Serie III: Impunidad y Verdad

Ko'aga Roñe'eta

Baja


OLVIDO O MEMORIA
EN LAS CONDICIONES DE SOLUCION DE CONFLICTOS POLITICOS.



Por Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortiz
Fundación Manuel Cepeda Vargas







Indice

1) Los costos de la guerra.
2) El duelo nunca realizado.
3) Democracia vs. memoria y derechos humanos?.
4) Las fases de la reparación, sus dificultades y éxitos.
5) Algunas experiencias de reparación integral en América Latina.
6) Conclusiones.

1) Los costos de la guerra.

Las guerras son los acontecimientos más traumáticos en la historia de las sociedades, ellas siempre dejan tras de sí un saldo de destrucción de todo el entorno vital de los seres humanos, de la riqueza acumulada por generaciones enteras mediante su trabajo, su esfuerzo físico e intelectual, del patrimonio cultural, de la riqueza natural y geográfica, y sobre todo, de las vidas humanas que se pierden, las cuales son, cada una de ellas, pequeños universos de experiencia y potencialidad creadora.

Tales afirmaciones son de sentido común, pero ante la actual situación nacional es preciso repetirlas con insistencia. Todos deberíamos saber lo que nos están costando las guerras que estamos padeciendo en Colombia, y nos referimos no sólo a la inmensa destrucción que causa el conflicto armado que enfrenta a la guerrilla con el Estado, sino también a esas otras guerras que se olvidan con frecuencia, a la "guerra sucia" que desde hace décadas se perpetra en forma encubierta por medio del terrorismo de Estado, a la guerra contra los marginados, la mal llamada "limpieza social", o a los estragos que acarrea en el campo la "guerra contra las drogas" que nos ha sido impuesta por los últimos gobiernos de los Estados Unidos. Un buen argumento para abogar por una salida no violenta de los conflictos políticos es, por estas razones, pensar y hacer que se entienda cuáles son los costos de las acciones militares.

Las terribles consecuencias de esta destrucción tienen, sin embargo, un aspecto aun más grave, no tan evidente pero en extremo traumático, pues lesionan el fuero interno de las personas. Hablamos ahora de aquellas secuelas de la guerra que afectan la condición etica del hombre, su sentido de dignidad y su derecho a la justicia. Los conflictos bélicos traen consigo, en efecto, la muerte, el dolor de la pérdida de los seres queridos y admirados, el odio por quienes causaron su desaparición física, la necesidad imperativa de hallar justicia, de vencer la impunidad de los crímenes cometidos, y de llevar a cabo la reparación ante el daño que se ha ocasionado a las víctimas, y que se le ha causado a la sociedad en su conjunto. O dicho de otra forma, ante el trauma histórico que acarrean las guerras los individuos y las comunidades experimentan la necesidad moral insoslayable de efectuar la labor de duelo, aquel trabajo curativo que persigue transformar el dolor de la muerte en justicia, asignar las responsabilidades y penas necesarias a quienes de manera directa o indirecta han causado los daños, crear las obras que prolonguen en el tiempo la existencia de los caídos, hacer los actos de reparación de la riqueza material y espiritual que ha sido vulnerada por la violencia, iniciar los procesos políticos que instauren un nuevo orden más democrático, y en fin, emprender el trabajo que persigue transformar la estela de muerte en un nuevo comienzo marcado por la vida y la justicia. De este horizonte ético es parte indispensable el problema de la memoria o el olvido de los hechos del pasado.

2) El duelo nunca realizado.

La dificultad que supone esta consecuencia última de la guerra consiste en que sin la realización del duelo es muy posible, y casi seguro, que se presente el retorno de lo reprimido, ésto es, de nuevo el estallido de agresividad reforzado esta vez por los odios no sublimados, y por lo tanto, acumulados del pasado.

Freud, al formular los principios de su teoría psicoanalítica, señalaba que la fuente principal de los desajustes de la psiquis, y de toda neurosis en general, es la represión que hace el individuo de los hechos traumáticos cuando remite al inconsciente todos aquellos episodio que lo afectan sensiblemente y le causan intenso dolor. El reprimir lo traumático mediante el olvido forzado no significa su desaparición, y es más bien su ocultamiento momentáneo de la luz de la conciencia y su refugio en las profundidades de lo inconsciente, o lo que Jung, otro gran psicoanalista y discípulo de Freud, llama "la sombra". Cuando lo reprimido retorna, cuando el olvido forzado se debilita, el trauma no superado regresa con fuerza y produce la crisis que desenvoca en la enfermedad. La incapacidad de duelo es por eso fuente de patología.

Lo dicho puede afirmarse también sobre las sociedades. Si éstas no producen experiencias comunes de transformación creativa de sus acontecimientos traumáticos, si éstas no son capaces de superar sus conflictos armados a través de elaboraciones del duelo, y por el contrario, guardan estos hechos en el inconsciente colectivo -como lo definía Jung-, si no producen catarsis compartidas que restituyan lo destruido y que fijen con claridad en la conciencia las responsabilidades del caso es inevitable que lo reprimido por la amnesia colectiva retorne, y que la violencia y la destrucción continúen sin detenerse a lo largo del tiempo en ciclos endémicamente repetitivos.

De ello sabemos no sólo por las consideraciones teóricas que hacen el psicoanálisis y la ciencia sino por la experiencia vivida, por las lecciones que nos muestra nuestra propia historia nacional. A lo largo del Holocausto que hemos afrontado en Colombia es una constante la ausencia de procesos catárticos y reparadores que hayan intentado superar la violencia de las múltiples guerras que han tenido lugar en nuestro territorio. El manto del olvido, la impunidad y el silencio se ha cernido siempre indefectiblemente sobre los episodios más cruentos de esta historia y sobre sus consecuencias funestas debido, por lo regular, a que quienes han vencido en estas guerras han hecho prevalecer su versión de lo sucedido y su modelo de sociedad. En esa circunstancia, en el duelo nunca efectuado, se encuentra, seguramente, uno de los factores más favorables para la prolongación indefinida de la violencia en nuestras condiciones. Y en la última década este vacío de conciencia y de sensibilidad, este vacío valorativo, se ha hecho particularmente notorio: destruyen y aniquilan el poder judicial, desaparecen a más de un centenar de personas en el que se ha denominado el Holocausto del Palacio de Justicia y la misma noche de la tragedia se continua celebrando en Cartagena, sin variaciones en el programa, el Reinado Nacional de la Belleza; asesinan al líder democrático liberal Luis Carlos Galán y esa misma noche, sin alteraciones, se juega el partido de fútbol correspondiente del calendario del Campeonato Nacional; asesinan al futbolista Andrés Escobar y la práctica de este deporte continua sin cambios, sin ningún signo visible que recuerde este hecho monstruoso; en una palabra, ocurren los episodios cruentos de esta guerra política y social sin que la rutina cotidiana y sus actos se transforme, sin que se produzca siquiera la más leve modificación. Sabemos que el deporte y la diversión son componentes indispensables de la multiplicidad de aspectos que conforman lo humano, pero cuando estos elementos son conjugados indiscriminadamente con la tragedia y los horrores de la guerra juegan un papel trivializador, sirven de aislante emocional que impide la realización del duelo. Una de las lecciones que nos ha dejado la historia, en consecuencia, es que el olvido no puede ser falso ni forzado como un acto contrario a la voluntad de la sociedad, porque de lo contrario el trauma volverá inexorablemente.

3) Democracia vs. memoria y derechos humanos?.

Queremos que acabe la guerra y que sus horrores no vuelvan a repetirse jamás. Pero este propósito, este anhelo que compartimos mayoritariamente en el país, no puede ser simplemente un deseo abstraído de esas duras lecciones que nos ha dejado la historia. La confrontación militar no terminará en Colombia hasta que no se produzcan cambios reales, tangibles y verificables que transformen estructural y esencialmente nuestra configuración social.

Sin que se abra la posibilidad cierta de que exista el legítimo derecho a la oposición, sin que nuestro sistema político deje de ser el pacto eterno cuya única finalidad es el enriquecimiento corrupto, sin que en Colombia deje de ser asesinado todo aquel que protesta o disiente no será viable ningún proyecto de convivencia no violenta. Sin que se produzcan transformaciones económicas sustanciales que hagan más equitativa la repartición de la riqueza y la distribución social de las pérdidas y los costos la paz no es viable. Sin que la justicia funcione, la educación y la salud sean para todos y de alta calidad la paz seguirá siendo una quimera. De este orden de transformaciones depende que el conflicto social no retorne en sus formas más violentas. Y dentro de ese núcleo esencial de grandes cambios que requiere nuestra nación se encuentra la mencionada necesidad de duelo social y de justicia.

La reflexión sobre memoria y reparación debe ser una preocupación permanente, objeto de acciones continuas dentro de la vida social, pero cuando esa acción y ese pensamiento se inscriben dentro de los grandes temas de una agenda de la solución política del conflicto armado en Colombia adquieren, como vemos, una importancia especial.

En qué contexto, entonces, ha de pensarse este difícil problema para encontrar referentes que nos iluminen sobre cómo llevar a cabo esta gran transformación de la sensibilidad y del sentido de justicia en el país?. Un camino posible es mirar el contexto actual de América Latina y captar los cambios que en él se están produciendo. Algunos países del continente han emprendido, hace poco, procesos de renovación política. En El Salvador y Guatemala, luego de años de negociación, se han firmado acuerdos para finalizar las hostilidades armadas e intentar la convivencia como fruto de transformaciones políticas y socioeconómicas. En los países del Cono Sur, especialmente en Chile, Uruguay y Argentina, tras décadas de dictadura militar se busca ahora hacer la transición a sistemas democráticos. Sería ingenuo pensar que en tales situaciones se ha alcanzado la paz y la democracia, ya que muchos de los sujetos de tales procesos más que la reconciliación o la justicia social afrontan estos cambios como males necesarios para desarrollar con mayores beneficios la economía de mercado. Se trata, en cada caso, de cambios sociales que se encuentran en su fase inicial y que son todavía débiles en muchos aspectos, que están limitados y atravesados por contradicciones las cuales ponen en evidencia que el trabajo por superar el pasado de violencia y represión apenas comienza.

Dentro de esa nueva condición que viven las sociedades latinoamericanas se plantea con singular agudeza el dilema de memoria u olvido, justicia o perdón. O en otros términos, se presenta la polémica de si es posible construir la democracia y la paz recordando el pasado, de si no es acaso lo más conveniente a las nuevas situaciones hacer "borrón y cuenta nueva" de cara a los desafíos del presente, como condición indispensable para establecer reglas del juego equilibradas que no susciten nuevos descontentos y rencillas, o que, como ocurre en Chile y Argentina, despierten de nuevo las iras de los militares.

Los defensores de esta tesis creen que el consenso político y la democracia son incompatibles con la memoria, que la memoria de lo acontecido puede malograr los pasos iniciales en un proceso incipiente de democratización, y que quienes abogan por no olvidar se convierten en potenciales enemigos de la construcción de un nuevo orden dentro del acontecer público. Llegan incluso a la posición absurda de mostrar como incompatibles a la democracia con los derechos humanos. El consenso, en estas circunstancias, se impone como amnesia. Nelly Richards, una académica chilena que estuvo hace poco en Colombia, señalaba, por ejemplo, que el consenso forzado se experimenta en Chile como una forma de olvido. Al prohibir, de manera tácita, la controversia sobre el pasado se está obligando a la diversidad de opiniones y criterios a no ser contradicción bajo el pretexto de la defensa del nuevo proceso institucional. El consenso forzado es, en estas circunstancias, una técnica del olvido la cual es complementada por el mercado y la publicidad que, con su omnipresencia, copan todos los espacios públicos y cotidianos. De igual modo sucede con el perdón, que se pretende sea considerado como parte del pacto de reconciliación nacional. Se quiere que los delitos de lesa humanidad cometidos queden en la impunidad total, y para justificar esa salida, contraria a todo pricipio de derecho, se esgrime de nuevo el argumento de buscar a toda costa la viabilidad de la democratización recientemente emprendida.

Las protestas de amplios sectores de la sociedad, entre quienes se encuentran los familiares de las víctimas y quienes fueron perseguidos durante esas décadas y lograron sobrevivir, impiden, no obstante, que la impunidad y la amnesia se impongan sin mas. Ellos consideran que no puede haber olvido sin que antes la sociedad haya recordado, y que no puede haber perdón, cuando aun ni siquiera se ha producido el reconocimiento público de la responsabilidad de quienes cometieron las atrocidades.

Estos procesos políticos nos están indicando que el momento de pensar el olvido es posterior a la instauración de la verdad y de la labor de reconstrucción de la memoria; y que el momento de pensar el perdón es posterior a la instauración de la justicia y de la sanción social de las responsabilidades.

4) Las fases de la reparación, sus dificultades y éxitos.

Qué se requiere hacer para que haya justicia, sea posible elaborar el duelo y se instaure la memoria?. La lucha incansable y terca contra la impunidad y la amnesia social a lo largo de estos y otros procesos políticos latinoamericanos ha puesto en evidencia que la búsqueda de la justicia y la realización del duelo tienen que ser concebidas y ejecutadas como un proceso de reparación integral que contenga tres componentes, que son también tres fases: la fase de la verdad, la fase de la justicia y la fase de la reparación. En qué consisten estos procesos?:

1) La fase de la verdad:

Como ha señalado el Proyecto Nunca mas de las Ong colombianas, comprende toda la legislación y las acciones en el terreno del derecho a la información y a la investigación, así como las llamadas comisiones de la verdad. Durante la fase de la verdad ha de llevarse a cabo un proceso social de reconstrucción de la memoria, que debe implicar el trabajo en tres sentidos: "primero, identificar a las víctimas de las violaciones para recuperar su valor, su dignidad y sus luchas; segundo, asignar responsabilidades para lograr el reconocimiento público de los abusos cometidos y el reconocimiento gubernamental de la responsabilidad que tuvieron los agentes estatales o no estatales; tercero aportar elementos de información suficiente para explicar el cómo y el por qué de los crímenes cometidos, para hacer un debate social sincero sobre lo acontecido" (1). De esta fase hacen parte todas aquellas disposiciones que intenten abrir la posibilidad de indagar los eventos más importantes para el esclarecimiento del pasado en la esfera de la violación a los derechos humanos, tales como la legislación internacional y las leyes nacionales sobre el derecho a la verdad; la recuperación, apertura y publicación de archivos oficiales en los que se encuentran documentados estos acontecimientos; la apertura y publicación de archivos concernientes a estos hechos en otros países y la obtención de testimonios de los principales protagonistas de estos acontecimientos durante los períodos de guerra o dictadura. Aquí también cabe mencionar las comisiones de la verdad, entre las que se destacan: la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en Argentina, la "Comisión de Verdad y Reconciliación" de Chile y la "Comisión de la Verdad" de El Salvador.

2) La fase de la justicia:

En la fase de la justicia se busca la penalización judicial de los autores por acción y omisión en las violaciones a los derechos humanos. La fase de la justicia es siempre particularmente difícil, pues los responsables de los crímenes de lesa humanidad se cuidan de garantizar su impunidad al colocar como condición tácita para la democracia y la reconciliación el perdón y el olvido de sus delitos. En los países del Cono Sur ésto se materializó por medio de los decretos de amnistía y las leyes de punto final, que esgrimen el argumento de la "obediencia debida" como exculpatorio de cualquier acción judicial. En Centroamérica los militares han querido hacer que la amnistía figure como parte de los acuerdos no explícitos del fin de la guerra.

3) La fase de la reparación:

La fase de la reparación debe comprender diversas formas e instrumentos políticos y cívicos de reparación que van desde la reconstrucción del tejido social destruido, hasta el homenaje público a través de monumentos, ritos y conmemoraciones que persiguen despertar la memoria social. En este campo se encuentran comprendidas la legislación que busca el restablecimiento de las fuerzas políticas afectadas por la violencia, las medidas que se han tomado para la reconstrucción de nexos y estamentos sociales afectados, e igualmente, las acciones desarrolladas por los movimientos y organizaciones de la sociedad civil que persiguen la recuperación de la memoria social plasmada en ritos y obras de carácter simbólico.

Sobre este particular el padre Javier Giraldo, destacado defensor de derechos humanos en Colombia, ha señalado lo siguiente: "Es claro que la sanción sola, desligada de acciones de reparación psíquica y social y de procesos de reconstrucción del tejido social destruido, puede cargar el acento sobre el aspecto vindicativo de la justicia y promover revanchismos y retaliaciones. Por ello es tan importante examinar profundamente qué fue lo que se destruyó, para poder emprender procesos reales de reconstrucción/ reparación. Si examinamos con sinceridad y profundidad esas ruinas que es necesario reparar, encontraremos allí cosas muy importantes que fueron destruidas y que tocan profundamente con la democracia: la confianza entre los miembros de las mismas comunidades; la libertad de palabra y de consciencia; la dignidad del ser humano y la inviolabilidad de sus derechos elementales; la viabilidad de la organización de las bases; las posibilidades de la protesta social; la concepción teórico práctica del poder público como garante de los derechos fundamentales del ser humano; las relaciones ciudadanos/Estado. Si todas estas ruinas no se reconstruyen, la impunidad logrará sus efectos más perversos: condicionar la sociedad del futuro a la medida de los victimarios."(2).

5) Algunas experiencias de reparación integral en América Latina.

Ilustremos con algunas experiencias cada una de las fases de lo que debe ser la reparación integral, para mostrar con mayor fundamento por qué son necesarias en un proceso de solución y transformación política.

- La lucha por la verdad:

Desde hace más de tres décadas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han efectuado un esfuerzo constante por documentar los hechos de violencia acontecidos en América Latina durante los períodos de represión. En muchos países del continente se organizaron los bancos de datos con las estadísticas de los asesinatos, desapariciones y torturas; y se publicaron los informes Nunca más -voluminosos expedientes que daban cuenta de los crímenes de lesa humanidad-. Parte de tales documentos es el libro Terrorismo de Estado en Colombia, publicado en 1992 (Bruselas, 1992), en el que se demuestra la participación de cientos de agentes de la Fuerza Pública colombiana en graves violaciones a los derechos humanos. También se han realizado los denominados Tribunales de opinión sobre la impunidad de delitos de lesa humanidad en América Latina.

A esos esfuerzos se debe, en gran parte, el fortalecimiento reciente de la legislación internacional sobre el derecho a la verdad como forma de construcción de memoria social, y también, el surgimiento de legislaciones nacionales al respecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha pronunciado en varias oportunidades en este sentido. Acerca de este asunto la organización estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch afirma que: "La lucha por la información ha sido una constante en el continente. Un primer paso ha sido hacer que los Estados reconozcan que la investigación y la información es un derecho de la sociedad y un deber del Estado. El Estado debe identificar todas las fuentes posibles de información sobre estos hechos y luego, como un primer paso, poner a disposición de los familiares de las víctimas, la información que obra en expedientes, archivos oficiales o dossiers que contengan, por ejemplo, listados de víctimas o agentes del Estado que hayan participado en estos hechos y que permitan su pleno esclarecimiento."(3).

Fruto de esa actividad constante son, de igual forma, las comisiones de la verdad que, especialmente en Argentina, Chile y El Salvador, han jugado el papel de organismos de investigación consagrados a esclarecer el pasado y a formular recomendaciones con el fin de superar las violaciones a los derechos humanos y reparar los daños. El trabajo de estas comisiones ha sido limitado por los escasos recursos y el poco tiempo del que han dispuesto para entregar sus informes. Su acción, no obstante, ha contribuido a ampliar el conocimiento sobre los períodos más difíciles para los derechos humanos.

En Argentina, por ejemplo, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), de la que hizo parte, entre otros, el escritor Ernesto Sábato, dio cuenta en su informe final, titulado Nunca Más, "de la desaparición de 8,960 personas, según denuncias debidamente documentadas y comprobadas (...) El Informe señala que en Argentina existían 340 centros clandestinos de detención, dirigidos por altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. (...) También indica que 'De algunos de los métodos de tortura empleados en esa guerra interna no se conocían antecedentes en otras partes del mundo'. La CONADEP descubrió que entre los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales, se estableció un 'Pacto de Sangre', que implicaba la participación de todos en las violaciones a los derechos humanos. A causa de esto, cuando algún miembro de esas fuerzas trataba de desobedecer un mandato criminal, pronto lo convertían en una víctima más.

También la CONADEP difundió una lista de 1351 represores, entre ellos diversos médicos, jueces, periodistas, obispos y sacerdotes católicos que actuaron como Capellanes de los militares y que colaboraron con ellos en la guerra sucia. 'Tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje' -concluyó la Comisión-"(4).

Dentro de este balance de la lucha por la verdad, ocupa un lugar importante el testimonio de los protagonistas. El "caso Scilingo" en Argentina ha demostrado que a pesar de todas las formas de encubrimiento empleadas la verdad sobre el pasado, tarde o temprano, sale a la luz. "El ex-capitán de la Armada argentina Francisco Scilingo, en declaraciones concedida por televisión, en marzo de 1995, confirmó que cerca de 2000 presos políticos de la dictadura fueron asesinados por oficiales de la Marina, que los arrojaron vivos al mar, después de haber sido drogados. Algunos altos representantes de la iglesia católica conocían sobre estos hechos, pero en vez de tratar de impedirlos, apoyaron estos horribles crímenes. Scilingo afirmó que los sacerdotes católicos se encargaban de 'tranquilizar el espíritu' de los oficiales que participaban en tales crímenes, pues regresaban de cada vuelo 'con un fuerte remordimiento de conciencia'."(5).

Esta lucha por la verdad es una paciente labor de construcción de memoria social que en repetidas oportunidades ha sido boicoteada o censurada. Así lo prueban los constantes hostigamientos a las organizaciones, los testigos y los protagonistas de los hechos y, por otra parte, el ataque a la información misma. En Argentina, a finales de 1997, fueron sustraídos los discos duros de los ordenadores de la organización "Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas", la cual posee la base documental más completa sobre la represión ejercida durante la dictadura.

- La lucha por la justicia:

Aunque en el campo de la justicia los resultados han sido limitados la acción de los grupos de derechos humanos ha logrado producir avances significativos. Primero fue el caso Letelier en Chile en el cual se logró la condena a siete años de "prisión efectiva", del Jefe de la policía secreta de Chile (DINA), Manuel Contreras, por su implicación en el asesinato del Canciller del Gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier. Ahora han comenzado un proceso judicial contra Pinochet en España, otros contra los miembros de la Junta Militar de Argentina en España e Italia, y otro más en Argentina contra los militares uruguayos que encabezaron la dictadura en su país. El sólo hecho del establecimiento de estas causas tiene un significado histórico que, entre otros elementos, radica en que algunos de los jueces de estos procesos se han mostrado proclives a aceptar el juzgamiento del delito de Genocidio político.

Por otra parte, ante la ineficiencia del sistema judicial se han comenzado a ensayar las denominadas formas de sanción alternativa. En Argentina ha trascendido el "caso Astiz", ésto es, el boicot social que han establecido la mayoría de los habitantes de la ciudad de Bariloche contra el Ex-Capitán de la Armada Alfredo Ignacio Astiz, como forma de repudio colectivo por los crímenes que él cometió durante la dictadura, censura social expresada en concentraciones populares de repudio, manifestaciones de rechazo a su presencia por los medios de prensa y un comunicado expedido por parte del Concejo Municipal declarándole persona no grata. En esta misma dirección, uno de los acuerdos firmados en El Salvador, dedicado a los mecanismos de sanción para los violadores de derechos humanos, prevé inhabilitaciones políticas a las personas involucradas en crímenes de lesa humanidad y del derecho humanitario por un lapso no menor de diez años.

- Algunas experiencias de reparación (6):

En el campo de la reparación cabe destacar el acuerdo No. 5 firmado en Guatemala como resultado de las negociaciones entre el Estado y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el cual se refiere a la reparación de los daños causados a las culturas indígenas en este país. En él se reconoce la discriminación racial de la que han sido objeto estos pueblos; y se disponen medidas para el resarcimiento, respeto y fomento de sus derechos culturales, civiles, políticos, sociales y económicos.

Los familiares y amigos de las víctimas en Chile, por su parte, han construido un monumento a los desaparecidos en el que cada año se reúnen cientos de personas, y han conseguido el establecimiento de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de Chile.

En Argentina, gracias a la incansable labor de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, se logró que el parlamento aprobara las leyes de respeto a la dignidad de las personas en situación de desaparición forzada. Tales disposiciones consideran que la ley y las autoridades no pueden dar a las víctimas de este delito el tratamiento de personas asesinadas o fallecidas, y en consecuencia, tanto en el lenguaje jurídico como en el caso de determinadas situaciones legales que competen a sus familiares, tendrán que ser consideradas bajo la figura de "persona en situación de desaparición forzada". De igual modo se han comenzado a realizar intentos para buscar la reparación en el plano de la educación. Un informe reciente de las organizaciones de derechos humanos argentinas manifesta que: "El parlamento de la provincia de Buenos Aires decidió que a partir de 1997 y durante la semana del 24 de marzo de cada año, en los centros de enseñanza locales se dedique una hora diaria de clase a recordar la génesis y las consecuencias del golpe de Estado. Una propuesta similar fue planteada por concejales de la Capital Federal. Y en Buenos Aires, el Concejo Deliberante de la ciudad resolvió (...) crear un 'Museo de la Memoria Nunca Mas', destinado a recordar 'los horrores del terrorismo de Estado' y localizado en el predio de lo que fuera, a fines de los años 70, el campo de concentración 'El Olimpo'."(7).

6) Conclusiones.

El significado de estos procesos de reparación social se plasma en las repercusiones sociales que tienen como factores que incentivan realmente la transición a la democracia y la instauración de la convivencia no violenta, lo que en otras palabras equivale a decir que propician la creación de derechos políticos antes inexistentes, o severamente limitados, el establecimiento del derecho a la justicia y auspcian la reconstrucción del tejido social lesionado o destruido. Cada uno de estos casos contribuye al esclarecimiento de la verdad sobre el pasado, al conocimiento público de lo ocurrido y, en esta medida, al cultivo de la memoria social, en pocas palabras, aporta a la realización del duelo social que, en su carácter de proceso ético y cultural colectivo, como lo mostramos al comienzo, es una condición indispensable para las transformaciones políticas para la democracia.

Los esfuerzos por la verdad, la justicia y la reparación contribuyen, en consecuencia, a la pacificación al revelar la historia oculta de la violencia, y cumplen, además, un papel preventivo pues impiden nuevas violaciones de derechos humanos al señalar públicamente a responsables de los delitos.

Estas experiencias nos permiten vislumbrar caminos para salir del estado permanente de violación a los derechos humanos en nuestro país. Las reparaciones que han de llevarse a cabo en Colombia tienen, no obstante, su propia especificidad que debe ser pensada y resuelta contextualmente. En nuestro caso las dimensiones del conflicto armado, la pluralidad de sus protagonistas, la historia acumulada de acontecimientos dolorosos y resentimientos durante su ya larga duración nos indican que las medidas tendientes a esclarecer la verdad, a instaurar la justicia y a efectuar la reparación tienen que ser amplias, integrales y no dejar por fuera aspectos fundamentales que puedan luego permitir un resurgimiento del conflicto. La presencia del narcotráfico y la delincuencia común, así como esa forma de terrorismo de Estado que es la "limpieza social" y su política de seguridad ciudadana, nos remite a pensar en que los procesos de reparación integral tienen que estar estrechamente ligados a transformaciones socioeconómicas estructurales.

Es necesario que en la agenda de negociación del conflicto se discutan asuntos como la creación de mecanismos legales y jurídicos que permitan el acceso a los archivos oficiales y el pleno acceso a la información, la constitución de una Comisión de la Verdad, la modificación sustancial del fuero militar, el cambio radical de la naturaleza y funciones de la Fuerza Pública, la erradicación definitiva de la doctrina de la Seguridad Interna, la formulación de mecanismos de penalización efectiva de las violaciones a los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad, la institución de formas de reparación integral para las personas en situación de desplazamiento y para quienes han sido afectados por delitos como la desaparición forzada, el genocidio y la tortura. Somos una sociedad que no conoce la memoria histórica de sus acontecimientos más traumáticos, ni la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad, que no ha realizado nunca el duelo colectivo. A esos vacíos éticos y de justicia debe responder un proceso que busque la solución auténtica del conflicto armado y la democratización del país.


NOTAS.

1) Proyecto Nunca más de las Ong colombianas (mimeo).
2) Giraldo M., Javier, "Sociedad civil frente a la impunidad.". KO'AGA ROÑE'ETA se.iii,v.iii (1996) http://www.derechos.org/koaga/iii/3/giraldo.html. - Seminario Internacional "Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos.".
3) Memorial en Derecho Amicus Curiae. Presentado por Human Rights Watch/Americas (HRW/Americas) y el Centro por la Justicia y el Dereho Internacional (CEJIL) a la Excma. Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Mignone, Emilio F., s/ presentación en causa Nro. 761, "Hechos denunciados como ocurridos en el ámbito de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (E.S.M.A.)". Internet: http://www.derechos.org/cejil/
4) Cuya, Esteban, "Las Comisiones de la Verdad en América Latina", KO'AGA ROÑE'ETA se.iii,v.1 (1996) - http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html
5) Op. cit.
6) "El campo de la reparación -señala el padre Javier Giraldo- ha sido quizás el más relegado. Se supone que es el Estado criminal quien debe reparar sus crímenes y esto es correcto. Pero la profundidad de los destrozos es muy grande. Ningún Estado estaría interesado en reconstruir ruinas cuya permanencia como tales le favorece, en cuanto estructura de poder. Todavía está poco desarrollada la consciencia de la necesidad de la memoria histórica y la convicción de que 'la memoria de los sufrimientos es algo que pertenece al patrimonio cultural de todo pueblo'.". GIRALDO, op. cit.
7) Equipo Nizkor de Derechos Humanos. Informe del 24 de marzo de 1996 en Internet: http://www.derechos.org/nizkor/




Citar como: Cepeda Castro, Iván y Girón Ortiz, Claudia Olivido O Memoria en las Condiciones de Solución de Conflictos Internos KO'AGA ROÑE'ETA se.iii (1997) - http://www.derechos.org/koaga/iii/cepeda.html

Impunidad y Verdad
Ko'aga Roñe'eta, Serie III


Otros Documentos
La Impunidad
Derechos Humanos en Colombia

<-- Sobre Ko'aga | Indice General | Encuentra | Conexiones | Contáctanos -->