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Derechos Human Rights
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06sep97

El padre Javier Giraldo y la Comisión Intercongregacional de Justicia y
Paz de Colombia se hicieron acreedores al Premio John-Humphrey a la
Libertad otorgado por el Centro Internacional de Derechos Humanos y
Desarrollo Democrático

Montreal, 5 de setiembre de 1997 - La defensa de los derechos humanos no

es en general una tarea fácil, cualquiera que sea el país en el que se
interviene. Pero en ciertos países es un trabajo exigente que representa

riesgos evidentes para la seguridad de quienes osan interpelar a los
poderes y a quienes atacan a los inocentes.

El padre Javier Giraldo, un jesuita de Colombia, es una de esas personas

para quienes la lucha por asegurar el respeto de los derechos humanos
trasciende las consideraciones de su seguridad personal. En 1988 fundó
la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, luchando desde hace
años en pro del respeto de los derechos y contra la impunidad de los
culpables de violaciones a los derechos humanos.Con el objetivo de
subrayar este trabajo ejemplar, la edición 1997 del Premio John-Humphrey

por la Libertad, ofrecido por el Centro Internacional de Derechos
Humanos y Desarrollo Democrático, fue otorgada a la Comisión
Intercongregacional de Justicia y Paz y al padre Javier Giraldo. Este
último visitará Canadá en octubre a fin de recibir su premio y
sensibilizar a la población canadiense sobre la situación dramática de
Colombia en lo que hace a la violencia y al respeto de los derechos.

Este país de América Latina está librado desde años a una violencia
política y criminal sin cese. Se estima que Colombia cuenta con el
porcentaje de asesinatos políticos más elevado del mundo en proporción a

su población. Desde 1988, además, un promedio de 10 personas por mes
mueren por sus convicciones políticas. Este país de 39 millones de
habitantes es asimismo muy conocido por la enorme influencia que ejercen

los carteles de la droga.

El premio, además de señalar el reconocimiento del trabajo del padre
Giraldo y de la Comisión, está destinado a sostener el trabajo de los
defensores de los derechos en Colombia, en un momento en el que la
violencia, ya omnipresente, está recrudeciendo. A pesar de las amenazas
de las que es objeto constantemente, el padre Giraldo se ha negado
siempre a aceptar los guardaespaldas que le propone el gobierno
colombiano, deseando mantener la libertad de sus desplazamientos y
evitar que los servicios gubernamentales obtengan informaciones que
podrían utilizar contra las personas con las que se encuentra.

Nacido en 1944, el padre Giraldo, jesuita, realizó sus estudios en
Bogotá y en París. Desde sus comienzos como cura en un barrio pobre de
Bogotá, se interesó rápidamente en las cuestiones de la defensa de los
derechos. Fundó en 1988 la organización Comisión Intercongregacional de
Justicia y Paz, un reagrupamiento de 45 congregaciones religiosas
católicas. Fue secretario por América Latina del Tribunal Permanente de
los Pueblos durante la sesión sobre Impunidad y Crímenes contra la
Humanidad en América Latina, de 1989 a 1991. Publicó además tres libros
relatando casos de impunidad en su país.

El padre Giraldo es conocido por su participación en el proceso que
condujo al Estado colombiano a reconocer su participación en el
asesinato de más de cien habitantes de Trujillo a manos de soldados,
policías y traficantes de droga colombianos, ocurrido entre 1988 y 1990.

La cuestión fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que concluyó que el Estado colombiano había sido responsable.
El Presidente de Colombia, Ernesto Samper, aceptó la entera
responsabilidad de su país, lo que fue una primicia en la historia de
esta nación perturbada. Sin embargo, el padre Giraldo se propone volver
ante la Comisión Interamericana porque el presidente Samper no ha
respetado los compromisos asumidos en aquel momento, particularmente en
lo que respecta a la inculpación de los responsables, la indemnización
de las víctimas y la modificación de las leyes para evitar la
reproducción de tales masacres.

El Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático
otorga cada año el Premio John-Humphrey a la Libertad para distinguir a
una organización no gubernamental o a una persona por su contribución
ejemplar en la defensa o en la promoción de los derechos humanos o del
desarrollo democrático. Este premio fue creado en honor de John Peters
Humphrey, mundialmente conocido como ardiente defensor de los derechos
humanos y eminente académico canadiense, que preparó el primer proyecto
de Declaración Universal de Derechos Humanos. Los ganadores anteriores
del Premio John-Humphrey fueron la abogada y militante por los derechos
de la mujer en Bangladesh, Sultana Kamal (1996), el obispo católico de
Dili en Timor Oriental, monseñor Carlos F.X. Belo (1995), Campaign for
Democracy y Egyptian Organization for Human Rights (1994), la
Plate-forme des organismes haïtiens de défense des droits humains (1993)

y el Instituto de Defensa Legal de Perú (1992).

El jurado del Premio John-Humphrey a la Libertad estuvo integrado por
Reed Brody, ex-director del International Human Rights Law Group; Adama
Dieng, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas;
Daisy Francis, Directora Adjunta del grupo de trabajo Canadá-Asia, una
coalición interiglesias de Canadá que se consagra a la defensa de los
derechos humanos en Asia; Irwin Cotler, profesor de derecho de la
Universidad McGill y miembro del Consejo de Administración del Centro
Internacional y Laurie Wiseberg, Directora General y cofundadora de
Human Rights Internet, un banco de datos internacionales sobre los
derechos humanos. Se recibieron 79 candidaturas provenientes de 50
países.

informaciones:  Lesley Johnstone o Pierre Lebel, CIDHDD
                        (514) 282-6073
--
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