Esta basado en una investigación hemerográfica que adelanta, mensualmente, el Área de
Comunicación de la Red de Apoyo con el fin de monitorear, a través de los medios de
comunicación impresos, las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en
Venezuela, especialmente los atropellos policiales o militares, los ajusticiamientos, las detenciones
arbitrarias, los allanamientos arbitrarios, las torturas y los maltratos.
Las cifras que se presentan sólo tienen carácter referencial, sirven de marco general para describir
una realidad que la organización constata día a día en el contacto con los familiares de víctimas de
abuso policial o militar y en el trabajo de defensa y promoción que realiza la Red de Apoyo en
más de 70 comunidades de Caracas y en algunas regiones del país.
Además de las cifras de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, este informe contiene: un panorama general de lo ocurrido, en Venezuela, a nivel político, económico y social durante el primer trimestre de 1997, incluídos los avances y retrocesos del gobierno en materia de derechos humanos; una lista de los casos de violaciones de derechos humanos atendidos por la Red de Apoyo, la mayoría de ellos, denunciados ante las instancias pertinentes; y una agenda de propuestas concretas para que sean tomadas en cuenta por el gobierno nacional.
Para Amnistía Internacional, la situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo de
gran preocupación porque se continúan las detenciones de decenas de personas y la muertes de
personas, entre ellos niños, que han sido ejecutados extraoficialmente en el marco de operaciones
militares y policiales aparentemente concebidas para combatir el crimen.
El Ministerio Público informó en su reporte anual que solicitó la apertura de 2.000 procesos judiciales por casos de violencia extrajudicial durante el año pasado.
Al igual que durante el primer trimestre de 1997, los ajusticiamientos registrados en el segundo
trimestre de este año corresponden a hechos donde: las personas fallecidas fueron confundidas
por los funcionarios policiales o huyeron, por temor, tras desacatar la voz de alto; las personas
muertas eran presuntos delincuentes que fueron ejecutados extrajudicialmente; o las personas
resultaron muertas por venganza personal de algún funcionario. En todos estos casos, los
funcionarios criminalizan a la víctima y tergiversan los hechos haciendo parecer que ocurrieron
enfrentamientos entre delincuentes y policías. Afortunadamente, testigos y familiares de las
víctimas denuncian el procedimiento irregular ante los medios de comunicación y evidencian la
verdad de lo ocurrido.
Como ejemplo de aquellos casos donde las personas resultaron muertas tras ser confundidas por
agentes del orden, podemos reseñar el de Julio Antonio Rojas (23), quien fue golpeado y
ajusticiado en Turmero, estado Aragua, en el mes de mayo; según se desprende de la información
de prensa, los testigos afirman que el joven decía a los funcionarios: "Yo no soy, están
equivocados". Los familiares de Julio Antonio afirman que el arma de fuego que supuestamente le
encontraron no le pertenecía: "Ellos se la colocaron a su lado, luego de matarlo" ("El Siglo", 5 de
mayo de 1997).
Igual suerte corrió Erick Jean Lucena (16) quien resultó muerto por un Policía Metropolitano en
el barrio San Antonio, en Caracas, tras ser confundido con un individuo apodado "El Tapón";
según la información referida por el diario "Ultimas Noticias" (8 de mayo de 1997), los
denunciantes del hecho afirmaron que los funcionarios involucrados "...pretenden hacer creer que
era un maleante cuando todo el barrio sabe que era un muchacho sano".
Asimismo, durante el mes de mayo, luego de que el economista Carlos Vicente Aquino,
presidente del Instituto Autónomo de la Policía y Secretario de Gobierno, calificara la muerte de
"El Morochito" como un duro golpe contra el hampa arraigada en el estado Aragua ("El Siglo",
12 de mayo de 1997), los familiares de Hendrix Pirela Gutierrez denunciaron que su deudo nunca
tuvo en vida la conducta ni el apodo que los funcionarios decían: se trataba de una equivocación,
que aún los cuerpos de seguridad involucrados (BOA y DISIP) continúan negando.
Dentro de las ejecuciones extrajudiciales registradas en el segundo trimestre de 1997, podemos
citar la ocurrida en el mes de junio, en el estado Aragua. Se trata de Carlos Eduardo Delgado
Trujillo (22), joven con amplio prontuario policial abatido por la Policía del Estado, según
denuncian sus familiares, quienes reconocen que el joven estaba solicitado por múltiples delitos,
pero que fue ajusticiado por los funcionarios. Según comentaron los familiares al diario "El Siglo"
(22 de junio de 1997), los policías también dispararon contra la madre del joven y su hermano,
pero no resultaron heridos. Los testigos acusan del hecho a un funcionario de la Policía de Aragua
que le dicen "Rambo".
Otros casos de ejecuciones sumarias son los de Lewis Villalobos, José Antonio Belisario (16)
Delgado y Adolfo Jesús Rangel (21). El primero falleció acribillado en el estado Zulia, en el mes
de mayo; sus familiares afirman que, aunque su hijo sí estuvo incurso en delitos, funcionarios de la
Policía Técnica Judicial lo abatieron en presencia de su pequeño hijo y le colocaron una
ametralladora que nunca tuvo, para simular enfrentamiento. El segundo, José Antonio Belisario
(16), falleció en el mes de junio a manos de agentes del mismo cuerpo policial, pero en la ciudad
de Caracas; al parecer era sospechoso de haber participado en el asesinato de un comisario de la
Armada Venezolana, pero sus familiares desmienten que se enfrentó, por el contrario afirman que
fue abatido en su propia casa ( "Diario 2001", 24 de junio de 1997) . Y el tercer caso es el de
Adolfo Jesús Rangel (21), ajusticiado en el mes de mayo, por agentes de la Policía del estado
Aragua: también estaba acusado de asesinato y según sus familiares, pese a reconocer que su
deudo tenía problemas con la justicia, afirman que lo sacaron de su casa lo ajusticiaron y
simularon un enfrentamiento ( "El Periódico de Aragua" , 3 de junio de 1997).
Otro tanto de los casos de ajusticiamiento corresponden a personas que resultaron muertas por
venganza personal, tal es el caso de José Vicente Valera (22): un funcionario de la Policía de
Carabobo lo ajustició en presencia de vecinos y familiares cuando le estaba cobrando una "cuenta
pendiente" de un cuñado del funcionario ("El Carabobeño", 12 de mayo de 1997). Igualmente le
ocurrió a Richard Velásquez, quien fue ajusticiado por el funcionario de la Policía Metropolitana,
José Ángel González, por motivos personales. Testigos afirman que el agente involucrado había
amenazado de muerte a la víctima, también dicen que lo golpeaba y lo amedrentaba
constantemente ("Así es la Noticia", 20 de mayo de 1997).
De las 9 personas fallecidas durante el segundo trimestre de 1997 por la represión de los cuerpos
de seguridad del estado, por lo menos en dos de estos casos las personas fallecieron a
consecuencia de torturas, específicamente de golpizas brutales. Así le ocurrió al señor Williams
Bolaños Calderon, en la Zona Sur del Lago, en el estado Zulia, quien después de haber sido
detenido, esposado y torturado fue entregado sin vida a sus familiares por funcionarios de la
DISIP y de la Policía Técnica Judicial del estado Zulia ("Frontera", 27 de abril de 1997). Otra
persona que falleció a consecuencia de los golpes propinados por agentes policiales fue el señor
Ramón Aquiles Pérez (76) quien apareció muerto en el fondo de un barranco; su hija acusa a un
funcionario policial a quien ella no atendió en sus propuestas amorosas y que había amenazado de
muerte a su padre, cuando este le reclamó lo ocurrido con su hija.
Los otros cinco casos de personas muertas por represión corresponden a hechos donde los
funcionarios actuaron usando excesivamente la fuerza, de manera indiscriminada o
desproporcionada. Dentro de estos casos podemos citar el reseñado por el "Diario 2001" el 26 de
mayo de 1997, cuando el niño de ocho años de edad, Yesser Smith Guzmán Luzon, resultó
muerto mientras volaba un papagayo, por un disparo indiscriminado de un agente de la Policía
Metropolitana de Caracas, quien supuestamente se encontraba en el sector extorsionando a un
grupo de apostadores ilegales de carreras de caballos.
En el mes de abril, de manera similar falleció la joven Iris de Chourio (18). El hecho ocurrió en el
barrio Ambrosio Plaza, en Valencia estado Carabobo, cuando un agente de la policía de este
estado disparó contra un ciclista que se encontraba en un lugar donde estaban muchas personas.
Según relata la información de prensa la joven se encontraba frente a una casa con varias personas
adultas y 10 niños, de pronto llegó una patrulla y sin mediar palabras uno de sus tripulantes
disparó contra un joven que llevaba una bicicleta, pero la bala alcanzó el pecho de la joven. (
"Notitarde", 27 de abril de 1997).
El 44 % de los casos donde se involucra a las Policías Estadales corresponde a 16 personas
fallecidas: de este total, por lo menos 10 pertenecen a las policías de los estados Zulia y Aragua,
mientras que los casos restantes se ubican en los cuerpos de los estados Lara, Anzoátegui,
Carabobo y Trujillo.
Tal como se registró en nuestro anterior informe (enero - marzo 1997), la Policía de Aragua
continúa liderizando las estadísticas de violaciones de derechos humanos, ahora de manera
compartida con la Policía del Estado Zulia. En el caso de Aragua, continuamos percibiendo una
tendencia marcada por el abuso de autoridad y la aplicación de la pena de muerte a presuntos o
comprobados delincuentes. Después de estudiar cada uno de los casos donde aparecen
involucrados agentes de este cuerpo policial, corrobaramos esta apreciación, con el agravante de
que se están produciendo decesos por confusiones que suponen fallas de inteligencia, donde
ajustician a personas que no son las que buscaban para ejecutarlas. Una vez que se dan estos
casos, los funcionarios pretende criminalizar a la víctima y hacer ver que ocurrieron
enfrentamientos. En el caso de la Policía del estado Zulia, los casos refieren también aplicación de
ajusticiamientos de presuntos delincuentes, abuso de poder y uso indiscriminado y excesivo de la
fuerza.
Tal es el caso del joven Jean Carlos Camacho Delgado (17), fallecido el 1 de mayo de 1997, en el barrio El Observatorio, en Caracas. Según relataron los familiares al periódico "Así es la Noticia", el joven salió con un amigo para la playa, cuando iban bajando del barrio, se encontraron con dos agentes de la policía quienes les dieron la voz de alto. "El amigo de mi hijo se fue corriendo, pero Jean Carlos se quedó parado porque él no estaba acostumbrado a ver ese tipo de escenas, entonces le dispararon y lo hirieron. Después, Sosa Meza (agente de la Policía Metropolitana) le dio un tiro de gracia en el cráneo", afirmó la madre del joven ("Así es la Noticia", 19 de mayo de 1997). Los vecinos del barrio donde vivía el joven están recogiendo firmas para demostrar que era un muchacho sano.
Del total de 36 casos de personas muertas, 9 corresponden a hechos que ocurrieron como
consecuencia del abuso de poder de los agentes del orden. En estos casos los funcionarios
terminan con la vida de una persona por motivos personales, por venganzas, por peleas o por
riñas callejeras, donde, generalmente, se encuentran en estado de ebriedad. El resto de los casos
de violaciones al derecho a la vida ocurrieron: 7 bajo arresto o detención, 2 en allanamientos y 1
durante un desalojo.
De las muertes ocurridas bajo detención destaca la de Antonio Manuel Roca Rincón, quien al resistir la detención fue golpeado, llevado al patio de una casa y ajusticiado debajo de una mata por efectivos de la Policía del estado Zulia, según afirman testigos y familiares ("Panorama", del 28 de abril de 1997). Los funcionarios presentaron los hechos como ajusticiamiento y criminalizaron a la víctima, quien fue detenido por golpear con un palo un vehículo rústico de la compañía telefónica que casi atropella a dos personas.
Del total de denuncias contabilizadas en este segundo trimestre, 110 corresponden a casos donde
los afectados son grupos de más de seis personas. Asimismo, las noticias de prensa revelaron que
los métodos de maltratos mayormente utilizados por los funcionarios involucrados en estas
denuncias, fueron: los golpes con objetos contundentes (128 denuncias) y las amenazas, el
hostigamiento y el amedrentamiento (106 denuncias).
Tal como lo afirmaramos en nuestro anterior informe, la gran mayoría de "estos atropellos
corresponden a hechos donde los funcionarios, en el marco de acciones represivas para
combatir la delincuencia o bajo circunstancias que responden a situaciones personales, agreden
o maltratan a los ciudadanos". Desde que la Red de Apoyo analiza las informaciones de prensa
que refieren atropellos policiales, ha certificado en cada denuncia una cultura del atropello
arraigada en muchos funcionarios que consideran al ciudadano común como su enemigo,
atendiendo a la máxima de que "todo el mundo es delincuente hasta que se demuestre lo
contrario". Muchos de estos atropellos vienen acompañados de robos.
Al igual que en el trimestre anterior, los otros métodos más usados por los agentes del orden en
los casos de maltratos y torturas fueron: la utilización de gases para producir asfixia (8
denuncias); los métodos mecánicos, como colgar a la víctima o amarrarla de objetos fijos (3
denuncias); la aplicación de electricidad (2 denuncias) y el abuso sexual (2 denuncias). Veamos
algunos de los casos más representativos:
El diario "El Universal" del 2 de abril de 1997, reseña que el ciudadano Antonio Castillo fue
insultado y golpeado por agentes de la Policía Metropolitana durante un operativo realizado en
Caracas. Asimismo, Victor Manual Ulloa fue acusado del robo de unos granos y fue empujado a
una casa en construcción por agentes policiales, vendado amordazado y golpeado. No dejaron de
golpearle hasta llegar al calabozo. ("Las Noticias de Cojedes", del 8 de abril de 1997).
Ex-alumnos de la Policía Municipal de Cabimas denunciaron una serie de irregularidades, abusos
y hostigamientos, tanto físicos como psicológicos que vienen ocurriendo en el Instituto Municipal
de Policía (IMPLOCA), descritos por Edwin Barroso en el diario "Panorama" (13 de mayo de
1997). De los castigos aplicados nos llama particularmente la atención la privación de alimentos
acompañada con el desgaste físico, que supone un grave y paulatino deterioro de la salud de la
víctima.
La acción desmedida de la fuerza desplegada por la policía del estado Guárico, al tratar de
contrarrestar los efectos de una manifestación estudiantil ("La Antena" 22 de mayo de 1997),
produjo asfixias y desmayos entre la población, ya que el gas lacrimógeno se introdujo en las
casas, afectando a la población que no participaba de la manifestación. Aunque hubo participación
policial en los auxilios, llama la atención la nefasta utilización de la fuerza en esta manifestación
hasta el punto de afectar a la población.
En Mérida, un menor de apenas 16 años, Ronald Rafael Guillén Dugarte, fue secuestrado y
golpeado salvajemente por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y efectivos
de la Guardia Nacional. Los funcionarios lo implicaban en el robo de un arma militar. Como la
víctima no dio explicación alguna, además de los golpes que le ocasionaron severas hematomas, le
fue aplicada electricidad en todo el cuerpo causándole quemaduras graves en varios órganos
vitales. ("Fronteras", 10 de junio de 1997).
Un sargento de la Región II de la Policía del estado Portuguesa, cuyo nombre no fue dado a
conocer, ha sido acusado de violar a una niña de nueve (9) años. Familiares y vecinos dan fe del
acoso sexual que el funcionario infringía permanentemente a la menor y el parte médico ratificó la
lesión por agresión sexual del que fue víctima. ("Ultima Hora", 18 de junio de 1997).
Un caso aparecido el 17 de abril de 1997 ilustra la actitud de muchos de estos funcionarios
estadales: en Sabana Mendoza, en el estado Trujillo, el señor Benito Montilla denunció al diario
"Frontera" del atropello del cual fue víctima; relata la nota del periódico que el señor Montilla
estaba tomándose unos tragos en un lugar donde de pronto llegó la policía "y de una manera
grosera los gendarmes los mandaron a ponerse contra la pared, Montilla le reprochó tal actitud
recomendándoles que actuaran con decencia (...) de repente sacaron unos garrotes y empezaron
a echarnos palos hasta dejarnos casi de inconcientes" ("Frontera", 17 de abril de 1997).
De las 249 denuncias de torturas y malos tratos, la Guardia Nacional resultó señalada como
responsable en 51 denuncias (20 % de los casos). Muchas de estas denuncias corresponden a
maltratos durante desalojos o en manifestaciones o acciones de protesta. El diario el "Nuevo País"
del 18 de abril de 1997, destacó una denuncia de un grupo de agricultores del estado Portuguesa:
una caravana de agricultores que se desplazaba entre Turén y Acarigua fue interceptada por
efectivos de la G.N., quienes arremetieron contra ellos abriendo fuego de perdigones y con
chorros de agua a presión disparados de un tanque antimotín conocido como "La Ballena".
El resto de las denuncias de tortura y malos tratos registradas en este período corresponden a
hechos donde se involucran las policías municipales (12 % de las denuncias), la Policía
Metropolitana y la Policía Técnica Judicial (8% cada una), la DISIP (6 % de las denuncias) y las
Fuerzas Armadas (4% de las denuncias).
En el mes de mayo, en Valencia, el joven Iván José Estrada (21) denunció que fue salvajemente
golpeado por un policía, sufriendo fractura abierta del peroné de la pierna derecha y de la
mandibula, por la cual tuvo que guardar reposo por un mes ("Notitarde", del 21 de mayo de
1997). Esto le ocurrió en el marco de un operativo que efectuaba la policía en el sector El
Socorro; después de la detención el agente policial José Luis Eslava Antolines, tomó "un tubo y le
propinó una salvaje paliza hasta que se desmayó.
Un total de 47 denuncias también dan cuenta de atropellos durante desalojos. Particularmente en
el mes de junio se registraron muchos casos de esta naturaleza. La situación de la tierra y la
vivienda continúa siendo un problema grave de hostigamiento y malos tratos a personas que las
ocupan en diversas condiciones. Los abusos que se están cometiendo, además de involucrar a los
cuerpos policiales, implican a gobernadores y alcaldes de varios estados. En el mes de junio
ocurrieron muchas de estas denuncias: en el asentamiento La Ceiba del municipio Papelón en el
estado Portuguesa ("El Periódico de Guanare", 2 de junio de 1997); en Sanare estado Lara ("El
Informador", 4 de junio de 1997); en el asentamiento Santa Inés estado Miranda ("El Nacional",
10-6-97); en Nuarito estado Lara ("El Informador" 11 de junio de 1997); en la IV etapa del
Sistema de Riego Río Guanare estado Portuguesa ("El Periódico de Guanare", 19 de junio de
1997); en tierras del municipio Baralt, en el estado Zulia ("La Columna", 20 de junio de 1997).
Otras denuncias de tortura se refieren a atropellos ocurridos durante allanamientos (13 denuncias), en manifestaciones o protestas (14 denuncias) y en recintos militares (5 denuncias). Dentro de las denuncias de torturas en manifestaciones destaca la reseñada por "La Voz de Guarenas" el 9 de mayo de 1997: los estudiantes del Liceo Pérez Bonalde de Ocumare del Tuy, fueron reprimidos por funcionarios de la Policía del estado Miranda. Según la denuncia, la manifestación pacífica de estos estudiantes fue reprimida con disparos de perdigones, mientras otros agentes usaron armas de fuego para amedrentarlos.
Uno de los casos que ilustra la mayoría de las denuncias halladas es el de los hermanos Arreaza,
quienes fueron heridos por una agente de la policía de Sucre, en la ciudad de Puerto La Cruz ("El
Tiempo", 9 de abril de 1997). Según la información de prensa, uno de los hermanos fue a
reclamarle a un funcionario de este cuerpo policial que lo había robado; el agente se molestó y le
disparó en el brazo derecho, y cuando el otro hermano salió en auxilio, le disparó también.
Al diferencia del trimestre anterior, cuando las Policías Municipales resultaron las más señaladas en estos casos, en este trimestre las Policías Estadales lideran las cifras de personas heridas por armas de fuego, con 10 de los 20 casos registrados (48 %). En segundo lugar aparece la Policía Metropolitana (24 % de los casos), seguida de la Guardia Nacional (19 % de los casos).
De todos los casos registrados es necesario destacar la detención arbitraria de Vilma Rauseo, empleada de la Biblioteca Nacional, detenida en su trabajo por dos funcionarios de la DISIP, quienes la "invitaron" a conversar en la sede de esta institución policial, posteriormente fue remitida a la Dirección de Inteligencia Militar ("El Nacional", 2 de mayo de 1997). Vilma Rauseo tiene vinculaciones con el grupo político MBR-200 y por este motivo fue acusada de rebelión militar, ya que este grupo intentó tomar el poder por la fuerza en febrero de 1992. Actuamente este grupo actúa de manera legal en el país y el jucio que se le seguía a sus miembros fue sobreseido por el actual presidente de la República, Rafael Caldera. El abogado de la detenida, Tarek William Saab argumentó ante los medios de comunicación que a ella, al igual que Marisela Boada: detenida en abril, se les involucra en actividades subversivas que no pueden ser comprobadas y que no pueden ser juzgadas por los tribunales militares porque se trata de dos civiles que deben ser juzgadas por la justicia ordinaria ("El Nacional", 6 de mayo de 1997).
Los cuerpos de seguridad mayormente involucrados en las detenciones arbitrarias registradas
durante el período son: las Policías Estadales (40 % de las denuncias) (Ver Gráfico No. 5). Es de
hacer notar que la Policía Técnica Judicial, la DISIP y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM)
aparecen señaladas en el (30 % de las denuncias; 10 % cada una); si además agregamos los
resultados obtenidos en el primer trimestre de este año, donde estos cuerpos registran más del 40
% de las denuncias de detenciones arbitrarias, descubrimos un patrón de violación de derechos
humanos que están protagonizando estos cuerpos policiales políticos y de investigación.
Cuando observamos los casos en donde se encuentran involucrados agentes de estos cuerpos descubrimos que las motivaciones de estas detenciones irregulares obedecen al desmantelamiento de supuestos planes subversivos o como respuesta a rumores de golpes de estado, donde las personas detenidas son presentadas como líderes o seguidores de grupos subversivos. Sin embargo, la gran mayoría de los detenidos no están incursos en estos hechos sino que en el pasado han pertenecido a grupos de izquierda, o forman parte de grupos comunitarios contestatarios o mantienen alguna relación de trabajo, de amistad o filial con miembros de grupos políticos de la izquierda radical o agrupaciones que estuvieron involucradas en intentonas golpistas.
Los cuerpos de seguridad que más fueron señalados en cada una de las denuncias de allanamientos arbitrarios fueron las Policáis Estadales (41 %) y la DISIP (32 %).
En el primer caso se trata de denuncias donde el abuso policial o la acción contra la delincuencia constituyen las circunstancias del atropello, mientras que en el segundo caso, se trata de arbitrariedades cometidas por los agentes de la policía política en el marco de acciones contra la supuesta subversión del país.
Si sumamos los casos atendidos por la Red de Apoyo en el trimestre anterior con los del segundo
trimestre podemos precisar algunas informaciones de interés sobre las violaciones a los derechos
humanos en Venezuela.
De un total de 38 casos de violación a la vida, a la seguridad y a la integridad personal, en el 90 % de los hechos, los afectados son hombres. La edad promedio de los afectados es entre 18 y 30 años, en 22 de los 38 casos, lo cual nos indica que las víctimas son jóvenes en su mayoría. Según estas estadísticas, la mayoría de las víctimas habitan en zonas populares, en barrios urbanos y en casi la totalidad de los casos, las víctimas han sido criminalizadas.