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07ago19


El exjuez Ricardo Lona habló en el banquillo de los acusados


En un rincón de una improvisada sala de audiencia, con riguroso saco negro, corbata azul y con el ceño rígido, el exjuez Ricardo Lona se sentó en el banquillo de los acusados en un juicio calificado como "histórico" en el marco de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Salta.

La jornada estuvo signada por dos hechos puntuales. Primero, el exmagistrado se refirió a la desaparición y muerte del exgobernador Miguel Ragone. En segundo lugar, fue muy evidente la precariedad en la logística establecida en la audiencia a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta Nž 2 (TOF 2), integrado por Gabriela Elisa Catalano, Juan Carlos Reynaga y Gabriel Eduardo Casas.

A Lona se lo investiga por los delitos de encubrimiento y prevaricato en relación con el secuestro y desaparición de Ragone, el asesinato del comerciante Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal, hechos cometidos en la mañana del 11 de marzo de 1976, en la ciudad de Salta.

Por consejo de su defensa, Lona no quiso responder preguntas y se limitó a leer un memorial presentado en 2014. Y solicitó que se lo admita como prueba. "Agradezco como fui tratado por el TOF", dijo. El exmagistrado afirmó que ese 11 de marzo de 1976 recibió "con estupor" la noticia del secuestro de Miguel Ragone.

Comentó que fue al lugar del hecho, que hizo recolectar la pruebas y que habló con los familiares y amigos; que también peritó lo ocurrido con las otras dos víctimas. Luego, narró, que recibió el llamado de Cerrillos y que hizo los rastrillajes y los controles necesarios.

Sostuvo que en los diez años de su instrucción recolectó las pruebas por las que luego hubo condenas en los juicios por Ragone. "Si tuviese la más mínima actitud de encubridor hubiese deshonrado a la Justicia y ya estaría muerto de verg enza", concluyó.

Los fiscales de la causa son Carlos Martín Amad y Francisco Santiago Snopek. Por los delitos que se investigan, "encubrimiento" e "incumplimiento en los deberes de funcionario", se estipulan penas de dos años de prisión. Se le imputa la omisión de investigar el modo, tiempo y lugar en que se produjo la desaparición de Ragone. Son querellantes por la Secretaría de DDHH de la Nación, Gastón Casabella; y Matías Duarte, por la familia Ragone.

El debate, por cierto, fue oral pero no tan público. La casa alquilada y, adaptada a Tribunal Federal en la avenida Francisco de Gurruchaga 297, frente al monumento a G emes, no cuenta con la estructura para realizar un juicio tan mediático e importante. Es una vivienda familiar utilizada por la Justicia Federal. En consecuencia, una cochera para dos vehículos familiares terminó acondicionada a sala de audiencia en donde solo podían ingresar las partes actuantes: jueces, fiscales, secretarios, querellantes, defensores y un solo uniformado. Así fue que el acusado quedó en un rincón y los familiares, miembros de las organizaciones de derechos humanos, el público en general y la prensa terminaron detrás de un vidrio. Había dos habitaciones más dispuestas con unos televisores conectados a la página web de CIJ (Centro de Información Judicial), que transmitía el debate on line, pero resultaba imposible seguir por las deficiencias del sonido.

Los trabajadores de prensa redactaron una nota dirigida al juez Casas en la que requirieron "medidas para asegurar el normal seguimiento de las audiencias". "La solicitud se basa en la necesidad de garantizar la cobertura de un proceso considerado histórico", se plasmó en el petitorio.

Duras críticas de familiares y organismos

Ayer los familiares y organizaciones de derechos humanos calificaron de "vergonzoso" el dispositivo para el juicio a Lona. "Es una vergüenza lo que el TOF está haciendo. Este es un juicio oral, pero no público porque no podemos estar presentes", manifestó la titular del Archivo Provincial de la Memoria, Cristina Cobos.

"Los tribunales son también la casa del pueblo. No se dan cuenta que a Lona lo vamos a seguir hasta el final", dijo Soledad Romero, integrante la Asociación Coca Gallardo.

"Con el dispositivo y la seguridad de la Policía Federal siguen consagrando la impunidad", expresó, por su parte, Elena Rivero, también parte de la Coca Gallardo.

La lectura de los fundamentos nunca fueron escuchada por quienes quedaron fuera de la sala.

[Fuente: Por Antonio Gaspar, El Tribuno, Salta, 07ago19]

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small logoThis document has been published on 10Sep19 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.