertos. Ese año, en un tercer intento por restablecer el orden, se 
volvió a encargar al Comando Político Militar la administración de la 
provincia. Pero la guerra ya no tenía como escenario principal la 
región sur-central, sino que habían sido involucrados otros espacios.

La región Central (Junín, Huancavelica) es uno de ellos. Dos zonas de 
Junín ingresaron en este período a una situación de guerra: las zonas 
altoandinas del Canipaco y el Cunas, y la cuenca del Tulumayo en la 
vertiente oriental (hacia Satipo). En ésta última, actuaron también 
el MRTA que, en una fugaz presencia en esta guerra, tuvo la mayor 
cantidad de acciones y sufrió también sus principales derrotas.

Los militantes del PCP-SL llegaron a las zonas altas ganaderas de 
Junín en 1987, provenientes del Vilcas en Huancavelica; en ese tiempo 
llegó también al Tulumayo, aunque probablemente desde Satipo. Como en 
otras zonas rurales andinas, los contactos iniciales con los 
pobladores fueron cordiales y receptivos a sus demandas. Éstas, en 
las zonas ganaderas, además del abandono del Estado, los conflictos 
locales y el abuso de autoridades, incluyeron sus reivindicaciones de 
tierras frente a las SAIS (de las más grandes del país) Cahuide, 
Heroínas de Toledo y Túpac Amaru. Nuevamente, como en otras zonas, el 
PCP-SL se ganó la adhesión de las comunidades con un discurso de 
igualdad y nuevo estado; asimismo, agregó el discurso y la práctica 
de la destrucción de las empresas asociativas: ataque a instalaciones 
y mobiliario, y degollación o reparto de ganado fino.

En la zona del Tulumayo, también se hizo presente el MRTA cuya 
actitud contrasta, según los comuneros, con el accionar del PCP-SL. 
Testimonios recogidos en la zona informaron sobre incursiones a 
finales de 1987 de militantes del MRTA, que fueron uniformados, 
armados con fusiles y pertrechos militares; no amenazaron a las 
autoridades locales sino las instaron a trabajar por el desarrollo y, 
sorprendentemente, cuando menos en los contactos iniciales, compraron 
(pagaron) alimentos en las tiendas del pueblo. Pero esta esporádica 
presencia no cambió la estrategia del PCP-SL, semejante a las otras 
zonas.

La estrategia inicial de destrucción del viejo estado por 
hostigamiento de puestos policiales y amenaza a autoridades para 
lograr su renuncia (y luego asesinato) obtuvo triunfos fáciles para 
el PCP-SL que se convirtió rápidamente en el nuevo poder en el campo. 
En enero de 1988, instaló el primer Comité Popular en Chongos Altos 
(Canipaco) y nombró nuevas autoridades que muy pronto empezaron a 
supervisar la vida de la población, a atender sus solicitudes de 
resolución de conflictos, sancionar a los adúlteros y castigar a los 
abigeos. La situación se repitió por todas partes. En el Alto Cunas, 
se sumó a la destrucción de SAIS y locales públicos, la de la única 
ONG en la zona: el PROCAD en San Juan de Jarpa. En esta zona, el 
asesinato de autoridades, funcionarios, ricos, abusivos, entre otros, 
fue bastante más frecuente que en el Canipaco. También el Tulumayo se 
formaron a lo largo de 1988 Comités Populares en los tres distritos.

La presencia del PCP-SL en la zona parecía no dar problemas ni causar 
recelos según lo que se explica en algunos testimonios, en los cuales 
se dice que antes, muchos de los que estaban en la Fuerza Principal 
andaban con pasamontañas; pero, luego, ya no; y tampoco tenían ningún 
problema en caminar con el rostro descubierto; porque todos —la gente 
de la fuerza principal y los de la fuerza local— eran compañeros y 
jugaban fulbito. Pero esta cotidianeidad, este equilibrio se 
resquebraja aún antes de la entrada del Ejército. A inicios de 1989, 
los retornos de la fuerza principal dejaron de ser cordiales y se 
volvieron cada vez más violentos y prepotentes; sus exigencias de 
alimentos más frecuentes y la imposición de disciplina más drástica. 
Una situación de conflicto y la pérdida de hegemonía del PCP Sendero 
Luminoso empezó a esbozarse.

En el valle del Mantaro, donde se encuentran las principales 
ciudades, y en la zona minera del departamento de Junín, el conflicto 
tiene en este período una fuerte expansión, aunque su signo es 
diferente: no se instalan Comités Populares, ni se tiene referencia 
siquiera de bases de apoyo, en las zonas rurales, de campesinos 
altamente integrados a los mercados. El espacio de la violencia son 
más bien las ciudades, los asientos mineros y el sabotaje a la red 
eléctrica.

La ciudad de Huancayo fue sistemáticamente objeto de atentados en 
locales públicos y de organizaciones políticas. En la Universidad 
Nacional del Centro, el trabajo proselitista tanto del PCP-SL como 
del MRTA fue intenso y abiertamente se desarrollaron acciones de 
agitación y propaganda armada. En octubre de 1988, ocurrió el primer 
asesinato reivindicado por el Comando Rodrigo Franco de un docente 
universitario. Evidentemente, la violencia va en aumento. Los 
asentamientos humanos populares fueron también espacio de 
proselitismo y propaganda armada donde se encontraron (y se 
enfrentaron) el PCP-SL y el MRTA. Los operativos de rastrillaje de 
fuerzas combinadas del Ejército y la policía se desarrollan 
frecuentemente también. La convocatoria a paros armados empezó 
también. En diciembre de 1988, la ciudad y el departamento se 
declararon en estado de emergencia.

Este año —1988—, fue también un tiempo de conflictos sindicales 
mineros en torno a los cuales el PCP-SL y la policía nacional 
incrementaron la violencia. Ese año, los sindicatos de la Federación 
de Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) realizaron 
una serie de movilizaciones y huelgas demandando la solución a sus 
reivindicaciones recogidas en el pliego nacional único minero de la 
FNTMMSP. Buscando captar el movimiento obrero en desarrollo, el 
PCP-SL asesinó dirigentes que se le oponían. El día de inicio de la 
huela nacional minera, el 17 de octubre, asesinó a un ex-dirigente 
del sindicato de Morococha, Alejandro Patiño de filiación aprista (el 
partido de gobierno), que había manifestado su posición contraria a 
la huelga. Al día siguiente, fue asesinado Fidencio Coronel, 
dirigente del sindicato de La Oroya, militante del PC-Unidad.

También los paramilitares aprovecharon la violencia para frenar el 
movimiento minero eliminando dirigentes del gremio: el 13 de febrero, 
poco antes de la segunda huelga convocada para inicios de marzo, fue 
secuestrado y asesinado por encapuchados el propio secretario general 
de la FNTMMSP, Saúl Cantoral. Grupos de encapuchados fuertemente 
armados asesinaron también al secretario general del sindicato de 
Morococha (5 de abril) y de Cerro de Pasco (16 de abril). A 
diferencia del campo, en los espacios urbanos o campamentos, no fue 
posible implementar estrategias de movilización de la población 
contra la subversión; de manera que la violencia continuó 
incrementándose.

También en Lima Metropolitana, especialmente en la zona industrial de 
la Carretera Central, una intensa actividad del PCP-SL buscó captar 
el movimiento sindical. El período estuvo marcado por el intento del 
PCP-SL de ganar elecciones en los gremios a través de organismos de 
fachada (autogenerados en la terminología subversiva) y su derrota en 
ese terreno. Desde mediados de 1987, tras una fase de captación de 
militantes a través de un discurso que les restó legitimidad a las 
dirigencias sindicales, tildadas defender un revisionismo 
conciliador, el PCP Sendero Luminoso desarrolló acciones más 
directas, desde la intensificación de la propagación de volantes y 
propaganda en las puertas de las fábricas hasta el sabotaje a las 
instalaciones de las fábricas (casos de Nylon, Rayón, Bata, Nissan, y 
otras localizadas en la Carretera Central), asesinato de empresarios 
y de dirigentes, considerados traidores por el movimiento. 
Igualmente, buscó desarrollar la confrontación del movimiento 
sindical con las fuerzas del orden infiltrando las marchas de 
sindicatos en huelgas y realizando acciones violentas. 
Simultáneamente, buscó crear su propia base gremial e intentó captar 
dirigencias tanto de los sindicatos como de los comandos de lucha de 
acciones conjuntas. El 19 de enero, el PCP Sendero Luminoso convocó 
el primer paro armado en la Carretera Central. A abril de 1989, el 
PCP-SL había infiltrado diversos sindicatos (Nylon, FAM, Atlas, COPE, 
Tabacalera Nacional, Bata, Tejidos La Unión y Pelikan); sin embargo, 
sus organizaciones de fachada fueron derrotadas sistemáticamente 
cuando compitieron en las elecciones gremiales.

Paralelamente, la presencia del PCP-SL se hizo sentir en los 
asentamientos populares con un incremento de las acciones de 
propaganda (desfiles de jóvenes militantes, fogatas en los cerros, 
entrega de volantes en los mercados) y la conformación de grupos 
(círculos de estudios) para captar jóvenes con más éxito que en el 
espacio sindical.

El espacio central de Lima también percibió la presencia más directa 
del PCP Sendero Luminoso. Un primer paro armado fue convocado en toda 
la ciudad el 2 de febrero del 1989. Esto provocó el cierre de locales 
comerciales. La ciudad fue atacada y empezó a sentirse cercada. En el 
período, entre julio de 1986 y marzo de 1989, se produjeron en la 
ciudad de Lima 261 ataques y atentados con explosivos.

Al mismo tiempo en el que se activaba la violencia en la ciudad de 
Lima, en las provincias de la sierra norte de Lima (Cajatambo, Oyón) 
y del sur de Ancash (Ocros, Bolognesi), las iniciales incursiones, 
reconocimiento y tomas de contacto precedentes se convirtieron en 
estos años en una acción directa de control de territorios y 
vaciamiento de poder por medio de asesinatos de autoridades locales y 
ataques a puestos policiales. Desde los inicios de 1986, el PCP 
Sendero Luminoso asesinó en Bolognesi y Ocros a diversas personas en 
diferentes localidades acusándolas de colaborar con el Estado; poco a 
poco, sobre todo en 1987 y 1988, se convirtió en el gran protector de 
los poblados, asesinando abigeos, ladrones, mujeriegos en sangrientos 
juicios populares: los hermanos Maza, abigeos, fueron asesinados en 
Nunumia, uno desnucado con un bozal de caballo en presencia de los 
asambleístas y el otro víctima de múltiples puñaladas realizadas por 
miembros de la columna subversiva y algunos asistentes a la asamblea 
según relata el informe especial preparado para la zona por la CVR. 
La cotidianeidad del trato de la columna principal con la población 
campesina en estas provincias y su grado de aceptación se 
evidenciaron en que, según los testimonios, sus integrantes 
transitaron por los pueblos con el rostro descubierto.

Sin embargo, el período se cerró en la zona con el inicio, como en 
muchas otras, de conflictos de los comuneros, en especial con los 
mandos locales cuando la fuerza principal se retiró.

Mucho más al sur, en el altiplano puneño, se abrió otro espacio de 
guerra. En el contexto de la tensión entre las comunidades y las 
empresas asociativas, la acción de destrucción de empresas, toma de 
pueblos, estrategias para amedrentar y el asesinato de autoridades 
continuó durante todo 1986. Desde inicios de 1987, sin embargo, 
empezaron conflictos entre el PCP Sendero Luminoso y la población. En 
San Juan de Salinas, Azángaro, el 8 de abril de ese año, Zenón 
Huarsaya, líder local, fundador de la Federación Campesina y alcalde 
recién electo, fue arrastrado desde su domicilio hasta la plaza del 
pueblo donde el PCP-SL había reunido a la población. Un testigo 
señaló que lo obligaron a arrodillarse ante 200 personas y 
preguntaron a la gente si lo mataban y ésta clamó que no lo hicieran 
pidiendo que le den tiempo para que renunciara. Huarsaya, sin 
embargo, fue asesinado. Los campesinos en los días siguientes 
apoyaron a la policía en la búsqueda de la columna que, poco después, 
fue encontrada y diezmada.

Tras casi un año de calma en la zona, el PCP Sendero Luminoso 
reapareció con un ataque feroz al puesto policial de Crucero, en la 
provincia de Sandia, el 5 de mayo de 1988 Ahí, asesinaron a seis 
miembros de las fuerzas del orden y al juez de paz. En la vecina SAIS 
Picotani, destrozaron sus instalaciones. Un mes después, en plena 
plaza de Azángaro, fue asesinado el sucesor de Zenón Huarsaya en la 
alcaldía de San Juan de Salinas, Jaime Centeno Jove. El 30 de junio, 
dos subversivos asesinaron al propio alcalde provincial de Puno, Luis 
Dueñas Peralta. A pesar de los reveses sufridos, la columna 
subversiva se había reconstituido en Puno desplegando una gran 
capacidad militar. San Juan de las Salinas fue objeto de otro ataque 
subversivo en enero de 1989, cuando asesinaron a siete autoridades.

Pero también empezaron a actuar en el departamento fuerzas 
paramilitares. Se presume que fueron ellos quienes atacaron las 
instalaciones de Radio Onda Azul en dos oportunidades, el 3 de agosto 
de 1986 y los días 3 y 5 de julio de 1988. Estas instalaciones eran 
del Obispado de Puno, que, al mismo tiempo que apoyaba la generación 
de una conciencia ciudadana contra el PCP Sendero Luminoso, apoyaba 
también la reivindicación de tierras de los campesinos contra las 
empresas asociativas.

En el sur andino, Apurímac observa también el despliegue de la 
organización y el control subversivo. Las primeras acciones violentas 
continuas del PCP-SL sucedieron entre febrero y abril de 1986 con una 
serie de asesinatos en diversas comunidades de la provincia de 
Aymaraes. En los meses siguientes hasta julio, los ataques y 
enfrentamientos se extendieron a la provincia de Antabamba. El 7 de 
julio de aquel año, el PCP-SL tuvo su primer enfrentamiento con el 
Ejército en Soccos y el 11 lanzó su primer ataque a un puesto 
policial en Chucapuente; ambos en la provincia de Aymaraes. Allí, el 
PCP-SL luchó por el control de carreteras y puentes y se produjeron 
varios ataques a poblados y comunidades campesinas. Los tres puentes 
principales de la carretera a Aimaraes fueron dinamitados y, durante 
más de un año, los pobladores quedaron obligados a transitar por 
oroyas. El PCP Sendero Luminoso trató de establecer zonas liberadas 
en las partes altas y, así, controlar el tránsito de población. Según 
el estudio realizado por la CVR en la zona, los testigos señalaron la 
existencia de miles de simpatizantes en Aimaraes en 1988.

En Cotabambas, en límite con Cuzco, el PCP Sendero Luminoso avanzó 
constituyendo Comités Populares. El 13 de junio, ésta fue la primera 
provincia del sur andino en ser declarada en emergencia buscando 
contrarrestar el control del PCP Sendero Luminoso. El 5 de diciembre 
de 1988, una columna del PCP-SL tomó el pueblo de Haquira y asesinó a 
dos pobladores y a dos cooperantes franceses y un técnico peruano que 
laboraban en la ONG CICDA. Dentro de sus acciones de promoción, 
apoyaban a las rondas que la población había organizado para 
protegerse de los ladrones de ganado. El PCP Sendero Luminoso no 
permitió la competencia: él controló la delincuencia.

En los siguientes tres meses asolaron las provincias de Cotabambas y 
Chumbivilcas (Cuzco) y asesinaron tenientes gobernadores, dirigentes 
campesinos y abigeos. En Tambobamba, se inició la emigración por 
terror de los pobladores hacia Cuzco y Abancay.

En el contexto del estado de emergencia, el Ejército instaló hasta 13 
bases contrasubversivas en 1988. No fue, sin embargo, hasta el año 
siguiente, que logró el apoyo de la población y la constitución de 
Comités de Autodefensa.

En el vecino departamento de Cuzco, la acción subversiva continuó el 
hostigamiento de los puestos policiales, pero empezó también la 
estrategia de vaciar el campo de autoridades y constituirse en el 
nuevo poder. En junio de 1986 fueron asesinados un regidor y un 
dirigente comunal en Layo (Canas). Entre febrero y junio de 1987, 
fueron atacados diferentes puestos policiales y comunidades en Canas, 
Acomayo y Chumbivilcas; todas provincias altas. Allí, como en las 
vecinas provincias altas de Apurímac, las acciones contra la policía 
se complementaron con el ataque a las bandas de abigeos y se 
constituyó el PCP Sendero Luminoso en la autoridad que protegía a los 
campesinos. Según testigos de la zona, en 1987, ya era visible la 
reducción drástica del abigeato y la creciente aceptación (adhesión 
sería excesivo) de la población.

En el valle sagrado, el puesto policial de Písac fue atacado en mayo 
de 1997 y murió un policía. En agosto de ese año, la propia 
Comandancia de la Guardia Civil en el centro mismo de la ciudad de 
Cuzco sufrió un ataque subversivo. En 1988, el comité regional del 
sur del PCP Sendero Luminoso que integró Cuzco y Puno se consolidó 
bajo el liderazgo de Maria Pantoja Sánchez, hoy en prisión, que 
impulsó la constitución de Comités Populares en las provincias altas. 
A fines de 1988, su acción se extendió al límite con Arequipa; en 
octubre de ese año, una columna subversiva se enfrentó a la policía 
en Condesuyos.

Entre tanto, las acciones de propaganda armada, tomas del comedor 
universitario y disputa por el liderazgo estudiantil se desarrollaron 
en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cuzco.

Pero el gran espacio de despliegue subversivo, que cambió el carácter 
del conflicto y dio nuevo aire al PCP Sendero Luminoso tras su 
creciente repliegue de su zona de origen en la región sur central, 
fue la Selva.

Una de las zonas de importante desarrollo organizativo de los alzados 
en armas en este período es la Selva Central. Para octubre de 1988, 
en que todo el departamento de Junín y la provincia de Oxapampa 
fueron declarados en estado de emergencia, había ya organizado 
numerosos Comités Populares en el valle del Ene, los cuales eran 
dispuestos como bases de apoyo para sus incursiones. A pesar del 
estado de emergencia, la influencia subversiva avanzó desde el Ene 
hacia los distritos de Río Tambo, Pangoa y Mazamari, donde, el PCP-SL 
dominó los espacios, sobre todo fuera de las ciudades, y se convirtió 
en el nuevo poder tras el asesinato de autoridades y de delincuentes. 
Asimismo, estableció puntos de control y registro en lugares clave 
del tráfico fluvial; a partir de esa lógica de control territorial, 
el PCP Sendero Luminoso llegó a establecerse en las inmediaciones de 
Puerto Ocopa, capital del distrito de Río Tambo, punto estratégico de 
entrada a los tres grandes valles: Ene, Tambo y Perené. Su presencia 
involucró prácticamente toda la provincia de Satipo.

Si bien los inicios de su presencia en la zona se asociaron a la 
población colona, durante este período, el PCP Sendero Luminoso se 
hizo fuerte en las comunidades nativas, donde enroló población, a 
veces compulsivamente, y arrasó poblados donde no era aceptado. 
Paralelamente se desarrolló también la presencia del Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru en dos zonas de la selva central: en 
Oxapampa y en La Merced. En la primera, una columna inicialmente con 
pocos militantes (unos diez), bien armados y uniformados como fue 
característico de esa organización, se instaló en la margen izquierda 
del río Palcazu a mediados de 1988, cerca de Ciudad Constitución. 
Desde allí, incursionó en lo poblados de Puerto Bermúdez y Palcazu 
con acciones de propaganda armada y concientización, en especial 
entre la población de colonos, cobro de cupos a ganaderos y hasta 
secuestros. En julio de ese año atacaron el puesto policial de Pozuzo 
y asesinaron a cuatro policías. Ese mismo mes, tomaron el pueblo de 
Puerto Bermúdez donde reunieron a la población en asamblea. Tras 
estas acciones, la policía abandonó los puestos de los diferentes 
pueblos y dejó el espacio para la actuación libre del MRTA, que 
asumió la función de seguridad. En este período, iniciaron también 
contactos con la población y los líderes de las comunidades nativas.

La otra columna inició un trabajo de proselitismo y propaganda más 
bien urbano en La Merced y Pichanaki. A mediados de 1988, logró tener 
un grupo importante de milicianos que actuaron en todo el ámbito de 
La Merced. A fines de 1988, fueron frecuentes las acciones de 
propaganda armada a ambos lados de la Marginal entre La Merced y 
Satipo. En el Nororiente ambas organizaciones estuvieron también en 
desarrollo, aunque inicialmente con algunos reveses. La noche del 21 
de agosto de 1986, un destacamento del PCP-SL intentó tomar la ciudad 
de Uchiza, pero la población lo enfrentó obligándolo a retirarse. Un 
año después, con el apoyo de narcotraficantes, los subversivos 
lograron asumir el control no sólo de Uchiza, sino además de Tocache. 
Esto les permitió dominar la zona, lo que se evidenció en la 
instalación de Comités Populares abiertos.

La relación con los narcotraficantes fue compleja; la alianza 
funcionó en tanto el PCP-SL avanzó expulsando a la policía de los 
diferentes puestos durante 1987. Esto dejó abierto el espacio a la 
economía ilegal, pero impuso a los narcotraficantes la condición de 
disolver sus bandas de sicarios. En un enfrentamiento con una de 
ellas —la banda de Cejitas que se oponía a la disolución—, el PCP-SL 
asesinó a 13 de sus 18 miembros; los cinco sobrevivientes se 
incorporaron al PCP Sendero Luminoso.

El 31 de mayo de 1987 un destacamento de 200 subversivos volvió a 
atacar el puesto policial de Uchiza y dejó un saldo de seis policías 
muertos; en marzo, habían vuelto a tomar Tocache. El 15 de julio se 
decretó el Estado de emergencia. El 17 de julio, en un impresionante 
operativo, las fuerzas combinadas de la policía, el Ejército y la 
Fuerza Aérea llegadas en helicópteros recuperaron la ciudad de 
Tocache. Tras la instalación de las fuerzas del orden, el PCP-SL 
abandonó su presencia abierta en la ciudad y se concentró en los 
espacios rurales.

El puesto policial de Uchiza fue atacado otra vez el 27 de marzo de 
1989. El caso tuvo impacto en la prensa en la medida en que en las 
varias horas de combate, el comandante del puesto mantuvo 
comunicación pidiendo ayuda (que fue difundida luego) con el 
destacamento del Ejército en Tingo María. La ayuda nunca llegó y los 
diez policías que no lograron huir y debieron rendirse, junto con 
tres civiles, fueron sometidos a juicio popular y públicamente 
asesinados. Un operativo con helicópteros artillados fue también lo 
que sacó al PCP-SL —con un alto saldo de muertos según el estudio 
realizado en la zona del Huallaga por la CVR— de otro de los pueblos 
asiento de narcotraficantes: Paraíso. El 15 de octubre de 1987, el 
ataque del Ejército se habría originado esta vez en el pedido de 
auxilio de un narcotraficante, "Machi", atacado en su refugio por el 
PCP Sendero Luminoso, luego que éste rompió su alianza por considerar 
excesivos los cupos que cobraba la organización subversiva.

En Naranjillo, cerca de Tingo María, el PCP Sendero Luminoso ganó 
también espacio, asesinó autoridades y estableció en la zona un 
Comité Popular. En febrero de 1987, por ejemplo, fue asesinado el 
alcalde del distrito, Eugenio Camasca de las filas del PAP. En el 
distrito de Hermilio Valdizan, se registraron asesinatos de 
pobladores, emboscadas a patrullas del Ejercito que tenían su base en 
el pueblo de San Isidro, atentados al batallón de ingeniería del 
Ejercito y respuestas brutales como el ataque desde helicópteros 
artillados a la cooperativa Jardines de Té, destruyendo casas e 
instalaciones. Otra cooperativa, Té Café, fue más bien blanco de los 
subversivos, cuyas exigencias de cupos terminaron llevándola a la 
quiebra. Semejante situación vivió Las Palmas, cuyo local municipal 
fue dinamitado. En Pumahuasi, más cerca de Tingo María, un candidato 
a alcalde fue asesinado en el pueblo durante la campaña electoral 
municipal de finales de 1986 y 11 pobladores fueron asesinados sin 
que los testimonios esclarezcan quienes fueron los perpetradores; uno 
de las víctimas, Oswaldo Ruíz de la Vega, fue espantosamente 
asesinada a machetazos; semejante muerte sufrió su esposa, en estado 
de gestación, luego de ser violada.

El PCP-SL convocó el primer paro armado en el Alto Huallaga en junio 
de 1987 y obligó a la población rural a participar en el bloqueo de 
la carretera Marginal. Con los paros armados, el PCP-SL logró cortar 
las comunicaciones entre Tingo María y el resto del Alto Huallaga.

En el valle del Monzón, la escalada de violencia continuó. En julio 
de 1988, fue emboscada una patrulla militar y asesinados 13 soldados. 
En represalia, fueron asesinados veinte presuntos subversivos.

A fines de 1986, el PCP-SL buscó expandir su control al norte de 
Tocache, hacia el Huallaga Central, organizando bases en los poblados 
de Bambamarca, Nuevo Horizonte, Escote y Santa Rosa de Mishollo, 
entre otros. El área, sin embargo, era también un espacio de 
expansión del MRTA que había empezado a operar en el departamento de 
San Martín. Al norte de Campanilla, en Juanjuí, el MRTA detuvo el 
avance del PCP-SL y estableció una suerte de división del área 
cocalera y quedó el Huallaga Central y el Bajo Huallaga como zonas de 
control del MRTA, quien, en una estrategia diferente, buscaba tejer 
sus vínculos con la población sobre la base de la defensa de los 
cultivos de coca y la formación de rondas, que defendían a los 
campesinos del abuso de policías y narcotraficantes por igual. Sin 
embargo, al igual que el PCP-SL, el MRTA estableció con los 
narcotraficantes una convivencia que le permitió —a través de cupos— 
captar recursos financieros. En las zonas limítrofes, ambas 
estrategias competían por el control de los campesinos.

En esa oscura zona límite, el poder del narcotraficante Demetrio 
Chávez Peñaherrera Vaticano logró que ninguna de las dos 
organizaciones subversivas entrara a Campanilla, su centro de 
operaciones.

El MRTA inició sus acciones militares públicas en 1987 con la 
conformación del Frente Nororiental. La zona de control considerada 
estratégica por el MRTA fue el Valle del Sisa, lugar de acceso a las 
zonas del Alto Mayo, Mayo Medio, el valle del Huayabamba y el 
Huallaga Central. Allí inició el MRTA su primera campaña militar de 
tomas e incursiones de pueblos y ciudades con el objetivo de 
establecer dominio territorial y de agenciarse de armas y dinero. La 
primera incursión, muy breve, ocurrió el 13 de julio de 1987 en el 
pueblo de Campanilla, centro del narcotráfico de la zona; la segunda, 
igualmente fugaz, fue el 30 de agosto en el poblado Pajarillo.

El 8 de octubre, en homenaje al día de la muerte del Che Guevara, el 
MRTA incursionó en el pueblo de Tabalosos (como homenaje, esta vez, a 
los campesinos muertos en el lugar durante la huelga de 1982). El 
puesto policial del pueblo fue rápidamente tomado; de sus escasos y 
sorprendidos diez policías, ocho huyeron y dos fueron capturados y 
llevados a una asamblea en la plaza del pueblo donde, para sorpresa 
de la población no se desarrolló un juicio popular ni fueron 
asesinados ni se realizaron saqueos; el ritual subversivo de muerte 
era sustituido por uno militar (izamiento de bandera) y asamblea 
popular. Desde sus primeras incursiones, el MRTA buscaba dejar claras 
sus diferencias con el PCP Sendero Luminoso como una forma de ganar 
la confianza y la adhesión de la población a su causa.

El 6 de noviembre de 1987, el MRTA realizó su primera incursión en 
Juanjuí, y al día siguiente ocupó San José de Sisa con gran impacto 
mediático nacional.

Pocos días después, una nueva conmemoración, el fallecimiento de Luis 
de la Puente, marcó el día de la incursión del MRTA en Soritor. Lo 
sucedido en Tabalosos se repitió. La operación más grande, sin 
embargo, fue la toma de Juanjuí, cuyo objetivo, además de desafiar 
políticamente a Alan García y amedrentar jueces y fiscales corruptos 
aliados al narcotráfico, era detener el avance del PCP Sendero 
Luminoso. El operativo realizado el 6 de noviembre por sesenta 
miembros del MRTA que consistió en la toma de los tres puestos 
policiales de la ciudad, el aeropuerto y el saqueo de un banco costó 
la vida a un policía y permitió al MRTA apropiarse de un verdadero 
arsenal de armas. Al igual que en los casos anteriores, el nuevo 
ritual de rendición de policías capturados en la plaza, izamiento de 
bandera y asamblea se repitió en medio del entusiasmo de una 
población poco identificada con policías abusivos y eventualmente 
corruptos. El mismo grupo tomó el pueblo de San José de Sisa el 7 de 
noviembre sin disparar un tiro. En ese contexto, se declaró el estado 
de emergencia en el departamento.

Ambas organizaciones disputaron también espacios en Ucayali, área de 
expansión de sus actividades, al mismo ritmo de la expansión de los 
cultivos de coca en la zona o impulsándola directamente. La capital 
de la provincia de Padre Abad, Aguaytía, fue tomada por el PCP 
Sendero Luminoso en uno de sus primeros actos en la región en junio 
de 1987; el local municipal fue quemado con todos sus enseres, al 
igual que los archivos del Banco Agrario y un volquete; quedaron 
afectados los locales de la Subprefectura y el Juzgado de Paz. Al año 
siguiente se produjo un nuevo ataque del PCP Sendero Luminoso; esta 
vez al puesto policial. La siguiente toma fue protagonizada por el 
MRTA ese mismo año; Aguaytía se volvió el espacio de una sangrienta 
competencia entre ambas organizaciones.

En las inmediaciones de Pucallpa, el PCP Sendero Luminoso ingresó con 
un discurso de defensa de la hoja de coca y de limpieza de 
indeseables. El 12 de septiembre, incluso anunció a la prensa sobre 
una operación que se realizaría. En el sector La Hoyada en la ciudad, 
apareció un grupo de subversivos conduciendo a ocho prisioneros 
hombres y mujeres, entre drogadictos, prostitutas y homosexuales. 
Luego de ser puestos en fila, tres subversivos, ante el asombro de 
los testigos, los ametrallaron; un sector de los pobladores aceptó 
como oportunos estos ajusticiamientos; más aún, algunos núcleos 
poblaciones llegaron a demandar la presencia de los subversivos para 
realizar campañas de limpieza.

2.2.4. La crisis extrema (abril 1989-septiembre 1992)

Así como en el período que se abrió en 1983 y que definió un primer 
pico en la estadística de víctimas estuvo marcado por una decisión 
militar, el ingreso de las Fuerzas Armadas al conflicto — donde se 
ubicó el segundo pico de muerte— se inició con otra: la decisión del 
Congreso del PCP Sendero Luminoso de llevar el conflicto al nivel de 
equilibrio estratégico, el paso previo a la ofensiva que lo llevaría 
al poder. Ahora por decisión propia y no como reacción a la presencia 
de un actor nuevo como en 1983, las columnas del PCP Sendero Luminoso 
forzaron su relación con la población rural en las zonas que habían 
sido de expansión, sobre todo en la región Central y Sur andina, 
haciéndose más exigentes, más intolerantes y más violentas. En las 
comunidades de la sierra, ello favoreció –al igual que en la región 
Sur-central en 1984 y 1985-la conformación de Comités de Autodefensa 
y rondas contrasubversivas, ahora con decidido apoyo del Ejército 
tras la decisión política del Presidente en ese sentido. El ciclo se 
repitió con un alto saldo de muerte (aunque menor que en 1984-85). El 
PCP Sendero Luminoso es expulsado.

La estrategia subversiva forzó también la violencia en la Selva y 
movilizó sus bases urbanas hacia la realización de ataques y 
atentados más violentos, más frecuentes y más visibles y buscó 
generar la imagen de cerco y la inseguridad en las ciudades, sobre 
todo en Lima. 2 Un tipo de acción recurrente en estos años, más bien 
esporádica en el período anterior e inusual en los primeros, fue 
claramente urbana: el paro armado. Cabe resaltar que en este período 
se produjo también la primera reacción amplia de la sociedad civil 
contra la violencia con la conformación de Perú Vida y Paz y la 
masiva marcha por la paz en la capital en noviembre de 1989. 
Crecientemente, el conflicto abandonó los espacios rurales de la 
sierra para concentrarse en las ciudades y en la Selva. Incluso el 
acontecimiento que cerró el período, la captura de Abimael Guzmán, se 
realizó en Lima, la ciudad que nunca abandonó durante todo el 
conflicto.

2.2.4.1. El repliegue final de la sierra rural Porcentaje de Víctimas 
en Ciudades y Selva

En las provincias centrales de Ayacucho, el PCP Sendero Luminoso se 
encontró al acecho realizando algunas acciones de sanción a 
comunidades organizadas en Comités de Autodefensa. La comunidad de 
Putaqasa en Sacasamarca, arrasada en 1987, fue nuevamente atacada dos 
veces por el PCP Sendero Luminoso en septiembre de 1989 y en febrero 
del año siguiente; dejó un saldo de nueve y dos comuneros asesinados, 
además del incendio de las viviendas y locales. Igualmente, en cuanto 
se retiraron en 1990 los puestos policiales de los distritos de 
Huambalpa, Carhuanca y Vischongo, inmediatamente las columnas 
subversivas organizaron incursiones en estos poblados. En marzo de 
1991, cerca de 100 subversivos tomaron los pueblos de Ñuñuhuayco y 
Patahuasi en Cangallo y asesinaron a ocho y seis comuneros.

Pero el PCP-SL perdió buena parte del apoyo de la población local y 
no fue capaz de enfrentar la capacidad de fuego de las Fuerzas 
Armadas. Aún, sin embargo, logró realizar algunas acciones como la 
emboscada en el paraje de Challhuamayo el 19 de junio de 1992, cuando 
fue dinamitado un vehículo de la Municipalidad de Huancasancos, donde 
perecieron 17 personas: el Alcalde provincial, el Subprefecto, el 
Fiscal provincial, el Juez de paz, el gerente de la micro-región, 
además del conductor, un capitán EP y diez soldados que brindaban 
seguridad a las autoridades. Este fue uno de los últimos eventos de 
violencia, junto con el asesinato realizado por el PCP-SL de ocho 
personas en la comunidad de Pallcca el mes siguiente.

En las zonas rurales del norte (Huanta, Huamanga, La Mar), el PCP 
Sendero Luminoso intentó nuevamente recuperar espacios y las rondas 
vivirían una segunda experiencia de enfrentamientos sostenidos entre 
1989 y 1990, años que coincidieron con pésimas cosechas, acentuando 
el rechazo a las columnas del PCP-SL que pretendían obtener alimentos 
de los campesinos. En junio de 1989 se produjo a manos del PCP 
Sendero Luminoso el asesinato colectivo de siete personas en Isccana 
(Luricocha); en Mutuycocha (Iguaín) son asesinados veinte pobladores 
el mes siguiente. En octubre, se produjo una masacre en Sallalli 
(Vinchos): mueren diez personas y 12 más en Huayllay (Luricocha). 
También en Vinchos, en el pueblo de Paccha, fueron asesinadas 22 
personas entre comuneros y autoridades en el mes de noviembre. En 
enero de 1990, se produjo una de las peores masacres: 48 comunero 
asesinados por el PCP Sendero Luminoso en Acosvinchos. Dos masacres 
se registraron producidas por incursiones del Ejército: en mayo de 
1990, arrasó la localidad de Yahuar Machay (Ayahuanco) con un saldo 
de 47 personas muertas; y, en enero de 1991, se encontraron 18 
cadáveres su incursión en San Pedro de Cachi. Pero esos fueron ya los 
últimos arrasamientos en la región. La violencia en el norte de 
Ayacucho fue luego más bien urbana.

En la Sierra Central, en las zonas altas de Cunas y Canipaco, así 
como en el Tulumayo, se desarrolló el mismo ciclo que en Ayacucho 
rural en 1984: comunidades en conflicto con el control del PCP 
Sendero Luminoso, que inicialmente acogieron con entusiasmo, 
crecientemente se adhirieron a las Fuerzas Armadas. Es 1989 el año 
con mayor número de muertos o desaparecidos en la historia del 
conflicto. La convivencia lograda por el PCP Sendero Luminoso en las 
comunidades de esta zona se resquebrajó aún antes de la entrada del 
Ejército. A inicios de 1989, la Fuerza Principal del PCP Sendero 
Luminoso presionó por lograr un control absoluto asociado al 
equilibrio estratégico acordado por sus dirigentes. Los juicios 
populares y asesinatos se incrementaron y con mayores dosis de 
violencia (degollaciones, apedreamientos; aparentemente era necesario 
ahorrar municiones). Los mandos locales tuvieron frecuentes 
conflictos con la población por la violencia o por la prohibición de 
vender en los mercados. Algunos huyeron; esto acrecentó la 
agresividad de la fuerza principal.

Ya en abril de 1989, el PCP-SL empezó a arrasar pueblos y asesinar 
colectivos sospechosos de reunirse para buscar alternativas. El 12 de 
abril, ante la población reunida en la plaza de Congos Alto, asesinó 
a 12 personas entre autoridades, profesores, presidente de la 
comunidad y comuneros, que habían participado en una reunión para 
organizar la oposición al PCP Sendero Luminoso. A partir de entonces, 
entró en las opciones de los comuneros organizar rondas 
contrasubversivas y buscar el apoyo de los militares que sólo de 
manera esporádica ingresaron a la zona. Luego del asesinato, una 
comitiva se dirigió al cuartel del Ejército en Huancayo para 
manifestar su voluntad de luchar contra el PCP-SL. Los comuneros de 
la vecina comunidad de Llamapsillon constituyeron también una ronda y 
pidieron el 24 de junio su reconocimiento por el Ejército.

En la cuenca del Cunas, la misma exacerbación de la violencia condujo 
al mismo resultado. El 5 de abril de 1989 una columna subversiva 
asesinó en la plaza del pueblo de Chaquicocha a un agente municipal y 
un vigilante de la unidad de producción de la SAIS Túpac Amaru y mató 
150 ovejas finas. Un mes después, volvió al pueblo y asesinó además a 
diez personas, entre ellas varias autoridades. Ese mismo día, otro 
grupo estuvo atacando el Anexo Accac Bellavista de San Juan de Jarpa; 
en juicio popular, asesinó a tres personas. Pero el mes de noviembre 
fue el más sangriento: el 4 de noviembre, en Misquipata, asesinó a la 
esposa de un policía y en Accac Bellavista a la esposa, la suegra y 
la hijita de tres años de otro policía. El 9 de noviembre, el PCP-SL 
tomó el pueblo de Quero y asesinó por degollación a cinco personas, 
entre ellas dos mujeres familiares de autoridades. Dos días después, 
cuatro dirigentes del anexo San Blas en Chambará (Bajo Cunas) fueron 
secuestrados por el PCP-SL y ultimados a tiros fuera del pueblo. El 
anexo Chaquicocha fue nuevamente asaltado y asesinada una persona, en 
tanto que en una emboscada fueron asesinadas tres de sus autoridades. 
En Usibamba fueron asesinados seis comuneros; en el anexo San Blas, 
asesinó al presidente de la comunidad en juicio popular. La ola de 
asesinatos y destrucción de infraestructura pública y unidades de 
producción de las SAIS fue enorme. En la comunidad de Quero, de 210 
comuneros en 1990 quedaron 25: la zona se despobló por temor.

En ese contexto, se desarrollaron Comités de Autodefensa. Al igual 
que en el Canipaco, comuneros de estas zonas consideradas rojas, 
visitaron el cuartel del Ejército solicitando apoyo para formar 
Comités de Autodefensa. En enero de 1990, comuneros del anexo de 
Quero, Santa Rosa de Huarmitá, San Roque de Huarmitá, Chaquicocha y 
Usibamba se reunieron el 8 de enero de 1990 para acordar formar un 
Comité de Autodefensa y pedir apoyo al Ejército. En una segunda 
reunión, se incorporaron representantes de los anexos de Chala AIta y 
San Pedro de Sulcán.

Los iniciales intentos de organización aún no coordinada con el 
Ejército ni entre las comunidades en el Tulumayo fueron respondidos 
con asesinatos por el PCP Sendero Luminoso; así en Cochas y 
Runatullo. En diciembre de 1989, comuneros de Talhuis, Runatullo, 
Torolumi, Todos los Santos, Marayniyoq y Villa Muchca se reunieron y 
acordaron defenderse de las incursiones subversivos y encargaron a un 
grupo pequeño de comuneros la tarea de visitar el Fuerte Cáceres, 
ubicado en la ciudad de Concepción, para solicitar apoyo militar.

En todos los casos, los comuneros debieron enfrentar la desconfianza 
inicial del Ejército – todas eran zonas rojas— hasta que empezaron a 
recibir apoyo en sus incursiones. La relación —a juzgar por los 
estudios realizados en estas zonas por la CVR— no llegó a ser nunca 
armoniosa; fue tensa (maltratos) y costosa (colaboraron con el 
rancho). En 1991, empezaron a recibir escopetas, a tener 
entrenamiento y estar sometidos a una dura disciplina militar, por 
momentos humillante, pero asumida, según los testimonios, como 
necesaria y como castigo por su anterior adhesión a la subversión.

En cualquier caso, los Comités de Autodefensa poco a poco empezaron a 
dominar la zona y a expulsar al PCP-SL. Para 1992, el Ejército tenía 
registrado 1,568 ronderos sólo en el Alto Canipaco con organización y 
disciplina militar. El orden social se restableció poco a poco y 
nuevamente las comunidades eligieron autoridades propias. La guerra 
había terminado.

La retirada del PCP-SL de las zonas rurales de la provincia de Pasco, 
donde se había replegado tras ser expulsado de la provincia de Daniel 
A. Carrión, fue también producto de la acción organizada de 
comuneros, muchos de los cuales habían sido bases de apoyo (masa). La 
desactivación de la principal columna subversiva comandada por el 
camarada Hernán, responsable de muchas muertes en la zona, (julio 
1989) se produjo luego que éste es asesinado por una comunidad, base 
de apoyo, que simuló un agasajo.

Salvo en la ciudad de Cerro de Pasco (particularmente su universidad 
y zonas aledañas), el PCP-SL fue expulsado de la sierra del 
departamento. En algunos puntos, sin embargo, los conflictos finales 
fueron especialmente violentos por su carácter estratégico. Fue el 
caso del distrito de Tambillo parte de un corredor que los militantes 
del PCP-SL tenían para movilizarse desde Carhuamayo y Ulcumayo, hacia 
Pasco, donde contaban con bases locales de apoyo. En 1992, buscando 
asegurarse en este espacio estratégico, el PCP-SL realizó una 
verdadera caravana de la muerte en la zona asesinando autoridades y 
pobladores opuestos a su causa. El 2 de febrero, un contingente del 
PCP-SL de aproximadamente cincuenta hombres, ingresó a las estancias 
de Chinchiaco y Marcapata, del centro poblado de Tama, distrito de 
Ulcumayo, en Junín. Obligó a los pobladores de Tama a caminar hasta 
Tambillo, donde asesinaron al alcalde de Tama, a tres de sus 
familiares y a tres miembros de la familia Castro. Ese mismo domingo 
2 de febrero, en Huallamayo, fueron asesinados Juan Córdova y tres de 
sus hijos por promover la organización de una ronda campesina. En la 
noche, los militantes del PCP-SL ingresaron a Auquimarca y convocaron 
a los pobladores a la plaza principal, donde asesinaron a seis 
autoridades de la comunidad y a dos comuneros encargados de obras 
comunales. Unos meses después, en mayo, esta acción se repitió en los 
distritos de Paucartambo, Huachón y Ulcumayo. En Chupaca (distrito de 
Paucartambo), el alcalde accidental de centro poblado menor, había 
anunciado por radio su renuncia al cargo para evitar ser asesinado; 
el 13 de mayo, sin embargo, fue degollado, junto con otros dos 
comuneros. El 14 de mayo fueron asaltados tres anexos de Ulcumayo 
(provincia y departamento de Junín); el 17 del mismo mes en 
Quiparacra, en el distrito de Huachón, el PCP-SL asesinó en presencia 
de los pobladores a siete autoridades que habían decidido enfrentar 
las amenazas y mantenerse en sus cargos.

Pero, con excepción de puntos específicos, en general, el área rural 
de Pasco tendió a pacificarse. Lo mismo sucedió en las provincias del 
Centro de Huancavelica (Tayacaja, Churcampa y Huancavelica), cuyos 
espacios rurales, tras un ciclo semejante (intento de recaptura por 
el PCP-SL y exclusión final), terminaron bajo el control de las 
rondas contrasubversivas y las Fuerzas Armadas.

En el Sur Andino, el conflicto tuvo otro desarrollo. En las 
provincias altas de Cuzco (Canas, Canchis, Chumbivilcas) y Apurímac, 
luego de que el número de víctimas reportadas alcanzó un pico en 
1988, durante estos años empezó a disminuir; el PCP Sendero Luminoso 
tendió a replegarse, sobre todo después de la instalación de bases 
contrasubversivas en Antabamba y Haquira.

Los ataques selectivos del PCP-SL (a rondas que originalmente fueron 
contra abigeos, pero igualmente consideradas enemigos) continuaron, 
así como el asesinato de autoridades locales; simultáneamente, sigue 
la creación de Comités Populares abiertos, autoridades del nuevo 
estado. Esta estrategia, como en otras zonas, necesaria por el 
vaciamiento de autoridad producido, fue su principal debilidad. El 12 
abril y hasta el primero de mayo de 1990, una patrulla militar de la 
base de Antabamba, salió en un recorrido de muerte por los distritos 
de Antabamba, Oropesa, Quiñota, Llusco y Santo Tomás (provincias de 
Antabamba y Chumbivilcas) e incursionó en comunidades campesinas 
sospechosas de conformar bases de apoyo del PCP Sendero Luminoso. A 
lo largo del recorrido, 13 personas fueron ejecutadas 
extrajudicialmente y ocho quedaron desaparecidas tras ser arrestadas. 
Otros actos de abuso se cometieron también. El 24 de septiembre de 
1990, un grupo de policías ebrios, según los testimonios recogidos, 
detuvieron en Chumbivilcas al abogado Marcelino Valencia, asesor de 
la Liga Agraria y defensor de las comunidades campesinas. El día 29, 
su cadáver fue encontrado en las afueras del pueblo junto con el de 
un estudiante.

Junto con el ataque del Ejército, el PCP Sendero Luminoso debió 
enfrentar a las nacientes rondas en la zona. Si bien al momento de la 
captura de Guzmán en Lima aún había actividad subversiva en la zona 
(en mayo de 1992, por ejemplo, aún se registraban acciones como el 
asesinato de cuatro autoridades, incendio del municipio y destrucción 
de dos ómnibus en San Pedro, Canchis), fue claro que se encontraba en 
declive.

En Puno la actividad subversiva sí fue creciente. En el período, se 
produjeron el 65% de las muertes de los 20 años de conflicto armado. 
La fuerza principal del PCP-SL se ubicó en el centro de la provincia 
de Azángaro y desde allí se desplazó hacia Melgar, Carabaya y Lampa. 
Pero, como se señaló antes, en Puno, el PCP Sendero Luminoso no 
controló el ámbito rural a pesar de asesinar o amedrentar autoridades 
y debió competir políticamente con la federación de Campesinos, los 
paridos de izquierda y la acción de promoción de la Iglesia Católica. 
Ello le impidió sustentarse, como en otras zonas, en Comités 
Populares, que no se crearon en Puno y, como apoyo contó sólo con una 
red de simpatizantes que si bien definieron un amplio territorio, 
manifestaron la misma debilidad que la estructura central: caído el 
mando principal, la red desapareció.

Esta red de apoyo, sin embargo, fue suficientemente útil para 
sustentar una seguidilla de



atentados como la que realizó el PCP Sendero Luminoso en mayo de 
1989. El viernes 19 de mayo 1989, un grupo del PCP-SL asesinó a 
Marcelino Pachari Roselló, alcalde provincial de Azángaro, quien se 
encontraba inspeccionando la reconstrucción del puente que días atrás 
había sido volado por un destacamento del PCP Sendero Luminoso. Dos 
días después, la columna del PCP-SL destruyó en la noche del 21 de 
mayo las instalaciones del IER Waqrani, en las afueras de Ayaviri. El 
26, en el distrito de Ñuñoa, arrasaron la Empresa Rural de Propiedad 
Social Alianza y asesinaron a dos técnicos. Dos días después, el 
Ejército ingresó a Azángaro con la finalidad de asumir el control 
político militar para hacer frente a la subversión. Al día siguiente, 
sin embargo, el PCP Sendero Luminoso tomó el distrito de Ayrampuni y 
asesinó al alcalde Daniel Curro Chambi, incendiando el local del 
colegio. Entre enero y julio de 1989, el PCP-SL causó 23 bajas en las 
fuerzas policiales y 14 autoridades fueron ajusticiadas. Al menos 
veinte personas más sumaron las víctimas por robar a nombre del 
partido e incurrir en soplos, abigeato o deserción.

En Puno, entretanto, activó un grupo paramilitar cuyos objetivos 
fueron no subversivos, sino opositores al régimen de Alan García: se 
realizaron atentados contra la Federación de Campesinos, la ONG 
TECIRA, Radio Onda Azul y los domicilios de ex diputados de Izquierda 
Unida por Puno.

En enero de 1990 la columna principal del PCP Sendero Luminoso sufrió 
un revés decisivo. Comandada por su responsable militar, Juan Carlos 
Olivares, la columna intentó atacar las instalaciones de la SAIS 
Sollocota. El destacamento policial destacado allí logró repelerlos; 
la columna se replegó; pero los policías, junto con los campesinos 
del lugar, fueron en su búsqueda. Los alcanzaron y en el 
enfrentamiento murieron cinco subversivos, entre ellos, su mando 
militar. Esta acción marcó el principio del fin, pues con la muerte 
de Olivares, se desbarató la columna principal pero, sobre todo, la 
red de contactos de apoyo. A este tipo de reveses militares, se sumó 
la acción policial de inteligencia que colaboró a desarticular redes, 
deteniendo a los simpatizantes que apoyaron al PCP-SL.

La resolución final de la lucha por las tierras a favor de las 
comunidades campesinas colaboró al aislamiento del PCP Sendero 
Luminoso: 1,274 comunidades de Puno recibieron cerca de dos millones 
de hectáreas de pastos: las comunidades estuvieron más ocupadas en 
inscribir en los registros públicos las tierras, que en disputas 
políticas. Paralelamente, la influencia de la Federación, una vez 
logrado el objetivo de la lucha, decayó también.

A pesar de todo ello, un cierto repunte se observó en 1991, sobre 
todo de comandos de aniquilamiento urbanos y, luego, nuevamente en el 
campo. El 14 de mayo de 1991 fue asesinado por el PCP-SL en Juliaca, 
Porfirio Suni, dirigente campesino reconocido y representante de IU 
en el gobierno de la Región. El 17 de julio, fue asesinado el alcalde 
provincial de San Antonio de Putina. Al mes siguiente, el 18 de 
agosto, cayó asesinado el jefe del Instituto Nacional de Defensa 
Civil en Juliaca y el día 30 murió abaleado por el PCP-SL el 
periodista y dirigente de Cambio 90, Gustavo Zúñiga.

Una columna subversiva atacó el 6 de septiembre el pueblo de Pucará, 
en la provincia de Lampa, y mató a cinco policías y quemó la 
municipalidad, el local de ENTEL Perú y varias casas. Otro grupo 
armado emboscó una patrulla del Ejército en la provincia de Melgar, 
donde murieron un oficial y cinco soldados, cuatro subversivos y el 
administrador de la mina San Rafael. En el distrito de Inchupalla, en 
Huancané, el domingo 29 de Julio de 1992 un destacamento del PCP-SL 
asesinó a cuatro autoridades y un niño. El 12 de septiembre, los 
ronderos de Asillo se enfrentaron al PCP-SL y mataron a siete de 
ellos. Cinco días después, el PCP-SL respondió atacando el puesto 
policial de Asillo, donde murieron dos civiles. El rechazo a los 
grupos subversivos fue claro. Sin embargo, el final de la violencia 
debió esperar aún la captura de Guzmán y la desactivación del aparato 
central subversivo.

2.2.4. 2. La máxima violencia urbana

Las ciudades de Huancayo, Huamanga y Lima vivieron en estos años el 
peor momento de la guerra. La muerte podía llegar de cualquier parte: 
del PCP Sendero Luminoso, de un paramilitar, del azar ciego de un 
coche-bomba.

En la ciudad de Huamanga, el accionar del PCP Sendero Luminoso fue 
intenso, especialmente entre finales de 1989 e inicios de 1990; la 
coyuntura de elecciones nacionales da especial visibilidad a sus 
acciones armadas urbanas. Un espacio privilegiado de la violencia 
siguió siendo, como en el período anterior, la Universidad Nacional 
San Cristóbal de Huamanga que entre 1989 y 1991 registró el mayor 
saldo de víctimas en sus tres estamentos. En pleno dictado de clases, 
el 29 de mayo fue asesinado por el PCP Sendero Luminoso, el 
catedrático Marcelo Capeletti, militante aprista, ex presidente de la 
Corporación de Desarrollo de Ayacucho y, el 28 de enero de 1990, el 
trabajador no docente Tomás Evangelista Carranza también del PAP.

Los comandos paramilitares, por su parte, fueron responsables de la 
desaparición de los hermanos estudiantes José Carlos Mansilla 
(Ingeniería de Minas) y Alexander Mansilla (Educación), hijos de un 
docente de la UNSCH el 26 de junio de 1990; del asesinato, el 21 de 
julio, de Fernando Colonio, abogado que trabajaba para la 
Universidad, quien había realizado denuncias sobre violaciones a los 
derechos fundamentales; tres días después, el 24 de julio, fue 
asesinado Ciro Aramburú, jefe de Bienestar Universitario de la UNSCH. 
Se les consideró los perpetradores de los atentados con dinamita el 
28 de octubre contra los locales de la residencia, el comedor 
universitario, el tópico de salud universitario, once unidades de 
transporte y los equipos de la imprenta; así como del asesinato el 27 
de noviembre del abogado Hugo Luna Ballón, ex asesor legal y docente 
de la UNSCH.

La lista de asesinatos perpetrados por paramilitares o agentes del 
orden vestidos de civil contra personas vinculadas a la Universidad 
fue aún larga en 1991: el 19 de julio realizaron una operación 
encubierta en el domicilio del docente universitario Francisco Solier 
García, asesinado junto con su esposa y su hijo con armas con 
silenciadores. A los dos días, aparecieron sin vida los cuerpos de 
Mariscote Santa Cruz y Leoncio Espinoza, ambos estudiantes de la 
especialidad de Obstetricia, secuestrados una semana antes; el 12 de 
octubre desconocidos asesinaron al estudiante Antonio Huacache 
Chávez; el 19 de octubre es asesinado Camilo Fernández Flores, 
estudiante de la Facultad de Educación; el día 23 se produjo un 
atentado contra Juan Luis Pérez Coronado, profesor de la Facultad de 
Ciencias Sociales; y el 21 de diciembre de 1991, fue asesinada en la 
puerta de un centro educativo, la ex alcaldesa de Huamanga, Leonor 
Zamora Concha, docente en la especialidad de Servicio Social de la 
UNSCH.

Pero no sólo fueron asesinados universitarios. Uno de los crímenes de 
mayor impacto es el asesinato perpetrado por el PCP Sendero Luminoso 
del alcalde provincial de Huamanga, Fermín Asparrent, en septiembre 
de 1989; el alcalde de Ocros fue asesinado poco después. De 
responsabilidad de paramilitares fue el asesinato del periodista Luis 
Morales Ortega en julio de 1991.

En el período que corresponde a este acápite, la base de datos de 
DESCO registró 11 paros armados en la ciudad de Huamanga; en ellos, 
el PCP Sendero Luminoso realizaron otros atentados y detonación de 
explosivos; normalmente fueron acompañados de apagones provocados. En 
un paro armado convocado para el 17 y 18 de agosto de 1991, el PCP 
Sendero Luminoso arrojó explosivos contra vendedores ambulantes que 
no acataron el paro; murieron dos. La violencia en la ciudad sólo se 
detuvo con la captura de Abimael Guzmán y la ulterior firma del 
Acuerdo de Paz. En la red urbana del valle del Mantaro, especialmente 
en la ciudad de Huancayo, el período fue extremadamente violento: el 
82% de las muertes reportadas a la CVR en el ámbito del valle del

Mantaro, se produjeron en estos años. Las columnas subversivas 
expulsadas de las zonas altas incrementaron el contingente en las 
ciudades. Durante el segundo semestre de 1989, se multiplicaron las 
acciones de sabotaje y propaganda armada. El 16 de junio, en el 
ataque al puesto policial de Huaripampa, murieron dos policías y el 
párroco. El 7 de noviembre, fue atacado el puesto policial de La 
Oroya y resultaron tres policías heridos. Acciones de sabotaje se 
realizaron en diversos lugares. En 1989, fueron particularmente 
destructivos los ataques a instalaciones y locomotoras de la empresa 
minera Centromin Perú. En el ámbito del Mantaro, se registraron 223 
acciones, sólo entre atentados con explosivos, acciones de 
destrucción de infraestructura o instalaciones y ataques a 
instituciones públicas y privadas.

En los Asentamientos Humanos de Huancayo, hubo una intensa labor de 
propaganda y proselitismo del PCP Sendero Luminoso y del MRTA, aunque 
ésta organización bajó su accionar luego de su derrota en Molinos (se 
analizará más adelante). En julio de 1989 un dirigente barrial y 
profesor universitario, Luis Aguilar Romaní fue asesinado por el 
PCP-SL.

La base de datos de DESCO sólo registró cuatro convocatorias a Paros 
Armados en Huancayo, una de ellas, escalonada: el 1 y 2, paro de 
consumidores; el 3 y 4, paro de transportistas; el 7 y 8, paro armado 
general. El paro armado del 26 de julio fue especialmente violento: 
acatado en toda la ciudad (sin transporte, cierra puertas general). 
El PCP Sendero Luminoso detonó explosivos en un surtidor de gasolina, 
dos compactadores y las casas de diversas autoridades; derribó torres 
de alta tensión y provocó un apagón general.

Pero la Universidad Nacional del Centro siguió siendo el centro del 
accionar de la violencia con todos sus actores. Las muertes de 
estudiantes las inició el PCP Sendero Luminoso: el 28 de abril de 
1989 asesinó tres universitarios en el mismo campus. Pero también 
integrantes de la comunidad universitaria presuntamente vinculados al 
PCP Sendero Luminoso empezaron a ser objeto de desapariciones y 
ejecuciones extrajudiciales perpetradas por paramilitares; éstas 
sumaron algunas decenas: sólo en junio de 1991 se dio cuenta de la 
desaparición de 35 estudiantes. El caso más conocido fue la detención 
del propio vicerrector de la UNC, Jaime Cerrón Palomino, el 8 de 
junio de 1990; el 19 de junio su cuerpo, junto con el de su chofer, 
fue encontrado sin vida y con visibles huellas de tortura. El 
Ejército y la policía intervinieron hasta en dos oportunidades en el 
campus en mayo de 1989 en busca de elementos subversivos.

En 1992, la violencia estuvo en auge. El 31 de enero de 1992 murió 
acribillada Florentina Rivera Távara, dirigente del asentamiento 
humano Juan Parra del Riego; en marzo, el PCP-SL asesinó a ocho 
personas de un colegio secundario de Huancayo; policías fueron 
asesinados y hasta apareció un subversivo muerto, presuntamente por 
militantes del MRTA. El cartel indicaba que había sido muerto por 
subversivo y que el MRTA no era subversivo, sino revolucionario. Aún 
después de la captura de Guzmán, la región Central siguió siendo un 
espacio de violencia.

Pero, para el equilibrio estratégico, el asedio y la generalización 
del clima de terror en Lima, el centro del poder económico y 
político, el punto más visible del territorio nacional fue crucial: 
asedio desde el cordón de hierro de los asentamientos humanos 
marginales; terror en el centro y sus barrios medios y comerciales.

Entre abril de 1989 y diciembre de 1992, se produjeron el Lima 907 
ataques y atentados; el 47% de los atentados producidos en todo el 
país; aproximadamente un promedio de un atentado por día. En el 
período, fueron convocados por lo menos diez paros armados y conjunto 
orquestado de acciones armadas en la capital. Los paros armados 
fueron creciendo en violencia. En 1992, hubo paros armados en los que 
se asesinaba a taxistas para sembrar terror en ese sector de 
transportistas. En una ocasión, varios taxistas fueron quemados con 
sus vehículos. Durante el paro armado del 14 de febrero, se llevaron 
a cabo 25 atentados, entre ellos, la voladura de un camión 
portatropas. 1992 es también un año de alta violencia del grupo 
Colima. Ese año se produjeron en Lima dos de sus actos más brutales: 
el ataque a un grupo de personas en Barrios Altos mientras celebraban 
una pollada; la desaparición el 18 de julio y el ulterior asesinato y 
descuartizamiento de los cuerpos de nueve estudiantes y un profesor 
de la Universidad Enrique Guzmán y Valle «La Cantuta».

En los barrios de los conos de expansión de Lima, el PCP Sendero 
Luminoso no sólo incrementó sus acciones de propaganda y ataque de 
lugares públicos, sino desarrolló una fuerte presión sobre las 
dirigencias barriales (acciones con la finalidad de amedrentar y 
asesinatos) buscando lo que no logró antes con las organizaciones 
gremiales: copar las organizaciones barriales. Los estudios de los 
tres conos de Lima realizados por la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación mencionaron la presencia nueva del PCP Sendero 
Luminoso, o de sus organizaciones de fachada, en las asambleas de los 
barrios con el fin de incidir en conciencias y dirigir acciones con 
su discurso de extrema radicalidad. En el cono norte, buscaron 
infiltrar los nuevos asentamientos presentándose como parejas o 
familias en los repartos de lotes. La mayor presencia subversiva en 
las organizaciones barriales, combinando la prédica con acciones 
violentas y asesinato de dirigentes opuestos, tenía un contexto 
favorable: la hiperinflación de los últimos años del gobierno de 
García y el ajuste impuesto por el nuevo presidente Alberto Fujimori 
Fujimori.

Como infiltración en las organizaciones barriales, tuvieron más éxito 
en Villa El Salvador que, por ejemplo, en Huaycán las dos comunidades 
autogestionarias de intensa dinámica organizativa.

En Villa El Salvador, el PCP-SL incrementó su accionar a lo largo de 
1989 y 1990 con actos de sabotaje y de propaganda: quema de buses, 
atentados contra infraestructura de luz y agua, la comisaría, el 
local del partido de gobierno, intensa entrega de volantes en 
mercados y colegios, intercepción de camiones con comestibles y su 
reparto, etc. En 1991, las acciones fueron más violentas. El 23 de 
junio el PCP-SL asesinó a Alejandro Magno Gómez, prefecto del 
distrito; en septiembre, una bomba destrozó uno de los centros de 
acopio de alimentos de los comedores populares de la FEPOMUVES, 
presidida por María Elena Moyano. el PCP Sendero Luminoso estuvo 
intentando restar espacio a los dirigentes. Ese año, un sector de 
dirigentes simpatizantes del PCP-SL logró una alianza para destituir 
al Secretario General de la Comunidad Urbana Autogestionaria 
(CUAVES). En contra de estas acciones, el alcalde, Johny Rodríguez, 
buscó generar un espacio social alternativo y promovió a finales de 
1991 una Mesa por la Paz y el Desarrollo, pero no logró consolidarse 
y más bien el PCP-SL respondió incrementando la violencia. El 13 de 
enero de 1992, un obrero del primer sector fue baleado en la puerta 
de su domicilio; el 10 de febrero, un anciano vigilante fue asesinado 
y se le colocó un cartel: «Así mueren los soplones». El 12 febrero un 
dirigente vecinal fue abaleado en la puerta de su casa. El 9 de 
febrero, en las elecciones de la APEMIVES (la asociación de pequeños 
y micro empresarios), fue elegido presidente un micro empresarios con 
respaldo del PCP Sendero Luminoso.

Nuevamente los dirigentes opositores buscaron frenar el avance del 
PCP-SL. El 14 de febrero, día en que el PCP Sendero Luminoso había 
convocado un paro armado, María Elena Moyano, presidente de la 
federación de mujeres, convocó una Marcha por la Paz. Asistieron 
pocas personas, pero el PCP Sendero Luminoso respondió: esa noche, 
hizo estallar 500 gramos de dinamita en la casa del ex alcalde Michel 
Azcueta. Al día siguiente, un comando de aniquilamiento asesinó a 
balazos a María Elena Moyano; su cuerpo luego fue dinamitado. Las 
demás dirigentas de FEPOMUVES se replegaron por presión de sus 
familias o por temor. Frente a ese repliegue, dirigentas 
aparentemente cercanas al PCP-SL tomaron las riendas de la 
organización femenina. Las principales organizaciones terminaron 
controladas por el PCP-SL. Así, la Sexta Convención de la CUAVES 
realizada en agosto, resultó copada por la organización subversiva.

En el asentamiento humano de Huaycán, en el Cono Este —creado como 
una comunidad autogestionaria durante el gobierno municipal de la 
Izquierda Unida—, el PCP Sendero Luminoso tuvo inmensas dificultades 
para establecerse con la población y legitimar su presencia, a pesar 
de su permanente presión con acciones, sobre todo de propaganda y con 
la intención de generar temor y sensación de fuerza: marchas 
relámpagos, entrega de volantes y, esporádicamente, captura y uso de 
los altoparlantes para propagar sus consignas. En este asentamiento, 
se desarrolló una disputa política por la organización vecinal que, a 
diferencia de Villa El Salvador, fue reciente y mantuvo un carácter 
altamente participativo en la medida en que los pobladores estaban 
construyendo su espacio con servicios urbanos; además, era poco 
burocratizada; y, por lo tanto, difícil de envolver mediante sus 
estrategias para amedrentar e incluso el asesinato de algunos 
dirigentes.

A finales de los años ochenta e inicios de la década del noventa, 
Huaycán se había convertido en uno de los espacios de localización de 
población desplazada de las zonas de violencia, particularmente en 
sus zonas altas, de menor habilitación urbana y población más pobre; 
aparentemente, junto con los desplazados se habrían infiltrado 
simpatizantes y militantes del PCP Sendero Luminoso. Allí también se 
localizaron los propios excedentes poblacionales de las zonas media y 
baja: jóvenes muy pobres. Estos nuevos asentamientos dieron en estos 
años nuevo impulso a la presencia del PCP Sendero Luminoso. A 
principios de los años noventa, el PCP-SL incrementó su presencia en 
estas zonas altas y sus columnas fueron vistas desplazándose por allí 
continuamente. Intensificaron también campañas propagandísticas y 
trataron de legitimarse ante la población ejerciendo funciones de 
seguridad ante la absoluta ausencia de los aparatos del Estado.

A pesar de ello, en abril de 1991, durante el Segundo Congreso 
Estatutario de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, el PCP 
Sendero Luminoso sufrió una derrota política; los delegados acordaron 
no confiar su seguridad al PCP-SL, sino organizarse en la autodefensa 
de masas frente a la drogadicción, la delincuencia y la violencia. 
Como respuesta, el PCP-SL convocó a un paro armado para los días 29 y 
30 de abril de 1991 e intentó sabotear las elecciones de mayo. Éstas 
fueron desarrolladas al fin con el apoyo mayoritario de la población, 
que solicitó garantías a la Policía Nacional. El 7 de julio se creó 
el Cuerpo de Autodefensa que fue atacado también por el PCP-SL. En 
septiembre de ese año, se instaló en la zona una base militar y se 
incrementaron programas de asistencia social. Si bien el PCP Sendero 
Luminoso se mantuvo al acecho (en marzo de 1992, asesinó por ejemplo 
a Zacarías Magallanes, dirigente y más tarde a otros, entre ellos 
Pascuala Rosado quien fuera presidenta de la CUAH), su intento de 
control político fracasó.

Sí tuvo éxito en Raucana, pequeño asentamiento humano también del 
Cono Este. A diferencia de Huaycán que fue planificada, Raucana fue 
producto de una invasión sobre terrenos privados. El PCP Sendero 
Luminoso estuvo presente desde su fundación en julio de 1990 
organizando la defensa vecinal contra el desalojo y amedrentando a 
los propietarios. Su control político y territorial fue casi 
completo, al punto de que allí se instaló el primer Comité Popular 
abierto de Lima (y el único). Entre coerción y convencimiento, el PCP 
Sendero Luminoso terminó organizando incluso la vida cotidiana en 
Raucana: desde cómo enfrentar el problema del agua, organizar las 
faenas agrarias y los comedores comunales, hasta el control de los el 
orden interno, el PCP-SL impuso un severo código de sanciones y 
castigos que fueron percibidos positivamente por los pobladores. Este 
control abierto duró hasta la instalación, en septiembre de 1991, de 
una base militar que se mantuvo en el lugar hasta el 2000. Durante 
nueve años, el control del Ejército fue férreo; redadas y 
rastrillajes fueron cotidianos.

Los diferentes barrios populares de Lima vivieron todos situaciones 
de presencia violenta e intentos de copamientos de sus organizaciones 
por parte del PCP Sendero Luminoso, dentro de éstas oscilaron entre 
el control total (cuyo caso extremo es Raucana) y la disputa 
política, al par de una creciente ola de atentados y asesinatos. Sólo 
en 1992, fueron asesinados 27 dirigentes vecinales.

En los barrios comerciales y de clases medias y altas, sin disputa 
política ni el objetivo de captar adhesiones, la única relación del 
PCP Sendero Luminoso con la población fue la violencia y el único 
objetivo, el terror. Fue el espacio en el que el único lenguaje era 
el de los comandos de aniquilamiento, los coches bomba y los paros 
armados.

Las acciones subversivas en la capital parecieron ordenarse por el 
ritmo de la coyuntura política en secuencias de reducción y brusca 
ofensiva. Entre agosto y septiembre de 1989, por ejemplo, se observó 
un repliegue del accionar subversivo, aparentemente preparatorio de 
una ofensiva en torno a las elecciones municipales de noviembre. En 
efecto, a partir de octubre las acciones subversivas se incrementaron 
notablemente. Un nuevo repliegue se observó en diciembre hasta marzo 
de 1990 en que repuntó en plena campaña de elecciones presidenciales 
en mayo. Este ascenso se mantuvo hasta agosto; sus principales 
objetivos fueron los centros comerciales y las unidades de transporte 
en la capital, que sufrieron varios atentados. Tras una relativa 
calma entre diciembre y abril, la violencia repuntó para seguir un 
ascenso continuo. El año 1992 fue el año de mayor violencia en Lima. 
El coche bomba que estalló en la calle Tarata el 16 de julio de 1992 
con la secuela de incendio, destrucción y muerte de personas que se 
encontraban tranquilamente en la aparente seguridad de sus casas, fue 
el acontecimiento más visible y dramático. Asimismo, fue el atentado 
que caracterizo una violencia que no buscó captar allí adeptos y, 
menos aún, asentarse como territorio de control, sino sembrar el 
terror.

Pero en este clímax de violencia, en Lima, también sucedió un 
acontecimiento que condujo hacia el fin del conflicto armado: la 
captura, tras un minucioso trabajo de inteligencia por parte de la 
Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), de Abimael Guzmán Reinoso 
el 12 de septiembre de 1992.

2.2.4.3. La guerra asháninka y la espiral violencia en la selva: la 
guerra continúa

En la selva central, el período empezó con un grave revés del MRTA, 
cuyo aparato se encontraba ya resentido desde la captura de su líder 
Víctor Polay en Huancayo el 31 de febrero de 1989. Tras atacar al 
puesto policial de Pichanaki, una columna de treinta subversivos 
fuertemente armados que actuaba en la zona de Satipo y Chanchamayo, 
inició un desplazamiento hacia la sierra para unirse con otra columna 
que bajaba del Tulumayo, en la parte alta de Junín, con el objetivo 
de tomar conjuntamente la ciudad de Tarma. Ambas columnas se 
encontraron, sin embargo, el 28 de abril de 1989 con fuerzas del 
Ejército Peruano en el distrito de Molinos (Jauja) y fueron 
prácticamente aniquiladas en el combate. Ello detuvo el avance del 
MRTA en esta parte de la selva central y dejó el camino a la 
expansión del PCP Sendero Luminoso.

En el sector de Oxapampa, el MRTA sufrió incluso otro revés. A fines 
de 1989 la zona, donde se había asentado el MRTA, empezó a ser 
disputada por el PCP Sendero Luminoso. En los meses de octubre y 
noviembre, los pobladores se percataron de la presencia de 
subversivos del PCP-SL por los alrededores de los distritos de Puerto 
Bermúdez y Palcazu. El 19 de noviembre, un grupo armado del PCP-SL 
atacó en Puerto Bermúdez las instalaciones del Proyecto Especial 
Pichis Palcazu (PEPP); saqueó algunas tiendas del lugar y robó el 
dinero depositado en el Banco Agrario. Pero fue una acción del MRTA 
—el asesinato de un dirigente asháninka y un enfrentamiento con el 
Ejército sucedidos con muy pocos días de diferencia— lo que expulsó 
al MRTA de la zona.

El 17 de diciembre de 1989 cerca de Puerto Victoria en el distrito de 
Puerto Bermúdez, en territorio de la etnia yanesha, una patrulla del 
Ejército ubicó y atacó un campamento del MRTA. Según el parte 
oficial, resultaron muertos 43 subversivos y un militar. Pero el 
acontecimiento más importante para la zona había sucedido unos días 
antes, cuando militantes del MRTA asesinaron a Alejandro Calderón, 
dirigente nativo de prestigio y presidente de la ANAP (organización 
que representaba a 52 comunidades nativas del río Pichis y sus 
afluentes). Ante su muerte, su hijo, Alcides Calderón, convocó el 
levantamiento de un ejército asháninka. Dos asháninkas miembros del 
MRTA enviados para que dialogaran con sus pares fueron asesinados por 
el ejército asháninka en clara señal de que no harían concesiones. El 
MRTA se retiró de la zona sin entablar combates. Pero el ejército 
asháninka continuó movilizado y terminó controlando toda la provincia 
de Oxapampa y se extendió por medio de la alianza con los sinchis de 
Mazamari hasta Pichanaki en Satipo.

En los primeros días de enero de 1990, un número indeterminado de 
asháninkas, que según el informe de la CVR podrían haber llegado a 
los 2,500 nativos, armados en su mayoría con arcos, flechas, y 
algunas escopetas de caza, tomó la ciudad de Puerto Bermúdez y sacó a 
los pobladores de sus viviendas buscando a quienes presumieron tenían 
contacto o relación con los subversivos del MRTA. El propio cuñado 
del líder del ejército asháninka, Marcos Muñoz que trabajaba en el 
proyecto especial Pichis Palcazu, sospechoso de haber colaborado con 
el MRTA en la captura y muerte de su suegro Alejandro Calderón, fue 
asesinado y sus restos echados al río Pichis. Desde entonces, Puerto 
Bermúdez se convirtió en el centro de operaciones del ejército 
asháninka. Semanas después de la ocupación, un helicóptero del 
Ejército peruano aterrizó en Puerto Bermúdez. El oficial a cargo 
felicitó a Alcides Calderón y le entregó armas para su defensa. 
Actuaron desde ese momento casi oficialmente.

Los asháninkas de Oxapampa realizaron una guerra particular. 
Controlaron las cuencas del Pichis y el Palcazu, realizando controles 
e interviniendo a cualquier viajero. Para ellos, los colonos, que 
antes les habían arrebatado territorios, eran también genéricamente 
subversivos. En una suerte de ajuste de antiguas cuentas, el 
levantamiento Ashaninka produjo el secuestro, tortura, violación, 
detención y desaparición o asesinato de muchos pobladores colonos; 
por lo que muchas familias huyeron. Las víctimas no denunciaron estos 
hechos por temor a las represalias. El 29 de enero de 1990, un 
numeroso contingente de asháninkas ingresó a Ciudad Constitución, 
armado con arcos, flechas y escopetas, siempre en búsqueda de 
presuntos miembros del MRTA. Asesinaron allí a Rogato Córdova por esa 
razón y a otro poblador que intentó defenderlo. En los días 
siguientes, otros pobladores colonos fueron asesinados por los 
asháninkas. Otra de las zonas que sufrió la arremetida del ejército 
asháninka fue Iscozacín, en el distrito de Palcazu. El avance del 
ejército ashaninka fue detenido, en parte, por la protesta y 
movilización de los gremios cafetaleros del distrito de Pichanaki, en 
la margen derecha del río Perené.

Otras eran la suerte y las opciones de los asháninkas de los ríos Ene 
y Tambo, zona de expansión del PCP Sendero Luminoso. A lo largo de 
1989, el control que venía desarrollando el PCP Sendero Luminoso en 
esta zona se convirtió en una intensa violencia con el arrasamiento 
de comunidades nativas y pueblos de colonos, sobre todo después que 
la instalación de una base contrasubversiva en el Km. 4 de la 
carretera marginal en Satipo a fines de 1989 animó la reacción de los 
nativos y colonos contra el PCP-SL. Entre 1989 y 1992, se produjo el 
62% del total de muertos o desparecidos reportados a la CVR en la 
Selva Central.

Algunas comunidades opuestas al PCP Sendero Luminoso se desplazaron 
hacia zonas seguras; así, las comunidades del valle de Tsiriari, que 
fueron a Mazamari buscando protección: el PCP Sendero Luminoso había 
asesinado a 15 de sus ronderos en Dos de Mayo.

También aquí el asesinato de tres líderes indígenas desató la 
reacción de un sector de asháninkas, la que se denominó Ronda de 
Poyeni formada por nativos del río Tambo, aunque no de las magnitudes 
del ejército asháninka de Oxapampa. El asesinato ocurrió tras la 
realización del congreso ordinario de la central Ashaninka del Río 
Tambo del 18 al 20 de julio de 1990. Al finalizar el congreso, una 
columna armada del PCP Sendero Luminoso, integrada por más de sesenta 
personas, entre colonos y nativos, secuestró a Pablo Santoma Santos, 
presidente de la CART, Óscar Chimanca Chamqueti, presidente del 
Consejo Nomatsiguenga del Pangoa, y Dante Martínez, secretario de 
defensa de la CONAP. Los dirigentes murieron decapitados tras ser 
torturados por oponerse a los métodos con los cuales el PCP Sendero 
Luminoso intentaba captar el apoyo de las comunidades.

Desde 1990, la ronda de Poyeni se enfrentó a la Fuerza Principal del 
PCP-SL. Ésta igualmente sufrió también la presión de la Marina. El 25 
de septiembre de 1990, se produjo un enfrentamiento entre sinchis y 
el PCP-SL en la Roca en el Km. 14 de la carretera Mazamari, Puerto 
Ocopa, enfrentamiento interpretado por los nativos desplazados como 
una derrota del PCP-SL, lo cual animó a muchos pobladores del valle 
de Tsiriari a retornar a sus respectivas comunidades desde junio de 
1991.

En 1991 el Ejército instó a la población a organizarse en rondas 
contrasubversivas, estableció algunas bases en zonas estratégicas e 
intensificó sus patrullajes e incursiones en zonas consideradas 
rojas; además, las rondas nativas, que venían haciendo frente al 
PCP-SL por iniciativa propia, recibieron el apoyo del Ejército. Desde 
1991, por lo tanto, los asháninkas de los ríos Ene y Tambo se 
organizaron en Comités de Autodefensa para enfrentar al PCP Sendero 
Luminoso. En 1991, se instaló otra base contrasubversiva en 
Cutivireni, distrito de río Tambo. Después el Ejército hizo lo mismo 
en Valle Esmeralda y Natalio Sánchez, también en el distrito de río 
Tambo, todas ubicadas en la margen derecha del río Ene.

Pero el rechazo no fue la única opción de las comunidades nativas. 
Muchas de ellas también se constituyeron en Bases de Apoyo. Fue con 
ellas que las columnas del PCP Sendero Luminoso, ante el avance de 
las rondas y las fuerzas del orden, iniciaron, como lo habían hecho 
en el valle del río Apurímac, masivos desplazamientos hacia el monte, 
iniciando un capítulo de la guerra confuso y sumamente prolongado. En 
el monte, las columnas subversivos protegidas y alimentadas por la 
masa, fueron difícilmente ubicadas por el Ejército; pero al mismo 
tiempo, los recursos del monte no soportaron, sino con mucho esfuerzo 
y enormes sacrificios y dificultades, poblaciones numerosas. La 
permanencia de los asháninkas junto con los subversivos se convirtió 
en una relación cada vez menos voluntaria.

El MRTA, por su parte, tras las derrotas sufridas, reinició sus 
acciones en el río Perené, cuyas columnas se vieron reforzadas por 
otras traídas del Nororiente. Esta prioridad de la selva central para 
la dirección nacional del MRTA se asoció probablemente a las 
dificultades de las fuerzas contrasubversivas de controlar el monte. 
En cualquier caso, el MRTA se reconstituyó y decidió ejecutar 
acciones de envergadura: el primero de diciembre de 1991 intentó 
tomar el pueblo de Pichanaki pero fracasó. En enero de 1992, uno de 
sus campamentos fue ubicado en el distrito de Mazamari y fue 
destruido por el Ejército y donde murieron nueve subversivos.

Ante estos reveces, el MRTA reevaluó su estrategia de movilidad 
geográfica, que le impedía organizar y crear conciencias poblaciones. 
A mediados de enero de 1992, decidieron establecer dos frentes 
secundarios con cierta estabilidad que les permitió realizar un 
trabajo de concientización política a las poblaciones, sobre todo de 
colonos. En este contexto, planificaron –esta vez con éxito— un nuevo 
ataque contra Pichanaki en el aniversario de su derrota en Molinos. 
El éxito los animó a acciones de mayor envergadura. El primero de 
mayo de 1992, alrededor de 100 subversivos atacaron y destruyeron la 
base contrasubversiva de Villa Rica en Oxapampa. El Ejército 
respondió y en las semanas siguientes se produjeron una serie de 
enfrentamientos. Pero el MRTA empezó también a resentir el avance de 
las rondas. La guerra, al final de 1992, continuó en la región.

En el Nororiente, las mismas tendencias y modalidades observadas en 
el período anterior se mantuvieron. Se registraron ataques a bases y 
puestos militares, aunque generaron un mayor número víctimas. Con 
bases sólidas en el Alto Huallaga, el PCP Sendero Luminoso intentó en 
estos años afirmar su dominio avanzando hacia el Huallaga Central. En 
1991, fueron asesinados el alcalde de Tocache, Fredy Aliaga, y un 
dirigente cocalero. La constitución de los comités populares avanzó 
en diferentes poblados de las provincias de Bellavista y Mariscal 
Cáceres con la estrategia de dar seguridad a los agricultores de esta 
área de expansión del cultivo de coca, así como garantizar a los 
narcotraficantes un espacio libre de las fuerzas del orden.

Tras dominar la parte sur de las provincias de Bellavista y Mariscal 
Cáceres y ante la necesidad de reafirmar su hegemonía territorial, el 
PCP-SL prosiguió con su avance teniendo como objetivos los valles del 
Ponaza y Miskiyacu, en el Huallaga Central, aunque según los 
testimonios se dieron aquí enfrentamientos con el MRTA por el control 
del territorio, por el apoyo popular y por manejar las pistas de 
aterrizaje utilizadas por el narcotráfico.

Donde el PCP Sendero Luminoso tuvo un importante revés fue en Tingo 
María. El 16 de julio de 1991, preparó un ataque a la ciudad. 
Aparentemente, un rondero había logrado dar cuenta al Ejército y sus 
miembros lograron prepararse y enfrentar el ataque. En el 
enfrentamiento quedaron cuarenta cuerpos sin vida entre un gran 
número subversivos, algunos civiles y cinco soldados.

El caso ilustró lo que venía sucediendo desde 1989 con la creación 
del Comando Político Militar del Huallaga: un mayor control militar a 
través del establecimiento de bases militares en Uchiza, Santa Lucía, 
Tocache, Madre Mía, Tulumayo, Nuevo Progreso, Pizana, Punta Arenas y 
otros lugares y una nueva estrategia de conciliación del Ejército con 
la población, que dio prioridad al combate de la subversión en 
alianza con los campesinos, más que la eliminación del cultivo de 
coca. Así, avanzó la constitución de los Comités de Autodefensa. En 
1992, la estrategia de apoyarse en la población para combatir el 
contó con un elemento más: la ley de arrepentimiento, que no sólo 
restó contingentes a la subversión, sino amplió la información de la 
que disponían los órganos de inteligencia.

Como en otras regiones, este avance conjunto del Ejército y los 
Comités de Autodefensa restó espacio al PCP Sendero Luminoso, pero 
incrementó también su violencia contra la población y el número de 
muertes. Decenas de cadáveres aparecieron el río Huallaga: más de 
cuarenta sólo en el mes de septiembre de 1989. Los pueblos de Huaraz, 
Chaglla Nueva, Tahuantinsuyo, Cayumba, Tambillo Grande, Quesada, San 
Antonio y otros en la zona de Las Palmas pagaron un alto costo de 
vidas en sus enfrentamientos con el PCP Sendero Luminoso al 
constituirse en pueblos de ronderos, apoyados con armas por el 
Ejército.

En estos años, en Ucayali, fue la Marina quien enfrentó también con 
apoyo de los Comités de Autodefensa a la subversión, principalmente a 
columnas del MRTA, desde la instalación de la base de Aguaytía. Desde 
1989, otra zona de selva, Yurimaguas en la provincia de Alto 
Amazonas, se tornó espacio de violencia por corto tiempo debido a la 
acción del MRTA. Al igual que en la zona de Aguaytía, la Marina de 
Guerra y las operaciones de inteligencia policial desbarataron sus 
intentos de organización.

En San Martín, el MRTA inició en 1989 una nueva ofensiva con la toma 
de las localidades de Pilluana, Shapaja, San José de Sisa, Peleje, 
Papalaya y Pacaypasa. En el marco de la Campaña Militar Fernando 
Valladares realizada por el MRTA con el objetivo de criticar las 
condiciones económicas y políticas impuestas por el gobierno de 
Alberto Fujimori, se realizaron la toma de Juanjuí e incursiones 
simultáneas en Tarapoto, Saposoa, Moyobamba y Rioja el 24 de 
diciembre.

La instalación de bases contrasubversivas por el Ejército buscó aquí 
también no sólo reforzar el control militar, sino establecer una 
alianza con los campesinos con el fin de restar apoyo a la 
subversión. Este período se terminó con una guerra aún abierta a 
nuevos conflictos y con el mayor número de muertos en San Martín.

2.2.5. El declive de la acción subversiva (octubre 1992-2000)

La captura de la cúpula subversiva, los otros golpes a la 
organización por parte de las fuerzas del orden y la subsiguiente 
descomposición de la estructura del PCP Sendero Luminoso y el Acuerdo 
de Paz suscrito por Guzmán en prisión y la ley de arrepentimiento 
frenaron considerablemente el accionar subversivo. Pero no se 
frenaron en la selva, donde las acciones de Inteligencia fueron poco 
significativas; porque el ambiente boscoso dificultaba la 
intervención del Ejército y era posible una larga resistencia. Las 
columnas bajo el mando de Óscar Ramírez Durán, alias Feliciano, se 
declararon en rebeldía contra el Acuerdo de Paz. Sólo en el 
Nororiente y en la selva central, la violencia siguió una lógica 
regional; las columnas fueron numerosas, eventualmente incrementadas 
por quienes en otras regiones decidieron no acatar el Acuerdo ni 
arrepentirse. El resto de acciones armadas en otros lugares del país 
fueron dispersas, residuales o en retirada. El 71% de las víctimas 
que en el gráfico aparecieron en el centro del país correspondieron a 
la selva central.

Allí, la violencia siguió cobrando vidas, particularmente entre 1993 
y 1995. En 1993 se incrementó la presencia del Ejército a través de 
la instalación de nuevas bases contrasubversivas en ambas márgenes 
del Río Perené, zona de presencia del MRTA. El hostigamiento a sus 
campamentos y los enfrentamientos directos fueron incrementándose. 
Según el estudio realizado por la CVR en la zona, se registraron 94 
bajas en el MRTA en los sucesivos enfrentamientos, así como la muerte 
de siete militares.

En el Ene y el Tambo, donde los subversivos del PCP-SL se habían 
retirado al monte con las comunidades nativas, las condiciones de 
vida se volvieron difíciles de soportar. Algunos asaltos a pueblos 
nativos, realizados por subversivos y la masa (de todas las edades, 
colonos y nativos) se asociaron tanto a venganzas o ataques a pueblos 
que coordinaron con el Ejército, como a la búsqueda de medios de 
vida. En agosto de 1993, tres grupos con estas características, de 
entre 100 y 300 personas, atacó siete comunidades del valle de 
Tsiriari; asesinaron 36 colonos y 21 nativos y se llevaron alimentos, 
enseres, medicinas y animales menores.

Hechos de horror sucedieron en la zona, como el asalto a las 
comunidades de Santa Isabel, Monte Rico, Jerusalén, San isidro, 
Tahuantinsuyo, e Irriari también en agosto de 1993, donde unos 200 
subversivos, entre ellos, nativos, además de asesinar a las 
autoridades y los profesores, mutilaron las orejas de 14 niños entre 
cinco y diez años.

Pero, hostigados por la Marina y las rondas, estos grupos debieron 
permanentemente internarse en el monte, donde los recursos eran 
escasos; muchas personas se enfermaron o murieron. En esas 
condiciones, hay varias salidas. En unos casos, los subversivos 
permitieron que las poblaciones que los acompañaban se marchen: fue 
el caso de la comunidad Selva de Oro que, ante la situación 
lamentable en que se encontraban, sus mandos los autorizaron a volver 
en 1994. Pero también hubo casos de horror y extrema violencia contra 
la propia masa convertida en cautiva: entre junio y julio de 1994, el 
PCP Sendero Luminoso asesinó alrededor de setenta nativos de la 
comunidad de Quenteroni que no eran útiles ni para trabajo ni para la 
guerra: niños, enfermos, ancianos. Algunos testimonios refieren que 
esa cifra podría ascender a 200. Por acción del Ejército se 
realizaron también rescates de estas poblaciones.

    Los subversivos nos tenían separados de los sanos —relata a la 
CVR un hombre que estuvo enfermo— nos tenían en una chocita, donde 
pocas veces llegaba la luz del día y la gente que estaba sana nos 
alcanzaba nuestros alimentos. Había días que no comíamos y los sanos 
eran los encargados de buscar alimentos para los enfermos. En mayo de 
1996, al mediodía, los militares nos rodearon, llegaron caminando y 
en un helicóptero. La gente se asustó por esto. Pero luego de unas 
horas, los militares se acercaron y nos dieron a entender que no nos 
iba a pasar nada, unos treinta enfermos fuimos llevados por los 
soldados al Hospital de la ciudad de Satipo 

Gradualmente, el PCP-SL sufrió golpes consecutivos en diferentes 
zonas y deserciones que anularon totalmente su capacidad de 
reagruparse en las ciudades; su presencia se redujo a la margen 
izquierda de la cuenca del río Ene, desde donde esporádicamente 
incursionó en comunidades de los distritos de Pangoa y Río Tambo. Se 
desplazó a la sierra por Andamarca y Santo Domingo de Acobamba y a la 
selva de Ayacucho. Esta movilidad también se perdió cuando en julio 
de 1999 fue capturado el líder subversivo Óscar Ramírez Durán 
Feliciano.

Grupos pequeños del PCP-SL todavía mantuvieron presencia en 
comunidades alejadas en la cuenca del Ene, provincia de Satipo, desde 
donde incursionaron ocasionalmente en algunos poblados sin causar 
muertos.

La dirección nacional del MRTA, por su parte, decidió que un grupo de 
integrantes de sus fuerzas en la selva central, debilitadas por 
enfrentamientos con el Ejército, realizaran un gran operativo 
nacional destinado a liberar a sus presos. Tras varios meses de 
intensa preparación, el 17 de diciembre de 1996, 14 de estos 
militantes tomaron por asalto la residencia del embajador del Japón 
en Lima y varias decenas de rehenes. Luego de varios días, la 
residencia fue retomada por las fuerzas del orden y fueron muertos 
los asaltantes. Ése fue el golpe definitivo al MRTA. También en San 
Martín, si bien las acciones de violencia siguieron por un tiempo, el 
período en realidad estuvo marcado por la paulatina derrota el MRTA, 
tanto por la deserción de sus militantes que se acogieron a la ley 
del arrepentimiento como por los continuos enfrentamientos con el 
Ejército y hasta por sus propias pugnas internas derivadas del 
reparto de los fondos que obtuvieron del narcotráfico.

La violencia continuó también en las regiones cocaleras del 
Nororiente, aunque el Ejército obtuvo puntos importantes. Uno de los 
elementos más significativos a nivel del avance de las fuerzas 
contrasubversivas fue el creciente éxito de la ley de arrepentimiento 
entre 1993 y 1994. En junio de 1994, el Ministerio Público informó 
que, en lo que iba de ese año, se contaron 3,127 personas que se 
habían acogido a la ley de arrepentimiento sólo en la provincia de 
Leoncio Prado. En los padrones de las municipalidades, la cifra llegó 
a los 10,000:

    Se registraron largas colas —refiere en informe preparado por la 
CVR en la zona del Huallaga— para recibir una contraseña del propio 
alcalde quien hacía las veces de empadronador, justificando esta 
acción porque a su entender todos los agricultores, en forma directa 
o indirecta, participaron de las acciones subversivas. Los campesinos 
se empadronaron como arrepentidos en forma masiva para evitar ser 
objeto de la represión y acogerse a los programas de ayuda social. 

En cualquier caso, las cifras mostraron la intención de los 
pobladores de mostrar su distancia con las propuestas subversivas. La 
estrategia más política del Gobierno dio resultados. Algunos 
arrepentidos, sin embargo, fueron asesinados luego por las propias 
rondas: ronderos de Las Palmas asesinaron a dos arrepentidos en 
febrero de 1994; ronderos de Naranjillo en Shamiro, a ocho 
arrepentidos en noviembre de 1995.

Un segundo componente importante de la estrategia contrasubversiva, o 
cuando menos de conquistar los espacios de apoyo al PCP Sendero 
Luminoso, fue incorporar la progresiva atención de las necesidades de 
la población a través de programas sociales y no de la represión dura 
al cultivo de coca con programas de impacto productivo como el 
Programa Nacional de Desarrollo Alternativo, conducido desde 1994 por 
CONTRADROGAS, especialmente importante por la tendencia a la baja, 
desde 1989, del precio de la droga.

Finalmente, también se tuvo éxito a través de operativos militares de 
gran envergadura, más concentrados en la región en la medida en que 
el resto de país se encontraba crecientemente pacificado, como el 
Operativo Aries, lanzado en abril de 1994. Así, fueron movilizados 
cerca de 200 miembros de las fuerzas del orden para tender un cerco 
en los bolsones de presencia de columnas subversivas. Sin embargo, el 
Operativo Aries se detuvo en mayo del mismo año ante las denuncias 
confirmadas en la zona por la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos de graves violaciones de los derechos humanos contra las 
poblaciones civiles asentadas en las zonas del operativo.

El PCP Sendero Luminoso, sin embargo, mantuvo capacidad operativa. En 
julio de 1993, logró emboscar un convoy militar en Yanajanca y 
asesinó a cinco soldados y dejó 15 heridos; en agosto, asesinó a un 
regidor de Naranjillo, muy cerca de Tingo María, y destruyó tractores 
de una empresa privada. En septiembre, más de 200 subversivos tomaron 
varios poblados en la valle del Monzón, ubicaron a presuntos 
soplones, delincuentes e intermediarios de coca —unas 24 personas— y 
las asesinaron en un sangriento acto público. En mayo de 1994, 
llegaron a atacar el aeropuerto de Tocache, donde murió un soldado. 
En febrero de 1995, se registraron incursiones subversivos en Julio 
C. Tello y José Crespo y Castillo donde asesinaron a siete ronderos y 
12 arrepentidos. Además de ataques a convoyes y asesinatos selectivos 
a diversas autoridades, en 1996, el PCP Sendero Luminoso tuvo aún 
capacidad de movilizar amplios contingentes: en junio, cuarenta 
subversivos tomaron el pueblo de Marona; en agosto, noventa, el 
pueblo de Aucayacu y atacaron el puesto policial. En 1997, se 
registró incluso un nuevo ataque a Aucayacu, aunque en él murieron o 
quedaron heridos más de veinte subversivos.

Pero sus acciones tendieron a decaer. Algunos asesinatos selectivos 
(autoridades, ronderos, arrepentidos, ataques a convoyes), con menos 
intensidad, se siguieron produciendo hasta el 2000. En la medida en 
que los grupos armados no se acogieron al Acuerdo de Paz, 
mantuvieron, como en la selva central sus acciones con baja 
intensidad.

2.3. CONCLUSIONES

1. La primera parte de este informe sobre la violencia en las 
regiones buscó poner en evidencia qué rasgos particulares de algunas 
regiones, especialmente su conflictiva relación con fragmentos de 
proyectos de modernización inacabados, las volvieron más permeables 
que otras al mensaje y las estrategias de los grupos alzados en 
armas. Ante la ausencia de otras propuestas al interior del sistema 
político, sus conflictos y sus búsquedas de acción política fueron 
utilizados y canalizados por la subversión, lo que tuvo como 
consecuencia que sus poblaciones se convirtieran en bases de apoyo a 
sus acciones.

2. La segunda sección ha mostrado que el conflicto fue involucrando 
regiones en períodos diferentes. En una primera etapa (en los años 
1980-1982 y 1983-junio 1986), las acciones de violencia y de 
contrainsurgencia se centraron en la Sierra Sur Central 
(departamentos de Ayacucho y algunas provincias de Huancavelica y 
Apurímac), principalmente en el área rural; también en la provincia 
de Daniel Alcides Carrión en Pasco. Atentados contra el sistema de 
transmisión eléctrica que afectaron la red de ciudades 
interconectadas (Lima entre ellas), así como acciones de propaganda 
armada y atentados contra locales públicos en espacios urbanos (Lima, 
y la red de ciudades del Centro), colaboraron para la visibilidad del 
conflicto.

Un período intermedio se produjo entre julio 1986 y marzo 1989 en el 
cual los grupos subversivos estuvieron en retirada del área inicial, 
pero desplegando acciones en nuevas áreas: la selva (tanto el 
Nororiente como la selva central), la región Central (en sus zonas 
ganaderas y en los espacios de lucha gremial minera), en el sur 
andino y en Lima metropolitana: la violencia se difundió.

Un segundo clímax de violencia se produjo entre abril de 1989 y 
septiembre de 1992; fue el período en que la dirección nacional del 
PCP Sendero Luminoso forzó un equilibrio estratégico; en realidad, 
fue un conflicto que se desarrolló con muy alta violencia en las dos 
zonas de selva y en las ciudades (Lima, Huancayo, Huamanga, 
principalmente). La violencia urbana, por su alta visibilidad y el 
desarrollo de acciones que involucraron a todos los pobladores (paros 
armados, por ejemplo, y no sólo atentados puntuales), particularmente 
en Lima, le dio la apariencia de conflicto nacional y guerra total.

Finalmente, tras la captura de Abimael Guzmán y la cúpula subversiva, 
un período final empezó en octubre de 1992. Si bien se registraron 
atentados en diversos lugares del país, fueron puntuales y dispersos; 
sólo la selva apareció como región de concentración de acciones de 
violencia.

3. En términos del despliegue de las estrategias y hasta de los 
objetivos de los grupos alzados en armas en las diferentes regiones, 
se observaron diferencias asociadas a las características del 
territorio y su poblamiento. Es posible observar estrategias 
diferentes en tres tipos de espacios y poblaciones distintos: la 
sierra rural, las áreas urbanas y la selva.

4. En las áreas rurales pobres de la sierra, caracterizadas por su 
baja densidad poblacional, asentamiento disperso y malas 
comunicaciones, la presencia subversiva buscó dominar territorios, 
vaciarlos de toda autoridad estatal y construir un nuevo poder. Un 
ciclo de adhesión a las fuerzas subversivas, formación de comités 
populares, conflicto y formación de Comités de Autodefensa. La 
derrota de las fuerzas subversivas se repitió en estos espacios. Su 
recurrencia en diferentes momentos sugeriría que a pesar de los 
aprendizajes que produjeron las primeras experiencias una lógica de 
guerra en la zona los hizo inevitables.

5. En diferentes lugares, en momentos diferentes que pueden ubicarse, 
según el caso, entre 1980 y 1987, se apreció una primera relación con 
tendencia hacia el diálogo, los testimonios la calificaron de 
cordial, entre militantes del PCP Sendero Luminoso y comunidades 
campesinas. Mostraron una actitud de escucha a sus problemas para 
cuya solución levantaron la consigna de la destrucción del viejo 
estado. Destruir el viejo estado en las áreas rurales de la sierra 
resultó extremadamente fácil. Algunas acciones de hostigamiento a 
puestos policiales mal armados — militar y anímicamente— para repeler 
un ataque y estrategias para amedrentar o asesinar a las autoridades 
—poco legítimas en muchos casos—, lograron efectivamente batir el 
campo. Ataques a símbolos de acumulación y diferenciación (SAIS, 
campesinos ricos) y el reparto de enseres y ganado permitieron además 
redistribuir algunos recursos y reforzaron la adhesión. La estrategia 
tuvo éxito.

6. Pero destruido el viejo estado, fue necesario construir una nueva 
autoridad. La columna principal delegó entonces el poder en un Comité 
Popular (normalmente entre jóvenes) que se encargó de las funciones 
de seguridad contra la delincuencia, de aplicación de una justicia 
expeditiva y eficiente y de dirimir con verticalidad conflictos 
internos. Esto tuvo éxito nuevamente.

7. Pero este mundo reordenado, en el cual hubo también disidencias no 
explicitadas por temor (o rápidamente acalladas por violencia) no fue 
ajeno a unas estrategias de conflicto nacionales e intervinieron 
decisiones estratégicas de mandos más altos que terminaron induciendo 
la siguiente fase: el conflicto.

8. En unos casos, fue la decisión del Estado que la fuerza del 
Ejército intervenga. Cuando esto sucedió, los Comités Populares, 
órganos del nuevo poder, se volvieron frágiles: por su función, 
fueron públicos (no clandestinos) y la columna principal (el grupo 
subversivo en armas) que no pudo quedar fijada en cada pequeño 
caserío, sino debió desplazarse por un territorio amplio; no pudo 
sostenerlos militarmente. Con las primeras visitas del Ejército, 
presionando a la población o dando confianza a los disidentes, los 
miembros de los comités fueron identificados y desaparecidos. El 
Ejército restableció el orden (incluso cuando no tenía consenso). 
Pero tampoco pudo estabilizarse en cada pequeño caserío y se fue. 
Cuando la columna principal volvió, había perdido la cordialidad; 
regresó con violencia; buscó y asesinó soplones; incrementó su 
presión; buscó aterrorizando a la población que no volvió a 
relacionarse con el Ejército (lo que fue imposible). El trato 
igualitario y dialógico se perdió; la columna no confió en la 
población. Se incrementó el número de descontentos o de los que se 
consideraron en riesgo de muerte. Quedó planteado el conflicto, la 
ruptura.

9. Sucedió un hecho semejante cuando la decisión estratégica no fue 
del Estado, sino del alto mando subversivo. Al ordenar el equilibrio 
estratégico, las columnas estuvieron más presionadas; debieron 
controlar más a la población, exigir más recursos, intensificar 
reclutamiento de jóvenes y castigar más brutalmente disidencias. Hubo 
más inconformes, más violencia, más intolerancia y más sospechas de 
contactos con las fuerzas del orden. Creció el descontento y el 
riesgo. Quedó planteada otra vez la ruptura. En este clima, apareció 
las fuerzas del orden.

10. Las entradas y salidas de la columna principal y del Ejército, 
cada quien buscando soplones o subversivos volvieron su vida 
insostenible. Se produjo entonces, no antes, la situación de estar 
entre dos fuegos. Allí se definieron los picos de la estadística de 
muerte. En medio de la incertidumbre, de la inseguridad total, de la 
muerte llegando por ambos lados, las comunidades abandonaron este 
punto intermedio, pasivo y optaron por el único camino seguro, lo 
único identificable, con una sede, un lugar físico claro: el Ejército 
que tenía cuarteles y, luego, bases contrasubversivas, donde se podía 
acudir, pactar, asegurar una alianza. Se formaron las rondas o 
Comités de Autodefensa.

11. Con mayor o menor violencia, con más o menos actos de venganza 
del PCP Sendero Luminoso o de arrasamiento de pueblos que no 
terminaron por optar, la acción conjunta del Ejército y los Comités 
de Autodefensa derrotó a los subversivos. En todos los casos, en las 
diferentes regiones, sucedió lo mismo: la exclusión final del PCP-SL.

12. Fueron diferentes la acción, los objetivos, las estrategias en 
las ciudades. Los objetivos de las acciones urbanas fueron de 
visibilidad; las ciudades fueron cajas de resonancia, de 
multiplicación de los efectos por ser conocidos directamente, o 
sufridos, por multitudes. La estrategia en las ciudades no fue de 
dominio territorial, sino de asedio; de fuera hacia dentro y el 
objetivo fue el control por el terror; no hay interlocución. La 
acción que con más claridad expresó este asedio externo fueron los 
apagones, incontables en las ciudades. Incluso acciones momentáneas 
de control, como los paros armados, fueron de un autoritarismo 
extremo; no buscaron legitimidad; no produjeron –ni lo 
pretendieron-un orden. Asesinar autoridades tuvo el único objetivo de 
sembrar terror, no de construir una autoridad alternativa, imposible 
de sostener abiertamente en una ciudad (salvo el caso particular de 
Raucana).

13. Esto fue válido para las ciudades en tanto conjuntos de decenas 
de miles (o millones) de personas. No para tres instituciones 
típicamente urbanas: las universidades, los barrios populares y los 
sindicatos. En las tres, sí se buscó una influencia política, captar 
adeptos y copar dirigencias. Con los gremios no funcionó 
prácticamente ninguno de estos tres objetivos; en los barrios 
populares los éxitos fueron diferenciados; en las Universidades por 
lo menos la influencia política y la captación de militantes 
funcionaron relativamente bien. Pero en ninguno lograron el control 
completo; a diferencia del campo, los espacios urbanos fueron 
espacios de confrontación política y el PCP-SL no fue la única 
opción.

14. En las ciudades, la multitud volvió inviables estrategias 
contrasubversivas basadas en la autodefensa, porque requirieron 
consensos totales. Al mismo tiempo, la subversión sí pudo ser objeto 
de acciones de seguimiento y de inteligencia. El fin de las acciones 
armadas se dio por los éxitos de las fuerzas del orden en capturar 
militantes y, sobre todo cúpulas.

15. La Selva tuvo dos ventajas para los subversivos: la posibilidad 
de financiamiento a través de su vinculación con el comercio ilícito 
de la droga y la dificultad de las fuerzas del orden, incluso 
apoyadas por Comités de Autodefensa, de controlar territorios casi 
despoblados y de selvas espesas. Para el financiamiento, fue 
funcional también la estrategia de batir el campo (hostigar puestos 
policiales, obligar a la renuncia de las autoridades por la amenaza 
de muerte), pues dejó el espacio libre para el comercio ilícito, cuyo 
incremento benefició por cupos a los subversivos. La estrategia se 
mostró frágil, sin embargo, frente a la intervención militar de las 
fuerzas armadas atacando los puntos centrales del narcotráfico. Las 
Fuerzas Armadas, además, tuvieron la capacidad de restar la base 
social de la subversión al eliminar de sus prioridades el problema 
que les generaba conflicto con la población: la erradicación de la 
hoja de coca.

16. El monte, sin embargo, sí resultó una fortaleza para una larga 
resistencia. En una primera etapa, permitió las retiradas de los 
subversivos junto con las comunidades adeptas (la masa). Cuando los 
recursos de la selva no sostuvieron a una población numerosa o fueron 
presionados por el Ejército, abandonaron la masa y se mantuvieron 
ocultos en el monte, al acecho. Allí, si bien con muchas bajas y 
recortada capacidad de acción, no fueron derrotados. 3

17. Consideramos que lo expuesto permite apreciar cómo la diversidad 
regional de nuestro país construyó muchas historias dentro de un gran 
proceso de conflicto armado.

1 Las fuentes de los gráficos que siguen fueron las siguientes: 
Víctimas del conflicto armado interno: Base de Datos de la CVR que 
registró el número de personas reportadas como muertos o 
desaparecidos en los testimonios tomados por la CVR. Acciones 
Violentas: Base de Datos de DESCO que registró todas las acciones de 
violencia reportadas en prensa (no hemos incluido los siguientes 
tipos: capitulaciones, capturas, hallazgo de cadáveres).

2 En el gráfico: ciudades es la suma de víctimas reportadas a la CVR 
en Lima Metropolitana y los distritos urbanos de las provincias de 
Huamanga y Huancayo; selva: las provincias de la región Nororiental 
de la CVR (ver página 2) y las provincias de Satipo, Chanchamayo 
(Junín) y Oxapampa (Pasco)

3 Son las columnas del valle del río Apurímac y el Ene que aún se 
mantienen activas.

	  	
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CAPÍTULO 3
ROSTROS Y PERFILES DE LA VIOLENCIA

3.1. «PUEBLOS AJENOS DENTRO DEL PERÚ»
    3.1.1. Si todos fuéramos ayacuchanos... 
3.2. UNA VIOLENCIA MASIVA PERO SELECTIVA
    3.2.1. Perfiles 
3.3. DINÁMICA DE LA VIOLENCIA
    3.3.1. Dinámica de los actores 
3.4. VÍCTIMAS ENTRE LAS FUERZAS DEL ORDEN

El presente capítulo expone las principales conclusiones del análisis 
estadístico sobre el perfil sociodemográfico de las víctimas del 
conflicto armado interno que han sido reportadas a la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación (CVR).

A lo largo de esta sección, nos interesa desarrollar los siguientes 
argumentos:

    * La violencia armada no afectó uniformemente todos los ámbitos 
geográficos ni los diferentes estratos sociales del país. Estuvo 
concentrada en lo que podríamos denominar los márgenes de la 
sociedad, es decir, aquellas zonas y grupos menos integrados a los 
centros de poder económico y político de la sociedad peruana.

    * Dentro de las zonas más afectadas, a pesar del carácter masivo 
en términos del número de víctimas fatales que provocaron, los 
principales actores del conflicto armado interno no tuvieron un 
accionar totalmente indiscriminado, sino que seleccionaban a sus 
víctimas al interior de estratos específicos de las sociedades 
regionales o locales que fueron escenario de la violencia.

    * El perfil de las víctimas de los principales actores del 
conflicto armado interno tuvo un carácter dinámico, condicionado por 
el tipo de estrategia que intentaron llevar a cabo, así como por las 
características específicas de los lugares donde se desarrolló el 
conflicto. 

Para realizar este análisis, nos hemos concentrado en las 
características sociodemográficas de las 23,969 personas muertas y 
desaparecidas que fueron reportadas a la CVR en los 16,917 
testimonios recopilados a lo largo de su investigación.

3.1. «PUEBLOS AJENOS DENTRO DEL PERÚ»

    Entonces, mi pueblo era pues un pueblo, no sé... un pueblo ajeno 
dentro del Perú.
    Primitivo Quispe, Audiencia de Ayacucho, 8/ 4/ 2002 

En los miles de testimonios recopilados por la CVR, es común 
encontrar frases que dan cuenta del sentimiento de exclusión e 
indiferencia que experimentaron las personas y comunidades que fueron 
las víctimas mayoritarias del conflicto armado interno. Muchos de 
ellos sintieron que para el resto del país, en particular para los 
principales centros del poder político y económico, lo ocurrido en 
sus pueblos, casas y familias sucedía en «otro país», un Perú ajeno a 
la modernidad y el poder.

Durante muchos años, el Perú moderno, urbano y limeño, trató con 
indiferencia a las regiones más afectadas por la violencia, las más 
alejadas y pobres. Incluso cuando el conflicto armado arremetió con 
fuerza en el corazón de las principales ciudades a finales de la 
década del 80 e inicios de la del 90, fue difícil unificar las 
experiencias y la memoria de la violencia de mundos tan distintos, al 
punto que los íconos emblemáticos de las víctimas del conflicto hasta 
entonces cambiaron repentinamente de color de piel, idioma y lugar de 
residencia cuando aparecieron en las pantallas de TV. Las imágenes de 
la violencia vivida en el centro del poder, desplazaron a aquellas 
captadas durante tantos años en la periferia de la sociedad peruana.

Las manchas más oscuras en el mapa 1 representan aquellos distritos 
con mayor número de víctimas fatales 1 reportadas. Como se aprecia, 
éstas forman una especie de línea a lo largo de la sierra y selva de 
la mitad central del país.

Mapa 1

Las principales ciudades, en particular de la costa, no estuvieron en 
el centro del conflicto a pesar de que muchos de los hechos ocurridos 
en ellas hayan tenido gran trascendencia en la opinión pública.

El principal costo en vidas humanas a lo largo de los veinte años 
investigados por la CVR fue asumido por las localidades más pobres 
del país.

Gráfico 1

Tal como se aprecia en el Gráfico No. 1, Ayacucho es el departamento 
que concentra la mayor cantidad de muertos y desaparecidos reportados 
a la CVR (más del 40%). Junto con Ayacucho, en los departamentos de 
Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, la CVR ha 
registrado cerca del 85% de las víctimas que le fueron reportadas en 
los testimonios. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), quienes viven hoy en día en estos 
departamentos concentran tan sólo el 9% del ingreso reunido de todas 
las familias peruanas. 2

Existe una evidente relación entre exclusión social e intensidad de 
la violencia. No es casual que cuatro de los departamentos más 
afectados por el conflicto armado interno (Huancavelica, Ayacucho, 
Apurímac y Huánuco) sean considerados por diferentes estudios 3 
dentro de la lista de los cinco departamentos más pobres del país.

Gráfico 2

Tal y como se aprecia en el Gráfico No. 2, más del 35% de las 
víctimas fatales ocurrieron en distritos que se ubicaban, según el 
censo de 1993, en el quintil 4 más pobre del país, mientras que menos 
de 10% de ellas murieron o desaparecieron en distritos que se ubican 
en el quintil menos pobre.

Como es sabido, la exclusión social y la pobreza en el Perú tienen un 
rostro rural y campesino. Es también en esas zonas y categorías 
sociales donde se concentró la mayor cantidad de víctimas, no sólo a 
escala nacional sino dentro de los mismos departamentos más afectados 
por la violencia (ver Gráficos No. 3 y 4). La proporción de muertos y 
desaparecidos reportados a la CVR en zonas rurales es casi tres veces 
mayor que la proporción de personas que vivían en esas zonas según el 
censo de 1993. En forma concurrente, el porcentaje de muertos y 
desaparecidos reportados a la CVR que trabajaban en actividades 
agropecuarias es casi el doble que el porcentaje de la PEA nacional 
ocupada en ese sector en 1993.

Gráfico 3
Gráfico 4

Sin embargo, son las distancias culturales entre las víctimas y el 
resto del país las que resultan ser las más dramáticas. Mientras que, 
de acuerdo con el censo de 1993, sólo un quinto del país tenía al 
quechua u otras lenguas nativas como idioma materno, esa proporción 
supera el 75% entre los muertos y desaparecidos reportados a la CVR. 
En los tres departamentos más afectados, la proporción de personas 
que hablaban quechua u otra lengua nativa es siempre mayor entre las 
víctimas fatales reportadas a la CVR que en el conjunto de la 
población.

Esta enorme brecha cultural y étnica entre la sociedad afectada por 
la violencia y el resto del país se refuerza con la distancia 
educativa existente entre las víctimas y el conjunto de los peruanos. 
En términos relativos, los muertos y desaparecidos tenían niveles 
educativos largamente inferiores a los del conjunto del país.

Gráfico 5

Gráfico 6

3.1.1. Si todos fuéramos ayacuchanos...

Si bien la CVR ha recibido reportes de 23,969 peruanos muertos o 
desaparecidos, los cálculos y las estimaciones estadísticas 
realizadas nos permiten afirmar que la cifra total de víctimas 
fatales del conflicto armado interno superaría en 2.9 veces esa 
cantidad. Aplicando una metodología llamada Estimación de Múltiples 
Sistemas, la CVR ha estimado que el número total de peruanos que 
pudieron haber muerto en el conflicto armado interno sería de 69,280 
personas. 5

Con esta metodología estadística, la CVR ha estimado que 26,259 
personas murieron o desaparecieron a consecuencia del conflicto 
armado interno en el departamento de Ayacucho entre 1980 y 2000. Si 
la proporción de víctimas estimadas para Ayacucho respecto de su 
población en 1993 fuese la misma en todo el país, el conflicto armado 
interno habría causado cerca de 1.2 millones de víctimas fatales en 
todo el Perú, de las cuales aproximadamente 340,000 habrían ocurrido 
en la ciudad de Lima Metropolitana, el equivalente a la proyección al 
año 2000 de la población total de los distritos limeños de San 
Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina.

Tales magnitudes pueden parecer inverosímiles si se miran desde 
ciertos ángulos de la sociedad peruana. Sin embargo, si todos 
fuéramos ayacuchanos o por lo menos hiciéramos el esfuerzo por 
comprender bien qué significa el perfil sociodemográfico de la 
inmensa mayoría de las víctimas, no resulta extraño que este Perú 
rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y 
poco educado, se haya desangrado durante años sin que el resto del 
país sienta y asuma como propia la real dimensión de la tragedia que 
se vivía en ese «pueblo ajeno dentro del Perú».

Esos son los peruanos que le faltan al país, los más invisibles, pero 
no menos reales: los Quispe, Huamán, 6 Mamaní, Taype, Yupanqui, 
Condori, Tintimari, Metzoquiari. A pesar de ser y sentirse demasiadas 
veces ajenos y excluidos por el resto de peruanos, ellos también 
reclaman ser considerados con respeto y justicia:

    Señores chaymi ñuqa munani kachun respeto, kachunyá manchakuy, 
masque imayrikulla kaptiykupas, wakcha pobri kaptiykupas, campesino 
totalmente ñuqañaykuchu kaniku, huk real llapas killapi ganaq, mana 
ni pipas kanikuchu. Señores, chayta ya justiciyata mañakuykiku CVR. 
Audiencia de Huanta. 11 de abril de 2002. Testimonio de la señora 
Sabina Valencia.

    [Traducción: Señores, por eso yo quiero que haya respeto. Que 
haya pues temor de Dios aunque sólo seamos muy humildes. Aunque 
seamos huérfanos y pobres. Campesino puro podemos ser; que ganamos 
sólo un real por mes y, aunque no seamos nadie, señores, ésta es la 
justicia que le pedimos.] 

3.2. UNA VIOLENCIA MASIVA PERO SELECTIVA

    [...] senderistas cubiertos sus rostros con pasamontañas y que 
usaban ponchos, aproximadamente a las ocho de la noche, y que 
inmediatamente habían reunido a todos los pobladores en el local de 
la escuela, donde los habían tenido casi hasta el amanecer, y que 
después habían comenzado a escogerlos en dos salones, a los más 
jóvenes los habían puesto en un salón y en el otro a los más maduros, 
y cuando se disponían a partir llevándose a cinco jóvenes de la 
comunidad, entre ellos a su hermano, que entonces tenía 15 años de 
edad, y a una jovencita de 18 años [...]. CVR. Testimonio 500663, 
Apurímac.

    [...] esa mañana, los soldados acorralaron al pueblo de Nuevo 
Occoro, reunieron en la plaza a toda la gente, serían unas 100 
personas entre hombres y mujeres, niños y ancianos. En la plaza, los 
soldados separaron a los varones y a las mujeres; a éstas los 
metieron al local del Cabildo y no los dejaron ni moverse. Cuando 
vinieron hacia la plaza, a los hombres los tenían agachados, a tres 
muchachas los llevaron hacia el local del concejo distrital y los 
interrogaron si los hombres de Nuevo Occoro eran o no terroristas. 
Del total del grupo de hombres, los soldados seleccionaron a [...] 
los golpearon y los llevaron [...] desde entonces hasta la fecha no 
se supo nada de ellos [...]. CVR. Testimonio 300540, Huancavelica.

    En 1984, no recuerdo la fecha exacta, pero fue aproximadamente a 
medio día, los senderistas vinieron por primera vez en el distrito de 
Pilchaca; al no encontrar a las autoridades, dijeron a todo el mundo 
que toda autoridad debía renunciar a su cargo. En esa oportunidad, no 
lo encontraron a mi papá [...] pero quemaron los documentos de la 
Municipalidad en la Plaza Principal. En 1985, regresaron por segunda 
vez y dejaron cartas en las cuales le decían que renuncie a su cargo; 
habían estado pidiéndole su renuncia; si él no hacía caso, en 
cualquier momento iba a ser ajusticiado, porque, según ellos, «ya 
conocen sus debilidades». Como se decía de que siempre iban a 
buscarlo a mi papá, mis hermanos y yo le dijimos que se escape porque 
le habían matado a otras autoridades de por acá, pero mi papá decía: 
«¿ Por qué yo? ¿Qué cosa he hecho para que me esté amenazando?». Y no 
nos hizo caso. CVR. Testimonio 303350, Huancavelica.

    [...] salíamos a buscarlo en todos los lugares en donde se decía 
que habían aparecido muertos, revisábamos uno a uno para poder 
reconocerlo y nada [...]. En una oportunidad, nos dijeron que a 
orillas del río Mantaro tiraban a los muertos y fuimos con mi hijo 
tempranito [...] cuando nos acercábamos, vimos que llegaba el carro 
del Ejército y nos escondimos para que no nos vean; miramos cómo 
botaban bolsas negras en forma rápida y se fueron; nos acercamos y 
eran un montón de muertos, que eran jóvenes torturados, con alambres 
en el cuello, con mucha sangre, los pies rotos, muy golpeados. CVR. 
Testimonio 300038, madre de estudiante desaparecido, Junín. 

A pesar de que la violencia tuvo un carácter masivo y estuvo 
concentrada en las zonas más marginadas y excluidas de la sociedad 
peruana, muchos de los testimonios recogidos por la CVR nos indican 
que los principales actores del conflicto armado interno 
desarrollaron un conjunto de prácticas de selección de sus víctimas 
al interior de determinados grupos poblacionales.

Gráfico 7

Tal y como se aprecia en el Gráfico No. 7, la violencia no afectó a 
hombres y mujeres en forma similar ni estuvo distribuida 
uniformemente en todos los grupos de edad. Fueron los hombres entre 
20 y 49 años quienes conforman el grueso de las víctimas fatales 
reportadas a la CVR (más del 55%), mientras que las mujeres de todas 
las edades suman poco menos del 20% de víctimas.

Si comparamos la distribución de edades de las víctimas con la de 
edades de la población peruana estimada para 1985, la concentración 
de víctimas en los grupos antes mencionados se hace más evidente:

Gráfico 8

Mientras que, en el conjunto de la sociedad peruana, 7 el grupo que 
va de 20 a 49 años representaba el 38% de la población, entre los 
muertos y desaparecidos reportados a la CVR, este grupo de edades 
representa el 66% de las víctimas. Si además consideramos que más del 
75% de las víctimas fatales mayores de 15 años estaban casadas o eran 
convivientes, es posible afirmar que, donde tuvo lugar, el conflicto 
armado interno afectó principalmente a hombres jefes de hogar, es 
decir, el grupo de la población con mayor cantidad de hijos 
dependientes y sobre el cual reposan las principales 
responsabilidades económicas y políticas de sus respectivas 
localidades.

Otro indicador de selectividad es el tamaño del grupo en el que fue 
ejecutada o asesinada una persona. Cuando las personas son asesinadas 
o ejecutadas en grupos pequeños, generalmente estamos ante 
situaciones donde los principales actores del conflicto se han dado 
el trabajo de ubicar dentro de una comunidad a víctimas específicas 
para ultimarlas. Como se aprecia en el Gráfico No. 9, 
independientemente del agente responsable, la mayoría (cerca del 68%) 
de personas asesinadas o ejecutadas extrajudicialmente reportadas a 
la CVR lo fueron en operativos o acciones donde murieron 
simultáneamente menos de cinco personas. A título de comparación, en 
el caso del conflicto armado guatemalteco, más de la mitad de las 
personas reportadas como asesinadas entre 1969 y 1995 murieron en 
grupos de más de cincuenta personas, 8 particularmente en las 
comunidades mayas, lo que da cuenta de niveles de violencia 
indiscriminada tales que dieron lugar a que la Comisión de 
Esclarecimiento Histórico de Guatemala califique de genocidio la 
violencia ejercida por las fuerzas de seguridad estatal contra el 
pueblo maya.

Gráfico 9

En el Perú y en el caso de los agentes del Estado en particular, el 
trabajo de selección de víctimas se refleja también en la importancia 
que adquirió la práctica de desaparición forzada. Ésta supone extraer 
a una persona específica del contexto en el cual vive, sustraerla de 
la mirada pública y de los mecanismos legales de protección 
individual, para de esta forma encubrir un conjunto de violaciones de 
los derechos humanos (detenciones arbitrarias, torturas, violaciones 
sexuales) que generalmente terminan en una ejecución extrajudicial. 
La CVR ha determinado que, entre 1980 y el 2000, aproximadamente el 
61% de las víctimas fatales provocadas por los agentes del Estado lo 
fueron mediante la práctica de desaparición forzada.

Las mujeres y los niños aparecen entre las víctimas fatales con mayor 
frecuencia en situaciones de violencia indiscriminada, como son las 
masacres o arrasamientos de comunidades.

En los Gráficos No. 10 y 11, podemos ver cómo, conforme aumenta el 
tamaño del grupo de personas que son asesinadas o ejecutadas en un 
mismo operativo o incursión, también aumenta ligeramente la 
proporción de mujeres y de niños menores de 15 años de edad.

Gráfico 10

Gráfico 11

Es importante tomar en cuenta que, de manera similar a otras 
investigaciones sobre conflictos armados internos, 9 en la 
información presentada existe un importante subregistro de niños 
debido a que solamente se incluyen las víctimas identificadas. Dentro 
de las víctimas de asesinatos masivos, generalmente los niños 
resultan ser los menos identificados por los sobrevivientes que 
dieron sus testimonios, puesto que son menos conocidos en sus 
comunidades en comparación con los adultos.

3.2.1. Perfiles

La práctica de selección de víctimas por parte de los principales 
actores del conflicto armado interno supone que éstos contaban con un 
perfil o una caracterización de quiénes eran considerados blanco de 
la acción violenta. Este perfil está estrechamente vinculado con los 
objetivos y estrategias de los actores.

La CVR ha concluido que el conflicto armado interno se inició debido 
a la decisión del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso 
(PCP-SL) de conquistar el poder mediante la lucha armada con el fin 
de destruir las instituciones del Estado peruano e instaurar un 
régimen totalitario. En la estrategia de conquista del poder mediante 
la lucha armada, el PCP-SL buscó atacar deliberadamente a quienes, 
según su ideología, representaban el viejo Estado. En la práctica, 
ello significó que las personas que tenían responsabilidades 
relativamente más importantes o desempeñaban un cierto liderazgo 
social o político en sus respectivas comunidades se convirtieron en 
potenciales enemigos y víctimas de su accionar.

Un indicador contundente de esto último es que, luego de los 
campesinos, el segundo grupo ocupacional más golpeado por la 
violencia del PCP-SL estuvo conformado por las diversas autoridades 
locales y dirigentes sociales que existían en las zonas donde el 
conflicto armado interno tuvo lugar (alcaldes, regidores, 
subprefectos, gobernadores, tenientes gobernadores, jueces de paz, 
dirigentes locales, etc.). De acuerdo con los testimonios recibidos, 
aproximadamente 1680 personas, es decir, el 21% de las víctimas 
fatales provocadas por el PCP-SL reportadas a la CVR fueron 
autoridades de este tipo.

El asesinato de un número tan grande de autoridades locales, la 
mayoría de ellas militantes de los partidos políticos que sustentaron 
el régimen democrático inaugurado en 1980, constituye un duro golpe a 
la capacidad de intermediación política de las zonas afectadas por el 
conflicto armado interno. Es evidente que toda una generación de 
representantes e intermediarios políticos locales ha sido eliminada 
intencionalmente por el PCP-SL en su estrategia de generar un vacío 
de poder que pueda ser posteriormente llenado por sus propios 
cuadros.

Si bien las personas que ocupaban cargos de autoridad o posiciones de 
liderazgo en sus comunidades eran los blancos más visibles de la 
acción armada del PCP-SL, los mecanismos de selección del grueso de 
las víctimas provocadas por este grupo subversivo eran mucho más 
sutiles y dependientes de las microdiferenciaciones del poder local y 
el estatus social que pueden configurarse en las diferentes 
comunidades rurales donde tuvo lugar el conflicto armado interno.

Mapa 2

De acuerdo con los testimonios recopilados por la CVR, las personas 
dedicadas a actividades agropecuarias representan el 57% de las 
víctimas causadas por el PCP-SL, sin embargo, al interior de ese 
porcentaje se esconden las múltiples diferencias que pueden existir 
entre los campesinos relativamente más prósperos económicamente y los 
más pobres, entre aquellos más conectados a las redes del poder 
(económico y político) local o regional y los más excluidos. Estos 
matices son difícilmente percibidos desde el Perú más urbano, ya que 
las inmensas distancias económicas, políticas y sociales que existen 
con el Perú rural llegan a cubrir a esta última realidad de un manto 
de uniformidad teñido y definido por la pobreza y el subdesarrollo.

En el mundo rural andino y selvático, esas diferencias no logran ser 
captadas o medidas con exactitud mediante las gruesas categorías 
socioeconómicas que una aproximación cuantitativa obliga a utilizar. 
Dependen en gran medida de las diferencias sociales relativas y 
específicas a cada contexto particular, por lo que resulta difícil 
encontrar estándares aplicables a todos los casos. Sin embargo, son 
justamente esas diferencias relativas las que configuran los 
potenciales conflictos dentro de la sociedad rural que la estrategia 
del PCP-SL buscó aprovechar a su favor. Los diferentes estudios en 
profundidad realizados por la CVR dan cuenta de la importancia de 
estos factores en la estrategia del PCP-SL y sus prácticas de 
selección de blancos de la autodenominada «acción armada 
revolucionaria».

La concepción hiperideologizada del mundo que representa el 
pensamiento Gonzalo, al ser aplicada al mundo rural peruano, 
determinó que todos aquellos que podían estar relativamente más 
conectados al mercado, las redes e instituciones políticas, 
regionales o nacionales, se convirtieran en «enemigos de clase del 
proletariado y del campesinado» o en «agentes del Estado feudal y 
burocrático» que debía ser destruido. Ello en un contexto en el cual 
la sociedad rural peruana había sufrido ya grandes transformaciones 
en la segunda mitad del siglo XX (como lo atestigua el proceso de 
Reforma Agraria en la década de 1970), transformaciones que 
modificaron profundamente las antiguas divisiones entre indios y 
señores, campesinos y hacendados, y terminaron por hacer desaparecer 
la oligarquía rural y terrateniente en el campo peruano. El 
"Pensamiento Gonzalo" busco forzar la nueva realidad de relaciones 
sociales en el campo para que encajen en sus categorías ideológicas y 
de esta forma poder crear artificialmente blancos identificables para 
la acción armada de sus militates.

El trabajo político de acumulación de fuerzas desarrollado por el 
PCP-SL lo llevó a reclutar a sus militantes y simpatizantes entre la 
juventud de origen campesino, principalmente en Ayacucho. Muchos de 
estos jóvenes se habían beneficiado entre los años 1960 y 1980 de un 
proceso de expansión de la educación secundaría y superior, el cual 
elevó sus expectativas de movilidad social ascendente. Sin embargo, 
las escasas oportunidades de desarrollo económico en sus localidades 
de origen hicieron que muchas de estas expectativas se vieran 
frustradas, por lo que un sector importante de la juventud rural 
ayacuchana fue atraído por el proyecto de cambio social y político 
radical del PCP-SL, que le reservaba además un rol protagónico a los 
jóvenes en el nuevo orden social que se buscaba implantar. En 
aquellas comunidades en las que el PCP-SL no podía captar la adhesión 
voluntaria de los jóvenes, obligaba a éstos a participar de sus 
acciones mediante prácticas de reclutamiento forzado.

Al definir el escenario del conflicto en sus propios términos, el 
PCP-SL configuró los perfiles de las víctimas tanto de su acción 
armada como de aquella desencadenada por la represión de las fuerzas 
del orden. En la medida en que el conflicto armado interno tuvo un 
carácter no convencional y que los militantes del PCP-SL se 
mimetizaban entre la población local, las fuerzas del orden 
seleccionaban a sus víctimas de acuerdo al perfil general de quienes 
podían ser más propensos a integrarse al grupo subversivo, tal y como 
narra un joven universitario detenido por terrorismo en 1991 y 
posteriormente absuelto:

    [en la Dirección Nacional contra el Terrorismo – DINCOTE] los 
policías me dijeron que mis antecedentes eran ideales para ser 
miembro de Sendero Luminoso: era hijo de padres ayacuchanos, hablaba 
más o menos quechua, estudiaba en la UNMSM y vivía en el Callao [...] 
Finalmente, en Canto Grande, cuando fui asignado al pabellón de los 
senderistas, esta vez ellos eran los que me decían «tú eres hijo de 
ayacuchanos, hablas un poco de quechua, estudias en la San Marcos, y 
vives en el Callao, cumples el prototipo, ¿por qué no te unes a 
nosotros?». CVR. Testimonio 100191, Lima. 

Gráfico 12

En el Gráfico No. 12, es posible apreciar la diferenciación de 
perfiles de las víctimas de los principales actores del conflicto. 
Como es visible, la proporción de personas menores a los 30 años es 
mayor entre las víctimas provocadas por los agentes del Estado, 
mientras que edades por encima de los 40 años son más frecuentes 
entre aquellas personas asesinadas o desaparecidas por el PCP-SL.

Tomando en cuenta este perfil de edades, es posible afirmar que, 
hasta cierto punto, el conflicto armado interno provocado por el 
PCP-SL fue también una lucha generacional, en donde los jóvenes de 
origen campesino, relativamente más educados que sus padres y 
atraídos por la ideología subversiva, buscaban desplazar 
violentamente a las personas mayores de las posiciones de poder y 
prestigio en sus propias comunidades.

Gráfico 13

El Gráfico No. 13 da cuenta de que, de las víctimas fatales 
reportadas a la CVR que tenían entre 20 a 29 años, la proporción de 
personas que tenían educación secundaría es algo mayor entre las 
víctimas provocadas por los agentes del Estado que entre aquellas 
causadas por el PCP-SL. Una confirmación de este perfil del militante 
o simpatizante del PCP-SL puede encontrarse en las características 
sociodemográficas de aquellas personas que actualmente se encuentran 
detenidas por cargos de terrorismo en los diferentes establecimientos 
penitenciarios del país.

Gráfico 14

La CVR ha entrevistado a poco más de 1,000 personas actualmente 
detenidas por delito de terrorismo. Como se aprecia en el Gráfico No. 
14, más de la mitad de ellos tenían entre 20 y 29 años al momento de 
ser detenidos. Por otro lado, cerca del 45% de los detenidos por 
delito de terrorismo que han dado su testimonio a la CVR tienen algún 
nivel de instrucción superior.

Más allá de las coincidencias existentes entre los perfiles de las 
personas ejecutadas o desaparecidas por los agentes del Estado y 
aquellas que actualmente purgan prisión por delito de terrorismo, es 
evidente que una estrategia de selección de blancos de la represión 
basada en categorías tan generales (grupo de edad y nivel educativo), 
aplicada en forma masiva y sistemática, conduce inevitablemente a 
graves violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, 
independientemente de que las víctimas se ajusten al perfil 
mencionado, ello no implica que necesariamente sean miembros del 
PCP-SL y, aunque ese haya podido ser el caso de varias de las 
personas ejecutadas o desaparecidas por las fuerzas del orden, ni la 
ejecución extrajudicial sumaria ni la desaparición forzada están 
previstas como sanciones legales en el ordenamiento jurídico peruano.

Si bien queda claro que el ser joven y tener niveles educativos 
relativamente mayores constituyen un elemento central del perfil de 
aquellas personas que fueron objeto de la represión estatal en la 
lucha contrasubversiva, la forma en cómo esa represión fue ejercida 
está asociada a otro tipo de variables.

Gráfico 15

Como se observa en el Gráfico No. 15, Ayacucho es el departamento de 
nacimiento de la mayoría de personas ejecutadas o desaparecidas por 
los agentes del Estado. Sin embargo, la mayoría de personas que se 
encuentran en la cárcel por delito de terrorismo provienen ya sea de 
Lima o del conjunto de departamentos menos afectados por el conflicto 
armado interno.

Por otro lado, mientras que, entre los ejecutados y desaparecidos, 
más del 70% tenían al quechua u otras lenguas nativas como idioma 
materno, sólo el 24% de los actualmente detenidos por terrorismo 
comparten esa característica.

La probabilidad de que la acción contrasubversiva del Estado devenga 
en una violación grave de los derechos humanos o en una aplicación de 
la legislación antiterrorista no es uniforme en todos los grupos 
sociales. Las consecuencias resultan ser más graves y los errores de 
aplicación del perfil menos reversibles en aquellos grupos más 
vulnerables de la sociedad peruana.

3.3. DINÁMICA DE LA VIOLENCIA

La intensidad de la violencia no estuvo uniformemente distribuida a 
lo largo de los años que duró el conflicto armado interno ni afectó a 
todas las regiones en el mismo momento.

Gráfico 16

Como se aprecia en el Gráfico No. 16, existen dos picos que marcan 
períodos diferentes en el conflicto armado: 1984 y 1989. El primero 
corresponde al momento de mayor intensidad y que provocó el número 
más importante de muertos y desaparecidos que fueron reportados a la 
CVR (19% del total del víctimas). Se inscribe en el período inicial 
del conflicto, centrado esencialmente en el departamento de Ayacucho, 
en el que se aprecia una notable escalada de la violencia, 
especialmente a partir de 1983, luego de que, en diciembre de 1982 se 
les encarga las Fuerzas Armadas (FFAA) la conducción de la lucha 
contrasubversiva. Luego de un período de descenso de la intensidad 
del conflicto, cuyo punto más bajo en términos de número de víctimas 
fatales fue 1986, a partir de 1987 se inicia un recrudecimiento de la 
violencia que alcanza otro pico en 1989 y que se mantiene en niveles 
relativamente elevados hasta 1992, año en que es capturado Abimael 
Guzmán Reinoso y desestructurada la cúpula de la dirección central 
del PCP-SL. Si bien en este segundo período no se llegó a niveles 
similares a los de 1984, el conflicto se expandió a cada vez más 
lugares del país.

El Gráfico No. 17 compara la intensidad de la violencia con la 
extensión de la misma a diferentes ámbitos geográficos. 10

Se observa cómo, a partir de 1987, luego del descenso experimentado 
entre 1985 y 1986, no sólo se incrementa el número de muertos o 
desaparecidos reportados a la CVR, sino también los lugares donde 
ocurrieron los hechos que dieron lugar a esas víctimas.

Gráfico 17

Como se ve, el año más intenso en términos de víctimas fue 1984, pero 
los años comprendidos entre 1989 y 1992 fueron aquellos donde más 
localidades experimentaron el conflicto armado interno.

El Gráfico No. 18 nos muestra, para cada año, cómo fue la 
distribución relativa de las víctimas fatales en los principales 
departamentos afectados por el conflicto armado interno. Entre 1982 y 
1985, éste estuvo prácticamente circunscrito al departamento de 
Ayacucho. En los años posteriores, Ayacucho, en particular la región 
del valle del río Apurímac en las provincias de Huanta y La Mar, 
permanece como uno de los escenarios centrales hasta 1993. Sin 
embargo, a partir de 1986 – 1988, el conflicto armado interno 
adquiere un carácter relativamente más nacional. Entre 1989 y 1991, 
la región central, especialmente el departamento de Junín, se 
convierte en otro de los escenarios principales de la violencia, al 
mismo tiempo que la importancia relativa de la zona nororiental 
comienza a aumentar. A partir de 1994, el departamento de Huánuco, y 
sobre todo la provincia de Leoncio Prado en el valle del Huallaga, 
concentrará a más de un cuarto de las víctimas fatales del período 
final de la violencia.

Gráfico 18

Otra forma de ver con algo más de detalle las diversas dinámicas 
regionales del conflicto puede apreciarse en el Gráfico No. 19, que 
muestra la distribución relativa de víctimas por año para cada uno de 
los departamentos más afectados por el conflicto armado interno. 11 
Aquí se puede detectar qué momentos marcaron diferentes niveles de 
intensidad del conflicto en cada zona del país.

Gráfico 19

Conforme evolucionan a lo largo del tiempo los escenarios del 
conflicto, también se producen cambios en ciertos aspectos del perfil 
de las víctimas, especialmente en aquellos elementos relacionados con 
la caracterización sociocultural de éstas.

Gráfico 20

En el Gráfico No. 19, podemos observar que, mientras va disminuyendo 
la importancia relativa de la región sur central (conformada por el 
departamento de Ayacucho y provincias colindantes de Huancavelica y 
Apurímac), también disminuye el porcentaje de víctimas fatales 
ocurridas en zonas rurales y de aquellas que tenían el quechua como 
idioma materno. Ello implica que el conflicto no sólo abarca espacios 
geográficos diferentes, sino realidades sociales más complejas. 
Nótese, sin embargo, que, en todos los momentos de mayor intensidad, 
la mayoría absoluta de las víctimas sigue presentándose en zonas 
rurales y tienen como su lengua materna idiomas diferentes al 
castellano.

Esta disminución relativa del peso del Perú rural y quechuahablante 
en el universo de las víctimas es acompañado de una mayor visibilidad 
mediática del conflicto armado interno. Como se aprecia en el Gráfico 
No. 20, existe una correlación positiva entre el crecimiento de la 
proporción de víctimas en zonas rurales y la cantidad de noticias 12 
que sobre el conflicto armado interno se reportan en los principales 
medios de comunicación escrita del país.

Gráfico 21

Esta correlación reafirma nuestra conclusión de que una parte 
importante del Perú se desangró casi sin que el resto del país lo 
notara. La violencia y sus víctimas adquirieron cada vez más 
importancia para la opinión pública conforme el conflicto atacaba los 
centros donde se ubica el poder económico y político del país.

3.3.1. Dinámica de los actores

Tal y como ha sido reseñado a lo largo del Informe, la 
responsabilidad del mayor porcentaje de muertos y desaparecidos 
reportados a la CVR (cerca del 54%) ha sido atribuida al PCP-SL, 
mientras que los diversos agentes del Estado han sido señalados como 
responsables de cerca de un tercio de esos casos.

Gráfico 22

Como lo muestra el Gráfico No. 22, la responsabilidad de los demás 
agentes que intervinieron en el conflicto armado es mucho menos 
importante en comparación a estos dos actores 13.

En tal sentido, para efectos de esta sección, nos concentraremos en 
las víctimas provocadas por el PCP-SL y los agentes del Estado.

Gráfico 23

En el Gráfico No. 23, apreciamos que prácticamente, en todos los 
años, los muertos y desaparecidos reportados a la CVR que serían 
responsabilidad del PCP-SL son más numerosos que aquellos provocados 
por los agentes del Estado. La distancia entre las líneas 
correspondientes a cada actor se acrecienta notablemente a partir de 
1987. Como ha sido indicado, entre 1987 y 1993, el país experimenta 
una nueva escalada de la violencia, provocada por la expansión del 
accionar del PCP-SL hacia nuevos escenarios regionales.

Esa expansión no es inmediatamente acompañada de un recrudecimiento 
de la represión del Estado, puesto que, como es visible, la inflexión 
hacia arriba de la línea del PCP-SL se produce en 1987, mientras que 
la de los agentes estatales comienza su nuevo ascenso el año 
siguiente.

Por otro lado, los patrones visibles en las curvas dan cuenta de los 
cambios en las estrategias de los actores. Las primeras fases del 
conflicto estuvieron marcadas por su carácter eminentemente 
ayacuchano y por los elevados picos de violencia alcanzados en 1983 y 
1984. Luego de un reflujo, la nueva expansión del conflicto hacia 
fines de la década de los 80 adquiere un carácter nacional y está 
definida por el «salto al equilibrio estratégico» emprendido por el 
PCP-SL y el refinamiento y mayor selectividad de la estrategia 
contrasubversiva del Estado.

Ello puede corroborarse en el siguiente gráfico. Mientras que la 
cantidad relativa de muertos y desaparecidos provocados por el PCP-SL 
es muy parecida en los dos momentos de mayor intensidad del conflicto 
(1983 -1984 y 1989 -1990), las víctimas provocadas por los agentes 
del Estado en el segundo momento son casi la mitad de las que 
murieron o desaparecieron entre 1983 y 1984.

Gráfico 24

Los cambios mencionados se reflejan también en la paulatina 
diferenciación del tipo de sociedad en la cual se desarrolla el 
accionar de cada uno de los principales actores del conflicto.

Si exceptuamos14 los años 1980 y 1981, los Gráficos No. 25 y 26 nos 
indican que tanto el PCP-SL como los agentes del Estado actuaban en 
los mismos espacios socioculturales en los períodos iniciales del 
conflicto. A partir de 1988 – 1989, no sólo estos universos sociales 
se van diversificando, sino que las víctimas provocadas por cada 
actor van diferenciándose entre sí. Mientras que los muertos y 
desaparecidos reportados a la CVR que serían responsabilidad del 
PCP-SL siguen proviniendo básicamente del mundo rural y 
quechuahablante, aquellos provocados por los agentes del Estado 
comienzan a ser reportados con mayor frecuencia en zonas más urbanas 
y entre una población más próxima a la cultura occidental.

Gráfico 25

Es claro que, para los años 1982 – 1984, el comportamiento de los 
patrones cuantitativos expresados en los gráficos precedentes se 
explica por el hecho de que el conflicto se desarrolló casi 
exclusivamente en el departamento de Ayacucho. Sin embargo, conforme 
el conflicto adquiere dimensiones nacionales y el PCP-SL busca 
expandir su proyecto político totalitario hacia nuevos espacios, esta 
organización comienza a encontrar una resistencia en el mundo 
campesino o nativo (andino y selvático) cada vez mayor, la cual es 
potenciada por la promoción estatal de la formación de rondas 
campesinas. Ello motiva que las acciones armadas de la organización 
subversiva adquieran un marcado carácter de represalia contra la 
sociedad rural.

Paralelamente, los agentes del Estado y, en particular, las FFAA, 
como parte del cambio de su estrategia contrasubversiva, van 
desarrollando alianzas más importantes con el campesinado y 
focalizando su acción represiva en sectores sociales donde existe una 
mayor probabilidad de ubicar y eliminar individuos vinculados más 
estrechamente con el PCP-SL.

Gráfico 26

Como se ve en los Gráficos No. 27 y 28, la nueva estrategia 
implementada por los agentes estatales, en la medida en que 
incrementó su carácter selectivo, implicó un empleo cada vez más 
sistemático de la práctica de la desaparición forzada (especialmente 
en los años 1989 – 1993), así como un incremento sustantivo de las 
detenciones oficiales de presuntos subversivos que fueron capturados 
y sometidos a las nuevas leyes y procedimientos judiciales 
antiterroristas. 15 Cabe resaltar que este incremento se intensifica 
notablemente luego de la captura de los principales dirigentes 
subversivos.

Gráfico 27
Gráfico 28

Más allá de las dinámicas reseñadas en esta sección, ciertos 
componentes de los perfiles de las víctimas se mantienen 
relativamente estables a lo largo de todo el conflicto armado 
interno, especialmente las diferencias antes establecidas en las 
estructuras de edades y los niveles educativos de las víctimas 
provocadas por los principales actores del conflicto (ver Gráficos 
No. 29 y 30).

Gráfico 29

Gráfico 30

3.4. VÍCTIMAS ENTRE LAS FUERZAS DEL ORDEN

    Veintidós hombres con seis fusiles, en esa intervención salimos 
con tres fusiles y con ametralladoras MGP, que no son aptas para un 
combate así en este lugar. Y ahí fuimos sorprendidos. El que habla y 
seis efectivos iban a la intervención y fuimos sorprendidos por este 
grupo de bloqueo de Sendero Luminoso, el cual con una granada 
Instalasa, que entró por el parabrisa de la camioneta le voló los 
dedos al chofer, impactó la granada Instalasa en la pierna del 
teniente, pasando la puerta y estallando en la marginal. Y ahí fuimos 
recibidos por una lluvia de balas. Estando yo en la parte de atrás de 
la camioneta cuatro por cuatro, junto a mi colega, difunto ahora y al 
frente de tres personal subalternos, fuimos el escudo de ellos. Mi 
colega que estaba a la izquierda le cayó una ráfaga, agarrando 
yugular y corazón, que al instante quedó muerto. El que habla que iba 
con una mochila con munición trescientos cincuenta cartuchos, fue 
impactado también. (SO. PNP. José Rafael Vives, San Martín, 1990)

    En el 31 de marzo del 92 [...] mi esposo [...] me acompañaban 
[...] a dos cuadras, al paradero, sin presagiar. [...] Me acuerdo 
que, al llegar al paradero, [...] divisé una combi que bajaba por 
Montenegro. Y les dije a mis hijos, a mi esposo... me despedí de 
ellos y crucé la pista. Les di la vuelta a las personas que estaban 
alrededor, en el paradero. Esperé que subiera un joven y de ahí traté 
de subir yo. Y escuché como un estallido. Pensé que era la llanta del 
carro, de la combi. Bajé la mirada a ver la llanta y era el primer 
disparo que me tiraban por la espalda. De ahí sentí como un 
desvanecimiento y caí. Y me acuerdo que miré al cielo y dije: "¿ Por 
qué?". De ahí comencé a querer levantarme, incorporarme, y sentí cómo 
las balas entraban en mi cuerpo y cómo mi cuerpo se movía a cada 
impacto de bala que entraba. [...] Entonces, yo decía: "Dios mío, si 
sigo moviéndome me van a seguir dando". Y yo me acuerdo que [...] 
atiné [...] a tirar mi cabeza a la izquierda, y es donde entra la 
quinta bala, que era el tiro de gracia, que me entra por el globo 
derecho y sale por la sien izquierda, quemándome el nervio óptico de 
la izquierda. [...] Y sentí la presencia después de mi esposo que me 
decía: "No te mueras. Te necesitamos. Nuestros hijos te necesitan". 
(SO. PNP. Ana Carolina Lira Chupingahua, Lima, 1992) 

Los institutos armados y el Ministerio del Interior han proporcionado 
a la CVR las listas de las bajas de sufrieron las fuerzas del orden 
en el combate contra la subversión armada a lo largo del 20 años 
investigados. De acuerdo con esta información murieron 1,674 miembros 
de las fuerzas del orden 16 en actos de servicio en zonas de 
emergencia o en combates contra elementos subversivos entre 1980 y el 
año 2000. Esta cifra equivale al 7% del total de víctimas fatales 
reportadas en los testimonios analizados por la CVR. 17

Según las mismas fuentes, adicionalmente las fuerzas del orden 
sufrieron 1,698 bajas de heridos o de efectivos que quedaron 
inválidos a consecuencia de los combates o los ataques perpetrados 
por los elementos subversivos.

La distribución de víctimas fatales por instituciones se aprecia en 
el gráfico 31. Como se ve el Ejército Peruano fue la institución que 
tuvo mayores bajas (60% del total de las bajas reportadas de los 
agentes del Estado) en la medida que el Estado Peruano le encomendó a 
sus miembros la principal responsabilidad del combate a la subversión 
armada. El 82% de las víctimas del Ejército Peruano fueron personal 
de tropa, 7% suboficiales o técnicos y 11% oficiales. El 50% de los 
oficiales caídos en cumplimiento de su deber fueron tenientes o 
subtenientes, el 85% tenían grados iguales o inferiores al de 
capitán. La gran mayoría de oficiales fallecidos eran entonces 
responsables de tropas o patrullas por lo que sus muertes se 
produjeron generalmente en actos de combate o en emboscadas 
subversivas en el campo.

Gráfico 31

La policía nacional fue la segunda institución de las fuerzas del 
orden que sufrió el mayor número de bajas a consecuencia del 
conflicto armado interno (34% de las bajas de las fuerzas del orden). 
El 8% de los fallecidos de las fuerzas policiales serían oficiales. A 
diferencia de los efectivos de las fuerzas armadas, cuyas bajas se 
produjeron sobre todo en operaciones de patrullaje en el campo, gran 
parte de las bajas policiales son producto de atentados individuales 
(" aniquilamientos") o ataques subversivos contra puestos policiales 
relativamente aislados y poco guarnecidos. En los primeros años del 
conflicto armado interno, los ataques contra policías eran una 
modalidad empleada por los miembros del PCP-SL para proveerse de 
armamento. Asimismo, estos ataques se consideraban una forma de 
"bautizo" para los subversivos que formaban parte de los 
destacamentos de "aniquilamiento selectivo". Muchos de estos ataques 
se produjeron mientras los policías realizaban labores cotidianas 
relacionadas a su función (seguridad ciudadana, patrullaje urbano, 
etc.) por sorpresa y de forma alevosa (tiros por la espalda).

En relación al Ejército o las Fuerzas Policiales, la Marina de Guerra 
tuvo un número mucho menor de bajas fatales (6% del total de las 
fuerzas del orden). Su ámbito de acción estuvo básicamente 
restringido a las provincias de Huanta y La Mar en el departamento de 
Ayacucho (25 bajas fatales) y a algunas provincias de Ucayali y 
Huánuco (39 víctimas fatales). Efectivos de esta institución también 
murieron en enfrentamientos o atentados en la ciudad de Lima y el 
Callao, en estas localidades se registraron 20 bajas, 3 de las cuales 
corresponden a miembros de la marina de guerra que murieron en la 
debelación del motín en el Penal del Frontón en 1986.

La CVR ha recibido una relación de 10 efectivos de la Fuerza Aérea 
Peruana muertos a consecuencia del conflicto armado interno. Estas 
bajas de produjeron generalmente mientras brindaban acciones de apoyo 
logístico a miembros de las demás fuerzas del orden.

Tabla 1
PERÚ 1981-2000: VÍCTIMAS FATALES DE LAS FUERZAS DEL ORDEN A 
CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, SEGÚN AÑO DE OCURRENCIA DE 
LOS HECHOS
AÑOS	FUERZAS ARMADAS	FUERZAS POLICIALES 	TOTAL 	% DEL TOTAL
1981	2	2	4 	0.2%
1982	 	12	12 	0.7%
1983	4	9	13 	0.8%
1984	15	12 	27 	1.6%
1985	15	16	31 	1.9%
1986	26	31	57 	3.4%
1987	34	29 	63 	3.8%
1988	102 	39 	141 	8.4%
1989 	101	48	149 	8.9%
1990	93 	45 	138 	8.2%
1991	135 	72	207 	12. 4%
1992 	208 	113	321 	19. 2%
1993	109 	73	182 	10. 9%
1994 	52 	15	67 	4.0%
1995	104	28 	132 	7.9%
1996 	44	2 	46 	2.7%
1997	17 	10 	27 	1.6%
1998	20	6	26 	1.6%
1999	19 	1	20 	1.2%
2000	6	2	8 	0.5%
2001(*)	 	3	3 	0.2%
TOTAL	1106	568 	1674 	100. 0%
% DEL TOTAL	66%	34% 		
(*) Si bien el año 2001 no corresponde al mandato de investigación de 
la CVR, se consignan los reportes del Ministerio del Interior de los 
efectivos policiales muertos en el transcurso de un enfrentamiento 
ese año

En la tabla 1, se presentan el número de efectivos de las fuerzas del 
orden que murieron según año de ocurrencia de los hechos. Como se 
aprecia, los años donde ocurrieron el mayor número de bajas fueron 
1991, 1992 y 1993 (42% del total de víctimas de las fuerzas del 
orden). La distribución de las víctimas de las fuerzas del orden a lo 
largo del tiempo es bastante diferente de la distribución del 
conjunto de víctimas reportadas en los testimonios de la CVR. 18

Gráfico 32

Tal y como se aprecia en el gráfico 32, existen 8 años de diferencia 
entre el momento en que el conflicto armado interno afectó más a la 
población en general (1984) y aquel donde la mayor cantidad de 
efectivos de las fuerzas del orden dieron su vida en el cumplimiento 
del deber (1992). Si bien se observa un paulatino y continuado 
incremento de las bajas de las fuerzas del orden a lo largo de los 
años, se registra un brusco incremento en 1988 y otro en 1992. Ello 
coincide con el período del llamado "salto al equilibrio estratégico" 
en el transcurso del cual los miembros del PCP-SL intensificaron sus 
ataques en contra de los blancos policiales y militares en todo el 
país. Luego de la captura de Abimael Guzmán y de los principales 
líderes de las organizaciones subversivas, el conjunto de todas las 
víctimas desciende significativamente a partir de 1993. Se aprecia un 
nuevo y breve incremento de bajas en 1995, casi todas perteneciente 
al Ejército y concentradas en la zona del alto Huallaga.

La CVR ha constatado que en diferentes momentos y regiones del país, 
ocurrieron actos de heroísmo y ejemplos de cumplimiento del deber por 
parte de policías y militares que arriesgaron o dieron su vida en la 
lucha contra la subversión armada. A ellos, el Estado y el país les 
debemos reconocimiento pleno.

1 Las víctimas fatales incluyen también a las personas que se 
encuentran actualmente desaparecidas a consecuencia del conflicto 
armado interno.

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre 
el desarrollo humano, Perú 2002: aprovechando las potencialidades – 
Sinopsis. Lima: PNUD, 2002.

3 Ver: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Mapa de 
necesidades básicas insatisfechas de los hogares a nivel distrital. 
Lima: INEI, 1994; PNUD, op. cit.

4 Cuando una distribución de elementos (en este caso, distritos) de 
divide en cinco partes iguales, a cada parte se le conoce como 
quintil; entonces, cada quintil concentra el 20% de elementos de una 
distribución.

5 En un intervalo de confianza al 95% cuyos límites inferior y 
superior son 61,007 y 77,552 personas respectivamente. Para mayores 
detalles véase el anexo del presente informe titulado: ¿Cuántos 
peruanos murieron?: Estimación del número total de víctimas fatales 
del conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

6 Los dos apellidos más frecuentes entre las personas muertas y 
desaparecidas registradas en la base de datos de la CVR son Quispe y 
Huamán.

7 Como referencia, se empleó la distribución por edades de la 
proyección realizada por el INEI para la población peruana de 1985.

8 Ver: Patrick Ball, Paul Kobrak y Herbert F. Spirer. Violencia 
institucional en Guatemala, 1960 a 1996: una reflexión cuantitativa. 
Washington DC: AAAS – CIIDH, 1999, pp. 65 – 70.

9 Ver: Patrick Ball et. al., op. cit., pp. 94 – 98.

10 Los indicadores empleados son número de muertos y desaparecidos 
reportados a la CVR para la intensidad de la violencia (escala del 
eje vertical izquierdo) y número de distritos donde los hechos que 
provocaron esas víctimas tuvieron lugar (escala del eje vertical 
derecho).

11 Los departamentos están ordenados de izquierda a derecha según el 
número total de muertos y desaparecidos reportados a la CVR 
correspondiente a cada uno de ellos.

12 Ver: Víctor Peralta. Sendero Luminoso y la prensa, 1980 – 1994. 
Cusco: CBC – SUR, 2000.

13 Los porcentajes del gráfico 22 no suman 100% porque más de un 
agente puede haber participado en el mismo hecho, como por ejemplo 
los operativos combinados entre los agentes estatales y los comités 
de autodefensa.

14 Los porcentajes correspondientes a los años que tienen un bajo 
número de absoluto de víctimas reportadas a la CVR están sujetos a 
una mayor variación por simple efecto aritmético, lo que puede 
amplificar las diferencias cuantitativas entre los principales 
actores del conflicto.

15 La información sobre detenciones oficiales efectuadas por Fuerzas 
del Orden que aparecen en el gráfico 28 tienen las siguientes 
fuentes: Los datos para los años 1983 a 1992 han sido proporcionados 
por la Dirección Nacional contra el Terrorismo (oficio nº 
55-DIRCOTE-COMASE del 13/ 03/ 2003); los datos para los años 
1993-2000 provienen del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados 
a pena privativa de la libertad efectiva a cargo del Ministerio 
Público (oficio nº 106-2003-MP-FN-RENADESPPLE).

16 El Ministerio del Interior remitió a la CVR un listado de 568 
efectivos policiales muertos a consecuencia del combate contra la 
subversión. Diversos elementos le permiten suponer a la CVR que la 
cifra real de policías fallecidos podría ser mayor (existen indicios 
que varios registros se perdieron en el proceso de la reforma 
policial de 1988, además de posibles errores de registro en las 
instituciones policiales). Un estimado de la cifra real podría 
situarla alrededor de 839 policías fallecidos (271 personas 
adicionales no registradas), sin embargo, para el presente análisis 
la CVR decidió utilizar la información oficialmente remitida por el 
Ministerio del Interior ya que en ese listado aparecen los nombres de 
los policías que perdieron la vida en el cumplimiento del deber, 
además de cierta información sobre las circunstancias en que 
ocurrieron esos hechos.

17 Salvo el caso de algunos familiares de miembros de las fuerzas 
policiales caídos en combate contra la subversión, a pesar de las 
campañas de difusión del trabajo de la CVR se recibieron muy pocos 
testimonios sobre víctimas de los institutos castrenses. La 
información sobre estas bajas fue proporcionada directamente

18 La distribución de las víctimas a lo largo de los años en todas 
las demás fuentes de información existentes sobre el conflicto armado 
interno es similar a la detectada en los datos recopilados y 
analizados por la CVR. Véase la cronología de DESCO, y los datos del 
Ministerio de Defensa, en informe de la Comisión del Senado de la 
República (años 1980 -1986) y Policía Nacional del Perú, en el 
compendio Estadístico del INEI, 1999 (años 1987 -1998). por los 
institutos armados.

	  	
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CAPÍTULO 4
LA DIMENSIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS

El presente capítulo da cuenta del dolor padecido por miles de 
peruanas y peruanos en el período comprendido en el mandato de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Presenta así once tipos 
de graves hechos ocurridos en el país: desaparición forzada de 
personas, ejecuciones arbitrarias, asesinatos, secuestros, torturas y 
tratos crueles inhumanos o degradantes, violencia sexual contra la 
mujer, violencia contra menores, desplazamiento interno y violación 
de derechos colectivos, detenciones arbitrarias y abusos en la 
administración de justicia. El propósito específico del capítulo es 
establecer el marco jurídico que se utilizará a lo largo de este 
informe para el análisis de los once tipos de hechos antes 
mencionados.

4.1. EL MANDATO DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN Y SU 
RELACIÓN CON EL CAPÍTULO

Como ha sido analizado en el capítulo precedente, la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación debe establecer una relación indisoluble 
entre verdad, justicia y reconciliación, teniendo como fundamento y 
fin último la dignidad de la persona humana y en la perspectiva de la 
consolidación del régimen democrático y del Estado de Derecho. El 
mandato recibido establece que la CVR "enfocará su trabajo sobre los 
siguientes hechos" : "a) Asesinatos y secuestros; b) Desapariciones 
forzadas; c) Torturas y otras lesiones graves; d) Violaciones a los 
derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del país; y, 
e) Otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las 
personas" (Art. 3 del D. S. 065— 2001— PCM). Se trata por 
consiguiente de un mandato imperativo para la Comisión el analizar un 
conjunto de hechos ilícitos como los aquí señalados, puesto que está 
obligada a enfocar su trabajo sobre los mismos.

La sistematización realizada por la CVR permite, en primer lugar, 
condensar y clasificar los testimonios prestados por 16,985 personas 
a lo largo y ancho del país 1 y, en segundo lugar, tener una visión 
global que posibilita extraer conclusiones jurídicas sobre lo 
sucedido y la identificación de las presuntas responsabilidades que 
correspondan. Sin esta sistematización, la Comisión ofrecería un 
listado de miles de eventos trágicos aparentemente inconexos o 
aislados, privando al país de importantes conclusiones que pueden ser 
útiles para una recta administración de justicia, para la reforma de 
las instituciones estatales y para el diseño de políticas públicas 
que permitan erradicar este tipo de violencia.

4.2. MARCO JURÍDICO

4.2.1. Derecho Internacional y Constitución Política del Perú

La CVR toma en cuenta que la comunidad internacional reconoce la 
existencia de un núcleo inderogable de derechos de la persona humana, 
establecido por normas imperativas de Derecho Internacional general, 
sean éstas tributarias del Derecho Internacional de Derechos Humanos, 
del Derecho Internacional Humanitario, o del Derecho Penal 
Internacional. Este núcleo inderogable de derechos deriva y se funda 
en la dignidad de la persona humana.

Conforme a la Cuarta Disposición Final y al artículo 3º de la 
Constitución Política del Estado vigente desde 1993 este núcleo de 
derechos inderogables determina el sentido en que debe ser 
interpretado el contenido y alcance de todos los derechos reconocidos 
por la Constitución e integran además la relación de derechos 
fundamentales específicos a los que cabe reconocer rango 
constitucional, como parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Conforme lo declaró la Corte Internacional de Justicia —caso 
Barcelona Traction, 1970—, estos derechos expresan "obligaciones de 
los Estados hacia la comunidad internacional en su conjunto", por lo 
que:

    33. (…) Vista la importancia de los derechos en cuestión, todos 
los Estados lo reconocen como un asunto de interés jurídico para que 
tales derechos sean protegidos, estableciendo que las obligaciones 
asumidas por ellos son obligaciones erga omnes. 34. Estas 
obligaciones provienen por ejemplo, en el derecho internacional 
contemporáneo, de la misma fuente que la leyes sobre actos de 
agresión y de genocidio pero también de los principios y las reglas 
sobre los derechos fundamentales de la persona humana y comprenden la 
protección contra la práctica de la esclavitud y la discriminación 
racial. Las garantías de protección correspondientes están integradas 
al derecho internacional general. 2 

Igualmente, la CVR ha utilizado los tratados de derechos humanos y de 
derecho humanitario que, al haber sido suscritos por el Estado 
peruano, deben ser cumplidos cabalmente. Estos tratados, como es 
sabido, codifican frecuentemente normas de Derecho Internacional 
general surgidas consuetudinariamente o reconocidas como normas 
imperativas. Asimismo, se ha tenido en consideración los preceptos 
constitucionales y dispositivos legales internos, entendiendo que el 
Estado peruano está obligado internacionalmente a mantener en estas 
disposiciones respeto a las obligaciones que ha asumido como miembro 
de la comunidad internacional.

Es de notar que la noción de derechos humanos aparece expresamente en 
nuestras constituciones de 1979 y 1993, las mismas que la comprenden 
dentro de la expresión "derechos fundamentales" de la persona humana. 
Ambas Constituciones contienen extensos listados de derechos 
organizados a partir del reconocimiento de la dignidad de la persona 
humana que contemplan las reglas básicas sobre respeto a la vida, a 
la libertad y a la integridad física y mental de la persona humana, 
entre otras.

Además, ambas Constituciones han reconocido que la enumeración de los 
derechos fundamentales que contienen debe completarse en todo momento 
con "los demás que la Constitución garantiza" y con "otros de 
naturaleza análoga o que derivan de la dignidad del hombre" 
(artículos 4º de la Constitución de 1979 y 3º de la Constitución de 
1993). Entre ellos debe destacarse, dado el estado actual del derecho 
internacional, los derechos derivados de normas imperativas de 
derecho internacional general que obligan a todos los Estados, y las 
propias disposiciones de los instrumentos internacionales de 
protección a los derechos humanos, que entonces adquieren, combinando 
la Cuarta Disposición Final con el artículo 3º de la Constitución de 
1993, una doble fuerza vinculante, ya como pauta hermenéutica para la 
interpretación de los derechos fundamentales, ya como derechos 
fundamentales por sí mismos incorporados a través del artículo 3º.

La Décimo Sexta Disposición Final de la Constitución de 1979 concedió 
a los principales instrumentos de protección a los Derechos Humanos 
el rango explícito de normas constitucionales. Si bien la 
Constitución de 1993 no mantuvo esta disposición, respetó sin 
embargo, en su Cuarta Disposición Final, el valor hermenéutico que 
les corresponde al momento de determinar el contenido y alcance de 
las normas vinculadas a los derechos de la persona humana, y amplió 
esta función a todos los instrumentos que sean ratificados sobre 
estos temas.

4.2.2. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos

El Estado ha ratificado los más importantes tratados universales y 
regionales que conforman hoy en día el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos a nivel mundial 3 e interamericano, 4 participando 
activamente en los sistemas de Naciones Unidas e Interamericano de 
protección de los derechos humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) fue aprobada 
por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 13282 de fecha 15 de 
diciembre de 1959. La comunidad internacional reconoce 
contemporáneamente que esta Declaración enuncia derechos de las 
personas de cuyo efectivo reconocimiento ningún Estado está exento. 
Así es como se ha instituido en base a ella un Sistema universal de 
protección de los Derechos Humanos para supervigilar su cumplimiento 
y promover su respeto por todos los Estados. Algo semejante puede 
afirmarse respecto de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (1948).

El cuerpo jurídico existente en materia de derechos humanos tiene 
implicancias precisas para el Perú. En primer lugar, en virtud de 
principios de derecho internacional, ningún Estado podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado o de normas imperativas de derecho 
internacional general (jus cogens). 5 En segundo lugar, que los 
tratados de derechos humanos difieren de los otros tratados en un 
punto central: su objeto es la "protección de los derechos 
fundamentales de los seres humanos" (Corte I. D. H., OC— 2/ 82, N° 
29) 6. En tercer lugar, las violaciones a los derechos humanos 
perpetrados por un Estado dejan de ser materia interna y competencia 
exclusiva de dicho Estado, estando la comunidad internacional siempre 
autorizada a emitir críticas y recomendaciones, disponer 
investigaciones y adoptar otras medidas pertinentes, como lo 
atestigua el funcionamiento de los Sistemas universal y regionales 
—interamericano, europeo y africano— de protección de los derechos 
humanos.

A las implicancias de alcance general antes señaladas debemos añadir 
otras de carácter específico que recaen sobre todo Estado en virtud 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estas son las 
obligaciones de respetar y de garantizar —hacer respetar— los 
derechos y libertades reconocidos por los tratados de derechos 
humanos y humanitarios en general. 7 De tal modo que todo menoscabo a 
estos derechos atribuible "a la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que 
compromete su responsabilidad" 8 según los términos fijados por el 
tratado infringido. Ello por cuanto "es un principio del Derecho 
internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes 
realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de 
los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en 
violación del derecho interno". 9

Como consecuencia de la obligación de garantizar los derechos 
establecidos en los tratados precitados, el Estado debe "prevenir, 
investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos y 
procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho 
conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por 
la violación de los derechos humanos". 10 En este caso, la acción 
penal que el Estado debe promover va dirigida contra todo individuo, 
funcionario público o particular sin excepción alguna, responsable de 
la violación alegada. 11 El Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos vela pues por la protección de los derechos de las personas 
pero también exige la intervención del Derecho Penal de cada Estado 
contra los presuntos delincuentes. La "negligencia en la prevención 
del delito y en el castigo del delincuente constituye una violación 
de las obligaciones que el Estado ha asumido en materia de derechos 
humanos" (Faúndez, 1999: 31). Asimismo, el Estado está en la 
obligación de adecuar su ordenamiento jurídico a las exigencias de 
los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos.

Se ha discutido en el terreno jurídico sobre si los agentes no 
estatales violan o no derechos humanos. Al respecto, se ha indicado 
que las conductas de estos últimos se regulan por las normas del 
Derecho Internacional Humanitario, pues es prerrogativa sólo del 
Estado suscribir y ratificar tratados internacionales.

La CVR considera que este debate no es, ni debe ser, exclusivamente 
jurídico. Se afirma que los actos de los grupos terroristas no pueden 
ser calificados como violaciones de los derechos humanos porque los 
instrumentos de los derechos humanos sólo se refieren a 
comportamientos de los Estados. Pero al hacerlo se desconoce que los 
"derechos humanos" no pueden ser históricamente definidos sólo como 
producto de los instrumentos internacionales. Los instrumentos 
internacionales son un resultado (el más importante sin duda) de la 
lucha por el respeto a los derechos humanos, pero no clausuran el 
universo teórico de preocupaciones que se refiere a estos derechos. 
No es posible entonces encontrar en ellos, en opinión de la CVR, una 
razón que impida que cualquier observador decida calificar los actos 
del terrorismo conforme a los derechos humanos.

La imposibilidad de considerar los actos de terrorismo como 
violaciones a los derechos humanos es entonces, exclusivamente 
jurídica, y se refiere tan sólo a un asunto vinculado a las 
competencias de los órganos que controlan las prácticas de los 
Estados y los alcances de las obligaciones internacionales 
establecidas en los convenios, pero no al concepto "derechos 
humanos", no a sus alcances morales y no a las consideraciones que 
pueden ser usadas ante la comunidad para calificar un acto de una 
manera o de otra. En esa medida, la objeción basada en el contenido 
de los instrumentos y la competencia de los órganos no tiene ningún 
valor en el plano social, es decir, no crea reglas que representen 
nada para observadores que no están preocupados por problemas 
vinculados a las competencias de los órganos, sino a los criterios 
con los que debe considerarse, para fines éticos, los comportamientos 
terroristas. Pretender hacer esto importa tanto como pretender que 
las razones jurídicas pueden resolver un problema ético.

Hay que recordar que la Declaración de los Derechos y Deberes del 
Hombre no fue pensada para dar origen a un sistema de responsabilidad 
estatal, sino que fue pensada como una carta de derechos civiles, 
destinada a operar dentro de un Estado, y a prevenir abusos no sólo 
de la autoridad, sino también de cualquier ciudadano. Desde el punto 
de vista de la teoría política no es posible entonces identificar las 
violaciones a los derechos humanos sólo con actos de la autoridad 
estatal.

Es en este sentido que la CVR afirma que los actos terroristas no 
pueden ser calificados como violaciones a los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos porque estos últimos son 
tratados y en tanto tales sólo tratan de la responsabilidad de los 
Estados, ni pueden ser considerados por las Cortes Internacionales 
especializadas en estas áreas porque ellas no son competentes para 
juzgar crímenes terroristas. Esta afirmación, sin embargo, no impide 
que se califiquen los crímenes del terrorismo como violaciones a los 
derechos humanos por las razones señaladas.

4.2.3. El Derecho Internacional Humanitario

El Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH), en su 
acepción contemporánea, comprende lo que fueron en su origen dos 
ramas distintas del llamado Derecho de la Guerra. Estas son el 
Derecho de la Haya y el Derecho de Ginebra, 12 relativo el primero a 
las reglas que rigen el desarrollo de las hostilidades, el segundo, a 
las reglas humanitarias que deben aplicar las partes en conflicto en 
su relación con las personas que no intervienen directamente en las 
hostilidades, el enemigo rendido o fuera de combate y en la 
afectación de bienes de carácter no militar. Si bien se reconoce en 
todos los pueblos del mundo desde muy antiguo la existencia de normas 
sobre estas materias, su desarrollo y codificación en tratados 
internacionales tendrá lugar a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX y a lo largo de un siglo marcado por conflagraciones mundiales y 
otros importantes conflictos armados como fue el siglo XX. 13

El Perú ha ratificado, mediante las resoluciones legislativas 12412 
(1956) y 25029 (1989) los tratados internacionales centrales que 
conforman hoy en día el soporte convencional del Derecho 
Internacional Humanitario. Nos referimos a los cuatro Convenios de 
Ginebra 14 del 12 de agosto de 1949 y a sus dos Protocolos 
Adicionales 15 del 8 de junio de l977.

De acuerdo con una reiterada jurisprudencia de la Corte Internacional 
de Justicia 16 y más recientemente de los Tribunales Penales 
Internacionales para la ex Yugoslavia 17 y Ruanda, 18 confirmando así 
la ejecutoria del Tribunal Internacional de Nuremberg (1945— 1946), 
los crímenes de guerra o infracciones graves al DIH y codificadas en 
cuanto tales por los tratados antes mencionados, así como las 
disposiciones del artículo 3 común 19, están sancionados también por 
normas imperativas de derecho internacional general que obligan a los 
Estados y a los individuos sin excepción alguna.

De otro lado, en cualquier tipo de conflicto armado son de aplicación 
no sólo las normas antes mencionadas, sino también ciertos principios 
inderogables del Derecho Internacional Humanitario 20 que fueran 
enunciados ya en el siglo XIX (cláusula de Martens). Así, la 
protección de la población civil está en relación con los "principios 
de humanidad" que fundan el principio de distinción entre 
combatientes y no combatientes, así como el relativo a la 
proporcionalidad entre las ventajas militares a ser alcanzadas y los 
daños a civiles que en ningún caso deben ser excesivos.

Los derechos y prohibiciones enunciados por el artículo 3 común —cuyo 
ámbito de aplicación comprende cualquier tipo de conflicto armado 
interno— obligan a los agentes estatales y no estatales en todo 
tiempo y lugar. Existe un mínimo de humanidad que la comunidad 
internacional exige sea siempre respetado aún en las circunstancias 
más extremas. Y, bajo ciertas condiciones, las infracciones antes 
señaladas constituyen crímenes internacionales imputables a los 
individuos sin excepción alguna.

La aplicación del Derecho Internacional Humanitario no excluye en 
modo alguno la aplicación concurrente de tratados o de otras fuentes 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que 
dichos tratados y normas se aplican aún durante los conflictos 
armados. Sin embargo, las normas de derechos humanos y la 
determinación de las eventuales violaciones a las mismas, durante un 
conflicto armado, requiere de la aplicación concurrente de un derecho 
especializado como es el Derecho Internacional Humanitario. En 
efecto, al determinar éste último, por ejemplo, quienes puedes ser 
objeto de ataques durante un conflicto armado, la muerte de una 
persona como consecuencia legítima de operaciones militares no puede 
luego ser calificada como una violación de los derechos humanos. 21

Además, debe precisarse que las normas del Derecho Internacional 
Humanitario no justifican ni autorizan en ningún caso el uso de actos 
o métodos terroristas ni la organización de grupos armados destinados 
a cometer actos de esta naturaleza, ni justifican en ningún caso ni 
bajo ninguna circunstancia las muertes o demás daños o lesiones que 
este tipo de agrupaciones puedan provocar, así sea que afecten a los 
funcionarios o personal de seguridad que ellos, unilateral e 
ilegítimamente consideren como "enemigos". Debe tenerse presente que 
las normas que rigen los conflictos armados internos prohíben 
"perpetrar cualquier acto de terrorismo contra personas civiles que 
no participen activamente en las hostilidades" —esto es por ejemplo, 
el homicidio en todas sus formas, "cuya finalidad principal sea 
aterrorizar a la población civil" (Protocolo II, art. 13, numeral 2). 
Este delito puede ser perpetrado por cualquier agente, sea estatal o 
miembro de un grupo terrorista.

Dos precisiones importantes son necesarias de realizar aquí. La 
primera se refiere a la "aplicabilidad automática" del artículo 3 
común y en general de las normas que rigen todo tipo de conflicto 
armado. Como lo ha señalado el comentario autorizado del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, no es necesario para ello que, como 
requisito previo, exista una declaración especial del Estado 
concernido: 22

"El principio de la aplicabilidad automática se funda en exigencias 
humanitarias, porque la puesta en práctica de las normas de 
protección de las víctimas no debe depender de una apreciación 
subjetiva de las partes" (Junod 1986: 1367).

Así es como ha procedido, en el contexto regional, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos al declarar, contra la opinión del 
Estado concernido, que durante "el choque violento entre los 
atacantes y los miembros de las fuerzas armadas argentinas, a pesar 
de su corta duración (30 horas), activó la aplicación de las 
disposiciones del artículo 3 común, así como de otras normas 
relevantes para la conducción de conflictos internos" 23 .

La segunda precisión se refiere a que la aplicación del Derecho 
Internacional Humanitario durante un conflicto armado interno no 
afecta el estatuto jurídico nacional o internacional de los grupos 
insurgentes o grupos armados ni tampoco el de sus miembros 24.

    La ley nacional permanece en vigor, es decir, que subsiste el 
derecho de las autoridades a perseguir y condenar eventualmente a las 
personas reconocidas culpables de infracciones en relación con el 
conflicto. El Protocolo no impide, en particular, llevar ante los 
tribunales a un miembro de un grupo armado insurrecto por el hecho de 
haber empuñado las armas. No le reconoce ni la condición de 
combatiente ni el estatuto de prisionero de guerra. 25 (Junod 1986: 
1368) 

En este orden de ideas, en cumplimiento de su mandato, la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación considera imprescindible, para la 
calificación de ciertos actos como crímenes y violaciones a los 
derechos humanos, la aplicación concurrente del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. En 
efecto, los hechos examinados — decenas de miles de personas muertas 
en un contexto de violencia armada y varios otros miles de heridos o 
mutilados— no pueden explicarse sino por la existencia de un 
conflicto armado interno regido sin duda alguna por el artículo 3 
común precitado. 26

El Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra —en vigor para 
el Perú desde el 14 de enero de 1990—, establece para su aplicación 
determinados requisitos (inter alia, un cierto tipo de control 
territorial por los insurgentes). La CVR en consecuencia, no siendo 
un órgano que debe resolver una tal cuestión, ha considerado que el 
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra constituye el marco 
normativo adecuado para la determinación del núcleo inderogable de 
derechos vigentes durante un conflicto armado interno. Ello no será 
en modo alguno obstáculo para aplicar las disposiciones del Protocolo 
II, en lo que resulte compatible y pertinente.

En este cabe recordar que La primera obligación de una fuerza armada 
es respetar la inmunidad de la población civil. En la guerra no es 
antijurídico matar a los combatientes, aún cuando están en clara 
desventaja. No hay obligación de pedir primero que se rindan, antes 
de actuar contra ellos. Por ello cada fuerza tiene que hacer 
identificables a sus combatientes. Sin embargo, el combatiente 
adquiere inmunidad apenas se rinde o queda fuera de combate. Respetar 
la vida y la dignidad de los detenidos y los heridos en combate es 
otra de las leyes fundamentales de la guerra. La fuerza combatiente 
está obligada a usar la violencia sólo en la medida estrictamente 
necesaria para alcanzar los fines de la guerra, lo que implica no 
usar armas de exterminio masivo ni de consecuencias innecesariamente 
perjudiciales. Ello también obliga a no instalar efectivos militares 
ocultos en medio de la población civil, no impedir a la población 
alejarse de los lugares de combate pero tampoco provocar 
desplazamientos masivos y forzados.

Una fuerza armada o grupo armado se descalifica moralmente por la 
forma en que luchan si cometen, por ejemplo, actos terroristas o 
cualquier otro crimen de lesa humanidad, pues anuncian con ello que 
su propósito no es terminar el conflicto, sino exterminar al enemigo. 
Por otro lado, en los Estados que garantizan libertades mínimas a la 
población, la subversión armada no tiene justificación moral, pues 
destruyen espacios públicos existentes que, por enmarcarse en el 
respeto de los derechos humanos, conceden efectividad a las 
estrategias no violentas a favor de cambios racionalmente aceptables.

En los conflictos armados interno se deben mantener los mínimos de 
humanidad anotados, pero su aplicación ofrece algunas dificultades 
especiales. Las mayores surgen del hecho de que la subversión armada 
opte por no usar uniforme, oculte a sus combatientes entre la 
población civil y mantengan a sus líderes ocultos e inaccesibles. 
Esto sólo se justifica históricamente en el caso de una resistencia 
contra una invasión repentina y masiva, como la que hicieron los 
partisanos en distintos países contra la invasión del ejército nazi 
durante la Segunda Guerra Mundial. Fuera de este tipo de casos, está 
claro que ningún grupo subversivo armado tiene derecho a ocultar a 
sus combatientes entre la población civil.

4.2.4. El Estatuto de la Corte Penal Internacional

Adoptado por la comunidad internacional en Roma (1998), al término de 
la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones 
Unidas, el Estatuto de la Corte Penal Internacional ha entrado en 
vigor para los Estados parte —entre los cuales se cuenta el Estado—, 
desde el 1 de julio de 2002. Como es sabido, el Estatuto no tiene 
aplicación retroactiva.

A pesar de que la Corte Penal Internacional no es competente respecto 
de los hechos ocurridos antes de la entrada en vigor de su Estatuto, 
éste tiene una singular importancia para la comunidad internacional. 
En efecto, las definiciones aportadas sobre diversos crímenes 
internacionales codifican en gran parte normas internacionales 
consuetudinarias o imperativas, contribuyendo así a una mayor 
precisión jurídica respecto, por ejemplo, de los crímenes de lesa 
humanidad.

El Estatuto de Roma reafirma, también, en sus aspectos medulares, lo 
expresado por la jurisprudencia de los Tribunales Penales 
Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda respecto de la 
calificación de ciertas transgresiones del Derecho Internacional 
Humanitario, durante los conflictos armados internos, como crímenes 
de guerra.

Sin afirmar en modo alguno la competencia de la Corte Penal 
Internacional respecto de los hechos pasados en el Perú, o pretender 
aplicarlo directamente a los hechos materia de su mandato, la CVR 
utilizará las definiciones aportadas por el Estatuto de Roma en la 
medida que ello ayude a una mejor comprensión del contenido de 
ciertos crímenes internacionales.

4.2.5. Los derechos fundamentales de la persona humana no derogables 
incluso durante los conflictos armados

La comunidad internacional ha establecido cada vez con mayor nitidez, 
particularmente luego de la Segunda Guerra Mundial, la existencia de 
normas imperativas de derecho internacional general, 27 sancionadoras 
de derechos no derogables inclusive durante el curso de una guerra 
internacional o durante el curso de un conflicto armado interno. Se 
trata sin duda de ciertos derechos fundamentales de la persona humana 
enunciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948) y por el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra 
(1949), los cuales deben ser respetados por todo Estado y por todo 
individuo sin excepción alguna. 28

Lo anterior, de otro lado, adquiere contornos muy precisos a la luz 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante 
PIDCP) y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 
adelante CADH). En caso de guerra, de peligro público o de otra 
emergencia, el PIDCP (art. 4) "no autoriza suspensión alguna de los 
artículos [...]" 29, y el CADH (art. 27) "no autoriza la suspensión 
de los derechos determinados en los siguientes artículos [...]." 30 
La lectura conjunta de ambos artículos permite afirmar, 
consiguientemente, que entre los derechos fundamentales no derogables 
debe considerarse (lista no exhaustiva): el derecho a la vida, el 
derecho a la integridad personal (la prohibición de la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), la 
prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la 
prisión por deudas, el principio de legalidad y favorabilidad en 
materia penal, el reconocimiento a la personalidad jurídica, la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la protección a 
la familia, el derecho al nombre, los derechos del niño, los derechos 
a la nacionalidad y los derechos políticos. Tampoco podrán 
suspenderse las garantías judiciales (habeas corpus y amparo) 
indispensables para la protección de los derechos no derogables.

Durante los conflictos armados internos, el artículo 3 común de los 
Convenios de Ginebra establece un núcleo intangible de derechos que 
coincide en lo esencial con lo dispuesto por las convenciones de 
derechos humanos antes mencionadas. Así, se prohíben respecto de las 
personas que no participan directamente en las hostilidades y de los 
enemigos rendidos o fuera de combate, "los atentados contra la vida y 
la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus 
formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los 
suplicios". 31

Un aporte singular al núcleo intangible de derechos fundamentales de 
la persona humana realiza, sin embargo, el artículo 3 común 
precitado. Éste ha expresamente prohibido, durante los conflictos 
armados internos, la toma de rehenes y ha establecido el derecho a un 
debido proceso. El debido proceso se refiere a la prohibición "en 
cualquier tiempo y lugar" de "las condenas dictadas y las ejecuciones 
sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con 
garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos 
civilizados". 32 En el mismo sentido, sobre ambos aspectos, se ha 
pronunciado ulteriormente el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 33

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado, 
también expresamente, en el sentido que "los principios del debido 
proceso legal [previstos en el artículo 8 de la CADH] no pueden 
suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto 
constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos 
procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como 
garantías judiciales. Esta conclusión es aún mas evidente respecto 
del hábeas corpus [previsto en el articulo 7.6] y del amparo 
[previsto en el articulo 25.1]" "que tienen el carácter de 
indispensables para tutelar los derechos humanos que no pueden ser 
objeto de suspensión". 34

El reconocimiento por la comunidad internacional, en tanto normas 
imperativas del Derecho de Gentes, de un núcleo intangible y no 
derogable de derechos fundamentales propios de todo ser humano sin 
excepción alguna, en todo tiempo y lugar, es un hecho históricamente 
reciente y de un valor inestimable para todos los pueblos del mundo. 
Tales normas se fundan en convicciones surgidas del horror vivido 
durante los siglos pasados, en la creencia común en que son 
inherentes a los seres humanos, que fundan la igualdad radical entre 
los mismos, y que por ello mismo son irrenunciables, inderogables e 
intangibles. Por ello, los estados de excepción o de emergencia no 
son ni pueden aceptarse como el reino de la arbitrariedad donde todo 
está permitido, no como la negación del Estado de Derecho sino como 
una forma especial del mismo. Y aún en medio de la inhumanidad que 
entrañan los conflictos armados, ellos se rigen también por normas de 
humanidad mínimas que nadie, sin incurrir en responsabilidad ante su 
comunidad nacional, inclusive en ciertos casos ante la comunidad 
internacional, puede infringir. Asimismo, el Estado está en la 
obligación de informar cualquier declaratoria de un régimen de 
excepción al Secretario General de la Organización de las Naciones 
Unidas y rendir cuenta periódica a las instancias correspondientes.

4.2.6. La calificación de ciertos crímenes y violaciones de los 
derechos humanos como sistemáticos o generalizados

Al encontrarse la Comisión de la Verdad y Reconciliación ante una 
situación en la que, como resultado de actos ilícitos, se han 
producido decenas de miles de víctimas, una de las cuestiones que 
ella ha debido resolver ha consistido en determinar si se trata de 
actos aislados o difíciles de evitar en el contexto del conflicto 
armado interno, o si, por el contrario, éstos son el resultado de una 
práctica sistemática o generalizada atribuible a los agentes 
estatales y no estatales.

Los sistemas de protección de los derechos humanos prestan especial 
atención a las "situaciones que revelen constantes y sistemáticas 
violaciones de los derechos humanos" 35 (Naciones Unidas, 1967), o 
"un cuadro generalizado de violaciones a los derechos humanos" 36 
(OEA, 1965). Se trata de los casos en que la comunidad internacional 
está llamada a intervenir en la medida que la situación desborda las 
capacidades internas y a proveer mecanismos pacíficos de superación 
pero también, si fuera necesario, imponer sanciones penales a los 
individuos responsables de crímenes internacionales.

En el caso del Perú, se debe tener en consideración que organismos de 
protección de los derechos humanos pertenecientes a las Naciones 
Unidas y a la Organización de Estados Americanos se han pronunciado 
en el sentido que la tortura 37 y la desaparición forzada de 
personas38, respectivamente, en los períodos analizados no son hechos 
aislados sino una practica sistemática. Asimismo, las referencia a 
torturas y desapariciones forzadas no impide que la CVR considere que 
también determinados comportamientos terroristas constituyen 
prácticas sistemáticas y no sólo actos aislados o difíciles de evitar 
en las situaciones en que se desarrolló el conflicto interno"

Es el caso que la CVR debe, en virtud de su mandato, ocuparse también 
de los crímenes — entendidos como sinónimo de delitos, según la 
denominación utilizada por el Código Penal nacional— imputables a 
miembros de grupos terroristas. Cuestión particularmente importante 
en el caso peruano puesto que agentes no estatales y sin vínculo 
alguno con el Estado son responsables de miles de actos violatorios 
de derechos humanos que bien pueden ser igualmente calificados de 
sistemáticos o reiterados.

Las prácticas criminales desarrolladas por grupos terroristas 
involucrados en un conflicto armado interno deben ser calificadas 
conforme a los estándares del Derecho Penal Internacional en 
concordancia con las normas del Derecho Internacional Humanitario. En 
efecto, es una norma aceptada por la comunidad internacional luego 
del juicio a los criminales nazis por el Tribunal de Nuremberg, que 
todo individuo sin excepción alguna es responsable penalmente, en 
virtud de normas internacionales no convencionales, por la comisión 
de ciertos crímenes de derecho internacional calificados como 
crímenes de lesa humanidad o genocidio. Es de remarcar que ciertas 
infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario así como 
las transgresiones del artículo 3 común, pueden constituir al mismo 
tiempo crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio. 39

Los crímenes de lesa humanidad hacen referencia a actos contra la 
vida y la integridad personal, de tortura, contra la libertad 
individual, entre otros, que para ser tales deben ser perpetrados 
contra la población civil y haberse practicado de una manera 
sistemática o reiterada, en tiempo de paz o en el curso de un 
conflicto armado de cualquier índole. Así es como la jurisprudencia 
internacional ha declarado que "El deseo de excluir actos aislados o 
aleatorios de la noción de los crímenes de lesa humanidad, condujo a 
la inclusión de la exigencia de que los actos deben estar dirigidos 
en contra de 'una población civil', asimismo que estos actos sean de 
manera reiterada refiriéndose al número de víctimas, lo sistemático 
indicando un patrón o un plan metódico". 40

El término sistemático de acuerdo con la jurisprudencia internacional 
y la Comisión de Derecho Internacional dice "de un plan o política" 
del cual "podría resultar la comisión repetida o continua de actos 
inhumanos. 41

El calificativo de "generalizada" califica a la conducta y no al 
agente; es decir, la comisión generalizada de una conducta de ninguna 
manera implica que todos los agentes individuales están implicados en 
ella. El término generalizado, según las mismas dos fuentes antes 
citadas, indica "que los actos estén dirigidos contra una 
multiplicidad de víctimas. Este requisito excluye un acto inhumano 
aislado cometido por un perpetrador que actúa por su propia 
iniciativa y dirigido contra una sola víctima. 42

La calificación de los crímenes de lesa humanidad, como actos 
sistemáticos o reiterados, dirigidos contra una población civil, fue 
sancionado también por el Estatuto de la Corte Penal Internacional 
(art. 7).

4.2.7. Invalidez de la amnistía y de otros obstáculos procesales 
respecto de crímenes y violaciones de los derechos humanos

Las leyes de amnistía, cuyo objeto es dejar impune la comisión de 
crímenes de derecho internacional y violaciones graves de los 
derechos humanos, han sido expresamente declaradas, por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, incompatibles con la Convención 
Americana por lo que "carecen de efectos jurídicos". 43Esta sentencia 
fue luego precisada en un aspecto central mediante una sentencia 
interpretativa expedida por la misma Corte.

La Corte en su nueva sentencia decidió, por unanimidad, "que lo 
resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene 
efectos generales". 44 Los tribunales de justicia peruanos, en 
cumplimiento de lo resuelto por la Corte, han procedido a iniciar o 
proseguir según corresponda, procesos penales contra los presuntos 
perpetradores de los delitos incurridos en el caso Barrios Altos pero 
también contra otros implicados en otros casos y que habían sido 
favorecidos por las leyes de amnistía.

Lo resuelto por la Corte Interamericana inaugura una nueva etapa en 
la lucha contra la impunidad y es coherente con la jurisprudencia y 
las opiniones consultivas precedentemente emitidas por la misma 
Corte. La doctrina así establecida es coincidente con los 
pronunciamientos realizados por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la que se había pronunciado anteriormente sobre la 
incompatibilidad de leyes de amnistía, similares a la peruana, que 
habían sido promulgados por otros Estados parte en la Convención 45. 
En el contexto de las Naciones Unidas, también se habían pronunciado 
contra este tipo de amnistías el Comité de Derechos Humanos46, el 
Comité contra la tortura47, la Asamblea General de la Organización 48 
y, a propósito de Sierra Leona, el Secretario General 49 y la 
Comisión de Derechos Humanos50.

La doctrina establecida por la Corte se basa en el principio de 
derecho internacional según el cual, tratándose de obligaciones 
impuestas por el derecho internacional, éstas "deben ser cumplidas de 
buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho 
interno" 51.

Por las mismas razones que le han llevado a no aceptar como válidas 
las amnistías mencionadas, hay una tendencia en el Derecho 
Internacional a no aceptar como compatibles con las obligaciones de 
los Estados la extinción (prescripción) de la acción penal en razón 
del tiempo transcurrido. En el caso Barrios Altos la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos declaró "que son inadmisibles las 
disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el 
establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan 
impedir la investigación y sanción de los responsables de las 
violaciones graves de los derechos humanos" 52. Según el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, el Estado no puede excusarse 
tras las normas que él mismo promulga para incumplir su obligaciones 
internacionales de investigar, juzgar y condenar a los responsables 
de violaciones graves a dicho derecho.

Es de señalar que respecto de los delitos comunes, no existe una 
norma internacional que establezca ni un tiempo mínimo ni máximo para 
la extinción de la acción penal, pudiendo cada Estado libremente 
fijar el lapso de tiempo que crea conveniente, o determinar la 
imprescriptibilidad. En virtud de la soberanía e igualdad entre los 
Estados, las leyes penales "sólo pueden tener vigencia dentro del 
país [donde están vigentes], pero no pueden derogar la competencia 
penal de otro Estado" (Ambos 1999: 26— 50).

Si lo anterior es el régimen aplicable a los delitos comunes, puede 
entenderse lógicamente que, respecto de los delitos o crímenes 
internacionales —genocidio, tortura, lesa humanidad, etc.— cuya 
gravedad es mayor que la de aquéllos, no sería admisible la 
prescripción de la acción penal. 53 En términos del Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, refiriéndose el año 2000 a 
violaciones graves de los derechos humanos perpetradas casi veinte 
años antes: "deben ser perseguibles durante todo el tiempo necesario 
y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento 
de sus autores". 54 La Corte interamericana de derechos humanos, en 
el caso Barrios Altos, no ha reconocido la existencia de "un derecho 
adquirido a la impunidad", en virtud de leyes de amnistía, que podría 
ser alegado por los individuos concernidos. Los individuos 
concernidos no pueden, en consecuencia, oponer al mandato de la Corte 
un supuesto derecho adquirido a la impunidad, argumentado que ellos 
habrían sido, antes de la sentencia "Barrios Altos", por ejemplo, 
puestos en libertad y archivado sus respectivos procesos penales en 
virtud de las leyes de amnistía precitadas. En este orden de ideas, 
el hecho que la legislación nacional establezca la prescripción 
respecto de violaciones a los derechos humanos como las mencionadas 
en el caso Barrios Altos, y que fuera materialmente aplicable a algún 
caso, no constituye tampoco "un derecho adquirido a la impunidad", 
debiendo el Estado, como exige la Corte, "investigar los hechos [...] 
y sancionar a los responsables".

El corolario de las importantes limitaciones impuestas a la soberanía 
de los Estados por el Derecho de Gentes luego de la Segunda Guerra 
Mundial —proscripción del jus ad bellum y especialmente en lo que se 
refiere a la protección de derechos fundamentales de todo ser humano 
en todo tiempo y lugar, 55 es el reconocimiento, por el Derecho 
Constitucional, de la limitación del poder soberano del Estado en 
relación a las mismas materias.

Debe tenerse presente, finalmente, lo afirmado por el Tribunal 
Constitucional del Perú en la demanda de inconstitucionalidad 
interpuesta contra las leyes de amnistía precitadas. En esa 
oportunidad el Tribunal declaró : "si bien dictar amnistías es una 
facultad exclusiva del Congreso, con base en la Constitución, ésta 
tiene que aplicarse en consonancia y coherencia con el resto del 
ordenamiento constitucional, es decir, la prerrogativa de dar una 
amnistía no es ni puede ser absoluta"56.

En el Estado de Derecho, la Constitución establece normas 
sustanciales que limitan el ejercicio del poder, destacando entre 
éstas "los derechos fundamentales que constituyen la expresión de la 
opción personalista que subordina el Estado y la sociedad al respeto 
y la defensa de la persona y su dignidad"57. Esta subordinación ha 
sido establecida en el artículo 1ro. de la Constitución, según el 
cual: "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y el Estado".

Es necesario una interpretación armónica de los diversos artículos 
constitucionales que podrían presentar un aparente conflicto —opción 
personalista, derecho a la justicia, obligación del Estado de 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, potestad de 
otorgar amnistías. La armonización de las disposiciones 
constitucionales determina, como afirma el Tribunal Constitucional, 
que la facultad de dictar amnistías no es absoluto sino que tiene un 
límite infranqueable —la defensa de la persona humana, el respeto de 
su dignidad, la plena vigencia de los derechos humanos. De lo 
contrario, se aceptaría que la propia Constitución permite 
contradecir el principio fundamental del orden jurídico y social al 
admitir que graves violaciones a los derechos humanos queden impunes 
58. De acuerdo con esta argumentación, es fundado sostener que las 
leyes de amnistía violaron derechos y principios constitucionales del 
Estado, careciendo en consecuencia de efectos jurídicos también en 
virtud de nuestro propio ordenamiento constitucional59.

4.3. LA MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS PATRONES DE CRÍMENES Y 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Al realizar el examen de los crímenes y violaciones bajo el mandato 
de la Comisión es necesario, además de la necesaria precisión 
jurídica, preguntarse por las razones que estuvieron detrás de su 
realización. En efecto, detrás de estas conductas hubo ideologías, 
voluntades políticas y estrategias, algunas de las cuales se 
propusieron obtener la aquiescencia de la población civil a cualquier 
costo.

Las siguientes consideraciones intentan poner en contacto las 
estrategias elegidas por los actores y sus consecuencias, con el fin 
de arrojar luces sobre la magnitud sin precedentes del conflicto. 
Debe aclararse que el entendimiento de estas estrategias no 
constituye ningún tipo de excusa moral ni de eximente legal para los 
crímenes cometidos. Del mismo modo, la diferente participación 
proporcional en el número total de víctimas fatales no puede 
entenderse como atenuante de la responsabilidad moral y política que 
pueda caber a los distintos agentes participantes, por los daños 
ocasionados contra la población civil.

4.3.1. Crímenes y violaciones derivados de la estrategia senderista

En el caso del iniciador del conflicto, el autodenominado Partido 
Comunista del Perú "Sendero Luminoso", se desarrolló una estrategia 
que incorporaba concientemente el terror como un instrumento al 
servicio de sus objetivos y que rechazaba explícitamente las reglas 
del derecho internacional. La ideología senderista, sintetizada en el 
llamado "pensamiento Gonzalo", fundamentaba un maniqueísmo extremo 
que consideraba a toda institución y grupo social no controlado por 
Sendero como un enemigo absoluto y lo convertía en un objetivo 
militar. Autoridades, dirigentes sociales, empresarios, religiosos, 
líderes políticos de cualquier punto del espectro electoral, eran 
considerados como blancos legítimos de acciones violentas.

La prédica senderista señalaba inequívocamente que los derechos 
humanos son construcciones ideológicas funcionales al orden social 
existente y que, por lo tanto, no tenían ningún valor para orientar 
la acción. Sendero Luminoso negaba que los individuos tuvieran 
realmente derechos por el hecho de ser seres humanos, y afirmaba que 
toda consideración humanitaria debía ceder paso a la exigencia de 
tomar el poder para los sectores sociales oprimidos, a quienes decían 
representar.

El objetivo estratégico central de la acción senderista era la total 
destrucción de las estructuras políticas existentes y su reemplazo 
por organismos sujetos al control directo del PCP-SL, como gérmenes 
de un régimen político alternativo en el que esta organización 
ejercería un control total del poder del Estado. La estrategia 
preveía la acción restablecedora del orden de parte de las fuerzas 
armadas, que destruiría violentamente muchas de las iniciales bases 
senderistas, y anticipaba una sangrienta y prolongada confrontación 
para dirimir superioridades.

Con el objetivo de destruir total y radicalmente el poder local, ya 
fuera estatal o tradicional y construir "bases de apoyo", Sendero 
Luminoso optó por una política de aniquilamientos selectivos, y para 
reprimir toda resistencia, aplicó consistentemente una política de 
ejercer represalias desproporcionadas. Los aniquilamientos fueron 
consagrados como una "forma de lucha" indesligable de otras tácticas 
normalmente utilizadas en los conflictos internos, como los 
sabotajes, la propaganda armada y las emboscadas contra unidades 
militares aisladas o pequeñas.

Del mismo modo, el PCP-SL optó por construir aceleradamente, en 
aquellos lugares donde lograba sustituir a las autoridades locales, 
unidades armadas; para lo que no vaciló en recurrir al reclutamiento 
forzoso, incluso de menores de edad. Alrededor de esta forma de 
violencia, que explica la gran cantidad de secuestros y 
desapariciones atribuidas a Sendero Luminoso se generaron una serie 
de violaciones colaterales como la violencia sexual, la servidumbre, 
la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Sin embargo, las unidades armadas que Sendero Luminoso organizaba no 
tenían como objetivo defender las "bases de apoyo" creadas, puesto 
que para su concepción estratégica era deseable provocar una 
represión desproporcionada de las fuerzas del orden y que esa 
represión produjera fuertes daños, pues suponía que el consiguiente 
rechazo de la población se traduciría en apoyo a su causa.

Cuando se hacía urgente mantener a la población como apoyo logístico 
de unidades militares importantes, se optaba por una política de 
desplazamiento forzoso y servidumbre que obligaba a la población 
civil (considerada como "masa") a trasladarse de un lugar a otro 
huyendo de la presencia estatal, sin ningún reparo por las 
condiciones de vida extremas a las que esa población era sometida en 
campamentos improvisados.

Las diferencias de la estrategia militar del PCP-SL con respecto a la 
normalmente aplicada por otros grupos insurgentes en América Latina, 
explican su propensión a realizar actos de extrema brutalidad y su 
recurso permanente a la violencia ejemplarizadora. Incluso cuando se 
llevaban a cabo acciones normalmente utilizadas por otros grupos 
armados en conflictos internos, existía un ingrediente de saña y 
crueldad calculado para crear un sentimiento de zozobra generalizado 
que sería supuestamente favorable a sus objetivos al provocar 
respuestas desproporcionadas y desmoralizar al enemigo.

La provocación fue un elemento permanente en la práctica senderista, 
pero para ser efectiva debió asegurarse de indoctrinar a sus 
militantes con un sentido fatalista de sus vidas. El llamado 
"pensamiento Gonzalo" elevó a la categoría de verdad científica el 
concepto de una "cuota de sangre" que la población debía pagar para 
lograr el triunfo de la lucha senderista, y que incluía la 
disposición de los militantes a sacrificar sus vidas en acciones que 
no podían reportar ninguna ventaja militar, y que sólo podían 
terminar en su propia destrucción.

La estrategia del PCP-SL se mantuvo, en general, incólume a lo largo 
del conflicto y cambió sólo en forma cuantitativa, cuando se expandía 
a otras zonas o aumentaba de escala, como ocurriría con los "paros 
armados". Cada situación que cuestionaba la efectividad de la 
estrategia elegida, ya fuese la resistencia de la población local, o 
las operaciones estatales se respondía no con una revisión de la 
estrategia, sino con un escalamiento de la violencia. Así ocurrió 
cuando el PCP-SL debió enfrentar la resistencia de comunidades que 
rechazaban su proyecto: incapaz de aceptar que no había ganado la 
legitimidad que buscaba, el PCP-SL generalizó enfrentamientos masivos 
entre sus columnas armadas y los grupos de autodefensa, a los que 
veía como "mesnadas" feudales y no como lo que eran, la respuesta 
desesperada de poblaciones que asumían la función de protección que 
el Estado no cumplía.

El gráfico 1 da cuenta de la distribución porcentual a lo largo de 
los años de los casos de los principales crímenes y violaciones de 
los derechos humanos cometidos por el PCP-Sendero Luminoso que fueron 
reportados a la CVR. En el gráfico se pueden observar dos grandes 
ciclos de violencia desatada por esta organización subversiva. El 
primero que va de 1982 a 1985 es el de mayor intensidad. Entre esos 
años se cometieron cerca de un tercio de los asesinatos perpetrados 
por el PCP-Sendero Luminoso que fueron reportados a la CVR. Este 
primer ciclo de intensa violencia en el conflicto armado interno se 
concentró básicamente en el departamento de Ayacucho y está 
relacionado con tres procesos:

    * El intento por parte del PCP-Sendero Luminoso de imponer su 
modelo de estructura social y estatal en el campo ayacuchano a través 
de la formación de los llamados "Comités Populares".

    * La resistencia cada vez más creciente (especialmente a partir 
de 1983) de la población campesina ayacuchana al proyecto totalitario 
senderista.

    * La intervención de las Fuerzas Armadas en el conflicto armado 
interno y la estrategia de la organización subversiva de provocar 
actos de represión violenta e indiscriminada por parte de las fuerzas 
del orden. 

Gráfico 1

Luego de una violenta represión por parte de las fuerzas del orden 
que, además de causar miles de víctimas inocentes en Ayacucho, golpeó 
duramente al aparato político y militar del PCP-Sendero Luminoso, 
esta organización subversiva entró en una etapa de repliegue 
–prevista en sus planes, que anticipaban una respuesta violenta del 
Estado-y de penetración en otros espacios sociales y geográficos 
distintos al escenario ayacuchano. Entre 1985 y 1987, el PCP-Sendero 
Luminoso buscó generar "bases de apoyo" y ampliar su accionar en las 
regiones central, nororiental, sur andina y las ciudades, tratando de 
vincularse con diferentes sectores como el campesinado cocalero del 
valle del Huallaga, las comunidades campesinas de Junin, Huancavelica 
y Apurímac, a la vez que intensificaba un trabajo de proselitismo 
político entre sectores juveniles radicalizados en las universidades 
de Lima y Huancayo principalmente.

Hacia 1988 se desencadenó otro ciclo de intensa violencia en estos 
nuevos escenarios. La magnitud de los crímenes y violaciones de los 
derechos humanos cometidas por la organización subversiva en este 
período se explica por causas similares a las del primer ciclo. Sin 
embargo, en este periodo la resistencia de la población, sus 
autoridades y dirigentes sociales fue mucho más temprana y decidida, 
como lo demuestra el caso de la exitosa resistencia de las 
comunidades campesinas puneñas, la expansión de las rondas campesinas 
y de los comités de autodefensa. Por otro lado en esta nueva etapa, 
el Estado y las fuerzas del orden habían logrado diseñar una nueva 
estrategia contrasubversiva que reforzaba el trabajo de inteligencia, 
realizaba operativos de represión más selectivos, e incorporaba a la 
población campesina en la lucha contrasubversiva.

Tal y como se observa en el gráfico 1, la distribución de los 
principales crímenes cometidos por el PCP-Sendero Luminoso reportados 
a la CVR guarda un patrón bastante sincronizado. Esta organización 
utiliza en forma concurrente y masiva el asesinato y la tortura como 
métodos de "lucha armada", del mismo modo utiliza el secuestro como 
forma de reclutamiento. En conjunto estos métodos tienen el efecto de 
provocar temor y zozobra en la población y configuran una estrategia 
terrorista. Al mismo tiempo, por su carácter sistemático o 
generalizado constituyen graves crímenes de lesa humanidad, 
condenados no sólo por el derecho peruano sino también por el 
ordenamiento jurídico internacional.

Como se ve en la tabla 1, las correlaciones 60 entre los casos de 
asesinatos, torturas y secuestros cometidos por el PCP-Sendero 
Luminoso entre 1980 y el 2000 son muy altas y positivas, lo que 
sugiere que estas prácticas eran cometidas en forma simultánea 
consistentemente a lo largo del tiempo.

Tabla 1

Involucrado en una lógica de aniquilamientos, provocación, progresivo 
escalamiento de la violencia y armamentización de antiguos conflictos 
intercomunales, el PCP-SL causó una forma de conflicto armado 
sumamente costoso en vidas humanas, sin precedente en la historia de 
los conflictos armados internos en América Latina. La enorme 
proporción de las víctimas fatales atribuídas al PCP-SL no tiene 
parangón en relación a los hallazgos de otras comisiones de la verdad 
en países que también han sufrido enfrentamientos internos, ninguna 
de las cuales ha atribuído más del 5% de las víctimas fatales a la 
acción de grupos insurgentes.

De acuerdo a la ideología y práctica establecida por los líderes 
principales de Sendero Luminoso, la vida humana era un valor apenas 
relativo; tanto la de aquellos a los que enfrentó, como la de sus 
propios militantes. No deja de llamar la atención, sin embargo, a la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación, lo que ocurrió cuando los 
principales dirigentes senderistas fueron capturados y se vieron 
frente a los mismos retos que reclamaban a sus seguidores. Abimael 
Guzmán y sus seguidores más cercanos, que habían rechazado todo tipo 
de negociación con los regímenes democráticos, no sólo no se 
enfrentaron a sus captores, sino que aceptaron una serie de 
privilegios y entablaron negociaciones con un régimen dictatorial, a 
cambio de concesiones políticas que implicaban su capitulación 
estratégica.

4.3.2. Crímenes y violaciones derivados de la estrategia del MRTA

La magnitud de los crímenes causados por el PCP-SL no puede opacar la 
revisión de la forma de accion del otro grupo armado activo en el 
período bajo investigación, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. 
En efecto, surgido con la intención de convertirse en una suerte de 
"brazo armado" de las organizaciones populares, el MRTA intentó 
llevar a cabo una estrategia insurreccional comparable a las de otras 
experiencias latinoamericanas, con algunas de las cuales mantuvo 
contactos.

La estrategia militar del MRTA combinaba agitación armada urbana con 
emboscadas y organización de columnas militares en el campo. Sin 
embargo, al estar desligado del movimiento social al que decía 
representar, enfrentaba permanentes dificultades económicas que 
pretendía resolver aplicando tácticas utilizadas por otros 
movimientos armados en América Latina, como los secuestros, pese a 
que se trata de una forma de acción específicamente proscrita por el 
derecho internacional humanitario, que proclamaban respetar.

Ante su escaso crecimiento y la escalada de violencia y 
militarización, el MRTA encontró cada vez menos margen para 
desarrollar su propia estrategia armada. Empezó a adoptar tácticas 
utilizadas por el PCP-SL, como los asesinatos ejemplarizadores contra 
personas que no tenían ningún rol militar en el Estado. Así, 
asesinaron a un dirigente asháninka por supuestos actos contra la 
guerrilla del MIR en 1965, a funcionarios retirados sin rol alguno en 
el gobierno, a particulares que representaban intereses 
empresariales, a personas secuestradas y a individuos considerados 
"de mal vivir". Esta lógica terminó envolviendo a su propia 
organización y, hasta poco antes de la captura de sus principales 
dirigentes, los asesinatos se hicieron una forma de resolución de sus 
luchas internas.

Por otro lado, el interés del MRTA en abrir frentes en zonas 
campesinas le llevó inevitablemente a confrontar al PCP-SL, lo que 
hizo el conflicto aún más complejo, creó nuevos riesgos para la 
población civil y contribuyó en no poca medida a aumentar el número 
de víctimas.

Aunque la participación del MRTA como responsable de víctimas fatales 
del conflicto es proporcionalmente escasa, es innegable que su 
aventura militar sólo contribuyó a aumentar los sufrimientos del 
pueblo peruano, resultó en nuevas violaciones de los derechos 
humanos, debilitó más el orden democrático y la posición del 
movimiento social que decía defender.

4.3.3. Crímenes y violaciones derivados de las estrategias de los 
agentes estatales

El Estado peruano no estuvo preparado para enfrentar la subversión 
armada, tal como esta fue planteada por el PCP-SL. Por mucho tiempo 
creyó que se enfrentaba a una insurgencia similar a las guerrillas de 
1965, o emparentada con otras tendencias latinoamericanas. Por esta 
razón, la actuación policial inicial fue sobre todo reactiva y 
subordinada a la iniciativa de Sendero Luminoso. Esta actuación 
inicial de las fuerzas policiales no tuvo tiempo de madurar en 
resultados positivos y se decidió delegar las responsabilidades de la 
lucha contrasubversiva en las fuerzas armadas. El resultado inmediato 
de una decisión tal, adoptada sin contar con una estrategia integral 
en todos los campos –ideológico, político, económico y militar-, fue 
una abdicación del poder civil en las cada vez más amplias zonas de 
emergencia y un radical escalamiento del conflicto que acentuó los 
costos humanos hasta llegar a magnitudes que nunca serían igualadas 
en el resto del período de violencia.

No se conocía a Sendero Luminoso. No se sabía con precisión en qué 
sectores se había asentado, cuál era el perfil de sus militantes, ni 
sus diferencias ideológicas de Sendero con otros grupos. Los agentes 
del Estado sustituyeron su falta de conocimiento por la definición de 
una población genérica como el presunto enemigo: los ayacuchanos, los 
quechuahablantes, los estudiantes universitarios, los dirigentes de 
izquierda pasaron a ser sospechosos por asociación.

Del mismo modo, se encaró la preparación de las unidades 
contrasubversivas como un asunto meramente técnico y militar, 
enfatizando la preparación física de los efectivos para enfrentarse 
geografías complejas. No se entendió la formación de estas tropas 
como la capacitación ideológica y política de quienes debían ganar a 
la población civil, evitando abusos que alienaran su lealtad; sino 
como el adoctrinamiento basado en la obediencia ciega y al 
disposición a cometer actos de crueldad.

A estos factores hay que agregar que las fuerzas del orden 
reprodujeron prácticas racistas frente a las poblaciones entre las 
cuales debían desenvolverse. Los oficiales de las fuerzas del orden 
provenían de sectores medios urbanos; sus distancias culturales y 
sociales con la población eran muy altas y determinaron un extendido 
desprecio por la misma gente a la que tenían que ganar. En muchos 
casos, en vez de proteger a la población ayacuchana contra el 
senderismo que los sojuzgaba, se actuó como si se pretendiera 
proteger al Perú de esa población.

Pese a que Sendero se había rebelado contra un régimen democrático, 
los gobiernos civiles, salvo iniciativas excepcionales, no utilizaron 
la legitimidad de la democracia para enfrentarlo y derrotarlo 
ideológicamente. Por el contrario, se abdicó de la autoridad civil a 
favor de respuestas militares sobre las que no se ejerció ningún 
control significativo. Consentir que los jefes militares de las zonas 
de emergencia se convirtieran en autoridades "político-militares" 
equivalía a una decisión del liderazgo civil de organizar la lucha 
contrasubversiva de forma tal que sólo los líderes militares se 
hicieran cargo del "trabajo sucio" que se suponía inevitables en el 
enfrentamiento; en tanto los civiles se empeñaban en ignorar y 
acallar las denuncias que llegaban, en lugar de asumir la 
responsabilidad de diseñar una estrategia contrasubversiva 
efectivamente democrática.

El estado de emergencia se desnaturalizó y, de una institución 
excepcional que debía ser, se hizo permanente en distintas zonas del 
país, con la consiguiente suspensión de garantías previstas en las 
sucesivas constituciones vigentes. El carácter permanente que se le 
dio a la excepcionalidad, debilitó la democracia peruana y creó un 
clima propicio para las violaciones a los derechos humanos.

Como se verá con claridad en este informe, la política indiscriminada 
de los primeros años fue evaluada críticamente durante momentos 
iniciales del gobierno encabezado por el Dr. Alan García Pérez, 
partiendo de una evaluación crítica de lo hecho por su antecesor, el 
presidente Fernando Belaunde Terry. Quizás lo más relevante para ello 
fue en 1985 y 1986 el funcionamiento de una Comisión de Paz y una 
inicial energía frente a graves violaciones a los derechos humanos 
cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas. Este interregno se 
quebró luego de la matanza de los penales en junio de 1986, que restó 
credibilidad a la posibilidad de una alternativa democrática a la 
lucha contrasubversiva y jugó a favor de la estrategia de provocación 
y mayor polarización, preconizada por Sendero. De este modo, el 
conflicto no solo no se solucionó sino que se expandió a otras zonas 
y se hizo más complejo, llegando a ser un fenómeno que –para 
muchos-ponía en cuestión la viabilidad estatal del Perú y que tenía 
un altísimo costo en violaciones de los derechos humanos y acciones 
terroristas.

Es cierto que hubo desde el poder legislativo meritorios esfuerzos 
por reorientar la forma en que se hacía frente al problema 
subversivo, e investigación de violaciones a los derechos humanos. 
Lamentablemente se trató de posiciones en minoría que no lograron 
cambiar de manera significativa la forma en que la autoridad civil 
asumía sus responsabilidades en el conflicto.

En la práctica, fueron las mismas fuerzas armadas y policiales las 
que evaluaron y reorientaron su estrategia, reconociendo que muchas 
poblaciones estaban entre dos fuegos y que debían ser ganadas para el 
lado del Estado. Con un mayor énfasis en acciones de inteligencia y 
en establecer alianzas con los sectores sociales donde Sendero 
pretendía ganar adeptos, se desarrollaron acciones menos 
indiscriminadas. No se usaron, sin embargo, métodos legales para su 
detención y procesamiento y se continuó recurriendo a las ejecuciones 
extrajudiciales y de modo más selectivo a las desapariciones 
forzadas.

Luego de la captura de los principales dirigentes senderistas, del 
uso de nuevas leyes que buscaban romper la lealtad interna de los 
grupos subversivos y del creciente cuestionamiento nacional e 
internacional a prácticas como las ejecuciones extrajudiciales y la 
desaparición forzada, se produjo un nuevo ajuste en la estrategia 
contrasubversiva. Las violaciones a los derechos humanos más 
recurrentes desde ese momento en adelante estuvieron vinculadas a la 
detención arbitraria, a la violación de las garantías de debido 
proceso y a la masiva condena de inocentes a términos de prisión muy 
prolongados.

En el gráfico 2 se aprecian los métodos empleados por agentes del 
Estado en distintas etapas de la estrategia contrasubversiva. 61

Gráfico 2

En la primera etapa comprendida por los años 1983 y 1984, cuando se 
delegó en las Fuerzas Armadas el control del orden interno y el 
combate a la subversión en el departamento de Ayacucho se aprecia una 
importante concentración de los casos reportados a la CVR en 
referencia a ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada y 
torturas. Esta etapa se caracteriza por la aplicación por parte de 
agentes del Estado de una estrategia de represión masiva e 
indiscriminada, especialmente en las zonas rurales del departamento 
de Ayacucho. Como se ha dicho, en esos años, los efectivos de las 
fuerzas del orden golpearon a un cierto perfil de población con el 
objeto de eliminar a los militantes del PCP-SL. Se eliminó a los 
sospechosos, a los presuntos colaboradores y en no pocos casos a su 
entorno social y familiar de dichas personas, buscando hacer evidente 
ante la población campesina los costos de colaborar con el grupo 
subversivo. Algunas de estas prácticas se generalizaron y constituyen 
crímenes de lesa humanidad, infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario y violaciones al orden constitucional y legal del Estado 
Peruano.

A partir de 1985 se observa un descenso en la intensidad del 
conflicto armado interno, acompañado por una disminución relativa de 
los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por 
agentes del Estado. Entre 1985 y 1989, ante la persistencia de la 
subversión y su afincamiento en otras regiones, los agentes del 
Estado encargados de la lucha contrasubversiva realizaron una 
evaluación de su desempeño y diseñaron una nueva estrategia que 
buscaba combatir en forma más directa y focalizada a la subversión 
armada. Para ello se puso mayor énfasis en la recopilación de 
inteligencia sobre las organizaciones subversivas, lo que dio lugar a 
operativos de eliminación más selectiva de presuntos elementos 
subversivos e incorporando más activamente al campesinado organizado 
en rondas de autodefensa en la lucha contrasubversiva.

La actuación de grupos como los comités de autodefensa que, aunque no 
eran agentes del Estado, actuaban bajo su dirección o cuando menos 
bajo su aquiescencia, contribuyó también con una significativa 
cantidad de violaciones a los derechos humanos. Lo mismo puede 
decirse de grupos tales como los escuadrones de la muerte, cuyo 
ejemplo más notable fue el autodenominado Comando "Rodrigo Franco".

Como resultado de los cambios estratégicos de la segunda etapa se 
observa una disminución relativa y absoluta de los casos de 
ejecuciones arbitrarias (respecto de 1983-1985), sin embargo aumentan 
los casos de desaparición forzada de personas, especialmente a partir 
de 1989 hasta 1992. El cambio de estrategia está también asociado a 
los nuevos escenarios del conflicto abiertos por el accionar de las 
organizaciones subversivas, especialmente en las zonas urbanas donde 
los operativos de eliminación de presuntos subversivos se realizaban 
de manera más encubierta a través del recurso a la desaparición 
forzada. Está práctica también está asociada a la tortura como método 
de obtención de información sobre los planes y la composición de las 
organizaciones subversivas.

Uno de los hitos culminantes de esta etapa es la captura de los 
principales líderes de las organizaciones subversivas, entre ellos el 
líder máximo del PCP-Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, en 
septiembre de 1992, como resultado de tácticas de inteligencia 
aplicadas por la Policía Nacional. Dicha captura resultaría luego en 
la capitulación estratégica del líder capturado, la desmoralización 
de muchos de sus seguidores, y el éxito cuantitativo de estrategias 
de desarme de personas presuntamente vinculadas a la subversión a 
través del mecanismo del "arrepentimiento" legalmente reconocido.

La tercera etapa en la lucha contrasubversiva de los agentes del 
Estado está caracterizada, pues, por un incremento sustancial de las 
detenciones de presuntos subversivos y la disminución de los casos de 
ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas, aunque aumentó 
notoriamente el número de casos de violación al debido proceso de los 
detenidos.

La información obtenida en la captura de los principales dirigentes 
subversivos, así como la proporcionada por los miembros de dichas 
organizaciones que se beneficiaron de las leyes de "arrepentimiento" 
dictadas por el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori, llevaron 
a la detención de miles de personas acusadas de formar parte del 
PCP-Sendero Luminoso y del MRTA. 62 Muchas de ellas fueron procesadas 
violando principios elementales del debido proceso y en varios casos 
con insuficiente evidencia como para ser condenados en juicios 
regulares, puesto que algunas eran hechas prisioneras por la 
sindicación de alguien interesado en acogerse a la ley de 
arrepentimiento.

La magnitud de los errores cometidos por el sistema implementado para 
procesar a los acusados por delito de terrorismo y traición a la 
patria en esos años obligaron al Estado Peruano a establecer el 
mecanismo del indulto por el que se debió liberar en muy poco tiempo 
a cientos de sentenciados que eran inocentes 63. Asimismo, provocaron 
que, a la larga, ante los fallos de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sobre violaciones al debido proceso en el Perú, el 
Tribunal Constitucional declarara en 2002 nula gran parte de la 
llamada "legislación antiterrorista" promulgada por el gobierno del 
ex Presidente Alberto Fujimori. Estos hechos ocasionaron que el 
Estado peruano se viera en la necesidad de juzgar nuevamente, en 
procesos que reúnan los estándares internacionales, a un número 
importante de dirigentes y miembros de organizaciones subversivas que 
habían sido condenados con la anterior legislación.

A lo largo de estos tres grandes ciclos estratégicos, la tortura fue 
una práctica sistemáticamente utilizada por las fuerzas del orden, 
como técnica de interrogatorio para obtener información de presuntos 
subversivos capturados o como forma de castigo e intimidación. Como 
se aprecia en el gráfico 2, el patrón de tortura a lo largo de todo 
el período investigado es una constante que acompaña los picos 
estadísticos de ejecuciones, luego las desapariciones forzadas de 
1984 y 1989, y por último el período de mayores detenciones legales.

Tabla 2


Como se observa en la tabla 2, existen importantes correlaciones 
entre la distribución de los casos reportados a la CVR de ejecuciones 
arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas cometidas por agentes 
del Estado entre 1980 y 2000. Por otro lado existen débiles 
correlaciones entre los casos de detenciones con los de ejecuciones y 
desapariciones. Las detenciones también muestran una débil 
correlación con los casos de tortura.

A diferencia de Sendero Luminoso, las fuerzas estatales combatían con 
la ventaja en principio de contar con todos los mecanismos de control 
de un gobierno constitucional, pero no la utilizaron, y por el 
contrario frecuentemente la consideraron un obstáculo a su actuación. 
Si la autoridad civil no hubiera abdicado de su responsabilidad, las 
fuerzas estatales hubieran estado en mejores condiciones de adaptar 
sus estrategias al reto subversivo antes, sin necesidad de infligir 
sufrimientos innecesarios a la población civil. En cambio, la 
impunidad en la que se desenvolvieron sólo sirvió de aliento para 
continuar utilizando estrategias que tenían un componente intrínseco 
de violaciones de los derechos humanos.

A diferencia de otros países latinoamericanos donde hubo conflictos 
armados internos, el Perú había salido de un régimen militar y 
existían autoridades judiciales competentes para poner coto a los 
abusos que se cometieran. Sin embargo, durante los años del conflicto 
y salvo honrosas excepciones el sistema judicial no asumió su 
responsabilidad de hacer cumplir la ley frente a los responsables de 
violaciones a los derechos humanos. En la inmensa mayoría de los 
casos, la propia Corte Suprema, ante contiendas de competencia 
planteadas por los tribunales militares, abdicó de sus atribuciones 
constitucionales enviando los casos al fuero privativo militar, 
aceptando la tesis que crímenes como la tortura, la desaparición de 
personas y la ejecución arbitraria eran "delitos de función". En los 
tribunales militares los casos fueron usualmente archivados o, en un 
puñado de ocasiones tipificados y penados benignamente. Por último, 
el régimen autoritario de Alberto Fujimori encontró la manera de 
prescindir incluso de la obsecuencia de las autoridades judiciales al 
diseñar las leyes de Amnistía que el Congreso llamado Constituyente 
Democrático aprobó por mayoría en junio de 1995 incluyendo un voto 
significativo de algunos líderes de la oposición al régimen.

Durante el gobierno encabezado por Alberto Fujimori, más que de 
abdicación de la autoridad civil cabe hablar de una total 
identificación del liderazgo civil con la visión estratégica y 
política de las Fuerzas Armadas. La instalación de un régimen 
autoritario dirigido por una alianza política entre el fujimorismo y 
un sector de las fuerzas armadas, condujo inexorablemente a una falta 
de fiscalización general, a la más amplia impunidad de las 
violaciones de los derechos humanos, la creación de grupos 
especializados en la violación de derechos humanos y a una 
generalizada corrupción.

La estrategia militar de Sendero Luminoso, pese a la fascinación que 
ejercía sobre sus seguidores y a la mistificación ideológica que 
intentó consagrarla como un supuesto avance científico de validez 
universal, fue bastante unívoca y poco variable. Sendero Luminoso no 
tenía que responder al control de ninguna instancia porque no 
reconocía ideológicamente ningún valor a los derechos humanos, ni 
siquiera como un asunto de imagen pública.

Por el otro lado, la complejidad de los giros estratégicos adoptados 
por el Estado a lo largo de la lucha contrasubversiva sugiere la 
existencia de dos grandes orientaciones y prioridades excluyentes, 
cada una de las cuales se asocia a un cierto tipo de patrones de 
violación de los derechos humanos, con diferentes niveles de 
gravedad:

    a) La primera orientación es aquella donde resulta más frecuente 
la utilización de métodos como ejecuciones arbitrarias o 
desapariciones forzadas, destinados a eliminar físicamente a las 
personas consideradas como presuntos subversivos, colaboradores o 
simpatizantes, así como en muchos casos el propio entorno social o 
familiar de estos grupos.

    b) La segunda orientación es aquella donde se hace mayor 
incidencia en la captura de presuntos elementos de grupos subversivos 
y su juzgamiento mediante procedimientos expeditivos y sumarios que 
en muchos casos supusieron graves violaciones al debido proceso. 

Estadísticamente hemos buscado verificar la configuración de dichas 
orientaciones –a la eliminación o a la captura-mediante el análisis 
64 de las correlaciones entre los porcentajes de casos registrados 
según años de ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, 
torturas y detenciones. El resultado de este análisis es la 
definición de los componentes principales asociados a las dos 
orientaciones mencionadas. En la tabla 3 mostramos la correlación de 
cada una de las variables analizadas (las ejecuciones, las 
desapariciones forzadas, las torturas y las detenciones oficiales) 
con las dos grandes orientaciones posibles: hacia la eliminación o la 
captura de personas vinculadas a la subversión armada.

Tabla 3

Como se aprecia, la primera orientación está marcada por la 
correlación positiva con las ejecuciones, desapariciones forzadas y 
las torturas, mientras que la segunda se asocia ante todo a las 
detenciones y en cierta medida también a las torturas. Esta 
configuración de componentes principales nos indica que la tortura 
–aunque más común cuando la orientación se dirigía a la 
eliminación-fue una práctica común en cualquiera de las orientaciones 
y persistió pese a los cambios estratégicos. El resultado es 
consistente con las denuncias recibidas: conductas como la ejecución 
arbitraria y la desaparición forzada están relacionadas con la 
orientación de eliminar a los presuntos subversivos y se asocian 
fuertemente a la tortura que sufrieron las víctimas antes de su 
muerte o desaparición. De otro lado, la orientación centrada en la 
captura de presuntos subversivos muestra menor relación con la 
práctica de las ejecuciones y desapariciones, pero mantiene una 
importante relación con casos de tortura.

Como paso final de este análisis se presenta un diagrama de 
dispersión con la finalidad de observar en qué años o periodos ambas 
orientaciones tuvieron mayor incidencia. En el gráfico 3 presentamos 
la distribución de los años que ha investigado la CVR, considerando 
la mayor o menor orientación de los agentes estatales hacia la 
eliminación o la captura de presuntos subversivos 65.

Gráfico 3

El cuadrante A, representa por un lado la ausencia de estrategias. Es 
decir aquellos períodos en donde los agentes del Estado ni capturan 
ni eliminan, lo que indica que no han definido claramente de qué 
forma se va a enfrentar la subversión armada (1980, 1981 y 1982). Por 
otro lado, este cuadrante también representa aquellos años donde la 
amenaza subversiva ha decrecido considerablemente y el estado no 
realiza acciones importantes de represión a la subversión armada 
(1998, 1999, 2000).

El cuadrante B representa aquellos años donde se elimina a grandes 
cantidades de presuntos subversivos pero se reportan pocas capturas: 
en estos años, la estrategia contrasubversiva implicó graves 
violaciones a los derechos humanos y donde los agentes del Estado 
desarrollaron operativos que privilegiaban la eliminación de 
presuntos subversivos, personas que eran consideradas colaboradoras o 
simpatizantes de la subversión, así como en ciertos casos, su entorno 
social o familiar. Se aprecia que 1984 es el año que tiene el mayor 
puntaje en el eje representado por la orientación de eliminación, 
seguido de 1983. Como ha sido señalado, esos fueron los años donde se 
han reportado a la CVR el mayor número de víctimas fatales provocadas 
por agentes del Estado.

El cuadrante C, representa un cambio de estrategia donde se comienza 
a combinar la eliminación física de las personas sospechosas de 
participar en la subversión con un aumento en las detenciones 
oficiales. Los años de 1989 y 1992 resaltan en la intensidad de este 
tipo de patrones de lucha contrasubversivos.

El cuadrante D, representa aquellos periodos donde se intensifican 
las detenciones oficiales a la vez que se reducen sensiblemente los 
casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales 
reportados a la CVR. El año que tiene el mayor puntaje en el eje 
representado por la orientación a la captura es 1994, cuando según 
las estadísticas oficiales se registró el mayor número de detenciones 
oficiales. Este resultado es coherente con la situación posterior a 
la captura y capitulación de Guzmán, cuando la actuación policial 
resultó en la desarticulación y ruptura de la organización 
senderista.

Los años que se encuentran en ubicaciones cercanas o pegadas al punto 
0 de cada uno de los ejes pueden representar momentos de tránsito 
entre un tipo de estrategia y otro. Cabe resaltar que los años 1986, 
1987 y 1988 se ubican prácticamente en la intersección de ambos ejes. 
Esos fueron los momentos intermedios del conflicto armado interno 
donde el país experimentó un descenso relativo de la intensidad del 
mismo antes de un nuevo momento de intensas violaciones de los 
derechos humanos.

Los cuadrantes del gráfico 3 pueden leerse también como una "hoja de 
ruta" temporal que los agentes del estado siguieron en la lucha 
contrasubversiva: La secuencia sería: del cuadrante "A" al "B". Luego 
la intersección de ambos ejes, el paso al cuadrante "C", luego al "D" 
y finalmente de vuelta al "A". Es decir: del desconcierto a la 
violencia indiscriminada; luego, la transición hacia una violencia 
más selectiva. Una nueva transición –esta vez hacia el 
encarcelamiento masivo-y finalmente un descenso en todos los niveles 
debido a la disminución de las acciones senderistas.

4.3.4. Conclusiones

Los patrones de crímenes y violaciones de derechos humanos que este 
Informe analiza no constituyeron simples excesos aislados, sino que 
reflejaron estrategias concretas tanto de parte de Sendero Luminoso 
como de parte de los agentes del Estado. El conflicto armado interno 
fue especialmente costoso en vidas humanas por la aplicación de 
estrategias militares que asumieron muchas veces como un costo 
necesario la perpetración de conductas que constituían graves 
infracciones al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa 
humanidad, y violaciones al ordenamiento legal y constitucional del 
Perú.

Del lado de Sendero Luminoso, la ideología que predicaba lo 
predispuso a la aplicación de tácticas sumamente violentas y brutales 
y lo hacía insensible a cualquier tipo de crítica o reto presentado 
por la realidad. Se negó a cambiar los lineamientos esenciales de la 
estrategia que había elegido suponiendo que cada vez mayores 
escalamientos del conflicto serían favorables para su causa. Luego de 
la captura de sus principales líderes, éstos capitularon ante el 
Estado provocando el derrumbe de su organización y el aislamiento de 
sectores focalizados.

Del lado de los agentes del Estado, estos percibieron el reto de 
reprimir a la subversión en democracia y con respeto a los derechos 
humanos como un obstáculo, y no como una forma de legitimidad. La 
abdicación del poder civil hizo posible que el peso del diseño y 
ejecución de la estrategia contrasubversiva cayera fundamentalmente 
en las fuerzas armadas, a las que se garantizó de diversas formas 
mecanismos de impunidad que, una vez perdida la democracia, se 
instititucionalizaron en la forma de una amnistía general.

Sin embargo, el costo político de prácticas como las ejecuciones 
arbitrarias y las desapariciones forzadas, así como la necesidad de 
una mayor eficiencia en la lucha contrasubversiva produjeron en las 
fuerzas del orden revisiones estratégicas que variaron el patrón de 
violaciones a los derechos humanos existentes, pero que dejaron 
graves problemas sin resolver en la situación carcelaria y judicial.

1 Sobre los criterios metodológicos para el recojo y validación de 
los testimonios, ver capítulo referido al perfil de víctimas y el 
anexo metodológico.

2 Corte Permanente de Justicia Internacional (C. I. J.), Barcelona 
Traction (1970), pág. 33 y 34. Traducción no oficial de José Burneo 
(CVR). Original: "33. (...) Vu l'importance des droits en cause, tous 
les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à 
ce que ces droits soient protégés, les obligations dont il s'agit 
sont des obligations erga omnes."

"34. Ces obligations découlent par exemple, dans le droit 
international contemporain, de la mise hors la loi des actes 
d'agression et du génocide mais aussi des principes et des règles 
concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris 
la protection contre la pratique de l'esclavage et la discrimination 
raciale. Certains droits de protection correspondants se sont 
intégrés au droit international général (…)"

3 Entre los tratados de derechos humanos que el Estado ha ratificado 
o adherido en el marco de las Naciones Unidas podemos mencionar (en 
orden cronológico según su aprobación por el Estado) :
    1. Convención para la prevención y la sanción del delito de 
genocidio (ONU, 1948), aprobada por el Estado mediante Resolución 
Legislativa 13 288 de fecha 29 de diciembre de 1959. 
    2. Convenio No. 107 de la OIT, denominado "Convenio relativo a la 
Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras 
Poblaciones Tribales (sic) Semitribales (sic) en los Países 
Independientes" (OIT, 1957), aprobado por el Estado a través de la 
Resolución Legislativa No. 13467 (1960). 
    3. Convención internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial (ONU, 1965), aprobada por Decreto Ley 
18 969 del 21 de septiembre de 1971 
    4. Convención internacional sobre la represión y el castigo del 
crimen de apartheid (ONU, 1973), aprobado mediante Decreto Ley 22 280 
del 5 de septiembre de 1978. Instrumento del 11 de octubre de 1978. 
Depositado el 1 de noviembre de 1978. 
    5. Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos (ONU, 
1966, en adelante PIDCP)|, aprobado mediante Decreto Ley 22128 de 
fecha 28 de marzo de 1978, habiendo sido, conjuntamente con su 
Protocolo Facultativo (I) ratificados por el Titulo VIII, Disposición 
General y Transitoria XVI de la Constitución Política de 1979. 
Instrumento de Ratificación 9 de septiembre de 1980. Depositado el 30 
de octubre de 1980. 
    6. Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y 
culturales (ONU, 1966), aprobado mediante Decreto Ley 22129 28 de 
marzo de 1978, ratificado por el Titulo VIII, Disposición General y 
Transitoria XVI de la Constitución Política de 1979. 
    7. Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (1979) aprobada por el Estado por 
Resolución Legislativa Nº 23432 de fecha 4 de junio de 1982. 
    8. Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes (ONU, 1984), aprobada por el Estado mediante 
Resolución Legislativa 24 815 de fecha 24 de mayo de 1988 y publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 25 de mayo de 1988. 
    9. Convención sobre los derechos del niño (ONU, 1989), aprobada 
por el Estado mediante Resolución legislativa 25 278 de fecha 3 de 
agosto de 1990 y publicada en el Diario el Peruano el 4 de agosto de 
1990. 
    10. Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes" (OIT, 1989) ratificado por el Estado 
mediante Resolución Legislativa No. 26253 de fecha 2 de diciembre de 
1993 y publicada en el Diario El Peruano el 5 de diciembre de 1993. 
    11. Protocolos Facultativos de la convención sobre los Derechos 
del niño relativos a la Participación de niños en los conflictos 
armados, y a la Venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía (ONU, 2000), ratificado por el 
Estado mediante Decreto Supremo Nº 078— 2001— RE de fecha 4 de 
octubre de 2001 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 6 de 
octubre de 2001. 
    12. Estatuto de Roma (ONU, 1998) que crea la Corte Penal 
Internacional, ratificada mediante el Decreto Supremo Nª 79— 2001— RE 
de fecha 5 de octubre de 2001 y publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 9 de octubre de 2001.

    4 En el marco de la Organización de los Estados Americanos, los 
tratados de derechos humanos que el Perú ha ratificado o adherido son 
lo siguientes (en orden cronológico según su aprobación por el 
Estado): 
    1. Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969), 
ratificada por la Constitución Política del Perú de 1979, en la 
Decimosexta de sus Disposiciones generales y transitorias, incluyendo 
sus artículos 45 y 62, referidos a la competencia de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 
    2. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer, Convención de Belem do Para, aprobada 
por Resolución Legislativa 26583 de fecha 22 de marzo de 1996 y 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de marzo de 1996. 
    3. Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura 
(OEA, 1985), aprobada mediante Resolución Legislativa 25 286 de fecha 
12 de diciembre de 1990 y publicada en el Diario Oficial El Peruano 
14 de diciembre de 1990. 
    4. Convención Interamericana sobre desaparición forzada de 
personas (OEA, 1994), aprobada por el Estado mediante Resolución 
Legislativa 27 622 de fecha 5 de enero de 2000 y publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 7 de enero de 2002.

    5 ONU: Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados de 
1969, artículos 27 y 53. Ratificado por el Estado mediante Decreto 
Supremo 029— 2000— RE de fecha 14 de setiembre de 2000 y publicado en 
el Diario Oficial El Peruano el 21 de setiembre de 2000. Véase 
también la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia 
Internacional (en adelante, C. P. J. I.) y de la Corte Internacional 
de Justicia (en adelante C. I. J.) : C. P. J. I., Series A (N° 9) y B 
(N° 17) ; C. I. J.. Barcelona Traction (1970), Nicaragua v. EE. UU. 
(1986).

    6 En el mismo sentido, C. I. J. Reservas a la Convención sobre 
genocidio, Opinión consultiva, Recueil 1951, p. 23.

    7 ONU: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
articulo 2. OEA. Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artículos 1 y 2.

    8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Velásquez 
Rodríguez, 29 de julio de 1988, par. 164.

    9 Idem, par. 170.

    10 Idem, par. 166.

    11 En tal sentido la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en su artículo VIII establece que "Toda persona tiene derecho 
a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley". En términos semejantes 
se establece en la Declaración Americana de los derechos y deberes 
del hombre, artículo XVIII; ONU: Pacto Internacional de Derechos 
Civiles Políticos, artículos 2 y 3. OEA: Convención Americana de 
Derechos Humanos, artículo 25.

    12 El primer tratado humanitario y multilateral para la 
protección de heridos durante un conflicto armado internacional en 
tierra fue suscrito en Ginebra (1864), gestándose entonces 
simultáneamente la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
desde entonces organismo especializado y activo promotor del DIH a 
nivel mundial.

    13 De acuerdo con el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoeslavia, existirá un conflicto armado "siempre que haya un uso de 
la fuerza armada entre Estados o una prolongada violencia armada 
entre las autoridades gubernamentales y las organizaciones de grupos 
armados o entre tales grupos dentro de un Estado. El Derecho 
Internacional Humanitario se aplica desde el inicio de tales 
conflictos armados y se extiende más allá de la cesación de 
hostilidades hasta que se alcance una situación general de paz; o, en 
el caso de conflictos internos, se logre un acuerdo pacífico", Fiscal 
vs. Duslo Tadic, No. IT— 94— 1— AR72, Sala de apelaciones, Decisión 
de 2 de octubre de 1995, párr. 70 (traducción no oficial).

    14 Son cuatro los mundialmente conocidos Convenios de Ginebra de 
12 de agosto de 1949, y se refieren: a heridos y enfermos de las FFAA 
en campaña (I), heridos, enfermos y náufragos de las FFAA en el mar 
(II), prisioneros de guerra (III), población civil (IV). Estos cuatro 
convenios fueron aprobados por el Estado mediante Resolución 
Legislativa 12 412 de 31 de octubre de 1995, y entraron en vigor para 
el Perú desde el 15 de agosto de 1956. (Código interno 310). (Salmón 
2001: 203 y 204).

    15 El Protocolo adicional I se refiere a las víctimas de los 
conflictos armados internacionales, y el Protocolo II a las víctimas 
de los conflictos armados sin carácter internacional. Ambos 
protocolos adicionales fueron adoptados el 8 de junio de 1977. El 
Perú depositó los instrumentos relativos a ambas ratificaciones el 14 
de julio de 1989, entrando en vigor para nuestro país, los dos 
Protocolos, el 14 de enero de 1990. (Salmón 2001: 204).

    16 Corte Internacional de Justicia, Sentencia de fondo del Caso 
del Estrecho de Corfu, C. I. J., Recueil 1949, p. 18, párr. 22. Véase 
también "Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua" 
del 27 de junio de 1986, C. I. J., Recueil 1986, p. 114, párr. 220. 
Además de la misma Corte, La Opinión Consultiva relativa a la licitud 
de la amenaza o empleo de Armas Nucleares del 8 de julio de 1996.

    17 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia. Fiscal 
vs. Duslo Tadic, No. IT-94-1-AR72, Sala de apelaciones, Decisión de 2 
de octubre de 1995, párr. 98.

    18 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fiscal vs. Jean Paul 
Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T del 2 de septiembre de párr. 608, 613.

    19 El artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de 
agosto de 1949, establece : "En caso de conflicto armado que no sea 
de índole internacional y que surja en el territorio de una de las 
Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá 
la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones.
    1. Las personas que no participen directamente en las 
hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan 
depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por 
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en 
todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción 
alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la 
religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o 
cualquier otro criterio análogo. A este respecto se prohíben en 
cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba 
mencionadas:

        a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, 
especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los 
tratos crueles, la tortura y los suplicios;
        b) la toma de rehenes;
        c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente 
los tratos humillantes y degradantes;
        d) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio 
ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales 
reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados." 

    2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.
    Un Organismo humanitario imparcial, tal como el comité 
internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las 
Partes en Conflicto
    Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en 
vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las 
otras disposiciones del presente Convenio.
    La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos 
sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto".

    20 El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia ha 
señalado : "De acuerdo con la costumbre la regla que la población 
civil como tal, como colectivo o como individuos, no será objeto de 
ataque, es una regla fundamental del derecho internacional 
humanitario aplicable a todos los conflictos armados", en Sentencia 
contra Milan Martic de 8 de marzo de 1996, párr. 10. Véase también, 
del mismo Tribunal, Sala de apelaciones, Decisión Tadic, 2 de octubre 
de 1995, párr. 127.

    21 La Comisión interamericana de derechos humanos, Informe 55/ 
97, Caso 11.137, Argentina, 18 de noviembre de 1997, párr. 161, 
afirmó : "tanto el artículo 3 común como el artículo 4 de la 
Convención americana protegen el derecho a la vida y, en consecuencia 
prohíben, inter alia, las ejecuciones sumarias en cualquier 
circunstancia. Las denuncias que aleguen privaciones arbitrarias del 
derecho a la vida, atribuibles a agentes del Estado, están claramente 
dentro de la competencia de la Comisión. Sin embargo, la competencia 
de ésta para resolver denuncias sobre violaciones al derecho no 
suspendible a la vida que surjan de un conflicto armado, podría 
encontrase limitada si se fundara únicamente en el artículo 4 de la 
Convención americana. Esto obedece a que la Convención americana no 
contiene disposiciones que definan o distingan a los civiles de los 
combatientes, y otros objetivos militares ni, mucho menos, que 
especifiquen cuándo un civil puede ser objeto de ataque legítimo o 
cuándo las bajas civiles son una consecuencia legítima de operaciones 
militares". Véase también los informes de la misma Comisión sobre 
Colombia : Caso 11.142, Informe 26/ 97 aprobado el 30 de setiembre de 
1997 y su Tercer Informe sobre la situación de los derechos humanos 
en dicho país de 1999.

    22 Fue rechazada por la mayoría de los Estados, durante la 
discusión del Protocolo Adicional II la propuesta para "que fuera el 
Estado quien determine si se cumplen las condiciones de aplicación", 
"ya que ello hubiera supuesto un paso atrás en relación a los 
establecido en 1949. V. Actas VII, pp. 66— 68, CDDHSR. 49, párrs. 39 
y 51— 52. In JUNOD, Sylvie—Stoyanka, "Commentaire du Protocole 
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la 
protection des vicitmes des conflits armés non internationaux 
(Protocole II), in Commentaire des Protocoles aditionnels du 8 juin 
1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Gunève, CICR, 1986, 
p. 1367, nota 4.

    23 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 55/ 
97, Caso 11.137, Argentina, 18 de noviembre de 1997, párr. 156 y 147. 
Véase también: Informe 55/ 97, Caso 11.137, Argentina, aprobado el 18 
de noviembre de 1997. Añadido entre paréntesis.

    24 El último párrafo del artículo 3 común de los Convenios de 
Ginebra establece : "La aplicación de las anteriores disposiciones no 
surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en 
conflicto".

    25 En el mismo sentido la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos declara que el Estado "es libre de juzgar a esas personas por 
todos y cada uno de los actos de violencia que transgredan sus leyes, 
aun en el caso de que esos actos no resultaran violatorios del 
derecho humanitario. Tales enjuiciamientos, sin embargo, deben 
proporcionar a los acusados las garantías del debido proceso 
establecidas en los tratados sobre derechos humanos y derecho 
humanitario que obligan al Estado", en Tercer Informe sobre la 
situación de derechos humanos en Colombia de 1999, capítulo IV, párr. 
18.

    26 Entre las instituciones que reiteradamente se han pronunciado 
sobre la existencia de un conflicto armado interno en el Perú y la 
obligación de todos los agentes, estatales y no estatales, de 
respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario, 
pueden mencionarse : Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Human 
Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión de Juristas 
Internacionales (1993)) —ésta última, entidad temporal ad hoc 
promovida en virtud de un acuerdo entre el Gobierno del Perú y de los 
Estados Unidos. Además, como lo ha señalado la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, "el hecho que se perpetren actos 
terroristas dentro del contexto de un conflicto armado no afecta por 
lo demás el carácter jurídico de ese conflicto, aunque como se 
indicó, puede generar la responsabilidad penal individual del 
perpetrador o de su superior por dichos actos, en la medida que 
constituyen violaciones graves del derecho y las costumbres de la 
guerra". Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, párr. 73

    27 El Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 29 sobre 
"Los Estados de Emergencia", párr. 13, literales a) y b), califica 
los derechos no derogables como establecidos por "una norma de 
derecho internacional general cuya aplicación no puede ser objeto de 
suspensión", in Interpretación de las normas internacionales sobre 
derechos humanos. Observaciones y recomendaciones generales de los 
órganos de vigilancia de los tratados internacionales de derechos 
humanos de las Naciones Unidas, Bogotá, Oficina en Colombia del Alto 
Comisionado de las naciones Unidas para los Derechos Humanos, p. 151.

    28 La Corte internacional de Justicia en el caso Barcelona 
Traction de 1970, afirmó: "las obligaciones de las cuales se tratan 
son obligaciones erga omnes", las cuales " (...) provienen por 
ejemplo, en el Derecho Internacional contemporáneo, de la puesta 
fuera de la ley de los actos de agresión y de genocidio, pero también 
de los principios y las reglas sobre los derechos fundamentales de la 
persona humana, incluida la protección contra la práctica de la 
esclavitud y la discriminación racial. Los derechos de protección 
correspondientes están integradas al Derecho Internacional general." 
Cf. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C. 
I. J., Recueil 1970, párr. 33 y 34. Véase también "Activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci", arrêt 
du 27 juin 1986, C. I. J., Recueil 1986, par. 220. En la Opinión 
consultiva sobre la licitud de la amenaza o el empleo de armas 
nucleares, de 8 de julio de 1996, la CIJ afirmó respecto del Derecho 
Internacional Humanitario : "Estas reglas fundamentales se imponen, 
de otro lado, a todos los Estados, que hayan o no ratificado los 
instrumentos convencionales que las expresan, porque ellas 
constituyen principios inviolables de Derecho Internacional 
consuetudinario", en C. I. J., Recueil, 1996, párr. 79..

    29 ONU: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, 
artículo 4 : "1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro 
la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada 
oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar 
disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las 
exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en 
virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean 
incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho 
internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente 
en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. 
La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los 
artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.[...]"

    30 OEA: Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 27 : 
"1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que 
amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá 
adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente 
limitados a las exigencias de la situación, suspendan las 
obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que 
tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones 
que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación 
alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u 
origen social. 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión 
de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho 
al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la 
Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la 
Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de 
Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 
(Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del 
Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni 
de las garantías judiciales indispensables para la protección de 
tales derechos [...]"

    31 Véase el texto completo, supra, nota 19.

    32 El artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, en el marco 
del DIH debe entenderse según el enunciado formulado por el artículo 
6 del Protocolo Adicional II a estos mismos convenios. Entre otros 
aspectos, el artículo 6 establece que el tribunal legítimamente 
constituido debe, inter. alia, ofrecer "las garantías esenciales de 
independencia e imparcialidad" así como "todos los derechos y medios 
de defensa necesarios". (Junod 1986: 1421)

    33 Véase la Observación General N° 29 (2001) sobre "Los Estados 
de Emergencia", párr. 13, literal b, y párr. 16, en Interpretación de 
las normas internacionales sobre derechos humanos. Observaciones y 
recomendaciones generales de los órganos de vigilancia de los 
tratados internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas, 
Bogotá, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, p. 151 y 153.

    34 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva 
OC— 9/ 87, 6 de octubre de 1987, párr. 30 "Garantías judiciales en 
estados de excepción (artículos 27.2, 25 y 8 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos)" (corchetes agregados). Véase también 
las opiniones consultivas OC— 8— 87 de 30 de enero de 1987 "El Hábeas 
Corpus bajo suspensión de garantías (articulo 27.2, 25.1 y 7.6 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos), y OC— 06/ 86 de 9 de mayo 
de 1986 "La expresión 'leyes' en el articulo 30 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos)". La Corte, finalmente, agrega que, 
además de lo expresado, "existen otras garantías que resultan del 
articulo 29. c de la Convención" relativo a normas de interpretación, 
concluyendo que "el principio de legalidad, las instituciones 
democráticas y el Estado de Derecho son inseparables". Opinión 
Consultiva, OC— 9/ 87, 6 de octubre de 1987, párr. 34 y 35

    35 Comisión de Derechos Humanos, Res. 8 (XXIII) de 16 de marzo de 
1967 ; ECOSOC, Res. 1235 y 1505 de 6 de junio de 1967 y 27 de mayo de 
1970, respectivamente.

    36 OEA: IACHR, OEA/ SER. L/ V/ II. 14, Doc. 13, 15 de abril de 
1966. En otros casos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
se ha referido, en el mismo sentido, respecto de situaciones en que 
existen "graves y repetidas violaciones de los derechos humanos", en 
OEA/ SER. L/ V/ II. 45, Doc. 16, Rev. noviembre 1978.

    37 Comité contra la tortura, Informe sobre el Perú conforme al 
articulo 20 de la Convención contra la Tortura, 1999, párr. 155.

    38 Comisión interamericana de derechos humanos, Informe 56/ 99 de 
13 de abril 1999, párr. 65 y 68.

    39 En su sentencia, el Tribunal Internacional de Nuremberg 
consideró que muchos crímenes de guerra eran al mismo tiempo crímenes 
de lesa humanidad. Tribunal Internacional de Nuremberg, tomo XXII, 
1947, p 529.

    40 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia, 
Prosecutor v. Tadic, No IT— 94, sentencia de 7 de mayo de 1997, párr. 
648. En cuanto instrumentos internacionales que sancionan el carácter 
sistemático o reiterado de los crímenes de lesa humanidad, además del 
Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda debe 
mencionarse vista su importancia mundial, el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional.

    41 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia, sentencia 
Tadic, 7 de mayo de 1997, párr. 648. También, Comisión de Derecho 
Internacional, Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la 
seguridad de la Humanidad, 1996, párr. 94 y 95. En el mismo sentido, 
el Tribunal Penal Internacional para Ruanda declaró : "El concepto 
sistemático puede ser definido como un acto concientemente organizado 
y que sigue un patrón determinado, basándose en una política común 
que utiliza recursos públicos o privados. No es requisito que esta 
política se deba adoptar formalmente como una política de Estado. Sin 
embargo, debe haber una cierta clase de plan o política 
preconcebida", en sentencia del caso Akayesu, ICTY— 96— 4 de fecha 2 
de setiembre de 1998.

    42 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, sentencia 
Tadic, 7 de mayo de 1997, párr. 648. También, Comisión de Derecho 
Internacional, Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la 
seguridad de la Humanidad, 1996, párr. 94 y 95. En el mismo sentido, 
el Tribunal Penal Internacional para Ruanda afirmó al respecto : "El 
concepto de reiterado puede ser definido como masivo, frecuente, una 
acción a gran escala realizada colectivamente con una considerable 
gravedad y dirigido contra una multiplicidad de víctimas", en 
sentencia del caso Akayesu, ICTY— 96— 4 de fecha 2 de setiembre de 
1998.

    43 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de fondo, 
caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú), expedida el 
14 de marzo de 2001, párr. 51, numeral 3.

    44 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 
interpretación de la sentencia de fondo, caso Barrios Altos 
(Chumbipuma Aguirre y otros vx. el Perú), 3 de setiembre de 2001, 
parte resolutiva, numeral 2.

    45 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha 
pronunciado contra las leyes de amnistía expedidas en Argentina 
[Informe No. 28/ 92 de 1992], en Uruguay [Informe 29/ 92 de 1992], en 
Chile [Informe 36/ 96 de 1996], en Perú [Informes 1/ 96 de 1996, 42/ 
97 y 43/ 97 de 1997].

    46 El Comité de Derechos Humanos (Naciones Unidas, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos) a propósito de leyes 
de amnistía que otorgan impunidad a los responsables de actos de 
tortura, manifestó : "Las amnistías son generalmente incompatibles 
con la obligación de los Estados de investigar tales actos, de 
garantizar que no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y 
de velar porque no se realicen tales actos en el futuro." Observación 
General No. 20, relativa a la prohibición de la tortura y los tratos 
o penas crueles (artículo 7 del Pacto). Adoptada durante el 44 
período de sesiones, 1992, párr. 15. El Comité se pronunció (CCPR/ C/ 
79/ Add. 19, 1993) contra la Ley de Caducidad dictada por el Estado 
de Uruguay para asegurar la no punición de responsables de 
violaciones a los derechos humanos. En lo que se refiere al Perú, 
declaró (CCPR/ C/ 79/ Add. 67, 1996) : "La amnistía señalada impide 
la investigación y el castigo apropiado de los autores de violaciones 
de los derechos humanos cometidas en el pasado, erosiona los 
esfuerzos por lograr el respeto de los derechos humanos, contribuye a 
crear una atmósfera de impunidad entre los autores de esas 
violaciones y constituye un muy grave obstáculo a los esfuerzos por 
consolidar la democracia y promover el respeto de los derechos 
humanos y, por tanto, viola el artículo 2 del Pacto. A este respecto, 
el Comité reitera la opinión expresada en su observación general 20 
(44) de que este tipo de amnistía es incompatible con [...]". 
Respecto de las leyes de Obediencia Debida y de Punto final 
promulgadas por el Estado argentino, el Comité afirmó (CCPR/ CO/ 70/ 
Arg., 2000) la no validez de sus efectos jurídicos puesto que las 
violaciones a los derechos humanos perpetradas "deben ser 
perseguibles durante todo el tiempo necesario y con toda la 
retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento de sus 
autores".

    47 Comité contra la Tortura (Naciones Unidas, Convención contra 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 
casos 1, 2 y 3 de 1998.

    48 "Las personas que hayan cometido o sean acusadas de haber 
cometido cualquiera de los delitos referidos en el artículo 4, 
parágrafo 1, no podrá beneficiarse por ninguna ley de amnistía o 
medidas de carácter similar que tengan por objeto eximirlas de 
cualquier proceso penal o sanción", artículo 18 de la "Declaración 
para la protección de todas las personas contra la desaparición 
forzada", aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
mediante Res. 47/ 133 de 18 de diciembre de 1992.

    49 "El Acuerdo [de Paz para Sierra Leona, firmado en Lomé] 
establece una completa amnistía para los crímenes perpetrados por los 
miembros de las fuerzas contendientes en el conflicto desde marzo de 
1991 hasta la fecha de adopción del Acuerdo. He instruido a mi 
representante especial para firmar el acuerdo con la expresa salvedad 
de que las

    Naciones Unidas sostiene el entendimiento que la amnistía y los 
perdones contenidos en el artículo IX no se entenderán aplicables al 
crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de 
guerra y otras graves violaciones del derecho internacional 
humanitario", Secretario General de las Naciones Unidas, U. N. Doc. 
S/ 1999/ 836 de 30 de julio de 1999, párr. 7.

    50 La Comisión de Derechos Humanos declaró : "Toma nota de que el 
Representante Especial del Secretario General consiguió una reserva 
al firmar el Acuerdo de Paz en el sentido de que las Naciones Unidas 
entienden que las disposiciones sobre amnistía del Acuerdo de Paz no 
se aplicarán a los crímenes internacionales de genocidio, los 
crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y otras 
violaciones graves del derecho internacional humanitario, y afirma 
que todas las personas que comentan o autoricen violaciones graves de 
los derechos humanos o del derecho internacional humanitario en 
cualquier momento son personalmente responsables y han de rendir 
cuentas por esas violaciones y que la comunidad internacional hará 
todo lo posible para enjuiciar a los responsables". ONU: Doc. E/ CN. 
4/ RES/ 2000/ 24 de 18 de abril de 2000, párr. 2.

    51 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva 
OC— 14/ 94 de 9 de diciembre de 1994, par 35 "Responsabilidad 
internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la 
Convención (Arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos)". Asimismo, abundando sobre esta materia afirma en el mismo 
párrafo: "Estas reglas pueden ser consideradas como principios 
generales del derecho y han sido aplicadas, aún tratándose de 
disposiciones de carácter constitucional, por la Corte Permanente de 
Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia [Caso de 
las Comunidades Greco— Búlgaras (1930), Serie B, No. 17, p. 32 ; Caso 
de Nacionales Polacos de Danzig (1931), Series A/ B No. 44, p. 24 ; 
Caso de las Zonas Libres (1932), Series A/ B, No. 46, p. 167 ; 
Aplicabilidad de la obligación a arbitrar bajo el Convenio de Sede de 
las Naciones Unidas (Caso de la Misión del PLO , 1988), p. 12 a 31— 
2, párr. 47]. Asimismo estas reglas han sido codificadas en los 
artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969". También véase la Opinión consultiva OC— 13/ 93 de 
16 de julio de 1993, Ciertas atribuciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46,47, 50 y 51 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Serie A, No. 13, 
párr. 26 y parte resolutiva 1.

    52 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Barrios 
Altos, 14 de marzo de 2001, parte resolutiva párr. 41.

    53 La Comisión de Derechos Humanos en el punto 6 de "Los 
Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las victimas de 
violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones", establece que "no prescribirán las violaciones de las 
normas internacionales de derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario que sean crímenes de derecho 
internacional", Anexo al Informe Final del Relator Especial sobre el 
derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las 
víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, documento E/ CN. 4/ 2000/ 6. En este mismo 
sentido, el informe del relator especial de las Naciones Unidas, L. 
Joinet dice: "La prescripción [...] "no puede aplicarse a los delitos 
graves recogidos en el Derecho Internacional, como son los delitos 
contra la humanidad." Informe final revisado acerca de la cuestión de 
la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos 
(derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de 
conformidad con la resolución 1996/ 119 de la Subcomisión. Doc. E/ 
CN. 4/ Sub. 2/ 1997/ 20/ Rev. 1 de 2 de octubre 1997, párr. 31.

    54 CCPR/ CO/ 70/ Arg. En el mismo sentido, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de 
guerra y de los crímenes de lesa humanidad (1968) : "Los crímenes 
siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que 
se hayan cometido" ,art. I, y en consecuencia : "Los Estados Partes 
en la presente Convención se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
respectivos procedimientos constitucionales, las medidas legislativas 
o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la 
acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se 
aplique a los crímenes mencionados en los artículos I y II de la 
presente Convención y, en caso de que exista, sea abolida" , art. IV.

    55 En el concepto mismo de "protección de los derechos humanos, 
está necesariamente comprendida la noción de la restricción al 
ejercicio del poder estatal", afirma la Corte Interamericana de 
derechos humanos, Opinión consultiva OC— 6/ 86, "La expresión 'leyes" 
en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", 
de 9 de mayo de 1986, Serie A, No. 6, párr. 21, citado por la misma 
Corte en el Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 
1988, párr. 165.

    56 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. No. 013— 96— I/ TC 
Lima, de 28 de abril de 1997, Fundamento Cuarto. En la sentencia el 
Tribunal no se pronunció sobre el fondo del asunto, considerando a 
partir de una argumentación incompatible con la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre las mismas leyes, que 
"habiendo quedado agotados todos los efectos derivados de los actos 
delictivos objeto de la amnistía", "el Tribunal no tiene facultades 
para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de esas leyes" 
(Fundamento Décimo Tercero).

    57 Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial No. 57 "Amnistía 
vs. Derechos Humanos: buscando justicia", aprobado por Resolución 
Defensorial No. 019— 2001/ DP de 30 de mayo de 2001, p. 32.

    58 Idem, p. 46.

    59 En el mismo sentido, véase Informe final de la Comisión de 
estudio y revisión de la legislación emitida desde el 5 de abril de 
1992. Restituyendo el Estado de Derecho, comisión creada mediante 
Resolución Suprema No. 281— 2000— JUS de fecha 4 de diciembre de 
2000, publicado por el Ministerio de Justicia según Resolución 
Ministerial No. 191— 2001— JUS de fecha 8 de junio de 2001, p. 43.

    60 Una correlación estadística indica cuán asociadas están dos 
variables; es decir, el grado en que los cambios en una variable 
influyen en otra. El coeficiente "r" de Pearson es una manera de 
medir dicha asociación: mientras más cercano sea ese coeficiente a la 
unidad (+ 1 ó -1) mayor asociación existe entre dos variables. Una 
asociación positiva muy cercana a la unidad indica que dos variables 
se influyen directamente; por ejemplo: la práctica del secuestro está 
muy vinculada al asesinato. Una asociación negativa indica una 
relación inversa; por ejemplo: a mayor práctica de las detenciones 
legales, menor práctica de la tortura.

    61 Los datos sobre ejecuciones arbitrarias, desapariciones y 
torturas provienen de los testimonios analizados por la CVR. La 
información sobre detenciones oficiales efectuadas por Fuerzas del 
Orden tienen las siguientes fuentes: Los datos para los años 1983 a 
1992 han sido proporcionados por la Dirección Nacional contra el 
Terrorismo (oficio nº 55-DIRCOTE-COMASE del 13/ 03/ 2003); los datos 
para los años 1993-2000 provienen del Registro Nacional de Detenidos 
y Sentenciados a pena privativa de la libertad efectiva a cargo del 
Ministerio Público (oficio nº 106-2003-MP-FN-RENADESPPLE).

    62 Según el Ministerio Público, los años con mayor número de 
detenciones oficiales realizadas por fuerzas del orden son 1993 
(4,085 detenciones) y 1994 (4,948 detenciones).

    63 Sólo entre 1996 y 1999 se debió liberar por el trámite del 
indulto a 502 personas injustamente condenadas, lo que no cubrió el 
total de casos. Ver "La labor de la comisión ad hoc a favor de los 
inocentes en prisión. Logros y perspectivas. Agosto 1996-diciembre 
1999. Informe de la secretaría técnica de la comisión ad hoc creada 
por ley 26655". Defensoría del Pueblo, Lima, agosto 2000.

    64 Se utiliza el análisis factorial. Esta es una herramienta que 
busca determinar los factores generales que subyacen a la evolución 
de múltiples variables.

    65 Los valores de cada eje fueron calculados mediante el método 
de regresión. Representan valores estándar de la ubicación de cada 
caso (la práctica de cada año) a lo largo de los ejes.