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Inmunidad para tropas extranjeras.

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Para entrar en tema y visualizar el fondo de la cuestión que hoy se debate en diversos ámbitos, conviene recordar algunos antecedentes.

El 12 de abril de 2003, el diario ¨La Nación¨ de Buenos Aires informa que el Poder Ejecutivo (gobierno de Duhalde) –mediante un proyecto de Ley cursado el 5 de diciembre de 2002- solicitó al Congreso Nacional ¨la inmunidad penal, civil y administrativa para las tropas extranjeras que ingresen en la Argentina con la intención de realizar ejercicios militares¨. Esta inmunidad es una exigencia de los EE.UU. que el año pasado había sido planteada, al entonces canciller argentino Carlos Ruckauf, por el secretario de Defensa norteamericano Donald Rumsfeld. La propuesta despertó el rechazo de la mayoría de los legisladores que comenzaron a analizarla en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

El proyecto de Ley ingresado por el Ejecutivo ¨tiene como objetivo central –continúa La Nación- permitir que el Poder Ejecutivo autorice el ingreso de tropas extranjeras para prácticas combinadas sin la autorización del Congreso¨. Y detalla algunos de los artículos polémicos, particularmente el quinto, el sexto y el séptimo, en los que se otorgan a dichas tropas privilegios como inmunidad penal, civil y administrativa; beneficios para el ingreso y egreso de equipo militar, similares a los que gozan las ¨valijas diplomáticas¨ del personal de las embajadas; inviolabilidad de los archivos, documentos y cualquier tipo de material militar, etc. Se invoca como marco jurídico internacional, las inmunidades previstas en el artículo 61 de la Convención de Viena. Pero lo cierto es que, por todo lo antedicho, si se aprobara esta norma, las autoridades argentinas renunciarían a ejercer el control sobre las tropas, documentos y materiales militares que ingresen y/o egresen del país.

Estamos entonces ante dos problemas vinculados pero diferentes: uno es la autorización para el ingreso de tropas extranjeras; otro, la inmunidad.

En cuanto a la autorización para el ingreso al país de tropas extranjeras, es sabido que la misma es prerrogativa del Congreso según lo establece nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto no puede una Ley delegar esa función en el Poder Ejecutivo, a riesgo de violar la Constitución.

El tema de la inmunidad es bastante complejo, pero en esencia lo que EE.UU. quiere para sus tropas es que, ante la comisión por las mismas de un delito, mientras permanecen en territorio extranjero, ellas no puedan ser juzgadas ni por los tribunales y las leyes del país en el que lo cometieron, ni por la Corte Penal Internacional(CPI). La CPI, que nació en Roma en 1998 y comenzó a funcionar el 17 de julio de 2002, tiene por objetivo llevar ante la justicia a personas acusadas de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios y crímenes de agresión (este último todavía no definido).

Estados Unidos pretende reservar para sí el derecho de evaluar –y eventualmente castigar, o no- los crímenes de toda índole y magnitud que sus efectivos militares puedan cometer en cualquier lugar de la tierra a donde los lleva la política imperial de dominación, expansión neocolonial y ¨guerra preventiva¨ practicada por la administración Bush. Por eso, por un lado presiona a los gobiernos para obtener leyes de inmunidad (como las que otorgan a sus tropas ¨rango diplomático¨ equivalente al de los agregados militares de las embajadas) y por otro trata de socavar el alcance de la CPI, a través de acuerdos bilaterales con cada uno de los Estados miembros de la Corte. Por eso es válido afirmar que en tales condiciones, no se trata de inmunidad sino de lisa y llana impunidad. Y el país que apruebe una legislación del tipo que comentamos, se hace cómplice de la impunidad no importa cuales fueran las razones esgrimidas.

Las presiones ejercidas por la administración Bush sobre numerosos gobiernos le han permitido lograr tratados bilaterales de impunidad con 44 países, entre ellos Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Dichos tratados bilaterales están previstos en el artículo 98 de la constitución de la CPI y otorgan inmunidad contra toda posible jurisdicción de esa Corte. Estados Unidos sólo exime de este reclamo a los países de la OTAN, a Taiwan y a los aliados extra-OTAN. Eso excluiría a Argentina que mantiene dicho estatus al igual que Egipto, Israel y Australia. En el caso de Colombia que tampoco ha firmado la excepción de los alcances de la CPI para la tropas de EE.UU., voceros yanquis han declarado que Colombia podría perder los 2.000 millones de dólares que EE.UU.le otorga desde el año 2000 para la lucha contra la insurgencia y la droga (ver artículo de Ana Barón en Clarín del 1/7/2003).

También en el mes de abril, otra noticia -diario Clarín del día 19, en la nota de Daniel Santoro- da cuenta de una advertencia de Washington al gobierno argentino: con el pretexto de un crédito impago, EEUU suspendería la ayuda militar a nuestro país. En la notificación correspondiente, aclaraba que estas restricciones no afectarían la realización de intercambios, actividades comunes o ejercicios militares conjuntos como el Unitas, Cabañas y otros. Una gestión del Ministerio de Defensa argentino permitió dejar sin efecto la medida, pero en ese trámite el negociador de nuestro país -el entonces viceministro Fernando Maurette- reiteró el ofrecimiento de participar en la ayuda humanitaria para la reconstrucción de Irak, cuestión por demás controvertida que excede los marcos de este artículo. La nota de Clarín consigna además que "la cooperación militar con EE.UU. seguirá resentida" porque el secretario de Defensa, Donald Runsfeld, pidió inmunidad para las tropas norteamericanas que vengan a participar de maniobras militares, solicitud que, hasta ahora, no se ha cumplimentado.

En la actualidad hay dos ejercicios pendientes, suspendidos uno desde el año pasado (el que iba a realizarse en la provincia de Misiones) y otro, previsto inicialmente para el mes de junio de 2003 en Mendoza y San Luis, con el nombre de Aguila III. En ambos casos, generaron fuertes rechazos por parte de varios movimientos y organizaciones políticas y sociales -entre ellos el MoPaSSol- así como denuncias en diversos medios informativos, en particular en el programa de televisión Día D que dirige Jorge Lanata en Canal 2.

Respecto al Aguila III, la administración Duhalde, el 23 de mayo, dos días antes de traspasar el gobierno al nuevo presidente electo, ingresó al Parlamento un pedido de autorización para el ingreso de tropas extranjeras que participarían en el operativo. Poco después, invocando cuestiones técnicas este pedido fue retirado; pero los preparativos siguen y tanto en Mendoza como en San Luis están preparadas las instalaciones para recibir a unos 1.000 efectivos de las fuerzas aéreas de siete países que protagonizarán el mayor operativo de este tipo realizado en América Latina. La Fuerza Aérea Argentina ha informado -ver diario Los Andes, del 21 de junio pasado- que las maniobras comenzarían en octubre próximo. Por lo tanto habrá que permanecer atentos y seguir reclamando al Parlamento y al Poder Ejecutivo para que cesen estos operativos así como toda forma de ingreso y estacionamiento de tropas extranjeras en suelo argentino, presencia extranjera que pone en cuestión nuestra soberanía y nos asocia a los planes de recolonización proclamados por Bush en su infame doctrina de la ¨guerra preventiva¨, cuyos resultados están a la vista en Irak y se proyectan hoy como una amenaza cierta contra Cuba y otros países.

Más recientemente hubo otros hechos, de público conocimiento, que avalan nuestra preocupación. El pasado 2 de julio, el canciller Rafael Bielsa, en una comunicación con el secretario de Estado norteamericano Colin Powell reafirmó ¨la voluntad del gobierno argentino de llevar adelante ejercicios conjuntos de cooperación militar con Estados Unidos¨ (Clarín, 3/7/2003). ¨El canciller le explicó que Argentina deseaba aprobar una ley específica para autorizar los ejercicios que están en agenda y, de hecho, votar también una ley-marco que contemple un calendario más extendido para el año próximo¨. Dicha ley-marco tiene los mismos objetivos y podría ser, precisamente, la que ingresó Duhalde al Parlamento en diciembre del 2002 cuyos inquietantes alcances comentamos al principio de esta nota.

Pocos días después, se reunieron en la Cancillería, los ministros y viceministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, con senadores y diputados del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, miembros de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores del Parlamento, para considerar el tema del ingreso de militares extranjeros y los operativos conjuntos. Según trascendió, los representantes del Poder Ejecutivo -ministros y viceministros- plantearon allí la necesidad (Clarín, 9/7/03, nota de María Luisa Mac Kay) de que en la legislación al respecto que discuta y apruebe el Congreso Nacional ¨queden incorporadas las inmunidades contempladas en el artículo 61 de la Convención de Viena, que alcanza al personal administrativo y diplomático, para todas las tropas extranjeras que ingresen para hacer ejercicios conjuntos en el territorio nacional¨. La nota agrega que el diálogo con los legisladores fue óptimo y hubo amplia coincidencia. Hay, pues, suficientes motivos para preocuparse. Y resulta muy importante que en temas tan graves como éste, la opinión pública esté informada y las organizaciones populares se movilicen para acabar con la presencia militar estadounidense y frustrar los proyectos imperiales.

Ing. Rina Bertaccini
MoPaSSol / Diálogo 2000
Buenos Aires, 4 de agosto de 2003

Este documento ha sido publicado el 11ago03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights