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03mar04
Fiscales federales en CONTRA del "perdón" de Menem a militares.
Los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieron hoy que se declare la inconstitucionalidad de los indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menem a favor de ex jefes de la última dictadura militar.
El pedido, contra los decretos presidenciales 1002/89 y 2746/90 fue formulado al juez federal Rodolfo Canicoba Corral para poder juzgar a Carlos Suárez Mason y Juan Bautista Sasiañ, entre otros, por la violación sistemática de los derechos humanos cometida en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército entre 1976 y 1983.
Con esta medida, los fiscales buscan avanzar en el juzgamiento de los responsables de la desaparición y muerte de 30 mil argentinos durante la última dictadura y que fueron beneficiados por el indulto concedido por Menem en 1990.
El dictamen también involucra a José Montes, Andrés Ferrero, Adolfo Sigwald y Jorge Carlos Olivera Rovere, cuya "inmediata detención" fue pedida por Freiler y Delgado.
Los fiscales reconocieron que la cuestión sobre la validez de los indultos presidenciales fue tratada en 1989 por la Cámara Federal, pero sostuvieron que, con la entrada en vigencia de la ley 25.779 que declaró la nulidad de las normas de Punto Final y Obediencia Debida, se reabrió el debate.
"La vuelta sobre este tópico es inevitable tras el dictado de la ley 25.779, que tuvo por objeto remover los obstáculos procesales que atentaban contra el avance de la acción penal pública, donde se investiga el terrorismo de Estado y la especial categoría de crímenes que han sido llamados de lesa humanidad".
Luego que el Congreso Nacional aprobara esa norma, la Cámara Federal en pleno decidió la reapertura de dos "megacausas": las que investigan crímenes cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército (en la que intervienen Freiler y Delgado) y la que se ocupa de lo sucedido en la ESMA, paralizadas en 1987 con la entrada en vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
La ley 25.779 posibilitó que Canicoba Corral dictara procesamientos, tras convalidar la facultad del Congreso Nacional para anular las normas exculpatorias, pero su decisión alcanzó a imputados de rango inferior, porque sobre los "jefes" rigen los indultos concedidos por Menem.
"La situación hoy es diametralmente distinta", consignaron los fiscales, quienes evaluaron que "mal podría un decreto del Poder Ejecutivo sobreponerse al poder constituyente" que, en la reforma de 1994, incluyó previsiones para evitar que se someta la vida, el honor o las fortunas de los argentinos a un gobierno o persona.
"Ningun acto del Estado -agregaron Freiler y Delgado- puede ser tenido por válido si implica la lesión de alguno de esos derechos y garantías, reconocidos universalmente".
Los fiscales opinaron que "se trata de dar cabal cumplimiento a las obligaciones básicas impuestas por los tratados de derechos humanos" para protegerlos, garantizar su goce y pleno ejercicio y adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos.
Los fiscales concluyeron que "no puede atribuirse carácter de cosa juzgada a la sentencia que teniendo por fundamento los indultos dejó sin efecto los autos de procesamiento", ya que "desconocer la inmutabilidad de los fallos judiciales que poseen tales vicios, no es algo inédito". (Télam).-
[Fuente: Télam, Bs As, 03mar04]
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