OLVIDO O MEMORIA
EN LAS CONDICIONES DE SOLUCION DE CONFLICTOS POLITICOS.
|
Por Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortiz
Fundación Manuel Cepeda Vargas
|
Indice
1) Los costos de la guerra.
2) El duelo nunca realizado.
3) Democracia vs. memoria y derechos humanos?.
4) Las fases de la reparación, sus dificultades y éxitos.
5) Algunas experiencias de reparación integral en América Latina.
6) Conclusiones.
1) Los costos de la guerra.
Las guerras son los acontecimientos más traumáticos en la historia de las
sociedades, ellas siempre dejan tras de sí un saldo de destrucción de todo
el entorno vital de los seres humanos, de la riqueza acumulada por
generaciones enteras mediante su trabajo, su esfuerzo físico e intelectual,
del patrimonio cultural, de la riqueza natural y geográfica, y sobre todo,
de las vidas humanas que se pierden, las cuales son, cada una de ellas,
pequeños universos de experiencia y potencialidad creadora.
Tales afirmaciones son de sentido común, pero ante la actual situación
nacional es preciso repetirlas con insistencia. Todos deberíamos saber lo
que nos están costando las guerras que estamos padeciendo en Colombia, y
nos referimos no sólo a la inmensa destrucción que causa el conflicto
armado que enfrenta a la guerrilla con el Estado, sino también a esas otras
guerras que se olvidan con frecuencia, a la "guerra sucia" que desde hace
décadas se perpetra en forma encubierta por medio del terrorismo de Estado,
a la guerra contra los marginados, la mal llamada "limpieza social", o a
los estragos que acarrea en el campo la "guerra contra las drogas" que nos
ha sido impuesta por los últimos gobiernos de los Estados Unidos. Un buen
argumento para abogar por una salida no violenta de los conflictos
políticos es, por estas razones, pensar y hacer que se entienda cuáles son
los costos de las acciones militares.
Las terribles consecuencias de esta destrucción tienen, sin embargo, un
aspecto aun más grave, no tan evidente pero en extremo traumático, pues
lesionan el fuero interno de las personas. Hablamos ahora de aquellas
secuelas de la guerra que afectan la condición etica del hombre, su sentido
de dignidad y su derecho a la justicia. Los conflictos bélicos traen
consigo, en efecto, la muerte, el dolor de la pérdida de los seres queridos
y admirados, el odio por quienes causaron su desaparición física, la
necesidad imperativa de hallar justicia, de vencer la impunidad de los
crímenes cometidos, y de llevar a cabo la reparación ante el daño que se ha
ocasionado a las víctimas, y que se le ha causado a la sociedad en su
conjunto. O dicho de otra forma, ante el trauma histórico que acarrean las
guerras los individuos y las comunidades experimentan la necesidad moral
insoslayable de efectuar la labor de duelo, aquel trabajo curativo que
persigue transformar el dolor de la muerte en justicia, asignar las
responsabilidades y penas necesarias a quienes de manera directa o
indirecta han causado los daños, crear las obras que prolonguen en el
tiempo la existencia de los caídos, hacer los actos de reparación de la
riqueza material y espiritual que ha sido vulnerada por la violencia,
iniciar los procesos políticos que instauren un nuevo orden más
democrático, y en fin, emprender el trabajo que persigue transformar la
estela de muerte en un nuevo comienzo marcado por la vida y la justicia. De
este horizonte ético es parte indispensable el problema de la memoria o el
olvido de los hechos del pasado.
2) El duelo nunca realizado.
La dificultad que supone esta consecuencia última de la guerra consiste en
que sin la realización del duelo es muy posible, y casi seguro, que se
presente el retorno de lo reprimido, ésto es, de nuevo el estallido de
agresividad reforzado esta vez por los odios no sublimados, y por lo tanto,
acumulados del pasado.
Freud, al formular los principios de su teoría psicoanalítica, señalaba que
la fuente principal de los desajustes de la psiquis, y de toda neurosis en
general, es la represión que hace el individuo de los hechos traumáticos
cuando remite al inconsciente todos aquellos episodio que lo afectan
sensiblemente y le causan intenso dolor. El reprimir lo traumático mediante
el olvido forzado no significa su desaparición, y es más bien su
ocultamiento momentáneo de la luz de la conciencia y su refugio en las
profundidades de lo inconsciente, o lo que Jung, otro gran psicoanalista y
discípulo de Freud, llama "la sombra". Cuando lo reprimido retorna, cuando
el olvido forzado se debilita, el trauma no superado regresa con fuerza y
produce la crisis que desenvoca en la enfermedad. La incapacidad de duelo
es por eso fuente de patología.
Lo dicho puede afirmarse también sobre las sociedades. Si éstas no producen
experiencias comunes de transformación creativa de sus acontecimientos
traumáticos, si éstas no son capaces de superar sus conflictos armados a
través de elaboraciones del duelo, y por el contrario, guardan estos hechos
en el inconsciente colectivo -como lo definía Jung-, si no producen
catarsis compartidas que restituyan lo destruido y que fijen con claridad
en la conciencia las responsabilidades del caso es inevitable que lo
reprimido por la amnesia colectiva retorne, y que la violencia y la
destrucción continúen sin detenerse a lo largo del tiempo en ciclos
endémicamente repetitivos.
De ello sabemos no sólo por las consideraciones teóricas que hacen el
psicoanálisis y la ciencia sino por la experiencia vivida, por las
lecciones que nos muestra nuestra propia historia nacional. A lo largo del
Holocausto que hemos afrontado en Colombia es una constante la ausencia de
procesos catárticos y reparadores que hayan intentado superar la violencia
de las múltiples guerras que han tenido lugar en nuestro territorio. El
manto del olvido, la impunidad y el silencio se ha cernido siempre
indefectiblemente sobre los episodios más cruentos de esta historia y sobre
sus consecuencias funestas debido, por lo regular, a que quienes han
vencido en estas guerras han hecho prevalecer su versión de lo sucedido y
su modelo de sociedad. En esa circunstancia, en el duelo nunca efectuado,
se encuentra, seguramente, uno de los factores más favorables para la
prolongación indefinida de la violencia en nuestras condiciones. Y en la
última década este vacío de conciencia y de sensibilidad, este vacío
valorativo, se ha hecho particularmente notorio: destruyen y aniquilan el
poder judicial, desaparecen a más de un centenar de personas en el que se
ha denominado el Holocausto del Palacio de Justicia y la misma noche de la
tragedia se continua celebrando en Cartagena, sin variaciones en el
programa, el Reinado Nacional de la Belleza; asesinan al líder democrático
liberal Luis Carlos Galán y esa misma noche, sin alteraciones, se juega el
partido de fútbol correspondiente del calendario del Campeonato Nacional;
asesinan al futbolista Andrés Escobar y la práctica de este deporte
continua sin cambios, sin ningún signo visible que recuerde este hecho
monstruoso; en una palabra, ocurren los episodios cruentos de esta guerra
política y social sin que la rutina cotidiana y sus actos se transforme,
sin que se produzca siquiera la más leve modificación. Sabemos que el
deporte y la diversión son componentes indispensables de la multiplicidad
de aspectos que conforman lo humano, pero cuando estos elementos son
conjugados indiscriminadamente con la tragedia y los horrores de la guerra
juegan un papel trivializador, sirven de aislante emocional que impide la
realización del duelo. Una de las lecciones que nos ha dejado la historia,
en consecuencia, es que el olvido no puede ser falso ni forzado como un
acto contrario a la voluntad de la sociedad, porque de lo contrario el
trauma volverá inexorablemente.
3) Democracia vs. memoria y derechos humanos?.
Queremos que acabe la guerra y que sus horrores no vuelvan a repetirse
jamás. Pero este propósito, este anhelo que compartimos mayoritariamente en
el país, no puede ser simplemente un deseo abstraído de esas duras
lecciones que nos ha dejado la historia. La confrontación militar no
terminará en Colombia hasta que no se produzcan cambios reales, tangibles y
verificables que transformen estructural y esencialmente nuestra
configuración social.
Sin que se abra la posibilidad cierta de que exista el legítimo derecho a
la oposición, sin que nuestro sistema político deje de ser el pacto eterno
cuya única finalidad es el enriquecimiento corrupto, sin que en Colombia
deje de ser asesinado todo aquel que protesta o disiente no será viable
ningún proyecto de convivencia no violenta. Sin que se produzcan
transformaciones económicas sustanciales que hagan más equitativa la
repartición de la riqueza y la distribución social de las pérdidas y los
costos la paz no es viable. Sin que la justicia funcione, la educación y la
salud sean para todos y de alta calidad la paz seguirá siendo una quimera.
De este orden de transformaciones depende que el conflicto social no
retorne en sus formas más violentas. Y dentro de ese núcleo esencial de
grandes cambios que requiere nuestra nación se encuentra la mencionada
necesidad de duelo social y de justicia.
La reflexión sobre memoria y reparación debe ser una preocupación
permanente, objeto de acciones continuas dentro de la vida social, pero
cuando esa acción y ese pensamiento se inscriben dentro de los grandes
temas de una agenda de la solución política del conflicto armado en
Colombia adquieren, como vemos, una importancia especial.
En qué contexto, entonces, ha de pensarse este difícil problema para
encontrar referentes que nos iluminen sobre cómo llevar a cabo esta gran
transformación de la sensibilidad y del sentido de justicia en el país?. Un
camino posible es mirar el contexto actual de América Latina y captar los
cambios que en él se están produciendo. Algunos países del continente han
emprendido, hace poco, procesos de renovación política. En El Salvador y
Guatemala, luego de años de negociación, se han firmado acuerdos para
finalizar las hostilidades armadas e intentar la convivencia como fruto de
transformaciones políticas y socioeconómicas. En los países del Cono Sur,
especialmente en Chile, Uruguay y Argentina, tras décadas de dictadura
militar se busca ahora hacer la transición a sistemas democráticos. Sería
ingenuo pensar que en tales situaciones se ha alcanzado la paz y la
democracia, ya que muchos de los sujetos de tales procesos más que la
reconciliación o la justicia social afrontan estos cambios como males
necesarios para desarrollar con mayores beneficios la economía de mercado.
Se trata, en cada caso, de cambios sociales que se encuentran en su fase
inicial y que son todavía débiles en muchos aspectos, que están limitados y
atravesados por contradicciones las cuales ponen en evidencia que el
trabajo por superar el pasado de violencia y represión apenas comienza.
Dentro de esa nueva condición que viven las sociedades latinoamericanas se
plantea con singular agudeza el dilema de memoria u olvido, justicia o
perdón. O en otros términos, se presenta la polémica de si es posible
construir la democracia y la paz recordando el pasado, de si no es acaso lo
más conveniente a las nuevas situaciones hacer "borrón y cuenta nueva" de
cara a los desafíos del presente, como condición indispensable para
establecer reglas del juego equilibradas que no susciten nuevos
descontentos y rencillas, o que, como ocurre en Chile y Argentina,
despierten de nuevo las iras de los militares.
Los defensores de esta tesis creen que el consenso político y la democracia
son incompatibles con la memoria, que la memoria de lo acontecido puede
malograr los pasos iniciales en un proceso incipiente de democratización, y
que quienes abogan por no olvidar se convierten en potenciales enemigos de
la construcción de un nuevo orden dentro del acontecer público. Llegan
incluso a la posición absurda de mostrar como incompatibles a la democracia
con los derechos humanos. El consenso, en estas circunstancias, se impone
como amnesia. Nelly Richards, una académica chilena que estuvo hace poco en
Colombia, señalaba, por ejemplo, que el consenso forzado se experimenta en
Chile como una forma de olvido. Al prohibir, de manera tácita, la
controversia sobre el pasado se está obligando a la diversidad de opiniones
y criterios a no ser contradicción bajo el pretexto de la defensa del nuevo
proceso institucional. El consenso forzado es, en estas circunstancias, una
técnica del olvido la cual es complementada por el mercado y la publicidad
que, con su omnipresencia, copan todos los espacios públicos y cotidianos.
De igual modo sucede con el perdón, que se pretende sea considerado como
parte del pacto de reconciliación nacional. Se quiere que los delitos de
lesa humanidad cometidos queden en la impunidad total, y para justificar
esa salida, contraria a todo pricipio de derecho, se esgrime de nuevo el
argumento de buscar a toda costa la viabilidad de la democratización
recientemente emprendida.
Las protestas de amplios sectores de la sociedad, entre quienes se
encuentran los familiares de las víctimas y quienes fueron perseguidos
durante esas décadas y lograron sobrevivir, impiden, no obstante, que la
impunidad y la amnesia se impongan sin mas. Ellos consideran que no puede
haber olvido sin que antes la sociedad haya recordado, y que no puede haber
perdón, cuando aun ni siquiera se ha producido el reconocimiento público de
la responsabilidad de quienes cometieron las atrocidades.
Estos procesos políticos nos están indicando que el momento de pensar el
olvido es posterior a la instauración de la verdad y de la labor de
reconstrucción de la memoria; y que el momento de pensar el perdón es
posterior a la instauración de la justicia y de la sanción social de las
responsabilidades.
4) Las fases de la reparación, sus dificultades y éxitos.
Qué se requiere hacer para que haya justicia, sea posible elaborar el duelo
y se instaure la memoria?. La lucha incansable y terca contra la impunidad
y la amnesia social a lo largo de estos y otros procesos políticos
latinoamericanos ha puesto en evidencia que la búsqueda de la justicia y la
realización del duelo tienen que ser concebidas y ejecutadas como un
proceso de reparación integral que contenga tres componentes, que son
también tres fases: la fase de la verdad, la fase de la justicia y la fase
de la reparación. En qué consisten estos procesos?:
1) La fase de la verdad:
Como ha señalado el Proyecto Nunca mas de las Ong colombianas, comprende
toda la legislación y las acciones en el terreno del derecho a la
información y a la investigación, así como las llamadas comisiones de la
verdad. Durante la fase de la verdad ha de llevarse a cabo un proceso
social de reconstrucción de la memoria, que debe implicar el trabajo en
tres sentidos: "primero, identificar a las víctimas de las violaciones para
recuperar su valor, su dignidad y sus luchas; segundo, asignar
responsabilidades para lograr el reconocimiento público de los abusos
cometidos y el reconocimiento gubernamental de la responsabilidad que
tuvieron los agentes estatales o no estatales; tercero aportar elementos de
información suficiente para explicar el cómo y el por qué de los crímenes
cometidos, para hacer un debate social sincero sobre lo acontecido" (1). De
esta fase hacen parte todas aquellas disposiciones que intenten abrir la
posibilidad de indagar los eventos más importantes para el esclarecimiento
del pasado en la esfera de la violación a los derechos humanos, tales como
la legislación internacional y las leyes nacionales sobre el derecho a la
verdad; la recuperación, apertura y publicación de archivos oficiales en
los que se encuentran documentados estos acontecimientos; la apertura y
publicación de archivos concernientes a estos hechos en otros países y la
obtención de testimonios de los principales protagonistas de estos
acontecimientos durante los períodos de guerra o dictadura. Aquí también
cabe mencionar las comisiones de la verdad, entre las que se destacan: la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en Argentina,
la "Comisión de Verdad y Reconciliación" de Chile y la "Comisión de la
Verdad" de El Salvador.
2) La fase de la justicia:
En la fase de la justicia se busca la penalización judicial de los autores
por acción y omisión en las violaciones a los derechos humanos. La fase de
la justicia es siempre particularmente difícil, pues los responsables de
los crímenes de lesa humanidad se cuidan de garantizar su impunidad al
colocar como condición tácita para la democracia y la reconciliación el
perdón y el olvido de sus delitos. En los países del Cono Sur ésto se
materializó por medio de los decretos de amnistía y las leyes de punto
final, que esgrimen el argumento de la "obediencia debida" como
exculpatorio de cualquier acción judicial. En Centroamérica los militares
han querido hacer que la amnistía figure como parte de los acuerdos no
explícitos del fin de la guerra.
3) La fase de la reparación:
La fase de la reparación debe comprender diversas formas e instrumentos
políticos y cívicos de reparación que van desde la reconstrucción del
tejido social destruido, hasta el homenaje público a través de monumentos,
ritos y conmemoraciones que persiguen despertar la memoria social. En este
campo se encuentran comprendidas la legislación que busca el
restablecimiento de las fuerzas políticas afectadas por la violencia, las
medidas que se han tomado para la reconstrucción de nexos y estamentos
sociales afectados, e igualmente, las acciones desarrolladas por los
movimientos y organizaciones de la sociedad civil que persiguen la
recuperación de la memoria social plasmada en ritos y obras de carácter
simbólico.
Sobre este particular el padre Javier Giraldo, destacado defensor de
derechos humanos en Colombia, ha señalado lo siguiente: "Es claro que la
sanción sola, desligada de acciones de reparación psíquica y social y de
procesos de reconstrucción del tejido social destruido, puede cargar el
acento sobre el aspecto vindicativo de la justicia y promover revanchismos
y retaliaciones. Por ello es tan importante examinar profundamente qué fue
lo que se destruyó, para poder emprender procesos reales de reconstrucción/
reparación. Si examinamos con sinceridad y profundidad esas ruinas que es
necesario reparar, encontraremos allí cosas muy importantes que fueron
destruidas y que tocan profundamente con la democracia: la confianza entre
los miembros de las mismas comunidades; la libertad de palabra y de
consciencia; la dignidad del ser humano y la inviolabilidad de sus derechos
elementales; la viabilidad de la organización de las bases; las
posibilidades de la protesta social; la concepción teórico práctica del
poder público como garante de los derechos fundamentales del ser humano;
las relaciones ciudadanos/Estado. Si todas estas ruinas no se reconstruyen,
la impunidad logrará sus efectos más perversos: condicionar la sociedad del
futuro a la medida de los victimarios."(2).
5) Algunas experiencias de reparación integral en América Latina.
Ilustremos con algunas experiencias cada una de las fases de lo que debe
ser la reparación integral, para mostrar con mayor fundamento por qué son
necesarias en un proceso de solución y transformación política.
- La lucha por la verdad:
Desde hace más de tres décadas las organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos han efectuado un esfuerzo constante por documentar los
hechos de violencia acontecidos en América Latina durante los períodos de
represión. En muchos países del continente se organizaron los bancos de
datos con las estadísticas de los asesinatos, desapariciones y torturas; y
se publicaron los informes Nunca más -voluminosos expedientes que daban
cuenta de los crímenes de lesa humanidad-. Parte de tales documentos es el
libro Terrorismo de Estado en Colombia, publicado en 1992 (Bruselas, 1992),
en el que se demuestra la participación de cientos de agentes de la Fuerza
Pública colombiana en graves violaciones a los derechos humanos. También se
han realizado los denominados Tribunales de opinión sobre la impunidad de
delitos de lesa humanidad en América Latina.
A esos esfuerzos se debe, en gran parte, el fortalecimiento reciente de la
legislación internacional sobre el derecho a la verdad como forma de
construcción de memoria social, y también, el surgimiento de legislaciones
nacionales al respecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha pronunciado en varias
oportunidades en este sentido. Acerca de este asunto la organización
estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch afirma que: "La lucha
por la información ha sido una constante en el continente. Un primer paso
ha sido hacer que los Estados reconozcan que la investigación y la
información es un derecho de la sociedad y un deber del Estado. El Estado
debe identificar todas las fuentes posibles de información sobre estos
hechos y luego, como un primer paso, poner a disposición de los familiares
de las víctimas, la información que obra en expedientes, archivos oficiales
o dossiers que contengan, por ejemplo, listados de víctimas o agentes del
Estado que hayan participado en estos hechos y que permitan su pleno
esclarecimiento."(3).
Fruto de esa actividad constante son, de igual forma, las comisiones de la
verdad que, especialmente en Argentina, Chile y El Salvador, han jugado el
papel de organismos de investigación consagrados a esclarecer el pasado y a
formular recomendaciones con el fin de superar las violaciones a los
derechos humanos y reparar los daños. El trabajo de estas comisiones ha
sido limitado por los escasos recursos y el poco tiempo del que han
dispuesto para entregar sus informes. Su acción, no obstante, ha
contribuido a ampliar el conocimiento sobre los períodos más difíciles para
los derechos humanos.
En Argentina, por ejemplo, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP), de la que hizo parte, entre otros, el escritor Ernesto
Sábato, dio cuenta en su informe final, titulado Nunca Más, "de la
desaparición de 8,960 personas, según denuncias debidamente documentadas y
comprobadas (...) El Informe señala que en Argentina existían 340 centros
clandestinos de detención, dirigidos por altos oficiales de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad. (...) También indica que 'De algunos de los métodos
de tortura empleados en esa guerra interna no se conocían antecedentes en
otras partes del mundo'. La CONADEP descubrió que entre los altos oficiales
de las Fuerzas Armadas y Policiales, se estableció un 'Pacto de Sangre',
que implicaba la participación de todos en las violaciones a los derechos
humanos. A causa de esto, cuando algún miembro de esas fuerzas trataba de
desobedecer un mandato criminal, pronto lo convertían en una víctima más.
También la CONADEP difundió una lista de 1351 represores, entre ellos
diversos médicos, jueces, periodistas, obispos y sacerdotes católicos que
actuaron como Capellanes de los militares y que colaboraron con ellos en la
guerra sucia. 'Tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo
la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje' -concluyó la
Comisión-"(4).
Dentro de este balance de la lucha por la verdad, ocupa un lugar importante
el testimonio de los protagonistas. El "caso Scilingo" en Argentina ha
demostrado que a pesar de todas las formas de encubrimiento empleadas la
verdad sobre el pasado, tarde o temprano, sale a la luz. "El ex-capitán de
la Armada argentina Francisco Scilingo, en declaraciones concedida por
televisión, en marzo de 1995, confirmó que cerca de 2000 presos políticos
de la dictadura fueron asesinados por oficiales de la Marina, que los
arrojaron vivos al mar, después de haber sido drogados. Algunos altos
representantes de la iglesia católica conocían sobre estos hechos, pero en
vez de tratar de impedirlos, apoyaron estos horribles crímenes. Scilingo
afirmó que los sacerdotes católicos se encargaban de 'tranquilizar el
espíritu' de los oficiales que participaban en tales crímenes, pues
regresaban de cada vuelo 'con un fuerte remordimiento de conciencia'."(5).
Esta lucha por la verdad es una paciente labor de construcción de memoria
social que en repetidas oportunidades ha sido boicoteada o censurada. Así
lo prueban los constantes hostigamientos a las organizaciones, los testigos
y los protagonistas de los hechos y, por otra parte, el ataque a la
información misma. En Argentina, a finales de 1997, fueron sustraídos los
discos duros de los ordenadores de la organización "Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas", la cual posee la base
documental más completa sobre la represión ejercida durante la dictadura.
- La lucha por la justicia:
Aunque en el campo de la justicia los resultados han sido limitados la
acción de los grupos de derechos humanos ha logrado producir avances
significativos. Primero fue el caso Letelier en Chile en el cual se logró
la condena a siete años de "prisión efectiva", del Jefe de la policía
secreta de Chile (DINA), Manuel Contreras, por su implicación en el
asesinato del Canciller del Gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier.
Ahora han comenzado un proceso judicial contra Pinochet en España, otros
contra los miembros de la Junta Militar de Argentina en España e Italia, y
otro más en Argentina contra los militares uruguayos que encabezaron la
dictadura en su país. El sólo hecho del establecimiento de estas causas
tiene un significado histórico que, entre otros elementos, radica en que
algunos de los jueces de estos procesos se han mostrado proclives a aceptar
el juzgamiento del delito de Genocidio político.
Por otra parte, ante la ineficiencia del sistema judicial se han comenzado
a ensayar las denominadas formas de sanción alternativa. En Argentina ha
trascendido el "caso Astiz", ésto es, el boicot social que han establecido
la mayoría de los habitantes de la ciudad de Bariloche contra el Ex-Capitán
de la Armada Alfredo Ignacio Astiz, como forma de repudio colectivo por los
crímenes que él cometió durante la dictadura, censura social expresada en
concentraciones populares de repudio, manifestaciones de rechazo a su
presencia por los medios de prensa y un comunicado expedido por parte del
Concejo Municipal declarándole persona no grata. En esta misma dirección,
uno de los acuerdos firmados en El Salvador, dedicado a los mecanismos de
sanción para los violadores de derechos humanos, prevé inhabilitaciones
políticas a las personas involucradas en crímenes de lesa humanidad y del
derecho humanitario por un lapso no menor de diez años.
- Algunas experiencias de reparación (6):
En el campo de la reparación cabe destacar el acuerdo No. 5 firmado en
Guatemala como resultado de las negociaciones entre el Estado y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el cual se refiere a la reparación de
los daños causados a las culturas indígenas en este país. En él se reconoce
la discriminación racial de la que han sido objeto estos pueblos; y se
disponen medidas para el resarcimiento, respeto y fomento de sus derechos
culturales, civiles, políticos, sociales y económicos.
Los familiares y amigos de las víctimas en Chile, por su parte, han
construido un monumento a los desaparecidos en el que cada año se reúnen
cientos de personas, y han conseguido el establecimiento de la Corporación
Nacional de Reparación y Reconciliación de Chile.
En Argentina, gracias a la incansable labor de las madres y abuelas de la
Plaza de Mayo, se logró que el parlamento aprobara las leyes de respeto a
la dignidad de las personas en situación de desaparición forzada. Tales
disposiciones consideran que la ley y las autoridades no pueden dar a las
víctimas de este delito el tratamiento de personas asesinadas o fallecidas,
y en consecuencia, tanto en el lenguaje jurídico como en el caso de
determinadas situaciones legales que competen a sus familiares, tendrán que
ser consideradas bajo la figura de "persona en situación de desaparición
forzada". De igual modo se han comenzado a realizar intentos para buscar la
reparación en el plano de la educación. Un informe reciente de las
organizaciones de derechos humanos argentinas manifesta que: "El parlamento
de la provincia de Buenos Aires decidió que a partir de 1997 y durante la
semana del 24 de marzo de cada año, en los centros de enseñanza locales se
dedique una hora diaria de clase a recordar la génesis y las consecuencias
del golpe de Estado. Una propuesta similar fue planteada por concejales de
la Capital Federal. Y en Buenos Aires, el Concejo Deliberante de la ciudad
resolvió (...) crear un 'Museo de la Memoria Nunca Mas', destinado a
recordar 'los horrores del terrorismo de Estado' y localizado en el predio
de lo que fuera, a fines de los años 70, el campo de concentración 'El
Olimpo'."(7).
6) Conclusiones.
El significado de estos procesos de reparación social se plasma en las
repercusiones sociales que tienen como factores que incentivan realmente la
transición a la democracia y la instauración de la convivencia no violenta,
lo que en otras palabras equivale a decir que propician la creación de
derechos políticos antes inexistentes, o severamente limitados, el
establecimiento del derecho a la justicia y auspcian la reconstrucción del
tejido social lesionado o destruido. Cada uno de estos casos contribuye al
esclarecimiento de la verdad sobre el pasado, al conocimiento público de lo
ocurrido y, en esta medida, al cultivo de la memoria social, en pocas
palabras, aporta a la realización del duelo social que, en su carácter de
proceso ético y cultural colectivo, como lo mostramos al comienzo, es una
condición indispensable para las transformaciones políticas para la
democracia.
Los esfuerzos por la verdad, la justicia y la reparación contribuyen, en
consecuencia, a la pacificación al revelar la historia oculta de la
violencia, y cumplen, además, un papel preventivo pues impiden nuevas
violaciones de derechos humanos al señalar públicamente a responsables de
los delitos.
Estas experiencias nos permiten vislumbrar caminos para salir del estado
permanente de violación a los derechos humanos en nuestro país. Las
reparaciones que han de llevarse a cabo en Colombia tienen, no obstante, su
propia especificidad que debe ser pensada y resuelta contextualmente. En
nuestro caso las dimensiones del conflicto armado, la pluralidad de sus
protagonistas, la historia acumulada de acontecimientos dolorosos y
resentimientos durante su ya larga duración nos indican que las medidas
tendientes a esclarecer la verdad, a instaurar la justicia y a efectuar la
reparación tienen que ser amplias, integrales y no dejar por fuera aspectos
fundamentales que puedan luego permitir un resurgimiento del conflicto. La
presencia del narcotráfico y la delincuencia común, así como esa forma de
terrorismo de Estado que es la "limpieza social" y su política de seguridad
ciudadana, nos remite a pensar en que los procesos de reparación integral
tienen que estar estrechamente ligados a transformaciones socioeconómicas
estructurales.
Es necesario que en la agenda de negociación del conflicto se discutan
asuntos como la creación de mecanismos legales y jurídicos que permitan el
acceso a los archivos oficiales y el pleno acceso a la información, la
constitución de una Comisión de la Verdad, la modificación sustancial del
fuero militar, el cambio radical de la naturaleza y funciones de la Fuerza
Pública, la erradicación definitiva de la doctrina de la Seguridad Interna,
la formulación de mecanismos de penalización efectiva de las violaciones a
los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad, la institución de
formas de reparación integral para las personas en situación de
desplazamiento y para quienes han sido afectados por delitos como la
desaparición forzada, el genocidio y la tortura. Somos una sociedad que no
conoce la memoria histórica de sus acontecimientos más traumáticos, ni la
justicia frente a los crímenes de lesa humanidad, que no ha realizado nunca
el duelo colectivo. A esos vacíos éticos y de justicia debe responder un
proceso que busque la solución auténtica del conflicto armado y la
democratización del país.
NOTAS.
1) Proyecto Nunca más de las Ong colombianas (mimeo).
2) Giraldo M., Javier, "Sociedad civil frente a la impunidad.". KO'AGA
ROÑE'ETA se.iii,v.iii (1996)
http://www.derechos.org/koaga/iii/3/giraldo.html. - Seminario Internacional
"Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos.".
3) Memorial en Derecho Amicus Curiae. Presentado por Human Rights
Watch/Americas (HRW/Americas) y el Centro por la Justicia y el Dereho
Internacional (CEJIL) a la Excma. Cámara Federal en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal. Mignone, Emilio F., s/ presentación en
causa Nro. 761, "Hechos denunciados como ocurridos en el ámbito de la
Escuela Superior de Mecánica de la Armada (E.S.M.A.)". Internet:
http://www.derechos.org/cejil/
4) Cuya, Esteban, "Las Comisiones de la Verdad en América Latina", KO'AGA
ROÑE'ETA se.iii,v.1 (1996) - http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html
5) Op. cit.
6) "El campo de la reparación -señala el padre Javier Giraldo- ha sido
quizás el más relegado. Se supone que es el Estado criminal quien debe
reparar sus crímenes y esto es correcto. Pero la profundidad de los
destrozos es muy grande. Ningún Estado estaría interesado en reconstruir
ruinas cuya permanencia como tales le favorece, en cuanto estructura de
poder. Todavía está poco desarrollada la consciencia de la necesidad de la
memoria histórica y la convicción de que 'la memoria de los sufrimientos es
algo que pertenece al patrimonio cultural de todo pueblo'.". GIRALDO, op.
cit.
7) Equipo Nizkor de Derechos Humanos. Informe del 24 de marzo de 1996 en
Internet: http://www.derechos.org/nizkor/
