Juicios a militares argentinos en España

Carta de Amnistía Internacional, Sección española

al Presidente del gobierno español

D. José María Aznar López.


Excmo. Sr. D. José María Aznar López
Presidente del Gobierno
Palacio de la Moncloa
28071 Madrid.

Madrid, 31 de mayo de 1996.

Excelentísimo señor:

Nos dirigimos a Ud. para expresarle nuestra preocupación por los informes recibidos sobre el posible archivo de la causa abierta ante los tribunales españoles contra miembros de las fuerzas armadas argentinas, acusados de cometer violaciones de derechos humanos contra ciudadanos españoles y ciudadanos argentinos de origen español, durante los años de los gobiernos militares en Argentina.

A finales del pasado mes de marzo, el fiscal D. Carlos Castresana, en nombre de la Unión Progresista de Fiscales, interpuso ante el Juzgado n 5 de la Audiencia Nacional una denuncia por el secuestro y posterior desaparición de 35 ciudadanos españoles radicados en Argentina durante los años 1976-1983.

Según la información recibida la denuncia pretende que se comience a investigando, para someter a la justicia, a todos los responsables de la desaparición de los 35 ciudadanos españoles, para luego seguir persiguiendo los hechos que provocaron la desaparición de 266 personas (aunque es posible que el número aún sea mayor), directamente vinculada a ciudadanos españoles, como también las desaparición de 266 personas (aunque es posible que el número aún sea mayor), directamente vinculada a ciudadanos españoles, como también las desapariciones de ciudadanos argentinos y de otras nacionalidades.

Es convicción de Amnistía Internacional que los familiares de las víctimas tienen el innegable derecho a una exhaustiva investigación para conocer lo sucedido a sus seres queridos, como también a que los resultados de esta investigación se hagan públicos.

Según el Artículo 13 (6) de la declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Desapariciones Forzadas, de las Naciones Unidas, "deberá poderse hacer una investigación... mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima a una desaparición forzada".

Amnistía Internacional no cesará de requerir a las autoridades argentinas para que se esclarezca completamente el paradero de los desaparecidos, y también para que se continúe la búsqueda de los niños que fueron arrancados de sus familias legítimas.

Las leyes argentinas de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), están manifiestamente en contra de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos. Esta Comisión en su informe 28/92, concluye que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y el Decreto de Indulto presidencial, "son incompatibles con el artículo XVIII (Derecho a la Justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Y asimismo dicha Comisión "recomienda al gobierno de Argentina la adopción de medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar".

Amnistía Internacional cree que el cierre de las causas en los tribunales españoles supondría negar a los familiares de las víctimas españolas de violaciones de derechos humanos en Argentina, su derecho a una investigación completa.

Por lo tanto le ruego, Sr. Presidente, que apoye la iniciativa emprendida para que continúen las investigaciones, que se siga el procedimiento y que se agoten las posibilidades legales para exigir responsabilidad penal a los culpables, con el fin de que los familiares de los desaparecidos puedan obtener reparación legal, ya que después de 20 años de las primeras desapariciones, siguen sin conseguir respuesta alguna.

Asimismo rogamos nos mantenga informados de cualquier decisión tomada por la justicia española sobre el archivo de las causas.

Nos permitimos incluir un ejemplar del documento editado por nuestra organización "Argentina: El derecho a saber toda la verdad" (ref. AMR 13/03/95/s), de cuya lectura podrá obtener datos más concretos sobre el problema de las desapariciones forzadas.

Agradeciendo de antemano el interés que no dudo se tomará en esta petición que le hacemos, le envío un respetuoso y atento saludos.

Fdo.Santos Jorna Escobero

Presidente de Amnistía Internacional, Sección española.


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