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25feb13


Duras críticas de la ONU a la Corte uruguaya por sus fallos sobre DD HH


Las Naciones Unidas cuestionaron ayer a la Suprema Corte de Justicia de Uruguay después de que en apenas una semana el órgano judicial adoptara dos decisiones que llevan a fojas cero todo lo hecho en favor de los derechos humanos desde el fin de la dictadura, en 1985. El duro comunicado dado a conocer ayer en Ginebra por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, se conoció 24 horas antes de que el gobernante Frente Amplio (FA), los familiares de las víctimas de la dictadura y la central única de trabajadores PIT-CNT salgan a manifestarse silenciosamente hoy, en rechazo a esas decisiones de la Corte.

En un comunicado divulgado ayer en Ginebra, Suiza, Pillay manifestó su "grave preocupación" por un fallo conocido el viernes, según el cual la Suprema Corte declaró inconstitucional dos artículos de la ley que permite el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad, y por la decisión tomada el 15 de febrero, con la que sacó intempestivamente del fuero penal a la jueza Mariana Mota, la única que había condenado con severas penas a secuestradores y asesinos.

"Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte de Uruguay, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen cívico-militar de 1973 a 1985", dijo Pillay. La Alta Comisionada explicó que esa ley que en los hechos la Corte anuló, al invalidar dos de sus artículos, era el instrumento a través del cual los legisladores habían derogado "la amnistía de facto que regía en el país y que ahora volverá a regir". Justamente, en su llamado a la marcha silenciosa de hoy, los organizadores denuncian que "la Corte volvió a establecer la impunidad".

Pillay señaló que la sentencia, adoptada por los magistrados por cuatro votos contra uno, abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, cercenando el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. "Esta alarmante noticia se produce solo días después de que la jueza Mariana Mota -quien tiene a su cargo más de 50 causas en las que se investigan violaciones de los derechos humanos cometidas durante los años de la dictadura- fuera abruptamente trasladada por la Suprema Corte de su jurisdicción penal a un tribunal civil", agrega el duro y completo comunicado.

"Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional", agregó Pillay. En efecto, en Uruguay, el proceso de verdad y justicia ha sido extremadamente lento, tanto que en este momento sólo una decena de violadores de los derechos humanos está en prisión. La mayoría de ellos fueron condenados por la jueza Mota, entre ellos el ex dictador civil Juan María Bordaberry y su ex ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, ambos con penas de cadena perpetua.

La posición del frente amplio

La senadora y primera dama de Uruguay, Lucía Topolansky, reiteró ayer que la decisión de su agrupación política -el Movimiento de Participación Popular (MPP)- de hacer comparacer al Congreso a los miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tanto por la declaración de inconstitucionalidad de la norma interpretativa de la ley de Caducidad como por el traslado de la jueza Mariana Mota, "debe ser tomada por todo el Frente Amplio", del cual el MPP es parte integrante. En Uruguay no existe la figura de juicio político a los miembros de la Corte.

Según el diario derechista El País la propuesta abrió un fuerte debate interno que "divide al oficialismo". Topolansky explicó que primero se aguardará a conocer la argumentación escrita que emitirá la SCJ sobre el traslado de Mota y que, recién entonces, se "analizará si las explicaciones son de recibo". En caso contrario, "habrá que ver si eso dispara o no los mecanismos para pedirle cuentas, que no es otro que el juicio político". De todas maneras, la senadora señaló que "gusten o no gusten, se esté o no de acuerdo con ellos, los fallos de la Corte hay que respetarlos, y punto".

[Fuente: Tiempo Argentino, Efe y Ansa, Bs As, 25feb13]

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DDHH en Uruguay
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