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DERECHOS


Enero de 2003


Informe sobre los derechos humanos en el 2002.

Por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)


Introducción

El 2002 comenzó mal. Diez años antes se había firmado en Chapultepec, México, el acuerdo que en posibilitó en El Salvador el "adiós a las armas" tras una larga, cruenta y dolorosa guerra. Para conmemorar el acontecimiento, era de esperar que se hubiesen dado algunas muestras positivas y concretas de una convivencia política y social distinta, fundada en la capacidad de diálogo y entendimiento entre los distintos sectores políticos y sociales del país. Pero cuando las cosas sólo cambian de forma y no de fondo, es muy difícil -por no decir imposible- que algo así ocurra. Debido a eso, la ocasión no generó más que nostalgias vacías sin llegar a motivar una celebración amplia; mucho menos sirvió para mostrarle al mundo y a la sociedad salvadoreña avances evidentes en lo relativo a la construcción de una democracia real y sostenible.

El gobierno evocó a su modo el 16 de enero de 1992; lo hizo en Perquín, municipio del oriental departamento de Morazán, con un acto cuya finalidad principal era la de inaugurar el año escolar. La antigua guerrilla, por su parte, alegó haber recibido tarde la invitación para asistir al mismo y no participó; de esa manera, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) observó de lejos el evento oficial y la presencia en el mismo de algunos de sus dirigentes de antaño que ahora, de forma velada o abierta, apoyan la gestión del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

En el discurso que pronunció durante la mencionada ceremonia, Francisco Flores -Presidente de la República- dijo entre otras cosas lo siguiente: "Convencidos de que éramos dignos de un mejor futuro, hace una década resolvimos que íbamos a transitar por el camino de la paz, la reconciliación y el perdón". Quince días antes, Juan Pablo II había lanzado su mensaje para celebrar la Jornada Mundial de la Paz; entonces, Su Santidad se refirió a lo que -desde los derechos humanos- constituye el más grave de los errores que ha cometido la conducción del país a lo largo de los diez años transcurridos entre 1992 y el que finaliza: ignorar la justicia. Flores no omitió esa palabra en su discurso por una ligereza cualquiera. No; lo hizo porque desde su óptica y la de sus dos antecesores pertenecientes al Partido ARENA, el valor que le dan a la misma no es el que -entre otros- le otorga el Sumo Pontífice quien sentencia así:

"La verdadera paz, pues, es fruto de la justicia, virtud moral y garantía legal que vela sobre el pleno respeto de derechos y deberes, y sobre la distribución ecuánime de beneficios y cargas… El perdón en modo alguno se contrapone a la justicia, porque no consiste en inhibirse ante las legítimas exigencias de reparación del orden violado. El perdón tiende más bien a esa plenitud de la justicia que conduce a la tranquilidad del orden y que, siendo mucho más que un frágil y temporal cese de las hostilidades, pretende una profunda recuperación de las heridas abiertas. Para esta recuperación, son esenciales ambos, la justicia y el perdón".

Los victimarios que permanecen impunes y con poder en El Salvador, junto a quienes los protegen desde la administración publica, rechazan con sus actos y sus palabras al Papa cuando a las víctimas del pasado y del presente -en todas las dimensiones de los atropellos sufridos- les cierran los espacios para obtener justicia y poder perdonar. De ahí que, aún con lo infinitamente positivo que resulta ser el que haya transcurrido más de una década sin guerra, en nuestro país aún no podamos hablar de una verdadera paz.

No puede haberla mientras la pesada carga de la muerte violenta y de la muerte lenta -esa que se produce por la falta de condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales mínimas para vivir dignamente- siga instalada en las espaldas de los sectores más vulnerables; y no puede haberla mientras alguien, debido a sus influencias o relaciones, pueda violar las "reglas del juego" sin que reciba el castigo que por ley le correspondería al hacerlo.

Así comenzó el 2002. Con una de las Partes firmantes del documento de Chapultepec proclamando ante el mundo haber cumplido sus compromisos e instalado al país en el bienestar, el progreso y la paz; con la otra, rechazando lo anterior y oponiéndose a dar por concluido el proceso después de haber contribuido -con sus disputas internas y otras limitaciones- al desperdicio de una oportunidad histórica para el cambio profundo de la sociedad salvadoreña.

Pero más allá de lo que digan aquéllas, están otras dos opiniones: la de las Naciones Unidas y la de la población salvadoreña mayoritaria. La primera pesa para el gobierno sólo cuando le favorece. Por eso, los grandes medios de difusión minimizaron la cobertura del rechazo expreso por parte de Kofi Annan a participar en la ceremonia oficial que se realizaría en marzo, mediante la cual se pretendía dar por cumplidos los acuerdos de paz; en todo caso, lo que le dedicaron apuntó más a descargar la responsabilidad de semejante "desaire" en el FMLN.

La segunda -la de la gente, sobre todo la que se ubica en los sectores pobres y medios- casi no se ha expresado después de la guerra por falta de posibilidades para ello o por un marcado desinterés para hacerlo, derivado probablemente de la lamentable acumulación de desencantos y descontentos que le genera tanto el funcionamiento del sistema político salvadoreño como el de casi todas las instituciones estatales. Desde su realidad, esa población sólo puede apreciar el logro exacto de uno de los aspectos entre los cuatro pactados por las Partes cuando firmaron el documento de Ginebra, el 4 de abril de 1990: terminar el conflicto armado. Los otros tres elementos del proceso que iniciaba entonces, aún siguen siendo hermosas aspiraciones que no han sido cumplidas.

La mayor parte de las y los salvadoreños no participan hoy ni siquiera en los eventos electorales; de ahí que se encuentra muy lejos éste de ser un país democratizado. Y más allá de los derechos individuales -a la vida, a la libertad personal y a la integridad física, sobre todo- que no son tan violados como antes por razones políticas, la población ve que no se respetan sus derechos económicos, sociales y culturales, ni a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado o su derecho a una pronta y cumplida justicia, además de vivir angustiada y muchas veces de luto en medio de una violencia insoportable; por tanto, no se puede hablar de que ahora prevalezcan condiciones de respeto irrestricto a los derechos humanos. Por último, hoy más que nunca la sociedad salvadoreña se encuentra desintegrada y dispersa, sin ideales comunes y -por tanto- a una distancia bastante considerable de una pretendida "reunificación", como se planteó en el citado Acuerdo de Ginebra.

Tomando en cuenta lo ocurrido al inicio del 2002, alrededor de lo que pudo haber sido y no fue -una fiesta popular para conmemorar no sólo el fin de la guerra, sino el inicio de una nueva era de bienestar- a continuación se comentan algunos hechos y se ofrecen ciertas reflexiones sobre la situación que imperó en el país durante el año recién finalizado. En tal sentido, no se puede obviar el abordaje de lo económico, social y ambiental así como lo relativo a la violencia y la inseguridad, al funcionamiento institucional y la participación ciudadana. Lo hacemos por ser los temas esenciales de una agenda pendiente desde 1992, con la convicción de que para corregir el rumbo actual se deben dirigir los esfuerzos -individuales y colectivos- hacia la solución de las fallas en esos ámbitos. Sólo así podremos disfrutar de una paz verdadera en El Salvador.

I. La situación del país

Al preguntarle a alguien cuál considera el conflicto más grave en el país a lo largo del 2002, es probable que señale casi sin vacilación la crisis del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Quizás tenga razón. Pero esa huelga -que superó los tres meses de duración y continuó hasta el fin del año sin dar visos de solución- no debe ocultar la preocupante dimensión de otros hechos que han golpeado con fuerza a los sectores medios y pobres del país, empujando a mucha gente a protestar en las calles como nunca lo hizo durante los últimos diez años.

No sería nada raro que, en su gran mayoría, las personas que se sumaron a las multitudinarias "marchas blancas" convocadas por el gremio médico lo hayan hecho sin estar afiliadas ni cotizar en la estructura estatal de seguridad social; es gente que, teóricamente, no tendría nada que ver con el conflicto. Sin embargo, no dudamos que su apoyo al movimiento médico contra la privatización de la salud se encuentre íntimamente ligado a todo lo que le puedan haber sido afectadas de forma negativa -tanto en el ámbito personal como en el familiar- por las políticas oficiales.

Nadie debería sorprenderse si a las protestas masivas del último trimestre se incorporó, por ejemplo, mucha de la gente que en enero del 2002 quedó fuera de las instituciones estatales donde laboraba. Esos despidos masivos -bajo las figuras de "supresión de plazas" o "terminación de contratos"- dejaron a más de 8.000 personas sin acceso a un trabajo digno, ya que fueron separadas de la administración pública sin ofrecerles alternativas para incorporarse al sector privado o iniciar alguna actividad productiva propia, que les permitiese solventar compromisos económicos ineludibles adquiridos con anterioridad.

De esa manera, se les negó a muchas de ellas la posibilidad de obtener las pensiones correspondientes por su trabajo durante el tiempo establecido por la ley; también se les impidió seguir cotizando y recibiendo los servicios del ISSS. En general, se vieron colocadas ante una terrible situación: sin los medios para garantizar en sus hogares las condiciones necesarias para una subsistencia decorosa que sólo se dan cuando se cuenta -al menos- con vivienda, salud, alimentación, educación y vestido.

En la misma dirección, se deben mencionar las políticas de "flexibilidad laboral" que, a todas luces, se han convertido en verdaderas prácticas de "terrorismo" patronal y estatal mediante la coacción sobre las y los trabajadores para que firmen contratos que les niegan derechos reconocidos positivamente, tras largas luchas sociales. De no aceptar semejantes condiciones, se les amenaza con la cuchilla del despido y el muy objetivo fantasma del desempleo.

Violaciones a derechos fundamentales se produjeron, también, en el caso de dos maquilas ubicadas en la Zona Franca Internacional "El Salvador", sobre la autopista hacia el aeropuerto de Comalapa. Iniciando julio, más de trescientas personas resultaron intoxicadas de forma dolosa o culposa -ninguna autoridad encargada lo ha aclarado hasta la fecha- mientras se encontraban laborando en condiciones precarias de seguridad e higiene. La mayoría de las afectadas son mujeres que sostienen su grupo familiar y que no pudieron reclamar por los daños ocasionados a su salud debido a la actitud negativa de las instituciones estatales correspondientes; léase Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Trabajo y Fiscalía General de la República.

Dichas entidades nunca apoyaron a las víctimas. Pero además emitieron declaraciones apresuradas, absurdas y sin fundamento -como el asegurar que todo había sido producto de un "ataque de histeria colectiva"-, minando así el terreno para la realización exitosa de una investigación seria al respecto e imposibilitando la individualización de responsabilidades por los hechos.

El caso mencionado no es único en cuanto a la problemática que afecta a quienes laboran en este sector. Dos aspectos a destacar de la misma, tienen que ver con la vulnerabilidad de los empleos que genera y la incapacidad estatal para convertirse en el ente garante del respeto a la legislación nacional e internacional que ampara a las y los trabajadores. En un resumen sobre la situación entre enero y junio del 2002, el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) se refirió a la suspensión definitiva de actividades por parte de la empresa coreana Laitex, ocurrida el primer día del año.

"Esta empresa -afirma el GMIES- cerró sus instalaciones sin previo aviso, dejando sin sus salarios e indemnizaciones correspondientes, a 459 trabajadoras(es). La empresa adeudaba a su personal la última catorcena de diciembre del 2001, con sus respectivas horas extras, vacaciones y aguinaldos. Pero, además, se reveló que si bien la empresa había descontado las cotizaciones del trabajador(a) correspondientes a las cuotas del ISSS y las AFPs, no las había reportado y tenía una deuda millonaria con estas instituciones. La empresa también se había apropiado indebidamente de los aportes de sus trabajadores y así, además de su salario, éstos perdieron el dinero de sus cotizaciones al ISSS y a las AFPs".

Los elementos que surgen de esta experiencia bien podrían encontrarse en otros casos y se resumen en lo siguiente: retraso en el pago de salarios y prestaciones que no fueron detectados por los inspectores del Ministerio de Trabajo, quienes no obstante visitar la empresa nunca recorrieron las líneas de producción ni conversaron con el personal; la mora de Laitex con el ISSS -al no enviar las cotizaciones que descontaba a su personal- era conocida por la institución y fue negociada más de una vez pero nunca se pagó, lo que indica que las irregularidades eran antiguas y que las autoridades las conocían; lo mismo ocurría con las cotizaciones al fondo de pensiones, las cuales descontaba y no pagaba a la AFP (administradora privada) correspondiente; la ubicación de Laitex no figuraba en el Registro de Comercio y sólo aparecía el domicilio del empleador, lo que constituye una anomalía que no se corrigió; por último, las reservas laborales que establece el Código de Comercio para este tipo de casos no fueron exigidas por las autoridades correspondientes.

Frente a todo lo anterior, el GMIES asegura lo siguiente: "Ciertamente, el Ministerio de Trabajo no cuenta con recursos suficientes para un trabajo de verificación eficiente. Por ejemplo, esta institución tiene solamente 35 inspectores de los cuales 17 están destacados en San Salvador. Sin embargo, el cierre de Laitex refleja otras debilidades del sistema de vigilancia que el Estado ejerce sobre los centros de trabajo." Pese a lo evidenciado en el referido caso, el GMIES afirma que el gobierno inició el 2002 con un interés mayor "en mejorar la infraestructura de las maquilas, que en responder a la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho para garantizar la protección de los y las trabajadoras".

Además de lo anterior y más allá de la propaganda gubernamental acerca de sus "logros", en materia económica y social la situación del país no está para andar presumiendo de la misma. Un primer ejemplo es el siguiente: una de cada cinco personas sobrevive a diario con menos de un dólar. De "comunistas" o de "estar orquestando una campaña contra el actual gobierno", es de lo que menos se puede acusar a las fuentes de donde proviene esta información: la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según FUSADES, el 20,9 por ciento de la población salvadoreña que se encuentra dentro del territorio nacional -porque hay más de dos millones residiendo fuera del país, sobre todo en los Estados Unidos de América- se mantiene en una situación de extrema pobreza; según el PNUD, alcanza el 23,4 por ciento.

Pero para el Ministro de Hacienda y Secretario Técnico de la Presidencia de la República, Juan José Daboub, la pobreza extrema es menor; la administración gubernamental a la que pertenece la calcula en un 19,3 por ciento de la población. Unos puntos más o unos menos, ¿en qué situación estaría ARENA para manejar el país sin las remesas familiares del extranjero que reducen considerablemente el porcentaje de la población en extrema pobreza, tanto por la gente que abandonó y abandona El Salvador como por sus parientes que reciben acá los dólares? La clave de ese Partido para mantener la "estabilidad" se encuentra, entonces, en los pobres que produce el sistema económico excluyente y son expulsados del territorio nacional por el mismo; ese sistema es impulsado por ARENA desde hace casi 14 años, cuando arribó al Órgano Ejecutivo.

En otro rubro vinculado a lo expuesto en los párrafos previos se debe hacer alusión a un estudio del Observatorio del Mercado Laboral (OML), perteneciente al Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP). Dicho documento reveló -a principios del 2002- lo siguiente: de una población económicamente activa que sumaba 2.598.584 personas, según la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) del Ministerio de Economía, tenían empleo fijo, temporal, formal e informal 2.598.584; entre ellas, sólo 1.660.496 trabajaban 40 horas o más a la semana con un salario igual o mayor al mínimo; el resto -o sea 756.188- se encontraba en el subempleo. Así, resulta que el 31,3 por ciento de la población empleada en el país no está plenamente ocupada y no goza de seguridad social ni de las prestaciones reconocidas por la legislación laboral. Estas personas realizan trabajos inestables, con salarios bajos salarios que no les alcanzan para ver satisfechas sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestuario, educación y salud.

Entre estas personas se encuentran las que trabajan menos de 40 horas semanales y que en conjunto se conocen como el "subempleo visible"; pero también están aquellas que pertenecen al llamado "subempleo invisible" y que, pese a laborar más de 40 horas a la semana, no perciben ni siquiera el salario mínimo de 144 dólares estadounidenses al mes. Dentro del "subempleo invisible", la mayoría son mujeres que trabajan en condiciones deplorables e inseguras. Las cifras anteriores son oficiales; es muy probable, entonces, que la realidad supere por mucho lo que reporta el gobierno.

Otro aspecto más a considerar sobre la situación de los derechos humanos en el país, lo ubicamos en el más reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) sobre el estado mundial de la niñez; éste fue presentado en México el pasado miércoles 11 de diciembre. Para sorpresa de quienes asumen como cierta la supuesta bonanza alcanzada durante las administraciones "areneras", al momento de establecer los países con mayores índices de mortalidad infantil el estudio coloca a El Salvador en el sexto lugar; esa incómoda posición sólo es superada por Haití, Bolivia, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua. La tasa más baja le corresponde a Cuba.

En ese marco, vale la pena recordar la lamentable pérdida de vidas humanas -en su mayoría niñas y niños- durante la epidemia de dengue hemorrágico que durante el 2002 asoló al país, especialmente en sus zonas más populosas, pobres y sin servicios básicos. El Presidente Flores, además de rechazar la ayuda médica cubana para enfrentar la crisis, dio muestras de su poco tino político -cuando se trata de asuntos vitales para la población- o de la mala asesoría que recibe; se le ocurrió recomendarle a la población "acostumbrarse a convivir con la enfermedad."

Semejante advertencia surgida desde el más alto nivel del Ejecutivo, dice mucho de la importancia que le adjudican este funcionario y su Partido -así como quienes financian la actuación de ambos- a la salud del pueblo salvadoreño. En la lógica gubernamental, la calidad en este ámbito se encuentra determinada por la capacidad de pago; eso explica porqué dentro de dichos círculos se piense y actúe no para brindar un óptimo servicio estatal -corrigiendo lo malo y mejorando lo bueno de lo actual- sino para aplicar una "reforma del sistema nacional" entendida como su entrega total a la gran empresa privadas para que, desde una lógica de lucro y no de bienestar común, se brinde una atención excelente sólo a quien tenga el dinero suficiente para costearla. ¿Y la población mayoritaria?

Por eso desde que estalló la huelga del personal médico, de mantenimiento y administrativo del ISSS el 19 de septiembre, la crisis fue adquiriendo una intensidad creciente y se mantuvo hasta acabar el año, no obstante las maniobras oficiales para salvar los XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en diciembre. En medio de ese cuadro, son dos los aspectos que deberían preocupar a quienes participan directamente en el conflicto y a la sociedad en general.

En primer lugar, la posición del Ejecutivo -secundado por un Órgano Legislativo mayoritariamente sometido a sus dictados y consentido por un Órgano Judicial nada fiable, sobre todo cuando se trata de encararlo desde la justicia constitucional- al insistir en llamar "concesiones" u "otra modalidad" de transferencia de servicios a lo que en la práctica apunta hacia una evidente privatización de la salud. ¿Por qué afirmamos lo anterior? Muy simple: por la lógica del proyecto que impulsa el poder económico en el país y por la experiencia. Se pueden citar algunos ejemplos de la facilidad con que las administraciones "areneras" pretenden engañar a la población, tratando de facilitarle las cosas a quienes realmente deciden. ¿Quién no recuerda lo ocurrido con el paso de la banca a manos privadas? Basta con recordar, además, que se le llamó "integración monetaria" a la dolarización y que también se publicitó como una "modernización del sistema de pensiones" a lo que, después, realmente resultó ser el traspaso del mismo a unas pocas administradoras privadas.

Sobre esta última experiencia, cabe mencionar que la medida se pretendió "vender" a la población como la única alternativa para "hacer eficiente, seguro y accesible" el pago de pensiones; sin embargo, a la luz de lo acontecido, éste se ha revelado como ineficiente, excluyente e injusto. La afirmación anterior tiene fundamento, entre otras cosas por el tiempo que tarda una administradora privada de pensiones para completar el trámite y comenzar a entregarle su dinero a la persona interesada: dura, al menos, un año. Eso ha sido denunciado en el IDHUCA. De igual forma, a lo largo del 2002 hemos recibido casos de personas mayores de 40 años a las que les prometieron supuestas ventajas para motivarlas a abandonar el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP). Ahora, éstas reciben pagos mensuales que oscilan entre los 70 y 80 dólares estadounidenses; eso, en números redondos, representa una cantidad dos o tres veces menor a la que estarían recibiendo de haberse quedado en el INPEP.

Es legítima y entendible, entonces, la desconfianza de la población ante la posición gubernamental en la actual crisis de la salud. Su pésimo manejo de la misma se ha manifestado tanto en el discurso como en la acción. Durante un tiempo sostuvo que no era su intención privatizar el sistema y que la lucha del gremio médico era política; luego, ante una oposición firme, Flores tuvo que desenmascararse y anunció su "propuesta" -más bien, la de la gran empresa para la que trabaja- que sólo logró ser frenada con el incremento de la protesta popular. Así se aprobó el famoso Decreto 1024, que fue derogado en la Asamblea Legislativa luego de haberle "salvado" al Presidente de la República la realización más o menos tranquila de sus "juegos" centroamericanos y caribeños.

En ese marco, poco a poco se fue evidenciando la estrategia gubernamental: nada reflexiva ni propositiva sino, más bien, represiva. Para ello, ha contado con el apoyo total de los tradicionalmente incondicionales grandes medios de difusión en el país y con la insistencia del poder económico; este último, en boca de algunos de sus representantes más influyentes, incitó públicamente al sector patronal a incurrir en la comisión de un delito: les pidió retener las cuotas que por ley deben pagar al ISSS. El segundo de los aspectos que -como dijimos antes- debería preocupar a las Partes en conflicto y a toda la población, es el relacionado con la violación al derecho a la salud de las personas cotizantes o "derecho habientes" -como se les ha llamado- del ISSS. Quienes demandaron atención médica en consultas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas, no la han recibido a lo largo del conflicto. Eso, que resulta evidente, es producto de una inaceptable e intolerable prolongación del conflicto.

En esa violación masiva al derecho a la salud, tienen responsabilidad el gremio médico y los trabajadores del ISSS; pero el peso mayor de la misma le corresponde la administración Flores en la medida que no ha actuado con transparencia y racionalidad para buscarle una solución verdadera a la coyuntura de una huelga y a los problemas estructurales del sistema nacional de salud. Esa ha sido la actitud gubernamental, coherente con los lazos que la atan a la gran empresa y la distancian del bien común.

Hasta aquí, hemos examinado sólo algunos problemas puntuales que de manera directa o indirecta afectan a la mayoría de la población salvadoreña en materia económica y social. Si se consideran otros aspectos en los ámbitos de la calidad educativa, el déficit habitacional y el deterioro ambiental -por citar otras tres graves situaciones- la conclusión no es alentadora, independientemente de las estadísticas macroeconómicas tan positivas que nos presentan los burócratas. Pero además, a éstos los desmiente aquello que precisamente les permite ofrecer "cuentas alegres" sobre la marcha de la economía nacional: el flujo continuo de personas que buscan, sobre todo en los Estados Unidos de América, la solución a sus graves problemas de subsistencia personal y familiar.

El más ilustrativo y triste retrato del país para objetar los "cantos de sirena" oficiales, lo encontramos en la odisea de más de 600 salvadoreñas y salvadoreños hacia Suecia; la "aventura" comenzó en diciembre del 2001 y finalizó muy pronto -en enero del 2002- con la fallida solicitud de asilo político para esa gente en aquel lejano país y su deportación a El Salvador. Nadie que se encuentre viviendo seguro y en condiciones dignas, abandona el territorio nacional de esa manera o de la forma que lo hacen tantas personas que a diario intentan ingresar al estadounidense. Es demasiado peligroso en todo sentido y sólo ocurre cuando acá la situación es insostenible, al punto de preferir asumir los riesgos de la travesía y los atropellos de la estancia en el extranjero.

Sólo cabría agregar, para cerrar la síntesis del escenario actual, algo sobre la situación de violencia e inseguridad que continúa afectando de forma grave a la sociedad salvadoreña. Como en otras ocasiones, debemos insistir en la dificultad que representa para cualquier intento de análisis el obtener información confiable. Al revisar los reportes sobre las muertes y sus causas, emitidos -por ejemplo- desde la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Medicina Legal, se encuentran importantes diferencias.

En el caso de la PNC, la información más reciente la encontramos en las declaraciones que su Director General brindó y que aparecieron publicadas el miércoles 11 de diciembre. Al respecto, Mauricio Sandoval señaló que hasta esa época se habían registrado 1.953 homicidios; para éste, el promedio de seis homicidios diarios durante el 2002 ofrecía una mala imagen del país en el extranjero. También aseguró que el 75 por ciento de esos hechos fue realizado con armas de fuego, el 17 con armas blancas y el ocho con otro tipo de armas. El funcionario apuntó, además, que el 86 por ciento de esas muertes era resultado de la violencia social y sólo el 14 de la delictiva. También afirmó que, según las investigaciones de la corporación a su cargo, más del 50 por ciento de esos actos criminales se habían realizado con armas de fuego registradas legalmente.

Cabe señalar que en una conferencia organizada por el PNUD, realizada en la ciudad de San Miguel en abril del 2002, una enviada del Instituto Universitario de Opinión Pública UCA (IUDOP) reveló que nuestro país ocupa el cuarto lugar mundial en índices de violencia con armas de fuego. Año con año, en el IDHUCA le damos seguimiento a las muertes violentas e intencionales que aparecen en los cuatro medios escritos de mayor circulación nacional: Diario El Mundo, Diario Co-latino, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. Es obvio que en éstos no aparecen todos los hechos criminales de ese tipo que ocurren en el país. Antes de la llegada de Sandoval a la PNC, la cifra total que recopilábamos de la fuente periodística se movía -de forma regular- entre el 10 y el 16 por ciento de un consolidado elaborado con datos de la Fiscalía General de la República y otros propios de investigaciones realizadas por la UCA (Departamento de Economía, IUDOP y Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación).

Con la drástica reducción del número de homicidios dolosos que aparentemente se produjo tras el nombramiento de aquél como Director General de la PNC, cuya voz es de las que más pesan en el actual gobierno, ya no se mantiene esa correspondencia. Es necesario aclarar que en los reportes periodísticos también se ha observado una reducción de las cantidades, pero no tan radical como la sostenida por la institución policial. Por ejemplo: al finalizar 1998, meses antes de iniciar la gestión de Sandoval en la PNC, el registro del IDHUCA sumó 960 hechos frente a las 5.584 víctimas que arrojó el referido consolidado preparado con datos de la FGR y la UCA; en la actualidad, nuestras fuentes nos revelan un total de 682 muertes con las características apuntadas, ante las casi 2.000 que anunció el jefe policial. Así, resulta que los homicidios dolosos ubicados dentro de la información periodística se redujeron -de 1998 al 2002- en un 28,95 por ciento; en cambio, en los datos oficiales de la PNC el descenso durante el mismo período fue levemente superior al 65.

Pese a esas serias dificultades para ofrecer un diagnóstico cuantitativo, a continuación presentamos el detalle sobre las muertes violentas e intencionales que aparecieron en la prensa escrita durante el 2002. Sirve, al menos, para establecer tendencias en lo relativo a las modalidades de ejecución; además, al compararlas con las del 2001 (610) queda claro que -al menos a partir de la fuente periodística- se incrementó la cantidad de víctimas.

Muertes violentas e intencionales entre enero y diciembre del 2002

Modalidad/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
No identificada 1 1 2 2 3 5 0 0 0 0 0 1 15
Arma blanca 16 9 3 4 10 6 8 9 7 5 9 9 95
Arma de fuego 36 23 37 42 38 33 21 72 42 63 45 51 503
Decapitado 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 8
Estrangulado 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 7
Golpes 3 2 0 1 1 4 0 2 0 1 2 2 18
Granada 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 8
Lapidado 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 10
Tortura 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Veneno 2 1 0 1 1 6 0 2 0 1 0 0 14
Totales 61 42 44 51 54 59 32 89 50 76 58 66 682
Más allá de las cifras, resulta oportuno cerrar este apartado con la reflexión final de un comentario reciente elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): "El panorama de la violencia y de la respuesta estatal ante este fenómeno social no es nada halagador pues no parece haber todavía indicadores de que la delincuencia esté descendiendo a niveles 'aceptables' en una sociedad democrática. En esa situación, debemos decir que, hoy por hoy, el futuro de nuestro país está prácticamente hipotecado. El peor daño que la violencia ocasiona es la paralización del progreso personal, familiar y social; en otras palabras, la violencia es un serio obstáculo al desarrollo. Las muertes y discapacidades que resultan de la violencia tienen un impacto humano y económico significativo. El Secretario General de la OEA, César Gaviria, ha señalado que la violencia obliga a que las prioridades de una sociedad se inviertan y que los mejores esfuerzos de nuestros pueblos terminen hundidos en una interminable defensa frente a los violentos".

II. El funcionamiento de las instituciones

El país no está mal por casualidad. En gran medida, la situación crítica en la que se encuentra se deriva del incorrecto funcionamiento de las instituciones estatales. Hay honrosas excepciones, pero mucho de su deficiente actuar debe ubicarse más allá de la negligencia burocrática tradicional; existe, lamentablemente, una premeditada complicidad con la impunidad que -aunque en algunos círculos se intente negar o minimizar- sobrevivió al esfuerzo nacional e internacional por transformar el país. Por eso, ocupa un lugar especial en este balance el análisis del trabajo desarrollado por las entidades directamente relacionadas con el acceso a la justicia y la vigencia de los derechos humanos.

1. La Fiscalía General de la República (FGR)

Por mandato constitucional, esta institución del Ministerio Público posee atribuciones vitales que -según se colige de aqué- deberían servir para garantizar en el país tanto el funcionamiento de un Estado democrático de Derecho como el amplio respeto de los derechos humanos. A la Fiscalía le corresponde, entre otras cosas, el monopolio de la acción penal y la dirección en la investigación del delito. En concreto, a partir de esas atribuciones se debe valorar la gestión de dicha institución durante el año recién finalizado.

De entrada, debemos afirmar que la autoridad dentro de la misma es personal. Eso significa, en términos reales, que la responsabilidad de los aciertos o yerros institucionales recaen en el titular de la institución; más en concreto, en Belisario Amadeo Artiga Artiga.

Para hacer una valoración objetiva, tomaremos como base la dinámica de los casos que -debido a su notoriedad se convirtieron en los casos "estandarte" de la FGR en el 2002. Así, de nuevo adquirió importancia la investigación de los denominados "títulos falsos", sobre todo a partir de los señalamientos sobre la existencia de 289 jueces de la República cuyos títulos académicos que los acreditaban como licenciados en Ciencias Jurídicas presentan "irregularidades", según el informe que sobre el tema preparó el fiscal especial Roberto Vidales. Al respecto debe anotarse que, prescindiendo de unos dos o tres, los otros señalamientos difundidos por la institución -vía medios de comunicación- han estado muy lejos de ser corroborados en sede judicial. No se ha establecido, entonces, la probable participación delincuencial de los señalados en la investigación. Mucho menos se ha profundizado en la indagación sobre la estructura delictiva que propició el otorgamiento de credenciales académicas en Derecho a diversos bachilleres del país; es más, ni siquiera se ha intentado sondear acerca de los "mecanismos" de selección que ubicaron a los cuestionados profesionales al frente de una judicatura.

Por otro lado y mediante una estrategia publicitaria, el Fiscal Artiga promocionó el caso del Banco de Fomento Agropecuario como un ataque directo contra la corrupción y trató de hacerlo parecer como una valiente investigación penal que "tocaría lo intocable": los sectores pudientes del país vinculados al gobierno y, por ende, al Partido ARENA. Como en otras ocasiones, mediante una abundante difusión en prensa de algunas diligencias que realizaban sus agentes auxiliares, Artiga aseguró que contaba con pruebas sólidas y que el establecimiento de la responsabilidad penal de los imputados señalados era sólo cuestión de cumplir con las formalidades temporales del proceso. Nada más alejado de la realidad. En diciembre del 2002, una recia resolución del Juez Quinto de Instrucción de San Salvador exoneró casi del todo a los señalados en la acusación, aduciendo falta de fundamento y pruebas contundentes en las investigaciones del Ministerio Público. Los voceros fiscales se rasgaron las vestiduras ante este nuevo fracaso.

Con bastante similitud, al fin de la Semana Santa la población salvadoreña fue informada de un supuesto "gran golpe" al narcotráfico: la operación denominada "Tormenta Tóxica", que incluyó la captura ilegal de casi veinte personas -hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes- que se encontraban en una fiesta de playa. Artiga las acusó, sin evidencias, de traficar la droga conocida como "éxtasis" así como cocaína y marihuana. A las pocas semanas, cambió los cargos por otros de menor envergadura y terminó haciendo el ridículo al retirar la acusación por la obvia debilidad de sus señalamientos. De nuevo, lo único que quedó fue su nula capacidad y su excesiva irresponsabilidad.

En el mismo sentido se le deben achacar las ineficientes averiguaciones en otros casos, tales como el relativo a la millonaria malversación de fondos en la Federación Salvadoreña de Fútbol, que concluyó con la exoneración de cargos para los imputados por falta de pruebas y por errores de procedimiento; también se pueden mencionar las nulas investigaciones sobre el asesinato de los hermanos Guillermo Rodríguez Carías y Federico Calderón Carías, la indiferencia ante las recomendaciones que le hiciera la Asamblea Legislativa para reiniciar las pesquisas en el caso de la violación y muerte de la niña Katya Natalia Miranda Jiménez y su falta de valor para iniciar en serio una investigación sobre la autoría intelectual en la muerte de Ramón Mauricio García Prieto.

Espacio falta para hacer el recuento de los daños que Artiga le ha causado al país. Con semejantes atestados laborales causó indignación el nombramiento de éste para un segundo período como Fiscal General, dado que no ha demostrado idoneidad para el cargo y su gestión se ha caracterizado por ser discrecional y elitista al dedicar esfuerzos prioritarios para esclarecer aquellos casos en los que existe un marcado interés o en el que las víctimas pertenecen a la dupla gobernante: Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y el Partido ARENA. Esta última razón, es la única que puede explicar el premio para Artiga -ocupando la silla del Ministerio Público por tres años más- y el castigo para el pueblo salvadoreño que demanda justicia.

2. Policía Nacional Civil (PNC)

El desempeño de la corporación policial debe ser siempre objeto de una evaluación ecuánime para medir el nivel de vigencia de los derechos humanos en un país. Eso es así, debido a que dentro de su labor se incluye la posibilidad de restringir ciertos derechos a personas y grupos en función de proteger derechos o intereses más generales o de mayor importancia para la colectividad. Partiendo de eso, en El Salvador la PNC es la encargada de hacer cumplir la ley por la fuerza cuando se han agotado los mecanismos para su acatamiento voluntario; es a su vez, la encargada de velar por el orden público y la seguridad ciudadana, así como de colaborar con la FGR en la investigación del delito. Con todo ello, se vuelve un imperativo urgente el ejercicio de un control permanente sobre la misma para evitar la ejecución abusiva de su mandato y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.

Al hacer un balance del trabajo policial en los últimos doce meses, debemos destacar que es evidente una mayor presencia y participación policial en los problemas políticos y sociales del país. Es frecuente que el Órgano Ejecutivo recurra al uso de la fuerza pública como método privilegiado para enfrentar crisis sociales derivadas de conflictos de índole económica, laboral o de otro tipo. Dicho de otra manera, se ha ido consolidado la utilización de la PNC con fines represivos; así, de forma consciente se le está apartando de su naturaleza apolítica y democrática con la cual fue concebida en los acuerdos de paz; eso representa un duro golpe a los mismos y además un ataque a los tímidos intentos por construir una democracia real en El Salvador.

En ese orden de ideas vale la pena destacar la irreflexiva intervención policial al capturar al diputado Orlando Arévalo, acusándolo de "instigar" a los empresarios de buses que protestaban contra el gobierno. El hecho degeneró incluso en el atropellado ingreso de las fuerzas policiales al recinto de la Asamblea Legislativa, exhibiendo armas y mostrando una postura desafiante ante los legítimos reclamos de algunos legisladores. En el marco de esa misma problemática, la PNC capturó a 46 personas vinculadas al negocio del transporte público que protestaban por supuestos actos ilegales del gobierno en su contra. Al ser liberadas por las autoridades judiciales, quedó en evidencia el manejo poco profesional de la Policía ante las protestas públicas.

Del mismo modo, a raíz de la crisis que se ha desatado en el sector salud ha sido constante la emisión de mensajes y amenazas -directas o solapadas- efectuadas por del Director de la Policía o a través de sus más cercanos colaboradores sobre la posible captura de dirigentes del movimiento social. Además, como parte de las respuestas oficiales a la problemática, agentes policiales se han "tomado" las instalaciones hospitalarias desde donde se iniciaron los reclamos al Órgano Ejecutivo por la posible privatización del sistema de salud.

Por otra parte, ha quedado demostrado hasta la saciedad que la PNC centra sus esfuerzos de investigación en aquellos ilícitos que aquejan al gran capital salvadoreño, destinando incluso gran parte de sus recursos humanos y logísticos al combate del secuestro pese a que las mismas autoridades de la corporación han indicado la casi nula comisión de este delito; mientras, delitos como el homicidio y el robo se han convertido en los verdaderos azotes de la población salvadoreña. A ello se debe agregar que la Policía no despliega suficientes energías en materia de prevención del delito, notándose además una pobre percepción de su mando actual en lo relativo a las causas de la delincuencia en el país. Sobre esto último, causó estupor el que en la página electrónica de la PNC se consignara -sin ninguna vergüenza- que una de las principales causas de la delincuencia en El Salvador lo constituía la ascendencia indígena de nuestra población; según la Policía, nuestros ancestros poseían "genes violentos" que hemos heredado hasta estos tiempos. Lo ridículo de este planteamiento evidencia el paupérrimo nivel de la conducción institucional y la poca seriedad con que enfrenta el grave fenómeno delincuencial en nuestro país.

Debemos señalar también que, durante el 2002, se comenzaron a conocer las primeras sentencias de amparo dictaminando que los mecanismos mediante los cuales la PNC destituyó a varios de sus miembros eran violatorios de derechos constitucionales; ello, además de poner en entredicho el supuesto proceso de depuración policial, del que tanto han presumido las autoridades, ya que por un lado se está propiciando el reingreso de los agentes purgados de la institución y, por el otro, se obliga a la corporación al pago de una indemnización por daños y perjuicios a los afectados. Es claro que los fondos para cancelar estas indemnizaciones provendrán del erario público, constituyendo una carga adicional para los contribuyentes, originada en la arbitrariedad y el autoritarismo con el que se ha pretendido "sanear" la institución.

3. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)

Durante el año examinado, la PNC recibió apoyo económico -con un considerable refuerzo presupuestario que incluyó la adición de una "partida secreta", en manos de su Director General para su uso discrecional- y continuó la mencionada "depuración" con más sombras que luces, en el marco de la aplicación de su nueva Ley Orgánica que entre otras graves cosas ha desnaturalizado sus controles institucionales internos y externos. Mientras, todo lo contrario le sucedió a la PDDH a diez años del fin de la guerra.

Tras serios y preocupantes hechos que minaron su desarrollo en años anteriores, impulsados sobre todo desde la Asamblea Legislativa, la realidad actual para la institución es la de vivir en un permanente estado de alarma. Razones no le faltan. A comienzos del año se denunció el reducido presupuesto que le asignaron, muy distante del que se le otorga a "su hermana" -la PNC- y a la FGR. En la práctica, esa asfixia económica ha trastocado sus prioridades y ha significado una drástica reducción de sus actividades institucionales. Sin duda, con esa medida se pretende minimizar la influencia positiva de la PDDH para una verdadera transformación del país.

De esta forma, queda evidenciado el verdadero rostro del binomio gubernamental ANEP-ARENA en la mal llamada transición democrática: se "gratifica" la actuación policial, con mayores recursos y la designación indefinida de su Director General -principal responsable de las violaciones a los derechos humanos en el país- mientras el actuar de la titular de la PDDH -Beatrice de Carrillo- se mantiene sometido a un riguroso, tenso y desproporcionado examen. Y eso ocurre, precisamente, en un período durante el cual la funcionaria ha tenido que intervenir en múltiples y serios conflictos en su intento por evitar males mayores.

Sin duda, la actuación de la institución ha estado marcada más por una agenda cotidiana -plagada de tantos problemas- que por su propia planificación. Así, el despido de miles de personas que trabajaban en la administración pública a comienzo del año y el conflicto del transporte, junto al ya mencionado caso del diputado Orlando Arévalo y el vigente conflicto en el sector salud, entre otros muchos hechos, han exigido una intervención directa de la Procuradora. No obstante semejante escenario en el cual le ha tocado desempeñarse, ha podido emitir importantes resoluciones como las de los casos "Romero" y "Jesuitas"; en la última de éstas censuró con firmeza la inadecuada e ilegal actuación de Belisario Artiga, quien parece no perdonarle semejante "atrevimiento".

Las valoraciones que se pueden hacer de la PDDH -a la mitad del mandato de su actual titular- podrían llevarnos a un equívoco, si nos dejamos llevar por la repercusión mediática que tienen sus acciones públicas. La Procuradora no ha logrado establecer un equilibrio entre su intervención directa en los problemas y el funcionamiento de la estructura a su cargo para buscarles solución, lo que la hace más vulnerable ante un malintencionado manejo de su imagen y su labor por parte de la "gran" prensa escrita, radial y televisiva. Así, ha expuesto demasiado al desgaste su figura y el cargo. Salva la situación, en buena medida, uno de sus aciertos mayores: el profesionalismo y la eficiencia de su equipo más cercano, que ha permitido relanzar a la PDDH pese a las grandes amenazas encontradas en el camino.

Frente a los esfuerzos de mediación y puesta en práctica de sus "buenos oficios" en los conflictos a los que hacíamos referencia y otros, la Procuradora ha recibido por respuesta -de casi todo el resto de la administración estatal- rechazo, aislamiento y confrontación. Quienes ocupan los cargos gubernamentales más altos no acatan sus recomendaciones. En esa línea, destacan el Fiscal General de la República y del Director General de la PNC, Mauricio Eduardo Sandoval Avilés. Eso desmiente con creces los supuestos avances durante los últimos diez años, en la aspiración de lograr un respeto irrestricto a los derechos humanos en El Salvador. Esa política contra la PDDH y su titular ha sido alentada, como ya se apuntó, por los grandes medios de difusión que han hecho de la destitución de la Procuradora una "cruzada".

En serio peligro se encuentra la Procuraduría, si continúa la política oficial de estrangulamiento presupuestario. Esa situación la ha denunciado el mismo Secretario General de Naciones Unidas, en su informe sobre la situación de nuestro país (A/57/384, de 6 de septiembre del 2002) al señalar que la institución "sigue careciendo gravemente de financiación". Tan fundamental como lo anterior, es también una adecuada coordinación entre las instituciones estatales encargadas de velar por el cabal respeto de los derechos humanos. Asimismo, se debe insistir en la necesidad de un ponderado liderazgo institucional por parte de la actual Procuradora, que le permita soportar -sobre bases sólidas- las graves situaciones en las que se enfrentará en un futuro próximo y posibilite la consolidación de la PDDH.

4. El Órgano Judicial

Cumplidos diez años del fin de la guerra, de poco han servido las millonarias inversiones destinadas a posibilitar el acceso a la justicia para toda la población. Y en eso tiene mucha responsabilidad la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por ello no es extraño que los males que se le señalaban a este Órgano por aquel entonces, sigan siendo los mismos en la actualidad: corrupción, incapacidad e ineficiencia que se traducen en la permanencia de la impunidad. A éstos se refirió el informe anual sobre derechos humanos publicado -en marzo del 2002- por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Así, pues, el protagonismo de la CSJ a lo largo del año ha estado marcado más por esas graves deficiencias que por su accionar apegado a derecho.

El 2002, en cuanto a decisiones judiciales se refiere, no pudo dejar "mejor" muestra del nivel de buena parte de los magistrados que ocupan la Corte. Así, los más de 8,000 empleados públicos despedidos hace 12 meses, tuvieron que soportar "argumentos" jurídicos que justificaban tal medida basándose en la "libre disposición del legislador". En tales resoluciones, contraviniendo la jurisprudencia sostenida por ella misma, la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró "improcedentes" las demandas. Así, de nada sirven las normas internacionales, la Constitución de la República y la legislación secundaria cuando de lo que se trata -en realidad- es de reforzar judicialmente las decisiones arbitrarias e inhumanas del Órgano Ejecutivo. En las misma resoluciones cuestionadas, un magistrado lo planteó como parte de su voto razonado contrario a la posición del resto de sus colegas; Mario Solano sostuvo que de forma evidente, cuando se trata de impugnar decisiones del poder administrativo, la Sala de lo Constitucional siempre se inclina por desestimar las demandas.

Similares "razonamientos" -que rayan en lo absurdo- tuvieron que soportar las personas residentes en Las Colinas, Santa Tecla, que resultaron damnificadas por el terremoto del 13 de enero del 2001; a éstas se les dijo que sólo los perjudicados, refiriéndose a las víctimas mortales, podían reclamar al Estado por su violación al derecho a la vida. Resoluciones como éstas, contribuyen a incrementar la ya notable desconfianza en el sistema de justicia

El Informe de la Comisión de la Verdad, en sus recomendaciones al sector justicia, señaló la reforma profunda de la CSJ como una de las medidas más urgentes que a impulsar; sin embargo, a estas alturas, la situación del máximo órgano tribunal de nuestro país no ha variado mucho. Pero, más allá de cualquier opinión en este sentido, el 2002 será recordado como el año en que cobró mayor dimensión el escándalo de los "títulos falsos". Durante los años de la guerra y posteriores a ésta, varias universidades privadas otorgaron títulos de licenciatura en Ciencias Jurídicas cuya legalidad era dudosa; los entregaron a alumnos que, en ocasiones, ni siquiera habían completado los requisitos académicos establecidos. Por razones obvias, la noticia sacudió la opinión pública cuando se supo que buena parte de las y los "favorecidos" ocupaban cargos en la judicatura y por la cantidad de implicados.

La gravedad del problema obligó al nombramiento de un fiscal especial para realizar las investigaciones necesarias. Sin embargo, tras meses de pesquisas y elaborado un informe, éste pasó a ocupar un lugar más en los archivos pues la CSJ decidió realizar la "purga" a su manera. Entre las destituciones realizadas hasta la fecha -siempre contra jueces de las instancias más bajas- son varias las personas afectadas que han denunciado violaciones graves al debido proceso, llegando incluso a desviarse tales intenciones investigativas hacia jueces probos y éticos que, al parecer, entorpecen el status quo jurisdiccional. Causa perplejidad -por lo menos- que ante los anuncios publicitarios asegurando "justicia para todos", la CSJ no haya querido aprovechar esta oportunidad para cortar de raíz una de las afecciones endémicas de nuestro sistema de justicia.

El Estado actual de nuestro Órgano judicial nos inquieta y causa preocupación cuando más del 70% de la población reclusa se encuentra esperando sentencia y conocer, así, su estado definitivo ante la justicia. La pretendida efectividad policial para "limpiar" las calles de bandas criminales, está provocando un mayor hacinamiento dentro de los centros penales e incrementando la acumulación de causas judiciales -problema de por sí habitual- así como los disturbios al interior de las cárceles. Al observar las prisiones del país nos damos cuenta que se encuentran repletas de reos de escasos recursos. Están detenidos uno que otro "mando medio" dentro de la llamada "industria del secuestro" y más "peones" de la misma. Pero no guarda prisión ninguno de sus funcionarios de alto rango, público o privado, que haya hecho posible la escandalosa prosperidad que llegó a alcanzar y que sólo se volvió motivo de "alarma social" cuando comenzó a tocar al gran capital.

El sistema de justicia del país continúa sin funcionar adecuadamente. En su mayoría, no goza de la independencia necesaria para desarrollar sus funciones con garantías; de ahí que se actúe, discrecional y arbitrariamente en muchas ocasiones. Sólo cuando las víctimas reclaman justicia -sin importar los obstáculos y riesgos- se atrapa al o los autores materiales de determinado delito; pero los intelectuales, siempre permanecen impunes. A eso se suman situaciones increíbles pero ciertas, como la reelección anticipada de un Fiscal General de la República cuyo mayor mérito ha sido "perder" siempre los casos que ofenden la conciencia ciudadana -como el de Katya Miranda y FINSEPRO-INSEPRO- o simplemente omitir investigar cuando no conviene a sectores con poder como en los casos "Jesuitas", García Prieto y los hermanos Carías, asesinados en la colonia La Cima hace más de dos años.

En concreto, el Órgano Judicial debe ser saneado de manera profunda y urgente. También se requiere una reforma que tenga como objetivo fundamental retirarle las funciones administrativas a la Corte Suprema de Justicia, en especial a su Presidente.

III. Participación ciudadana

Sin duda, de lo ocurrido en el 2002 se pueden destacar algunos aspectos positivos en este ámbito. Especial mención merece el movimiento que se generó a raíz de la huelga de médicos y trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social; si bien es cierto, el paro fue visto al principio con escepticismo por parte de la población -debido, quizás, a la amplia percepción del actuar negligente de algunos empleados del mismo en el desempeño de sus funciones habituales y a la posible manipulación electorera de las reivindicaciones- fue a partir del anuncio que hizo el Presidente Flores de su propuesta privatizadora de la seguridad social que la población reaccionó con fuerza ante el bloque hegemónico de poder conducido por la ANEP y representado por ARENA.

Así, amplios sectores sociales se decidieron a enfrentar la más que probable entrega del ISSS y del sistema de salud en general al gran capital, amenazados por el evidente encarecimiento de los servicios que de dicha medida se derivaría. Con el respaldo masivo a las sucesivas y masivas "marchas blancas", se fijó una frontera y un verdadero valladar para quienes buscan su mayor enriquecimiento sin importar el "precio" y el medio. De esa forma, se pudo ver que la población iniciaba el despertar de un largo sueño lleno de desencanto, frustración y peligrosa resignación durante la década sin guerra para recobrar el brillo de la lucha por sus derechos. No obstante, ese esfuerzo no alcanza a cuajar de manera definitiva; si bien es cierto que resulta positivo el resurgir de la movilización social, no podemos obviar que aún se nota la carencia de ideas nuevas y propuestas atractivas para asegurar que estamos ante un proceso alentador a favor de gente, sobre todo la más vulnerable.

Se debe resaltar, además, que un grupo considerable de antiguos empleados gubernamentales ha emprendido una nueva lucha en la reivindicación de sus derechos, cuando en octubre pasado presentó una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra del Estado de El Salvador, debido a la supresión de sus plazas durante el primer mes del 2002. Asimismo, los padres de Ramón Mauricio García Prieto, la madre de Katya Natalia Miranda Jiménez y la madre de los hermanos Carías -víctimas de la impunidad que impera en el país- continuaron siendo ejemplo de dignidad y lucha. Todo lo anterior permite constatar que, a pesar de los múltiples obstáculos, sigue habiendo solidaridad y esperanza.

Conclusión

Al hablar de la institucionalidad salvadoreña en general y -dentro de la misma- de aquélla relacionada directamente con el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos, no se puede ni se debe dejar de lado algo fundamental y determinante: vivimos en una sociedad estructurada sobre la marcada desigualdad que divide a quienes lo tienen todo en abundancia, de quienes lo único que tienen son sus necesidades grandes e insatisfechas.

A casi once años de finalizada una guerra fratricida de enormes costos materiales y humanos, el gran poder económico en nuestro país -el verdadero poder- continúa comprando voluntades individuales y colectivas para colocarlas al servicio de sus intereses. Y cuando no logra hacerlo, invierte recursos para atacar por todos los medios a las personas e instituciones que considera obstáculos, cuando éstas trabajan por el respeto de la Constitución y los derechos que la misma reconoce para toda la población. Asimismo, sigue colocando en "puestos claves" del Estado a quienes le benefician. Eso se confirmó y se hizo más evidente a lo largo del 2002.

De ahí, las preguntas elementales: ¿Es posible, en ese marco, que en El Salvador exista justicia para toda la población sin distinción y no se favorezca a quienes cuentan con dinero o contactos para salir impunes? ¿Se puede presumir de que el país fue transformado de manera positiva, porque la dignidad de todas las personas y sus derechos son la principal prioridad? La respuesta, por lógica, es igual de elemental: no.

La institucionalidad salvadoreña persigue y encarcela al "descalzo"; a veces lo hace, cuando ni siquiera es responsable de algún delito. Esa misma "justicia", en los pocos casos que ha aparentado "tratar", no logra imponerse sobre los que utilizan todos los vehículos a su alcance para escapar de ella. Lo anterior debe interpretarse como está planteado y no como un intento mecánico por censurar o favorecer a alguien, dependiendo de los bienes que posea.

Todo esto daña profundamente la confianza popular, deteriora más la precaria institucionalidad nacional y abona el terreno para que -más temprano que tarde- la oscuridad termine imponiéndose sobre las pocas luces que se encendieron en 1992. Esto último se puede evitar. Pero para ello resulta imperativo, entonces, un estallido social de vergüenza y ética en el 2003; sólo así se podrá cambiar el peligroso rumbo actual del país para lograr, de una vez por todas, que la justicia deje de ser como la serpiente -que sólo muerde al descalzo- y convertirla en algo como la muerte: que nadie escape de ella.

Enero de 2003
Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)

DDHH en El Salvador

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Este documento ha sido publicado el 28feb03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights