Paz, bienestar social, reforma agraria y soberanía nacional
Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos.
IX Foro Nacional por los Derechos Humanos
Celebrado en Bogotá los días 8, 9 y 10 de junio de 2000
Una obra nacional para el campesino.
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Alfredo Vázquez Carrizosa
Presidente del Comité Permanente por la Defensa de
los Derechos Humanos.
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Esta Ponencia que someto al IX Foro Nacional Por los Derechos Humanos presenta el esquema de una obra
colombiana - la supresión en las inmensas tierras abandonadas en Amazonas, Arauca, Caquetà Casanare,
Guainìa, Guaviare, Urabà, Vaupès y Vichada - para establecer la agricultura de cosechas alimenticias en
lotes de
tierras dedicadas hoy a la coca y la amapola con destino a la venta a altos precios de las drogas ilìcitas en el
extranjero.
El peligro de convertir a Colombia en tierra fértil para la producción de drogas ilícitas es ya una
realidad. Los
Estados Unidos que son la primera potencia militar en el mundo se encuentran atormentados con la importación
cada día más grande de cocaína y heroína despachadas desde Colombia.
Es toda la explicación para sustentar en el Congreso de esa nación el Plan Colombia. Ello se proyecta con
helicópteros construidos hace treinta años más fusiles y ametralladoras de la segunda guerra mundial con
los
cuales se busca eliminar el narcotráfico colombiano. La receta militar de los Estados Unidos significa una guerra
desde el aire con los narcotraficantes colombianos. Las víctimas de esa ofensiva podrían no ser narcotraficantes
sino ciudadanos comunes y corrientes.
Más provechoso es establecer zonas de cultivos alimenticios en las tierras desoladas de Colombia sin
comunicación de ninguna especie con los mercados de frutas y de legumbres en el país, siendo una vergüenza
nacional que en el siglo XXI existan todavía latitudes en semejantes condiciones de olvido de los habitantes que
viven en chozas pajizas sin comunicación con los mercados del interior del país.
Añádase las ventajas de eliminar las zonas de selvas vírgenes que rodean a Colombia. Hay una distancia
de siglos
entre la condición fértil de muchas regiones y balnearios en el interior del país cuando las condiciones
primitivas de
las regiones fronterizas de nuestro país con otras naciones.
El estado Colombiano sería el único propietarios de la tierra en aquellas regiones y los cultivadores
tendrán el
usufructo y beneficios durante un tiempo determinado no pudiendo establecer el mercado de terrenos como ha
sucedido en años anteriores bajo el manto de la Reforma Agraria.
Las ideas democráticas que sugiero en esta ponencia son al propio tiempo una muestra de solidaridad con las ideas
de nuestro tiempo.
Plan nacional de reforma agraria con fines sociales
La Reforma Agraria es una necesidad apremiante de Colombia a fin de proporcionarle al campesino una base de
trabajo y un medio de vida honrada como no existe en la actualidad con los refugios y los trabajadores cesantes.
Deseo ante todo examinar el problema agrario con base en la experiencia adquirida en nuestro país y para ello
dispongo del estudio sobre este problema adelantado por un experto en la materia el señor Luis Alberto Matta
Aldana quien me ha suministrado un vasto informe sobre la materia de la cuestión agraria en Colombia, cundo se
intenta examinar una propuesta de paz.
Historia de las Leyes de Reforma Agraria en Colombia
El experto agrario, señor Luis Alberto Matta Aldana introduce en su estudio la historia de estas leyes colombianas
de Reforma Agraria y dice lo siguiente:
La intervención del Estado colombiano en aras de resolver los problemas sociales de la población rural y las
alarmantes inequidades de la cuestión agraria ha sido muy pecaria, además, ha sido política y
económicamente
equivocada. Los sucesivos gobiernos y en general las élites del país no hicieron lo posible por transformar en
forma
democrática y civilizada las estructuras agrarias, de una nación en principio predominantemente rural.
Las políticas desarrolladas para mejorar la situación, han contribuido a la descampesinización
descontrolada de las
áreas rurales, a la ganaderización intensiva que conlleva lastres de empobrecimiento e inproductividad en el
campo,
y a la concentración de tierra en pocas manos con fines especulativos tal y como sucede con el narcotráfico
terrateniente.
La no resolución de los problemas agrarios, la ausencia de un programa de desarrollo acorde a la realidad social y
cultural del país, el manejo partidista y gamonal de los asuntos rurales y la inestabilidad política, han
traído graves
consecuencias económicas y culturales para el país; la grave polarización de los conflictos rurales
está íntimamente
ligada con la génesis del conflicto social y armado , y en general a la crisis que vive nación.
Ley 200 de 1.936, antecedentes y aplicación.
A medida que avanza la modesta industrialización del país adelantada en las primeras décadas del siglo
XX, crecen
los sectores obreros tanto en las manofacturas como en la agroindustria del banano y la explotación petrolera; ello
conlleva a que el nivel de salarios y las garantías sociales aumenten considerablemente gracias a la presión y
lucha
de los trabajadores.
Esta situación coincide con el malestar que vive en ese momento la población rural, que pese a ser
mayoritaria (se
aproxima al 70% del total de habitantes del país), vive aún sometida alas relaciones precapitalistasy
señoriales del
modelo hacendatario que predomina desde la época colonial. Esto origina importantes movilizaciones campesinas
en rechazo de los grandes latifundios inexplotados y contra las formas de relación y dependencia feudal que le son
aplicadas a los labriegos.
El campesino exige la adjudicación de los terrenos donde trabajan y la extinción de dominio sobre los predios
inexplotados; piden la implementación de un programa democrático de reforma agraria y en forma simultánea
inician
una serie de ocupaciones e invasiones a fincas inactivas.
El gobierno del presidente liberal Alfonso López Pumarejo se ve presionado a buscar una solución inmediata
que
apague los ánonimos de protesta social en los campos colombianos. Para tal efecto el Congreso de la República
decreta el 30 de diciembre de 1.936 la Ley 200 cuya finalidad es establecer un régimen adecuado de tenencia y
explotación de tierras en el país.
"Es conocida la importancia de la ley 200 de 1.936 como el primer intento serio de realizar una reforma agraria. Fue
el resultado de una concertación con el movimiento campesino en auge y , y de hecho, en ella se plasman
elementos de trascendencia para el sector agropecuario, como la creación de la jurisdicción agraria con la
existencia de jueces especializados en dirimir conflictos de tierras, y la introducción de la figura de la
Extinción de
Dominio o pérdida de la propiedad como resultado del incumplimiento de su función social, cuando el propietario
deja sin explotación económica la tierra durante un lapso determinado. A pesar de la insuficiente
aplicación de esta
ley, debido a diferentes fuerzas que en su momento mantenian intacto su poder, la ley 200 de 1.936 créo las bases
del concepto de Reforma Agraria en Colombia contemporanea".
Aún en nuestros días se sigue considerando la ley 200, como la norma más progresista impulsada por
gobierno
alguno durante el siglo XX en Colombia. Coinciden los analistas en señalar que esta ley fue el producto de la lucha
campesina de colonos e indígenas que se tomaron grandes extensiones de tierras baldías de la nación,
invadieron
centenares de haciendas, fincas y predios inactivos, y rompieron abruptamente con la hegemonía señorial del
poder
hacendatario, al negarse a pagar tributos y obligaciones.
Se agrega reiteradamente, inclusive por parte del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas de
Colombia para la Acción Rural, que la ley 200 de 1.936 fue el intento más avanzado que se haya puesto en marcha
con el propósito de corregir la feudal y arbitraria estructura rural del país y fue un instrumento orientado a
acortar las
enormes inequidades existentes en el campo, sentado de paso las bases y el concepto de reforma agraria en un
sentido progresista.
Ley 100 de 1.994, un retroceso histórico para la modernización del campo
Los terratenientes a disgusto con la ley 200, combinaron acciones legales e legales para detener los tibios avances
que en materia de modernización del campo había facilitado esta norma. El Congreso conformado mayoritariamente
por latifundistas conservadores, retomó la aparceria como alternativa de desarrollo rural en su beneficio, para lo que
impulsó la ley 100 de .994.
Mientras se imponía desde el punto de vista legal un grave retroceso, eran simultáneamente asesinados decenas
de
dirigentes campesinos e indígenas, y se recuperaban a sangre y fuego muchos de los predios que habían sido
asignados a los humildes labriegos.
Ley 135 de 1.961, Decreto 755 de 1.967 y Ley 1ªde 1.967; maquillaje al feudalismo con reformas
marginales.
La legislación colombiana en materia de reforma agraria, ha velado los intereses políticos y la conveniencia
económica del latifundio por mantener privilegios que le favorecen, pese a que signifiquen a la larga un gran
retroceso para la economía del país y a la postre sean el caldo de cultivo para el agravamiento de conflictos
sociales, que finalmente afectan la estabilidad y ganancias de los terratenientes, poniendo en peligro el modelo
político y de gobierno, el programa económico y la estabilidad de la nación.
Los EE.UU. no han sido ajenos a esta evaluación, por lo que en diversos momentos han presionado reformas que
tranquilicen a las masas campesinas, y de paso han considerado que de esa manera conjuran la amenaza
subversiva que se cierne sobre el tranquilo proceso de acumulación capitalista. A ese propósito responde la
llamada
" Alianza para el Progreso". Estrategia gringa que en Colombia se propuso contener el avance guerrillero y la
influencia del Partido Comunista en las zonas campesinas, más aun, con el estimulo que reportaba a la insurgencia
el proceso de los revolucionarios cubanos.
" El primero de enero de 1.959 triunfa la revolución cubana. Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos
y un numeroso grupo de guerrilleros hacen su entrada triunfal en la Habana, derrocando la dictadura de Fulgencio
Batista. Cuba se declara como el primer estado socialista de América. Desatando la ira del imperialismo
norteamericano y la preocupación de las oligarquías latinoamericanas, que ven en la revolución un mal
ejemplo a
raíz de la explosión de simpatías que genera este hecho social y político en el continente,
especialmente en los
sectores campesinos que luchan por la tierra.
Es por ello que en 1.961 se estimulan las expropiaciones a latifundistas cuya tierra estuviera inactiva. Aunque se
aprueba una indemnización por la pérdida de la tierra, lo que en últimas genera un velado mercado de
tierras; esee
mismo año se crea el INCORA como entidad encargada de implementar estas políticas.
En 1.967 se orienta el registro de la población rural, con el propósito inicial de organizar la
interlocución Estado -
campesinos, pero además con la intención de controlarlos mediante una organización estimulada desde el
gobierno,
lo que a la postre determina el surgimiento de la ANUC.
"Inmediatamente después de la explicación del Decreto 755, un comité especial se hizo cargo de la
tarea en el
Ministerio de Agricultura. El equipo incluía abogados, sociólogos y expertos de comunicación, cuyo primer
paso fue
la elaboración de los formularios de registro y el diseño de los carnés que identificarían a los
futuros usuarios".
"Este proceso tenía lugar en medio de una cruzada publicitaria de vastas proporciones, que utilizaba las cadenas
radiales, periódicos, carteles y folletos para diseminar información sobre la iniciativa del gobierno y extender
la
invitación a todos los campesinos. El Ministerio comenzó a preparar el personal estratégico que
cumpliría papeles <
multiplicadores > en la base".
Finalmente los campesinos organizados a través de la ANUC desbordan las expectativas del gobierno y multiplican
sus luchas reivindicativas, por lo que intensifican la toma de tierras y ganan espacios de independencia y autonomía
como organización.
Gracias a la presión popular del campesinado, en 1.968 el gobierno de Lleras Restrepo cede ante las protestas e
impulsa pasos más significativos en relación con la reforma agraria, más allá del simple mercado
de tierras que
había estimulado la ley 135 gracias a las indemnizaciones para terratenientes expropiados; ese es el origen de la ley
1ª de 1.968, la que ese orienta fundamentalmente a variar el delicado tema de las indemnizaciones, implementando,
además, avalúos catastrales ajustados a la ley, y no al capricho mercantil y especulador de los
terratenientes.
Las políticas implementadas en este periodo, más que resolver la cuestión agraria y mejorar el nivel
de vida del
campesinado, tenía como propósito ajustar la economía del sector primario, garantizar la
producciòn alimentaria de
los crecientes centros urbanos y dar los primeros pasos en dirección al desarrollo capitalista del campo, proceso
estancado y marginal por la actitud de los gamonales y su atraso latifundista.
Pastrana y el pacto de Chicoral en enero de 1972; consolidación definitiva de la
contrarreforma agraria al amparo del Estado.
El presidente conservador Misael Pastrana Borrero, último representante del fatídico Frente Nacional,
implementa
una verdadera y definitiva reversión de las políticas agrarias. Lo primero que aplicó este gobierno fue
una dramática
política de choque y contención dirigida hacia la ANUC, por considerarla una fuerza subversiva, su Ministro de
Agricultura, Sr. Jaramillo Ocampo desató una fuerte persecución contra el INCORA.
" Durante la oleada de tomas de tierra en octubre y noviembre, (1.971), el clamor por la contrarreforma agraria
alcanzó proporciones de histerismo. Los editoriales de la prensa conservadora alertaban sobre el peligro del
comunismo agrario agitando pruebas tales como el uso de herramientas de labranza de origen Checoslovaco en las
invasiones y la proyección de películas soviéticas por parte del INCORA para incitar a los
campesinos".
En diciembre del mismo año el Senador Hugo Escobar Sierra denunció lista en mano, las invasiones de tierra
presentadas, explicando la conexión subversiva en esta situación y explicando, según él, las
oscuras manos del
terrorismo internacional y del comunismo, en estas maniobras del campesinado.
Luego de estos anuncios, la banca ministerial de Pastrana convocó a una reunión con las fuerzas
políticas
democráticas (sólo el Partido Liberal ), a los gremios ganaderos, arroceros y bananeros y al latifundio en
general, al
librar la guerra contra la subversión comunista. Esta reunión se llevo a cabo en enero de 1.972 en la
población de
Chicoral en el Tolima.
"Los terminos del Pacto de Chicoral fueron suficientemente claros en su intención de emprender formalmente la
contrareforma agraria., A cambio del pago de impuestos al Estado, fijado de acuerdo a una renta presuntiva cuya
referencia principal sería el avalúo catastral de los predios, los terratenientes recibían amplias
garantías de que se
pondría freno a la redistribución de la tierra y se apoyaría la explotación agrícola en
gran escala.
Se endurecían los criterios para calificar los predios como susceptibles de afectación a los efectos de
la reforma
agraria y para aquellos casos en los que hubiera afectación, se modifican los términos de la ley 135 de 1.961 de
tal
manera que la indemnización debía pagarse teniendo e cuenta el valor comercial, con un alto porcentaje al
contado, se reducía a 5 años el plazo para abandonar los saldos que, además, devengan intereses.
De esta manera se trataba doblemente al INCORA, pues no solamente se reducía el marco posible de su
acción
sino que bastaba con los recortes en el presupuesto para que el INCORA se paralizara casi completamente, como
sucedió efectivamente en los años subsiguientes".
Con este pacto se cerró hasta nuestros días, la corriente semi progresista del Partido Liberal, pues
acudieron a
firmarlo varios sectores que habían acompañado antes las reformas de Lleras Restrepo. La criminalización
de la
lucha campesina se elevó a niveles muy fuertes, mientras se robustecían ampliamente las federaciones que
agrupaban a ganaderos y terratenientes.
Leyes 4ª de 1.973 y 6ª de 1.975. En la segunda mitad del siglo XX reaparece la aparceria.
Pastrana termina su gobierno en materia agraria reafirmando en 1.973 que los predios señalados como latifundios
le convienen al país, en tanto que detienen la amenaza comunista y aumentan la productividad técnica e
industrializada, razón por la cual aumenta considerablemente las líneas de crédito para los empresarios
de agro y
simultáneamente reduce los prestamos a pequeños campesinos tan solo para áreas de tecnificación,
considerando,
además, que no se deben adquirir más tierras por el momento para ellos.
Mientras tanto el movimiento indígena cobra vuelo luego de un prolongado periodo de luchas dispersas como etnia,
pues habían actuado en unidad con la ANUC. El movimiento indígena desde 1.971 cuando se funda el CRIC y en
memoria de los líderes Manuel Quintín Lame, La Gaitana, Eutiquio Timoté y José Gonzalo
Sánchez, reinicia una
etapa de acciones unitarias que aun no terminan, porque su situación de abandono por parte del estado se
mantiene.
Las comunidades indígenas son victimas del despojo de sus tierras, de la violación de los derechos humanos y
de
sus territorios; por ello su propósito es recuperar la tierra y la cultura, afianzar su autonomía, fortalecerse
organizativamente y con esa finalidad es que unifican sus luchas.
La ley 6ª de 1.975 desde todo punto de vista retrògrada, continùa con la tendencia a asimilar la reforma
agraria a un
simple mercado de tierras y peor aún, legaliza de nuevo los contratos de aparcería al no reglamentar las
relaciones
laborales.
Programa PAN y programa DRI, el asistencialismo rural.
Estos programas de corte humanitarista se proponen mitigar las enormes dificultades del sector rural, pero no
contribuyen de manera alguna a cambiar las injustas estructuras de propiedad de la tierra ni plantean restablecer las
garantías sociales que exige el campesinado. No obstante son presentados ante la opinión pública por el
gobierno y
los terratenientes amigos del presidente Turbay Ayala (1.974 . 1978 ), como grandes avances para el campo,
mientras se recrudece la violencia oficial a niveles nunca vistos.
En el proyecto agrícola y de desarrollo rural integrado que impulsa este gobierno, se esconde un verdadero
propósito relacionado con la fragmentación del movimiento campesino, la división al interior de la ANUC,
el
debilitamiento del INCORA y la compra de líderes campesinos.
En este periodo se implementa el llamado estatuto de seguridad, cuyo propósito es aniquilar la subversión
armad;
no obstante la persecución, los asesinatos, amenazas, torturas, y desapariciones, violencia que centra objetivos en
áreas rurales, es en este periodo que aumenta la lucha popular y crece la lucha guerrillera
Ley de 1.982 y 30 de 1.988, un mercado de tierras que favorece al narcotráfico.
Desde 1.980 cuando se crea la Coordinadora Indígena Nacional, bajo el lema "Tierra, Cultura y
Organización" se da
el paso que conduce a la fundación de la ONIC en 1.982. Las comunidades indígenas recuerdan con afecto la
memoria de Dagoberto Flores, Jacinto Ortíz y Oswaldo Terán, que entre otros, ofrendaron la vida en su trabajo
por
la unidad de las luchas indígenas con el movimiento social, y en especial afrontaron con dignidad y rebeldía los
azotes de la violencia oficial en los campos.
El campesinado por su parte reanima sus luchas por la tierra y retorna a las grandes movilizaciones de protesta;
vuelven las tomas de tierra; especialmente en el centro y sur del país, presionando cambios en las políticas de
reforma agraria.
A la creciente protesta social el gobierno responde con la ley 35 de 1.982, mediante la cual se trata de recomponer
al INCORA y sus funciones iniciales; así mismo, se crea el PRN, programa orientado a desarrollar aciones sociales
en áreas sociales donde predomina la violencia, además de hacer acompañamiento a las actividades
desarrolladas
por el INCORA.
El fortalecimiento de la entidad es orientado a la compra de tierras rebajando al mínimo la expropiación de
predios
inactivos, estimulando finalmente con ello el mercado de tierras, política que favorece al latifundio especulador que
se ve beneficiado económicamente. Según la Misión Rural, mediante la ley 35 de 1.982 se compraron predios
equivalentes a 54.704 hectáreas de tierra.
En 1.988 durante el gobierno de Virgilio Barco se inicia la llamada etapa de globalización económica; el
Ministro de
Gobierno o del Interior Cesar Gaviria Trujillo, hace un llamado al campesinado para que sea competente y efectivo,
y seguidamente se abre la puerta a las importaciones de alimentos.
Así mismo, mediante la ley 30 de ese año, se inicia la más alta comercialización de tierras de
que conozca la
historia colombiana. Se cambió el concepto de reforma agraria por el de competitividad e internacionalización,
estimulando el ingreso de grandes volúmenes de alimentos extranjeros, mientras se agilizó la venta de tierras
para
quien pudiera tener capacidad de endeudamiento.
Hace su aparición ene escena el narcotráfico, que como clase emergente necesita reconocimiento y status
social,
los mismos que alcanza mediante la más exagerada expansión latifundista de la historia colombiana. La violencia
paramilitar baña en sangre a los campos colombianos y el fenómeno del desplazamiento forzado alcanza ribetes de
drama nacional. Por su parte el gobierno reprime militarmente las grandes movilizaciones campesinas e indígenas,
indicando que se trata de contener el avance guerrillero.
"Por otra parte, la compra de tierras por los narcotraficantes encajó el interés estratégico de las
Fuerzas Armadas y
los políticos tradicionales de contar con aliados bien financiados y dispuestos a defender militarmente territorios en
poder de las guerrillas. Este fue uno de los orígenes de los grupos paramilitares, cuya existencia el Estado
admitió
legalmente en 1.989, durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1.986 - 1.990 ), cuando la matanza de once
funcionarios del poder judicial cometida por paramilitares en la Rochela, corregimiento del municipio de Cimitarra,
Santander, en enero de 1.989, obligó al gobierno a prohibirlos oficialmente, aunque no ha desarticularlos de hecho.
Como ocurre con grupos ilegales que adquieren una gran poder económico, la organización de narcotraficantes
liderada por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha quiso traducir su riqueza en dominio político, no
sólo para
neutralizar las amenazas de la represión estatal sino para ingresar a la coalición gobernante del país, a
la cual
habían servido como líderes de fuerzas contrairsurgentes. La campaña electoral de 1.989 y 1.990, conocida
como
el periodo narcoterrorista, presenció el asesinato del candidato con mayor opción, Luis Carlos Galán
Sarmiento,
fuerte opositor del narcotrafico, y de tres candidatos de la izquierda, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y
Carlos Pizarro León Gomez. Estos asesinatos, no aclarados aún por la justicia, expresaron el oscuro surgimiento
de
coaliciones entre los narcos y sectores políticos, interesados en contar con sus aportes para bloquear los esfuerzos
gubernamentales en contra del negocio de las drogas".
Durante el segundo periodo de gobierno ( Cesar Gaviria Trujillo 1.990 - 1.994 ), se intensifica la compra de tierras
por parte del narcotráfico, expulsando comunidades campesinas e indígenas en más de 15 departamentos y
regiones, intensificando las masacres y amenazas, con la complacencia y omisión de los sectores oficiales,
especialmente de las Fuerzas Armadas del Estado, bajo el pretexto de restarle base social a la insurgencia.
Ley 160 de 1.964, la ambivalencia entre el mercado de tierras y la preocupación por resolver la
cuestión
agraria, ante el crecimiento político y militar de la insurgencia.
De entrada hay que destacar a la ley 160 del 5 de agosto de 1.994, le anteceden importantes movilizaciones
campesinas, negras e indígenas.
El gobierno trata de solucionar el rpoblema agrario mediante esta ley que estimula la colonización de nuevas tuerras
y privilegia la titulación de baldíos, procurando con ello no afectar las tierras fértiles y adecuadas
para la agricultura
en manos del latifundio improductivo, en este momento fundamentalmente narcotraficante.
Promueve mediante el mercado de tierras una reforma marginal, pero no obstante se compromete crear en las
nuevas tierras las Z.R.C (Zonas de Reserva Campesina ), dotar de tierra a los indígenas mediante la creación de
más resguardos y formalizar con las comunidades negras formas de propiedad colectiva a partir de la
reglamentación de la ley 70 de comunidades negras de 1.973.
Una mínima representación negra e indígena en el Congreso de la República estimula las luchas
de estas
comunidades por la tierra y sus formas de organización. En junio de 1.991 había surgido la ASI (Alianza Social
Indígena ),organización social que busca alternativas de unidad popular en aras de fortalecer un movimiento
amplio,
pluralista,comprometido con la paz y los derechos humanos, que reflexione en torno a la diversidad étnica regional y
cultural, valorando la participación política y la lucha por la tierra.
En la actualidad bajo la licencia de la ley 160 de 1.994, INCORA desarrollo siete tipos de programas:
- Mercado subsidiado: que consiste en la entrega de un subsidio por compra de predios en negociación
voluntaria.
- Adquisicón directa de predios por el INCORA, para desplazados por la violencia y otros programas especiales
- Adquisición de predios y mejoras para comunidades indígenas.
- Constitución y ampliación de resguardos indígenas en predios baldíos.
- Titulación de baldíos a colonos .
- Reservas campesinas.
- Titulación colectiva a comunidades negras
Si analizamos los puntos que se desarrollan, vemos que se pretende una reforma agraria marginal, en tanto que no
se plantea la expropiación de las grandes extensiones que el narcotráfico ha adquirido al interior de la
frontera
agrícola, es decir, en las tierras ya habilitadas para la agricultura, estimulando, por tanto, la colonización y
la
expansión ilimitada de la frontera agrícola en detrimento de las selvas, bosques y humedales.
Las metas impuestas por la ley 160 de 1.994 no se han cumplido. Entre el año 94 y 99, los campesinos
colombianos han recibido 170.000 hectáreas, del millón quinientas mil ( 1.500.000 ) previstas para el mismo
periodo
de tiempo, a partir de la meta gubernamental que fijo 250.000 hectáreas por año.
El narcotráfico mientras tanto ha evolucionado sistemáticamente en la adquisición de predios, casi
siempre
mediante la vía violenta:
Un fenómeno nuevo tiene que ver con la alta participación del narcotráfico en la propiedad de las
tierras o
"contrarreforma agraria " , fenómeno que ha generado un proceso regresivo en la distribución de la propiedad
rural.
En efecto, el narcotráfico posee mucha más tierra que la que el INCORA ha adquirido en los últimos 25
años.
Las reformas de propiedad colectiva, un instrumento posible para contener la expansión del
narcotráfico terrateniente
Entre las conquistas del movimiento campesino, negro e indígena, podemos rescatar el articulo 63 de la
Constitución Política Nacional en el cual se determina que son inalienables, imprescriptibles e inembargables,
todos
los terrenos que pertenezcan a grupos comunales, resguardos indígenas, parques naturales y los bienes que
determine la ley.
Retomando este mandato constitucional es posible poner en marcha una serie de alternativas que plantea la ley 160
de 1.994, y que no se han cumplido por falta de voluntad política, por los intereses del latifundio
narcotráficante y
sus alianzas estratégicas con el Ejército y la Policía, por falta de presupuesto y quizá por la
dispersión organizativa
a que está sometido el campesinado víctima de la violencia.
El primer instrumento son las Z.R.C - Zonas de Reserva Campesina, como forma de propiedad colectiva
campesina, donde el terreno no sirve para darlo en prenda, ni se puede transferir derechos, espacios donde se
pretende, según la ley, fomentar y defender la pequeña y mediana propiedad campesina. El Estado, a más de
limitar
la concentración de tierras y prohibir el latifundio, deberá promover créditos subsidiados, asistencia
técnica y
formación de cooperativas de consumo.
El segundo es la constitución de resguardos indígenas, donde estas comunidades conservan un interés
común
tanto de intereses como de cultura y vivencias, y tienen derecho pleno de dominio sobre sus terrenos, pero
asignados como propiedad colectiva, donde inclusive la transferencia de derechos sobre una parcela por causa de
muerte es decidida por el cabildo, siendo terrenos igualmente inalienables e imprescriptibles.
El tercer instrumento es el titulo de propiedad colectiva de las tierras de comunidades negras, donde grupos
organizados hacen acuerdos entre familias, comunidades y organizaciones para unificarse en un Consejo
Comunitario y mediante este, acceder al titulación colectiva de un predio determinado.
Este proceso nace de la ley 170 de comunidades negras que desarrolló temas relativos a la territorialidad y la
cultura de los pueblos negros o afrocolombianos. Allí participan o deben participar representantes de los troncos
familiares y de las organizaciones comunitarias con afinidad de intereses culturales. Estas tierras asignadas son
como los anteriores ejemplos, inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Condición inevitable para construir una paz democrática en Colombia, es la solución a la
Cuestión Agraria
El conflicto social y armado que se vive en Colombia, tiene profundas raíces en el tratamiento injusto por parte del
Estado y sus élites, a la situación rural y económica de la Colombia rural.
En el presente siglo nuestra convulsionada historia como Nación, se relaciona continuamente con la cuestión
agraria. El carácter excluyente y antidemocrático del régimen político predominante, el modelo
económico capitalista
y antiagrario, y la naturaleza antipatriotica de las políticas aplicadas en este sector, han arruinado la vida
campesina.
Las comunidades campesinas , negras e indígenas han sufrido no solo el abandono estatal y la voracidad del
capital privado y transnacional, sino que además, se han enfrentado a la estrategia violenta y expancionista del
narcotráfico, al latifundio ganadero y especulativo de la tierra; además, a la aculturación que niega el
desarrollo de
los saberes populares e históricos de nuestros pobladores rurales, y a la depredación irracional de nuestros
recursos naturales que destruye el medio ambiente, la biodiversidad, y que contamina el agua y el oxígeno, riquezas
del presente y el futuro.
Importantes sucesos políticos en nuestra sociedad han repercutido en la vida del campo, desencadenando
procesos violentos que hoy continúan y que no se ha resuelto, por ser soportes estructurales del actual sistema
antidemocrático que controla los destinos del país. Por ello la construcción de la paz implica resolver
la cuestión
agraria, al ser una de las principales causas estructurales del conflicto social y armado.
Hasta aquí la reseña legislativa de Luis Alberto Matta Aldana sobre la materia que lleva el pomposo nombre de
"Reforma Agraria" cuando las contradicciones del anterior estatuto no habían podido implantar ninguna "Reforma
Agraria " que está por definir.
Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos, Alberto Lleras, Julio Cesar Turbay, Cesar Gaviria introdujeron la
improvisación legislativa sobre el tema anotado. Estamos todavía a la espera de una "Reforma Agraria " que
está
muy lejos de la realidad con la guerra del interior que vive nuestro país hace ya cuarenta años con sucesivas
altas y
bajas de la insurgencia. Además de la implantación de cinco zonas de despeje en el sur del país e
innumerables
atentados a la vida de las personas que dejan sumidas en la tragedia las tierras del sur de Colombia.
A ellas se añaden que la multiplicación de capitales y de cultivos de coca y amapola ha impedido aún
más la
agricultura pacífica en estas regiones. Será necesario lo que todavía espera durante algún tiempo
el establecimiento
de la paz en el país colombiano para que se pueda pensar en la verdadera democracia de esta nación. Mi antecesor
de esta ponencia. Luis Alberto Matta Aldana ha planteado la tesis de "Democratizar la tierra eliminando el Latifundio
Improductivo y la expropiación" todo lo cual requiere un debate amplio que no se ha llevado a cabo sobre el destino
de la tierra y la producción agraria en Colombia con la expropiación del latifundio. Estamos lejos de ese
empeño y
mientras no pueda adelantarse será necesario esperar el momento de la paz para discutir la "Reforma Agraria".
El debate sobre la realidad inmediata del agro colombiano no podría llevarse a cabo sin una corriente vigorosa del
pensamiento social de la comunidad y una identificación del latifundio con los intereses financieros que no tiene
interes en la reducción de la tierra.
Me ocuparé más bien de las áreas de las antiguas intendencias y comisarías con la siembra de la
coca y la
amapolapara obtener amplias cosechas de verdadero veneno en el cuerpo de los fumadores de estos productos
que minan la salud y causan la muerte de las personas adictas a este vicio extendido a varios continentes tanto para
la exportación como para la venta del mismo producto.
Pensamos inmediatamente en la necesidad de la sustitución de cultivos para el logro de una agricultura de beneficio
común para todos los habitantes en las antiguas intendencias y comisarías con beneficio para los miles de
hombres
y mujeres que viven en la calle de la ciudad aterradas con el temor de la violencia.
Las carreteras que propongo para la facilidad de la comunicaciones serán el instrumento a los cuales se refiere esta
ponencia.
Pensamos en la necesidad de implantar una "Reforma Agraria" específica orientada al aprovechamiento de tierras
que podrían recibir novedosos grupos de campesinos en los campos que hoy son para las víctimas de este negocio
en el campo de la muerte.
Magnitud de la Violencia y la razón de los Desplazados
La guerrilla ha invadido numerosas regiones que hoy son el sitio de la producción y venta de esas drogas con el
sacrificio de los campesinos.
La violencia en los campos acabó la agricultura de cosechas y no hay manera de acabarla sino es con la
alternación
de cultivos.
Desde hace cuarenta años se sucede la violencia a un ritmo cotidiano en muchas regiones como ocurre en
departamentos prósperos como Antioquía, Bolívar, Santander, Cauca y Nariño, además de
Cundinamarca y Valle.
Proponemos una Reforma Agraria para regiones determinadas, con el único fin de permitir el traslado de
numerosos refugiados que viven en otras partes por temor a la violencia. Millones de Colombianos están viviendo
fuera de su centro de habitación, a fin de escapar al peligro de la muerte o inmigrar a tierras desconocidas.
Barrancabermeja es uno de los centros de atracción de los refugiados a causa de la violencia en otros lugares.
Tanto es así que en esta ciudad se hallan concentradas innumerables personas de distinto origen.
En 1.999 un Tribunal Internacional de Opinión Pública, constituido por personalidades de alta
preparación en el
tema de los Derechos Humanos se reunió en estos días adaptando una sentencia que consagra el Derecho a la
Libertad de los Refugiados.
Bases para una Reforma Agraria
Otro tanto se diría de las otras dos regiones que proponemos para una Reforma Agraria con fines sociales, tanto en
Urabá como en la zona de Arauca, Casanare, Caquetá, Guainia, Guaviare, Vaupés y Vichada. Al propio tiempo
los
territorios deshabitados del sur de Colombia carecen actualmente de toda vía de comunicación o de
exportación de
productos agrícolas, siendo al propio tiempo estas zonas son capaces de acoger un número considerable de
refugiados colombianos.
La Reforma Agraria que proponemos tiene por base el señalamiento de lotes individuales de propiedad de la
nación
colombiana, de una extensión de 5 a 20 fanegadas con el compromiso de cultivar la tierra para la producción de
alimentos con la prohibición de la coca y la amapola. Será inútil el combate aéreo de los
helicópteros
norteamericanos para impedir el cultivo de esas drogas ilícitas.
Desde luego, tratándose de una región selvática y desprovista de caminos vecinales y de todo centro de
abastecimiento agrícola y de expendio de productos de trabajo será necesaria la creación de centros para
ambos
fines, o sean el aprovechamiento de tales centro para obtener elementos de trabajo como para exportar al resto del
país el producto de las cosechas.
Serían necesarias varias carreteras con sus respectivos ramales, costeadas por los Estados Unidos y Colombia
como parte del Plan Colombia que actualmente se discute en el Congreso de los Estados Unidos.
Las Zonas de Uraba y, al propio tiempo de Arauca y Casanare, en primer lugar son suceptibles de abrir carreteras
para la facilidad de comunicación.
Las zonas de las tres regiones que hemos señalado serían el anticipo de la Reforma Agraria en el resto del
país y
tendría estas características:
- Se formaría un área cultivable cruzada por carretera o caminos transitables que hoy no existen.
- La tierra comprendida en este plan de Reforma Agraria será de propiedad de la nación lo mismo que el
sub-suelo, sin permiso de usufructo concedido a los cultivadores de la región.
- Los terrenos cultivables del Sur de Colombia tendrían una capacidad media de cultivos agrícolas con una
extensión de 10 a 20 fanegadas bajo la expresa condición de no cultivar coca o amapola. Los infractores de esta
condición estarían sujetos a la expulsión con la Fuerza Agraria.
- Los lotes de tierras cultivables estarían conectados a los centros oficiales de aprovisionamiento, los que
serían
encargados de la compra de productos agricolas en la región.
- Se establecería un cuerpo encargado de la vigilancia de la región.
- Se dotaría la región de un tribunal para recibir quejas y pronunciar despidos debidamente
justificados. Toda
concesión de terrenos en el sur de Colombia será al principio limitada a 10 años, prorrogables por otro
periodo de
igual dimensión.
