Derechos Humanos en Uruguay - http://www.derechos.org/nizkor/uruguay/ Equipo Nizkor Informacion 21abr97 LOS FAMILIARES DE LOS DESAPARECIDOS URUGUAYOS, GRUPOS DE DERECHOS HUMANOS, UNIVERSITARIOS Y PARTIDOS POLITICOS ENTREGAN UN PETITORIO AL GOBIERNO PARA QUE NO ENTORPEZCA LA INVESTIGACION JUDICIAL PROMOVIDA POR LA DENUNCIA DE RAFAEL MICHELINI. Amparados en el derecho de petición que les conceden los artículos 30 y 318 de la Constitución y con el apoyo explícito de personalidades del ámbito político, universitario, cultural, social, religioso y periodístico, una treintena de familiares de uruguayos detenidos desaparecidos solicitó al presidente Julio María Sanguinetti que disponga la realización de "una investigación que esclarezca la suerte corrida" por sus familiares y su paradero. En el petitorio los familiares de los desaparecidos piden que la investigación se cometa "a una persona o un grupo de personas que den garantías de idoneidad, independencia e imparcialidad", y que se les informe del resultado de esa investigación. Los familiares entregaron el documento en la oficina de recepción del Edificio Libertad, a la hora 13 para luego realizar un acto en el Paraninfo de la Universidad, donde dieron cuenta públicamente de su solicitud. El petitorio, que resulta además una herramienta jurídica, es responsabilidad del doctor Javier Miranda, que reúne también la condición de familiar de desaparecido. Entre las razones de mérito que justifican la petición se menciona que "la detención desaparición de una persona provoca en sus seres queridos un estado de zozobra e incertidumbre permanente". Se agrega que el desaparecido "no está muerto, no hay tumba ni cuerpo. Existe la imagen de que está muerto ­excepto en el caso de los niños desaparecidos­ pero la misma no se puede concretar, no se puede materializar". En el caso de los niños se argumenta que se niega a sus padres, a su familia, el derecho a crecer con ellos, a educarlos. Y al niño, entre otros, el derecho a su identidad". Finalmente, y aunque aclaran que no es el motivo principal de su reclamo, los familiares solicitan poder resolver problemas prácticos, como son los de la transmisión de los bienes de los que es titular el detenido desaparecido. Entre las razones jurídico políticas que lo impulsan, el petitorio menciona que si bien el espíritu de la ley de caducidad era que efectivamente se esclarecieran los hechos, "para ello era imprescindible que la investigación dispuesta se llevara adelante con las garantías debidas y la seriedad de las circunstancias", por lo que "al encomendarse esta investigación a fiscales militares se violó el propio espíritu del legislador". Más adelante se reconoce que si bien el Estado puede ­de acuerdo con la ley antes mencionada­ renunciar a la imposición de la sanción correspondiente al sujeto activo de la conducta ilícita, "en ninguna parte de la ley surge que renuncie también a esclarecer la situación de la víctima". El documento elaborado por Miranda coincide en uno de sus argumentos con lo que manifestó el juez de la causa, Alberto Reyes, al sostener que Uruguay ratificó recientemente la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, oportunidad en la que "quedó de manifiesto la voluntad unánime de todos los sectores políticos uruguayos con representación parlamentaria, así como el propio Poder Ejecutivo en el sentido de prevenir y sancionar" dicha práctica. Recolección de firmas En el acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad, los familiares de los desaparecidos iniciaron además una campaña de recolección de firmas en todo el país, para avalar el derecho de petición presentado al primer mandatario. Al acto asistieron los máximos dirigentes del Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nuevo Espacio, PIT-CNT, Organización de Jubilados, actores, músicos, escritores, el rector de la Universidad, Jorge Brovetto, decanos de cinco facultades y deportistas. Adhirieron al acto el dirigente nacionalista Alberto Zumarán, Víctor Vaillant del Movimiento de Reafirmación Batllista, y el ex senador y actual director de la revista Posdata Manuel Flores Silva en calidad de "periodista independiente". El lanzamiento de la campaña se hizo en la Universidad luego que el senador Hugo Fernández Faingold, en su caracter de presidente interino de la Asamblea General, negara el uso del Palacio Legislativo para la misma. La ceremonia se inició con la explicación de Miranda sobre el contenido del petitorio de los familiares. Luego hizo uso de la palabra el representante de Serpaj, Luis Pérez Aguirre, quien inició la parte oratoria invocando a José Gervasio Artigas: "No conseguiremos jamás el progreso de nuestra felicidad si la maldad se perpetúa al abrigo de la inocencia, llegado es el tiempo en que triunfe la virtud y que los perversos no se confundan con los buenos" El sacerdote consideró que no es tiempo "de discursos políticos", ni de "soluciones jurídicas mientras dejamos a las víctimas con sus palabras atragantadas en las gargantas", por lo que entendió que los actores sociales y políticos deberían llamarse a "silencio" para poder "escuchar a los familiares de los desaparecidos". Luego de advertir que el reclamo no representa abrir un tema del pasado, desestimó las argumentaciones que expresan que con ello se abren heridas. "Nosotros nos preguntamos por quién y cuándo se cerraron esas heridas", indicó. Dijo además que la situación de los desaparecidos "sigue siendo hoy un caso límite y paradigmático" y añadió que "el desaparecido es considerado como un no ser, y que el Estado no quiere reconocerle su carácter humano". Así mismo expresó que "a los familiares se los mantiene en un estado de crueldad y tortura psíquica permanente y esto es un caso extremo de maldad (...)", en el entendido que se desconoce si están vivos o muertos. También desechó las opiniones que aseguran que el tema se cerró con la aprobación de la ley de caducidad, y subrayó "estamos ante un dolor irreprimible que no caduca con leyes". Negar el derecho a sepultar los restos de los desaparecidos representa para Pérez Aguirre "una crueldad inaudita". Al finalizar destacó que los familiares y la sociedad toda "merecemos una realidad oficial, completa e institucional sobre los desaparecidos".