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06may17
Ya son siete los represores que pidieron la excarcelación por el beneficio 2x1
Con el antecedente del fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a Luis Muiña con el 2x1, en menos de 48 horas represores presos por crimenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura pidieron ser liberados. En este contexto, dos fiscales se opusieron al beneficio para los condenados y un tribunal oral rechazó el beneficio.
El viernes, el Tribunal Oral Federal Nš 5 rechazó excarcelar a los represores Héctor Giribone y Jorge Luis Magnacco, condenados por robo de bebés y ocultamiento de identidades de hijos de desaparecidos. En el caso de Giribone, el tribunal conformado por los jueces Adriana Palliotti, Angel Nardiello y Oscar Hergott, resolvió rechazar el planteo por distintos argumentos y declarar abstracto el pedido para disponer la inconstitucionalidad de la ley del 2x1, derogada en 2001.
Para el caso de Magnacco, conocido como el "obstetra de la ESMA", los magistrados no se pronunciaron por la validez del 2x1 sino que sólo dijeron que no correspondía porque no daba el cómputo para su aplicación.
Otro de los represores que reclamó que se le aplique el beneficio fue Víctor Gallo, condenado por la apropiación de Francisco Madariaga. Ante el riesgo de que el apropiador quedara en libertad, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que encabeza Estela de Carlotto, pidió protección para el nieto recuperado 106.
Según informaron fuentes judiciales DyN, también presentó un pedido el represor Juan Antonio Azic. Azic fue el apropiador de la diputada nacional de Libres del Sur, Victoria Donda, y de Laura Ruiz Dameri.
En la provincia de San Juan, el militar retirado Alejandro Lazo, condenado a 10 años por torturas y privación ilegítima de la libertad en la dictadura, también pidió el beneficio. Hizo lo propio en Tucumán, Carlos Eduardo Trucco, que a fines de 2013 fue condenado a 18 años por los delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, tormentos agravados, torturas seguidas de muerte y homicidio.
Todos los planteos de los represores fueron consecuencia directa del fallo que dictó la Corte el martes, al beneficiar al represor Luis Muiña con el cómputo doble de los días en los que se lo mantuvo en prisión preventiva, sin sentencia firme. Además de los primeros pronunciamientos en la materia, no se descarta que otros tribunales también se expidan al respecto en las próximas horas.
Ante la gravedad institucional que supone un sinfín de pedido de excarcelación por parte de represores condenados, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que encabeza Jorge Auat, hizo el pedido de inconstitucionalidad del fallo de la Corte que benefició a Muiña.
María Angeles Ramos, la fiscal federal a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, fue la primera en intervenir para rechazar el pedido de excarcelación en dos casos. Ramos pidió a los jueces que declaren la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad automática del artículo 7 de la ley 24.390 (conocida como 2x1) "en función de que resulta violatorio del principio de proporcionalidad de la pena, derivado del artículo 18 de la Constitución Nacional".
Ramos consideró que este fallo "puede traducirse en un menoscabo de la confianza que el pueblo deposita en el Poder Judicial" y entendió que "conlleva a un supuesto de responsabilidad internacional del Estado argentino porque se traduce en la desnaturalización de la pena y porque para las víctimas y para la sociedad toda opera como un supuesto de impunidad material que tendrá efectos irremediables".
Pedido de inconstitucionalidad para el fallo de la Corte
Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene como una de sus resposabilidades el salvaguardar las garantías de la Constitución Nacional, en las últimas horas una fiscal realizó un pedido sin precedentes.
[Fuente: El Tribuno, Salta, 06may17]
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