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15Jun05
Para el Gobierno, la cifra de militres afectados varía entre 400 y 1000
y tendrá más impacto en el interior.
Las consecuencias predecibles del fallo de la Corte Suprema que declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y de punto final son la reapertura de causas que estaban paralizadas por los efectos de esas normas y el avance de las pesquisas sobre militares que habían sido beneficiados por ellas. Lo más importante es lo que aún permanece como una incógnita: la cantidad de expedientes que serán reactivados y el número de militares -hasta ahora libres de todo proceso- que caerán bajo investigaciones de la Justicia.
Sobre este último punto, los pronósticos son disímiles, incluso dentro del propio Gobierno. El ministro de Defensa, José Pampuro, estimó ayer que serán entre 500 y 1000 los integrantes de las Fuerzas Armadas que deberán dar explicaciones en causas abiertas o por abrirse, aunque advirtió que "no hay un número exacto". Según el ministro, sólo un pequeño porcentaje de los uniformados que serán involucrados permanecen en actividad.
Para su par de Justicia, Horacio Rosatti, la cantidad será aún menor. "La cifra que hemos conocido en los últimos meses indica que son 400 los militares que pueden ser citados a comparecer", dijo a LA NACION.
Con ese número coinciden los organismos de defensa de los derechos humanos. En tanto, una estimación de la Procuración General de la Nación indica que a lo sumo serían 300 los militares citados como resultado del dictado de la invalidez de las leyes de perdón.
Uno de los parámetros usados para confeccionar las proyecciones es la lista de represores confeccionada por la Conadep, a partir de testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención. En esa nómina figura un total de 1600 personas. Pero como hay muchos nombres repetidos la cantidad de acusados es menor. A la lista depurada hay que restarle los militares que murieron en estos últimos años (unos 50) y los que, aunque no están detenidos ni procesados, estaban siendo investigados antes de que la Corte declarara la invalidez de las leyes.
Causas en marcha.
En la actualidad hay 37 causas abiertas por delitos de lesa humanidad cometidos por integrantes de la última dictadura y unos 150 militares presos, en sus casas o en dependencias castrenses. Pero no se conoce la cantidad de militares investigados en esos sumarios.
La mayor cantidad de expedientes se concentra en el fuero federal porteño, donde se tramitan las investigaciones de I Cuerpo de Ejército, ESMA y Batallón 601 de Ejército, entre otras. También hay causas con procesados y detenidos en juzgados de Córdoba, Chaco, La Plata, Rosario, Salta, Santiago del Estero, Corrientes y Tucumán, según un relevamiento de la Unidad de Asistencia para Causas por Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación.
Los juzgados de la Capital Federal también se destacan por contar con la mayor cantidad de arrestados, unos 60. La explicación al récord porteño es que en varios de esos expedientes los jueces ya habían declarado la inconstitucionalidad de las leyes de perdón para poder avanzar en la investigación. Además, la Cámara Federal había dispuesto, en agosto de 2003, la reapertura de las megacausas de ESMA y I Cuerpo de Ejército. Fue en respuesta a la ley que anuló las polémicas normas.
Por todo ello, el fallo del máximo tribunal tendrá más impacto en los tribunales federales del interior del país, donde las leyes de perdón aún paralizaban mayor cantidad de expedientes. Un caso por tener en cuenta es la vieja causa de Campo de Mayo, que tramita ante la justicia federal de San Martín: en noviembre del año pasado, la Cámara de Apelaciones declaró la inconstitucionalidad de la ley de nulidad, en un fallo que benefició a 28 imputados.
Otra de las consecuencias que anticipan jueces y juristas es el surgimiento de conflictos de competencias, para lo que algunos creen necesaria la sanción de una ley organizativa. "Hasta el momento no hay ningún proyecto en elaboración, pero todo lo que facilite evitar los conflictos que generen demoras innecesarias será útil. Hay que estar atentos y si es necesario algún instrumento sería positivo impulsarlo", dijo a LA NACION el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Por Gabriel Sued, de la Redacción de La Nacion, Bs As, 15jun05]
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