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31mar17


La fiscal general de Venezuela condena la "ruptura del orden constitucional"


La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó este viernes que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en las que este asumió las funciones del Parlamento de mayoría opositora representa una "ruptura del orden constitucional" en el país. Su denuncia se suma a la reacción internacional prácticamente unánime a lo que la oposición ha tachado de 'golpe de Estado' en Venezuela. La decisión del Supremo ha sido calificada de antidemocrática no solo en la mayor parte del continente americano, sino también por parte de Europa y organizaciones internacionales como Naciones Unidas. La tensión aumenta cada hora que pasa en Venezuela, donde el Gobierno de Maduro niega todas las acusaciones mientras la oposición llama a la ciudadanía e incluso al Ejército a tomar las calles para frenar un golpe de Estado en toda regla.

"En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución () lo que constituye una ruptura del orden constitucional", dijo la fiscal durante la presentación de su informe anual en la sede del Ministerio Público (MP).

Como máxima representante del MP, "llamamos a la reflexión para que tomemos caminos democráticos, y para que respetando la Carta Magna propiciemos un ambiente de respeto y pluralidad", invitó Ortega tras referirse a la Constitución venezolana, elaborada hace 18 años en un proceso constituyente, como el "contrato social" de que participaron todos venezolanos.

La fiscal convocó a todos los actores políticos a conseguir "caminos institucionales que garanticen la paz, y que supere los obstáculos que impiden actualmente la calidad de vida que reclama nuestra población", dijo. Asimismo Ortega rechazó cualquier acción de injerencia en los asuntos internos del país caribeño, señalando que estos deben ser resueltos por las instituciones venezolanas y los actores políticos.

Reacción internacional al golpe

Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Canadá y Estados Unidos figuran entre los países del continente que han manifestado su preocupación por la decisión del Supremo venezolano. Lo mismo al otro lado del Atlántico, donde países como Francia, Alemania o España han exigido a Maduro regresar a "estructuras y principios democráticos", al igual que organizaciones internacionales como la OEA o la ONU. Bolivia, por el contrario, ha sido el único que ha anunciado su "apoyo incondicional" al Gobierno de Nicolás Maduro.

Cabe recordar que el presidente de la OEA, Luis Almagro, presentó recientemente un informe sobre Venezuela en el que se pide la suspensión de Venezuela de la OEA si no convocaba elecciones generales en los 30 días siguientes y 14 países americanos exigieron al Gobierno de Maduro un calendario electoral y la liberación de los "presos políticos".

El Gobierno español pidió este viernes al presidente venezolano, Nicolás Maduro, "restablecer" las condiciones para que haya "una colaboración democrática" y un diálogo entre los poderes del Estado. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha expresado su preocupación por la medida adoptada por el Supremo de controlar el Parlamento, donde la oposición al chavismo tiene la mayoría.

"La posición del Gobierno es clara: pedimos a las autoridades venezolanas que restablezcan las condiciones que permitan una colaboración democrática, además de un diálogo imprescindible y efectivo entre los poderes del Estado", ha demandado el portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Usando las mismas palabras que ha empleado este viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Méndez de Vigo ha advertido de que "si se rompe la división de poderes, se rompe la democracia". "Nos preocupa y hacemos un llamamiento para que esta situación cambie", ha insistido el también ministro de Educación y Cultura.

Caracas denuncia la "coalición intervencionista"

Sin embargo, la Cancillería venezolana dijo este viernes que "es falso" que se haya consumado un golpe de Estado en el país por parte del Gobierno a través del Supremo, y manifestó su "repudio" ante lo que calificó como una "arremetida" por parte de los gobiernos "de la derecha intolerante".

"Es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela; por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones emanadas del máximo Tribunal de la República", dijo la Cancillería en un comunicado.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió el miércoles que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, debido a la persistencia del "desacato", un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.

El escrito oficial surge como respuesta a la reacción internacional que han manifestado su preocupación por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las competencias del Parlamento de contundente mayoría opositora al señalar que la Cámara se mantiene en "desacato".

"Venezuela repudia la arremetida de los gobiernos de la derecha intolerante y proimperialista de la Región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses, que mediante falsedades e ignominias pretenden atentar contra el Estado de Derecho en Venezuela y su orden constitucional", se indica en el escrito.

También se anuncia que Venezuela "ejercerá las acciones políticas y diplomáticas" para "detener y evitar la materialización de planes contra la estabilidad y la paz" del país.

Según el Ministerio de Exteriores, "estos gobiernos" han conformado una "coalición intervencionista" pues, asegura, "no han procesado aún la derrota recibida hace apenas unas horas en la Organización de Estados Americanos (OEA) frente al plan injerencista contra Venezuela" y ahora han desatado una "histérica campaña".

La Cancillería venezolana señala que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, estaría intentando imponer ese supuesto plan de injerencia "en franca violación a la legalidad internacional y nacional".

Ofensiva de la oposición

Por su parte,la Asamblea Nacional de Venezuela denunciará a los magistrados de la Sala Constitucional del Supremo que redactaron el polémico fallo, según ha informado este viernes el diputado opositor Juan Miguel Matheus. El objetivo es que se determine que los miembros de la Sala Constitucional han cometido una falta grave, lo que permitiría a la Asamblea Nacional removerlos de sus cargos y sustituirlos por otros magistrados.

El presidente del Congreso, Julio Borges, ya advirtió el jueves, al pronunciarse sobre dichos fallos, de que los magistrados del TSJ "no van a salir impunes". "Vamos a hacer las demandas necesarias dentro de Venezuela" y en "todas las instancias internacionales", dijo.

El jueves un grupo de diputados opositores se movilizó hasta la sede del TSJ en el oeste de Caracas para manifestar su repudio a la decisión y gritar ante la estructura que alberga a la máxima corte que no acatarán el fallo.

Los diputados llamaron a los ciudadanos a la "rebeldía" ante lo que consideraron como un "golpe de Estado y el parlamentario Carlos Paparoni dijo que si los magistrados no le dan paz al pueblo "entonces que tampoco tengan paz ellos".

El legislador Juan Requesens dijo que la visita al TSJ fue para "devolverles" la sentencia a los jueces y para asegurarles que tomarán las calles para protestar.

El partido Voluntad Popular (VP), que dirige el opositor preso Leopoldo López, pidió al pueblo de Venezuela retomar las movilizaciones de calle como "única forma" de "imponer la voluntad del pueblo" ante el "golpe de Estado". VP sostuvo que solo con "presión popular" y resistencia democrática "sostenida e incrementada", se obligará a la "dictadura" de Maduro a facilitar "una transición democrática".

También se produjeron dos pequeños focos de protestas en la principal autopista de Caracas por parte de militantes de los partidos opositores Voluntad Popular y Vente Venezuela y la mayor parte de las quejas se observaron a través de las redes sociales, especialmente de Twitter.

[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 31mar17]

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