ORGANIZACIĶN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Comisiķn Interamericana de Derechos Humanos.
CIDH.
OEA/Ser.L/V/II.82 Doc. 24 de 2 de octubre de 1992. Original: Espanol
82 periodo de Sesiones.
INFORME Nē 28/92
CASOS 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10309 y 10.311
ARGENTINA.
Aprobado por la Comision en su sesion nē 1169.

El cuatro de octubre de 1991, durante el 80Ē periodo de sesiones de la
Comision Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "La Comision"), se
aprobo por una mayoria de 5 a 1 el informe Nē 34/91, conforme al art. 50 de
la Convencion Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "La
Convencion"). Dicho informe fue remitido al gobierno de Argentina en fecha 8
de octubre de 1991. El 20 de enero de 1992, el Gobierno de Argentina remitio
sus observaciones a dicho informe. Estas observaciones fueron cuidadosamente
consideradas por la Comision en el presente informe Nē 28/92, previsto por
el art. 51.1 de la Convencion, el cual fue adoptado por unanimidad. El
miembro de la Comision doctor Oscar Lujan Fappiano se abstuvo de participar
en la consideracion y votacion de ambos informes.

I. INTRODUCCION

1. A partir de fines del ano 1987, la Comision comenzo a recibir peticiones
contra el gobierno de la Republica Argentina (en adelante "El Gobierno"), en
la que se denunciaba que la sancion por el Poder Legislativo de las leyes Nē
23.492, promulgada el 24 de diciembre de 1986, y Nē 23.521, promulgada el 8
de junio de 1987, y su aplicacion por el Poder Judicial, violaban, entre
otros, el derecho de proteccion judicial (Art. 25) y las garantias
judiciales (Art. 8) consagrados en la Convencion. En total, seis casos
fueron abiertos. Los peticionarios fueron:
Caso Nē 10.147: Alicia Consuelo Herrero.
Caso Nē 10.181: Rosaria Valenzi de Sanchez.
Caso Nē 10.240: Causa de la Escuela de Mecanica de la Armada (ESMA).
Caso Nē 10.262: Fundacion Servicio Paz y Justicia (en nombre de 90 causas).
Caso Nē 10.309: Luis Adolfo Holmquits, Graciela Bustamante de Arganaraz,
Gloria Constanza Curia/Fernando Ramiro Curia, Luisa Ana Ibanez, Adriana C.
Mitrovich de Torres Correa, Ricardo Torres Correa, Francisco Rafael Diaz,
Ramon Oscar Bianchi, Maria Isabel Jimenez de Soldatti, Familia Rondoletto
(5), Julio Cesar Campopiano, Ana Cristina Corral, Carlos Severino Soldatti.
Caso Nē 10.311: Rosa Ana Frigerio, Omar Tristan Roldan, Elena Delia Garguso,
Carlos Alberto Oliva, Laura Susana Martinelli, Liliana Carmen Pereyra,
Eduardo Alberto Cagnola, Jorge Candebro, Marta Haydee Garcia, Omar Alejandro
Marocchi, Susana Valor, Eduardo Manuel Martinez, Jorge Carlos Augusto
Toledo, Mario Alberto D'Fabio, Roberto Wilson Fernandez, Ruben Dario
Rodriguez, Juan Carlos Carrizo, Alberto Rogelio Carrizo, Luis Alberto
Bereciarte, Fernando Hallgarten.

2. La Ley 23.492 fijo un plazo de 60 dias para la extincion de las sanciones
penales por crimenes cometidos en ocasion de la llamada "guerra sucia". La
Ley 23.521 creo la presuncion irrebatible, a favor del personal militar que
cometio crimenes durante la "guerra sucia", de haber actuado en virtud del
deber de obediencia, eximiendolos de responsabilidad penal. La Ley incluso
extiende dicha proteccion a los oficiales superiores que no tuvieron
capacidad decisoria o participacion en la elaboracion de las ordenes, A
menos que se indique de otra manera, los instrumentos mencionados seran
referidos como "Las Leyes".

3. A partir del mes de noviembre de 1989, algunos peticionarios ampliaron su
denuncia, por lo mismos agravios, contra los efectos del Decreto
Presidencial de Indulto, Nē 1002, del 7 de octubre de 1989 (en adelante "el
Decreto"), que opero el "desprocesamiento" de personas enjuiciadas por
violaciones a los derechos humanos que no se habian beneficiado por las
anteriores Leyes.

4. Algunos peticionarios lo hicieron a titulo individual, mientras otros lo
hicieron en forma institucional y en representacion de un conjunto de
reclamantes. Asimismo algunos peticionarios se agravian de la aplicacion de
una de las leyes mientras que otros impugnan la aplicacion de ambas Leyes y
del Decreto. Sin embargo, en todas las peticiones, el agravio fundamental es
el mismo. Se denuncia el efecto de las leyes Nē 23.492 y Nē 23.521 o el
Decreto Nē 1002/89 como violatorio de la Convencion, en tanto ha restringido
y finalmente cancelado los procesos criminales sobre las gravisimas
violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de facto.

5. En razon de la identidad material de las reclamaciones asi como de la
naturaleza esencialmente juridica de la cuestion, ya que no se discuten
hechos sino la compatibilidad de un genero de Leyes Decreto con la
Convencion, la Comision ha decidido la acumulacion y consideracion conjunta
de estas peticiones.

II. RESUMEN DE LAS DENUNCIAS Y DE LAS RESPUESTAS DEL GOBIERNO.

6. En todos los seis casos, los peticionarios alegaron que los juicios
criminales por violaciones de los derechos humanos -desapariciones,
ejecuciones sumarias, torturas, secuestro- cometidos por miembros de las
Fuerzas Armadas fueron cancelados o impedidos o dificultados en virtud de
las Leyes y el Decreto, y que ello constituye la violacion de sus derechos
garantizados por la Convencion.

7. En todos los seis casos, el Gobierno sostuvo que las alegadas violaciones
ocurrieron antes de la ratificacion por ese Estado de la Convencion y, en
consecuencia, eran inadmisibles ratione temporis. El Gobierno tambien adujo
que algunos de los casos habian sido ventilados ante otras instancias
internacionales. Respecto del fondo de la cuestion, dicho Gobierno ha
sostenido el haber realizado una exhaustiva investigacion oficial y haber
condenado a los ex-lideres militares y que, en consecuencia, no habia
violacion de la Convencion. En lo relativo a la Carta de la OEA y a la
Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Argentina ha
insistido en que si bien estos instrumentos consagran derechos, reservan su
aplicacion a las cortes nacionales.

III. ADMISIBILIDAD Y TRAMITE ANTE LA COMISION.

8. La comision dio ulteriores traslados a las partes respectivas las que,
fundamentalmente, reiteraron sus posiciones originales. La Comision recibio
en audiencia en su 76, 77 y 78 periodos ordinarios de sesiones a
representantes de los peticionarios que asi lo solicitaron junto a los del
Gobierno argentino y respondieron a las preguntas de los senores Miembros de
la Comision. 

9. De las representaciones escritas como orales, la Comision pudo precisar
el agravio fundamental de los denunciantes asi como la posicion del Gobierno
de Argentina. Los reclamantes denuncian que las Leyes y el Decreto violan la
Convencion, en tanto el efecto de estos instrumentos legales ha sido el
privarles de los derechos que surgen de los Arts. 8 y 25, en relacion con el
Art. 1.1 de la Convencion. La posicion fundamental del Gobierno argentino es
que la Convencion es inaplicable en razon del tiempo ya que las denuncias,
se refieren a hechos ocurridos antes de la ratificacion de la misma por
dicho Gobierno.

10. A criterio de la Comision, se han satisfecho los requisitos de
admisibilidad formal establecidos en el Art. 46.1 de la Convencion y Art. 32
del Reglamento de la Comision. No existen recursos internos idoneos y
eficaces para lograr la anulacion de las medidas cuestionadas habiendo la
Corte Suprema argentina desestimado los recursos de inconstitucionalidad
planteados. Tambien la Comision considera que las quejas se han presentado
en tiempo habil ante este organismo, en consideracion a la peculiar
naturaleza de la queja en este conjunto de casos. La violacion alegada no
tiene un mismo momento posible de consumacion para todos los peticionantes,
ya que estos fueron afectados sucesivamente en el tiempo. En efecto, las
Leyes asi como el Decreto fueron operando sucesivamente los
"desprocesamientos" de los acusados, el cierre de las causas abiertas o la
concrecion de la imposibilidad juridica de presentar o continuar sus acciones.

11. Los reclamantes en estos casos manifiestan no haber sometido la misma
peticion a otras instancias inter-gubernamentales de derechos humanos. Otros
individuos han denunciado las Leyes ante el Comite de Derechos Humanos.

12. El Gobierno alega que las peticiones deben declararse inadmisibles
ratione temporis al no haber violacion de la Convencion debido a que los
hechos atribuidos al presente gobierno ocurrieron antes de la ratificacion
de la Convencion.

13. Las violaciones a los derechos humanos (desapariciones, ejecuciones
sumarias, torturas y privaciones ilegitimas de la libertad) acontecieron en
su mayoria durante la decada de los setentas. El Gobierno militar se instalo
en Argentina en 1976 y recien se restituyeron las instituciones democraticas
con la inauguracion del gobierno civil el 10 de diciembre de 1983.

14. La entrada en vigor de la Convencion para la Republica Argentina, tuvo
lugar el 5 de setiembre de 1984, con el deposito del instrumento de
ratificacion de la Convencion.

15. La Ley Nē 23.452 fue promulgada el 24 de diciembre de 1986; la Ley Nē
23.521, el 8 de junio de 1987; y el Decreto Presidencial Nē 1002 fue
decretado el 7 de octubre de 1989.

16. La violacion objeto de la presente denuncia consiste en la privacion del
derecho a la proteccion y a garantias judiciales por la paralizacion de la
investigacion judicial con motivo de las Leyes y Decreto mencionados. En
consecuencia, las medidas cuestionadas fueron adoptadas cuando la Convencion
ya se hallaba en vigor para el Estado argentino.

17. Argentina alega que se atribuye al presente gobierno "hechos acaecidos
con anterioridad a la ratificacion" de la Convencion. En ese sentido, invoca
el Art. 28 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados
(1969), la reiterada jurisprudencia y la consolidad practica internacional
en materia de irretroactividad de los tratados. En consecuencia solicita que
las peticiones sean declaradas inadmisibles ratione temporis.

18. Los reclamantes aducen que la violacion denunciada no es anterior sino
posterior a la entrada en vigor de la Convencion, con la aprobacion de las
Leyes y el Decreto impugnados, que tuvieron el efecto de privarlos de sus
derechos a la proteccion judicial y a garantias judiciales (Arts. 25 y 8, en
relacion al 1.1 de la Convencion).
El articulo 8.1 de la Convencion establece:
"Toda persona tiene derecho a ser oida, con las debidas garantias y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciacion de
cualquier acusacion penal formulada contra ella, o para la determinacion de
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro caracter".
El articulo 25.1 de la Convencion dispone:
"Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rapido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitucion, la ley o la presente Convencion, aun cuando tal violacion sea
cometida por personas que actuen en ejercicio de sus funciones oficiales".

19. Las disposiciones de la Convencion invocadas por los peticionarios se
relaciona a eventos ocurridos despues de que Argentina paso a ser Estado
Parte de la Convencion. En consecuencia, las peticiones son admisibles en
razon del tiempo.

20. Con respecto a la solucion amistosa, la Comision hace suyo lo sostenido
por la Corte Interamericana en el Caso Velasquez Rodriguez, cuando afirma:
"esa actuacion de la Comision debe intentarse solo cuando las circunstancias
de una controversia determinen la necesidad o la conveniencia de utilizar
este instrumento, supuestos sujetos a la apreciacion de la Comision" . En la
especie, en que la cuestion es parte de una politica de Gobierno que el
Estado aun sustenta, la Comision es de opinion que una solucion amistosa no
es necesaria ni procedente.

21. Con fecha 4 de octubre de 1991, durante su 80Ē periodo de sesiones, la
Comision aprobo en forma preliminar el Informe Nē 34/91, en base al Art. 50
de la Convencion. En consecuencia, se dio traslado en forma reservada al
Gobierno, conforme lo dispone el citado articulo en su apartado segundo al
prevenir contra su publicacion.

22. Por notas de fecha 23 de octubre y 19 de noviembre de 1991, el Gobierno
solicito a la Comision que "diera a conocer el programa que esta propone"
respecto a las reparaciones. Por nota del 6 de diciembre de 1991, el
Gobierno solicito una prorroga del plazo para presentar sus observaciones al
Informe.

23. La Comision, por nota de 16 de diciembre de 1991, aclaro al Gobierno que
el programa de compensaciones debia ser disenado por el propio Gobierno para
ser sometido a consulta con la Comision. Asimismo se concedio la prorroga
solicitada.

24. Con fecha, 20 de enero de 1992, el Gobierno remitio sus observaciones al
informe Nē 34/91.

IV. OBSERVACIONES DEL GOBIERNO AL INFORME DEL ARTICULO 50.

25. El gobierno sostiene que el Estado argentino ha sido el que mejor ha
afrontado el "dificil problema" de dar solucion a las anteriores violaciones
de derechos humanos mediante respuesta emanada de los "propios sectores
nacionales afectados" y por "solo los organos democraticos apropiados"
(Conf. Informe CIDH 1985-1986) fueron sancionadas las leyes Nē 23.492 y
23.521 y el decreto 1002/89. Se destaca que estos fueron actos de organos
democraticos fundados en la urgente necesidad de reconciliacion nacional y
de la consolidacion del regimen democratico.

26. Se senala que el Estado argentino ha dicho "Nunca Mas" y que ha
sancionado normas que benefician a las victimas del Proceso de
Reorganizacion Nacional, mencionando, las siguientes: a) Ley 23.466
(pensiones a familiares de desaparecidos); b) Ley 24.043 (indemnizaciones a
personas que hubieran sido puestas a disposicion del Poder Ejecutivo
Nacional (P.E.N.), o siendo civiles hubiesen sufrido detencion emanadas de
tribunales militares); c) Decreto 70/91 (de beneficio a personas que
hubieran iniciado procesos judiciales en razon de haber sido puesta a
disposicion del P.E.N. durante el Proceso de Reorganizacion Nacional); d)
Decreto 2151/91 (beneficios a personas alcanzadas por el Decreto 70/91).

27. El Gobierno senala que las violaciones denunciadas en el informe fueron
consecuencia de actos del terrorismo de estado vigente en dicho pais en el
periodo 1976-1983, pero que una vez instaurado el regimen de derecho se
asumieron las obligaciones emanadas dando justa compensacion a las
violaciones consumadas.

28. El gobierno considera que el desagravio existio, en virtud de las normas
expresamente sancionadas; la conducta observada en cumplimiento de
compromisos internacionales; y la voluntad encaminada a que el "Nunca Mas"
sea parte de la conciencia y se refleje en todos los actos de este Gobierno.
En consecuencia, solicita que la Comision declare que se han tomado las
medidas adecuadas.

V. EL FONDO DE LA CUESTION.

29. En razon de la identidad esencial del agravio de los reclamantes que
denuncian los efectos de las Leyes Nē 23.492 y 23.521 y del Decreto Nē 1002
como violatorios de la Convencion, la Comision ha decidido la acumulacion y
consideracion conjunta de estas peticiones. Asimismo, dado que todas las
quejas no buscan denunciar ni comprobar hechos controvertidos, sino la
compatibilidad de la Convencion con las Leyes y Decreto impugnados, la
Comision considera que estas reclamaciones presentan solamente una cuestion
de puro derecho.

30. En consecuencia, la cuestion ante esta Comision es el de la legalidad de
las Leyes y el Decreto, a la luz de la Convencion.

A. Con respecto a la interpretacion de la Convencion.
El Articulo 29 de la Convencion dispone:
"Ninguna disposicion de la presente Convencion puede ser interpretada en el
sentido de: 
a. permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convencion o
limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 
b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda
estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados
Partes o de acuerdo con otra convencion en que sea parte uno de dichos Estados;
c. excluir otros derechos y garantias que son inherentes al ser humano o que
se derivan de la forma democratica representativa de gobierno, y
d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaracion Americana
de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma
naturaleza."

31. La Comision recuerda que la interpretacion de la Convencion debe hacerse
de acuerdo con esta disposicion cuando examina por primera vez una caso.

B. Con respecto a las garantias judiciales.

32. El efecto de la sancion de las Leyes y el Decreto fue el de extinguir
los enjuiciamientos pendientes contra los responsables por pasadas
violaciones de derechos humanos. Con dichas medidas, se cerro toda
posibilidad juridica de continuar los juicios criminales destinados a
comprobar los delitos denunciados; identificar a sus autores, complices y
encubridores; e imponer las sanciones penales correspondientes. Los
peticionarios, familiares o damnificados por las violaciones de derechos
humanos han visto frustrado su derecho a un recurso, a una investigacion
judicial imparcial y exhaustiva que esclarezca los hechos.

33. Lo que se denuncia como incompatible con la Convencion son las
consecuencias juridicas de las Leyes y el Decreto respecto del derecho a
garantias judiciales de las victimas. Unos de los efectos de las medidas
cuestionadas fue el de enervar el derecho de la victima a demandar en la
jurisdiccion criminal a los responsables de las violaciones a los derechos
humanos. En efecto, en buena parte de los sistemas penales de America Latina
existe el derecho de la victima o su representante a querellar en el juicio
penal.

34. En consecuencia, el acceso a la jurisdiccion por parte de la victima de
un delito, en los sistemas que lo autorizan como el argentino, deviene un
derecho fundamental del ciudadano y cobra particular importancia en tanto
impulsor y dinamizado del proceso criminal.

35. La cuestion de si los derechos de la victima o sus familiares,
garantizado por la legislacion interna, se halla amparado por el derecho
internacional de los derechos humanos, conlleva determinar: a. Si esos
derechos consagrados en la constitucion y las leyes de ese Estado en el
momento de ocurridas las violaciones, adquirieron proteccion internacional
mediante la posterior ratificacion de la Convencion y, por ende, b. Si es
posible abrogarlos absolutamente mediante la promulgacion ulterior de una
ley especial, sin violar la Convencion o la Declaracion Americana.

36. El Articulo 1.1 de la Convencion obliga a los Estados Partes "a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y
pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdiccion..."

37. Las leyes y el Decreto buscaron y, en efecto, impidieron el ejercicio
del derecho de los peticionarios emanado del articulo 8.1 citado. Con la
sancion y aplicacion de las Leyes y el Decreto, Argentina ha faltado a su
obligacion de garantizar los derechos a que se refiere el articulo 8.1, ha
vulnerado esos derechos y violado la Convencion.

C. Con respecto al derecho a la proteccion judicial.

38. El Articulo 25.2 dispone: "Los Estados Partes se comprometen:
a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal
del Estado decidira sobre los derechos de toda persona que interponga
recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c. a
garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes, de toda decision
en que se haya estimado procedente el recurso."

39. Con la aprobacion de las leyes y el decreto, Argentina ha faltado a la
obligacion de garantizar los derechos consagrados en el articulo 25.1 y ha
violado la Convencion.

D. Con respecto a la obligacion de investigar.

40. Al interpretar el alcance del Articulo 1.1 la Corte Interamericana de
Derechos Humanos manifesto que "la segunda obligacion de los estados partes
es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos
en la Convencion a toda persona sujeta a su jurisdiccion... Como
consecuencia de esta obligacion los estados deben prevenir, investigar y
sancionar toda violacion de los derecho reconocidos por la Convencion..." La
corte amplia
ese concepto en vario parrafos siguientes de la misma sentencia, por
ejemplo: "Lo decisivo es dilucidar si una determinada violacion a los
derechos humanos reconocidos por la Convencion ha tenido lugar con el apoyo
a la tolerancia del poder publico o si este ha actuado de manera que la
transgresion se haya cumplido en defecto de toda prevencion o impunemente";
"El Estado esta en el deber juridico de prevenir, razonablemente, las
violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios
a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ambito de su
jurisdiccion a fin de identificar a los responsables, de imponerles las
sanciones pertinentes y de asegurar a la victima una adecuada reparacion";
"...si el aparato del Estado actua de modo que tal violacion quede impune y
no se restablezca, en cuanto sea posible, a la victima la plenitud de sus
derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre
y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdiccion"; Con respecto a
la obligacion de investigar senala que "...debe tener sentido y ser asumida
por el Estado como un deber juridico propio y no como una simple gestion de
intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la victima
de sus familiares o de la aportacion privada de elementos probatorios, sin
que la autoridad publica busque efectivamente la verdad..."; (Subrayados
anadidos por la Comision).

41. Con la sancion de las Leyes y el Decreto, Argentina ha faltado al
cumplimiento de su obligacion que emana del Articulo 1.1 y ha violado los
derechos de los peticionarios que la Convencion les acuerda.


VI. OPINION Y CONCLUSIONES DE LA COMISION.

42. La Comision tiene presente y reconoce la ejemplar medida adoptada por el
Estado argentino de haber constituido una comision oficial (CONADEP) que
investigo y documento las desapariciones cometidas durante la llamada
"guerra sucia" en su historico informe "Nunca Mas".

43. Asimismo, la Comision observo con beneplacito y reconoce al Gobierno
Argentino el precedente historico de haber enjuiciado y condenado por
violaciones a los derechos humanos a los altos responsables del gobierno de
facto.

44. El Gobierno alega que se habrian tomado las medidas adecuadas con la
sancion de normas que benefician a victimas del Proceso de Reorganizacion
Nacional.

45. Entre dichas medidas, el Gobierno cita la sancion de la Ley 23.466 del
30 de octubre de 1986, que otorga pensiones a familiares de desaparecidos,
consistente en el 75% del salario minimo vital y movil a los menores de 21
anos de edad que hayan acreditado la desaparicion forzada de uno o ambos
progenitores antes del 10 de diciembre de 1983, justificada mediante
denuncia ante las instituciones que senala la Ley. Tambien pueden ser
beneficiarios de la pension, el conyuge en concurrencia con los hijos
menores, los progenitores y/o hermanos, los hermanos menores huerfanos de
padre y madre que hubieren convivido en forma habitual antes de la
desaparicion. Dispone que lo beneficiarios de esta Ley podran acogerse a la
cobertura del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados. 

46. El Gobierno tambien menciona la Ley 24.043 del 23 de diciembre de 1991
que otorgo una pension a personas detenidas durante la pasada dictadura, a
disposicion del Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.) durante la vigencia del
estado de sitio o quienes siendo civiles hubiesen sufrido detencion en
virtud de actos emanados de tribunales militares. El beneficio consiste en
la treintava parte de la remuneracion mensual asignada a la categoria
superior del escalafon para el personal civil de la administracion publica.
Esta ley dispone que el pago de las indemnizaciones se hara por medio de
bonos, de conformidad con la Ley 23.982, de Deudas Publicas y Consolidacion
de Bonos Economicos. Segun estimaciones del Gobierno esta ley va a
beneficiar a 8.500 personas.

47. Asimismo se alude a los Decretos 70/91 y 2151/91, actos del poder
ejecutivo del mismo caracter que la ley anterior, pero que beneficiaron a
solo un numero determinado de victimas que luego de haber demandado
compensacion economica -sin exito- en la jurisdiccion interna, habian
presentado queja ante la Comision.

48. La Comision expresa su satisfaccion por las medidas adoptadas por el
Gobierno enderezada a desagraviar y compensar a las victimas de la "guerra
sucia". No solo con los celebres juicios a los principales responsables de
la dictadura anterior sino por la investigacion del CONADEP, sino por todas
las diferentes medidas adoptadas para indemnizar a las victimas de
violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto.

49. No obstante, la Comision debe aclarar que la materia de los casos objeto
del presente informe debe ser distinguida del tema de las compensaciones
economicas por danos y perjuicios causados por el Estado.

50. En el presente Informe uno de los hechos denunciados consiste en el
efecto juridico de la sancion de las Leyes y el Decreto, en tanto en cuanto
privo a las victimas de su derecho a obtener una investigacion judicial en
sede criminal, destinada a individualizar y sancionar a los responsables de
los delitos cometidos. En consecuencia, denuncia como incompatible con la
Convencion la violacion de las garantias judiciales (Art. 8) y del derecho
de proteccion judicial (Art. 25), en relacion con la obligacion para los
Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos
(Art. 1.1 de la Convencion). Estos hechos se produjeron con la sancion de
las medidas cuestionadas, en 1986, 1987 y 1989, con posterioridad a la
entrada en vigor de la Convencion para Argentina en 1984.

51. En cambio, la cuestion de la compensacion economica -a la que tienen
derecho los reclamantes- se refiere a la reparacion en si por las
violaciones originarias o sustantivas que tuvieron lugar en su mayoria,
durante la decada de los setenta, antes de la ratificacion de la Convencion
por Argentina y de la sancion de la Leyes y Decreto denunciados. Se refiere
al derecho a una indemnizacion por parte del Estado por no garantizar el
derecho a la vida, integridad fisica y libertad de las victimas, no a la
denegacion de justicia por los efectos de las Leyes y el Decreto. La
reparacion no fue el objeto de la denuncia ni es materia del presente informe.

52. Si bien ambas cuestiones (la denegacion de justicia por la cancelacion
de los procesos criminales y la compensacion indemnizatoria por violacion al
derecho a la vida, integridad fisica y libertad) estan estrechamente
relacionadas, es preciso no confundirlas en tanto quejas materialmente
diferentes. Cada una de las cuestiones denuncia un hecho diferente, que tuvo
lugar en tiempos diversos y que afectan derechos o disposiciones tambien
distintas de la Convencion.


Por las consideraciones que anteceden, la COMISION INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS:

1) Concluye que las Leyes Numeros 23.492 y 23.521 y el Decreto Numero
1002/89 son incompatibles con el artículo XVIII (Derecho de Justicia) de la
Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los Artículos
1, 8 y 25 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos.

2) Recomienda que el Gobierno de Argentina otorgue a los peticionarios una
justa compensacion por las violaciones a la que se refiere el parrafo
precedente.

3) Recomienda al Gobierno de Argentina la adopcion de las medidas necesarias
para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las
violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar.

4) Dispone la publicacion del presente informe.