Comision de prensa
Asociacion Argentina pro Derechos Humanos
Madrid - Espana
Editor responsable: Equipo Nizkor

Reproducimos a continuacion una denuncia presentada por dos conocidos
abogados de Derechos Humanos. Estas demuestran, una vez mas, que la
impunidad es la politica de derechos humanos que defiende el actual gobierno
de la Republica.
Al leer detenidamente esta denuncia se ven la obscuras y arteras maniobras
que se realizan para evitar simplemente el conocimiento de la verdad. 
En este juicio se persigue unicamente que informen sobre la situacion de los
desaparecidos. Se busca no condenar a nadie sino garantizar el derecho a la
verdad (leer informe de la ONU para comprender la importancia).
Al final el gobierno entrego una caja de aproximadamente un metro cubico de
material ante el juez, un notario y testigos de las organizaciones de
derechos humanos.
El equipo Nizkor esta en disposicion de informar que en dicha caja
aparecieron pruebas fehacientas que demuestran que en el Ministerio del
Interior existe un archivo con un numero de registro de aproximadamente
200.000 expedientes que reflejarian entre otros datos el nombre y destino de
los desaparecidos y que, hasta la fecha, se habia ocultado a la justicia y a
los afectados.
Esto ocurrio cuando en Buenos Aires comenzaba la feria judicial. Habra que
esperar que terminen las vacaciones para ver que nueva maniobra esta
dispuesto a realizar el Gobierno argentino para ocultar la verdad y dar
cumplimiento a la legislacion internacional.
Para terminar lean, por favor, esta pieza maestra del cinismo de estado.


COMUNICADO DE PRENSA
de los Abogados Argentinos
de Derechos Humanos
Boris G. Pasik y Alberto P. Pedroncini 

Han sido sustraidos o destruidos documentos publicos y otras pruebas
fundamentales de un juicio que se tramita contra el Estado Nacional ante la
Justicia Federal de esta Capital para que informe sobre personas
desaparecidas. Ello ha ocurrido aqui y ahora, no bajo la dictadura militar.
Ya antes este proceso habia tenido repercusion publica, motivando que en
tres ocasiones la Comision de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
difundiera en su publicacion anual una sintesis de tales transgresiones. 

Graves episodios se han sucedido ultimamente durante la etapa de prueba, con
caracteristicas que crean presunciones graves sobre la responsabilidad que
-por accion o por omision- importantes funcionarios publicos tendrian en
tales anomalias, que aparecen producidas en forma sistematica.

Las pruebas extraviadas, sustraidas, o gravemente manipuladas son de maxima
significacion institucional y juridica: se trata especialmente de la
totalidad de las Actas de la Junta Militar (no menos de 267 actas), y de
documentacion administrativa sobre determinadas personas desaparecidas
durante la dictadura miliar. En uno de los casos, ha desaparecido la
documentacion original (mas de 700 folios) en un Ministerio, y su copia
certificada completa ha desaparecido de un Juzgado Federal. Algunos sumarios
realizados para investigarlo han resultado una ficcion.

Los funcionarios publicos (o sus subordinados directos) cuyos actos u
omisiones aparecen prima facie relacionados con tales trasgresiones son los
Ministros de Defensa Dr. Oscar Camilion, y del Interior Dr. Carlos Corach,
el Jefe del Estado Mayor Naval Almirante Molina Pico, los Jueces de Primera
Instancia en lo Penal Federal Dres. Maria R. Servini de Cubria y Nerio N.
Bonifatti, y un miembro de la Camara Federal de Apelaciones del mismo fuero,
la Dra. Luisa R. Riva Aramayo. 

Ante la importancia excepcional de las pruebas afectadas y alta jerarquia de 
los funcionarios publicos que aparecen objetivamente vinculados a las
irregularidades senaladas, los suscritos, letrados apoderados de la parte
actora en este juicio, cumplen el deber de poner los antecedentes
pertinentes en conocimiento de la opinion publica y de los organos del
Estado que tendrian en principio competencia para investigar, esclarecer y
sancionar en su caso los hechos que se documentan en el Anexo adjunto,
incluyendo la posibilidad de que entre algunos funcionarios haya habido una
accion concertada (con extrema subversion de las instituciones).

Firmado: Boris G. Pasik y Alberto P. Pedroncini 

Anexo General


A. Partes y objeto del juicio.

Son parte actora en el juicio diecisiete familiares de personas
desaparecidas durante la dictadura militar. El demandado es el Estado
Nacional. El juicio tramita en la Justicia Federal en lo Contencioso
Administrativo, Juzgado 4, Secretaria 7.

Los actores piden que el Estado sea condenado a presentar en el juicio toda
la informacion y documentacion que retiene indebidamente sobre personas
desaparecidas, desde la totalidad de las Actas de la Junta Militar hasta los
ultimos restos de archivos parcialmente destruidos en el Ministerio del
Interior hacia el final del Proceso.

No se demandan compensaciones economicas, ni se plantean responsabilidades
penales de los autores de las desapariciones. Por ello han debido comparecer
como testigos en el juicio ex miembros de la Junta militar (Tte. Gral.
Nicolaides y Alte. Franco), ex Presidente de facto Gral. Bignone, ex
Ministro del Interior Gral. Harguindeguy, y ex Comandante del Cuerpo del
Ejercito III Gral. Menendez.

B. Los protagonistas reales del juicio.

Una grave deformacion en la conducta del Estado durante el juicio ha
convertido en principales protagonistas del mismo a importantes funcionarios
publicos del gobierno constitucional, requeridos por el Juez interviniente
para que presenten documentos que se encuentran en su poder o informen sobre
archivos o expedientes sometidos a su custodia.

Tal protagonismo -cuyo efecto objetivo es la frustracion de la investigacion
judicial- desplaza al Estado como fuente de informacion sobre actos y
documentos publicos que bloquean el acceso a la informacion reclamada,
haciendo imposible la continuacion del proceso.

El resultado es la privacion de justicia para quienes han demandado al
Estado Nacional, y una grave subversion en el funcionamiento de organos y
poderes del Estado de derecho.

A tales protagonistas se refiere la presente denuncia.

C. Las conductas de los funcionarios publicos intervinientes.

I. Ministro de defensa.

El juez interviniente requirio al Ministro de Defensa la remision de la
totalidad de las Actas de la Junta Militar, cuya existencia en el Ministerio
de Defensa estaba previamente acreditada por un informe enviado en octubre
de 1987 por el entonces Ministro de la misma cartera, Dr. Horacio Jaunarena,
a un Juez Federal. En ese informe, el ministro Jaunarena comunicaba al Juez
requirente que le remitia fotocopias certificadas de las Actas de la Junta
Militar que tenian relacion con el objeto del requerimiento (tratamiento y
aprobacion del Informe Final sobre el resultado de la lucha antisubversiva,
del 28 de abril de 1983), aclarando el entonces Ministro que no remitia las
restantes Actas porque no guardaban relacion con el tema precitado. La
ultima de las actas asi remitidas tiene el numero de orden 267, de lo cual
resulta que esa era, por lo menos, la cantidad de Actas labradas por la
Junta y en poder del Gobierno constitucional.

Ante el requerimiento actual, el Ministro de Defensa Dr. Oscar Camilion
contesta que dichas Actas no se encuentran ni se han encontrado en su
Ministerio. El Juez insiste en tres ocasiones, y la respuesta es igualmente
negativa (apoyando el Ministro su ultima respuesta en el informe interno de
la Oficina de Informacion al Publico, como si en una oficina con tal funcion
pudieran estar registrados los mas delicados documentos del archivo de un
Ministerio que tiene las criticas responsabilidades propias de la cartera de
Defensa).

Efecto de esta negativa:

a) desaparecen o se ocultan bajo un gobierno constitucional documentos del
maximo nivel juridico politico, pues las Actas de la Junta Militar contenian
las resoluciones del "organo supremo del Estado" del proceso militar,
incluyendo reformas de la Constitucion Nacional.

b) los actores en el juicio por informacion se ven privados de una prueba
global y decisiva, cuya desaparicion es inconcebible para cualquier
ciudadano que demanda al Estado nacional.

El Legajo I del presente Anexo General contiene las copias certificadas de
los documentos que acreditan la conducta atribuida al Ministro de Defensa.

II. Jefe del estado mayor general de la armada.

El Juez Federal en lo Contencioso Administrativo tambien requirio al Estado
Mayor General de la Armada la remision de las Actas de la Junta militar que
obrasen en poder de esa fuerza.

La Armada contesto haciendo saber que dichas actas habian sido presentadas
en la Causa 81/84. Aclaramos que dicha Causa no es otra que el proceso penal
por destruccion del archivo de desaparecidos que se menciona en el
subsiguiente Capitulo 3.

A pedido de la parte actora, el Secretario del Juzgado Contencioso
Administrativo certifica que en dicha causa 81/84 no existe presentacion
alguna de  la Armada argentina acompanando Actas de la Junta militar,
obrando solo fotocopias simples de seis Actas presentadas por la entidad
Abuelas de Plaza de Mayo.

Este antecedente demuestra que el informe de la Armada es contrario a la
verdad, y que dicha Fuerza tiene en su poder las Actas requeridas (que son
mas de 267 segun lo dicho en el Cap. 1 que anteceda). En cualquier caso, es
inconcebible que no haya retenido los originales, o extraido copia de los
mismos antes de desprenderse de ellos para una supuesta presentacion judicial.

Esta actitud de retencion de informacion y documentacion es correlativa de
la asumida por el Ministerio de Defensa segun lo expuesto en el cap. 1 de
este Anexo, y se refiere a los mismos instrumentos.

Lo expuesto se acredita con las fotocopias de las actuaciones judiciales que
forman parte del presente como Legajo II del presente Anexo General.

III. Ministro del interior.

En el Ministerio del Interior han desaparecido, durante el actual gobierno
constitucional, cinco expedientes relacionados con personas desaparecidas.

Uno de ellos es nada menos que el sumario administrativo sustanciado por
resolucion del Ministro Troccoli a causa de haberse comprobado en diciembre
de 1983 la destruccion del archivo de personas desaparecidas, formado por
mas de seis mil expedientes correspondientes a otros tantos casos de
desaparicion de personas. Dicho sumario administrativo se componia de mas de
seiscientas fojas, y estaba intacto al momento de iniciarse nuestro juicio
contra el Estado Nacional (el juicio fue iniciado en diciembre de 1989, y el
sumario administrativo fue concluido por el Ministro Manzano en noviembre de
1991).

Los otros cuatro casos son lo unicos expedientes salvados ocasionalmente de
la destruccion del archivo de personas desaparecidas (por lo cual tienen un
valor paradigmatico, ya que contienen todos los datos de sendos casos
individuales de desaparicion, incluyendo las diligencias internas
practicadas en el seno del aparato de la dictadura militar al tiempo de
producirse la respectiva desaparicion).

Ante reiteradas intimaciones del Juzgado interviniente en el juicio contra
el Estado Nacional, dirigidas al Ministerio del Interior, se ordena
finalmente en ese Ministerio la reconstruccion de lo supuestamente
extraviado. La resolucion que lo dispone -- de fecha 7 de junio de 1995--
excluye expresamente la intervencion de particulares interesados, limitando
ademas la reconstruccion a uno solo de los cuatro expedientes paradigmaticos
requeridos por el Juzgado (sin dar fundamento alguno sobre esa limitacion
abiertamente ilegal), y excluyendo de hecho toda posibilidad de contralor
del Juez interviniente sobre esta anomala reconstruccion de pruebas vitales
para el proceso (puesto que la reconstruccion se resuelve en el ministerio
el 7 de junio de 1995 y es comunicada al Juzgado el 6 de octubre, haciendole
saber ademas que se estima en 15 dias el tiempo necesario para su
conclusion, con lo cual se le presenta una hecho consumado).

El Ministerio del Interior termina remitiendo al juzgado interviniente, con
fecha 12 de diciembre de 1995, el resultado de la alegada reconstruccion, en
condiciones tales (sumadas a las irregularidades ya senaladas) que obligaron
al Juzgado a dejar constancia de que lo recibido "esta dividido en tres
cuerpos" y que "dentro de los mismos constan distintas foliaturas que no
siguen la numeracion correlativa" (resolucion del 15 de diciembre de 1995).

El examen posterior de dicha reconstruccion demuestra que ella carece del
mas elemental rigor juridico, y que (ademas de su nulo valor probatorio) los
cuatro expedientes de casos individuales de desaparicion que se habian
salvado de la destruccion ordenada por la dictadura no han sido objeto de
reconstruccion alguna. En sintesis, han desaparecido en el ambito de
responsabilidad del Ministerio del Interior los unicos documentos que se
habian salvado de la destruccion sistematica ordenada por la dictadura.

Resultado de este comportamiento ministerial:

Se pierden expedientes decisivos para reconstruir desde el seno del Estado
el curso completo de una desaparicion, con toda la cadena de complicidades y
encubrimientos, con nombres y apellidos.

Se pierden para los que han demandado al Estado por informacion sobre la
suerte de sus seres queridos el medio de prueba mas especifico para
encontrar eventualmente la huella de una vida.

Finalmente, queda probado que un alto funcionario del Poder Ejecutivo ha
manejado a su arbitrio mas absoluto una supuesta reconstruccion de pruebas
esenciales de un proceso a cargo de un Juez Federal.

Esta conducta constituye un caso manifiesto de mal desempeno de las
funciones de un funcionario publico, sin perjuicio de la presunta comision
del delito de violacion de los deberes fundamentales de funcionario publico,
agravada por la supresion u ocultamiento de instrumentos publicos.

En el Legajo III de este Anexo General se adjunta fotocopia de las
actuaciones ministeriales y judiciales que acreditan lo expuesto.

IV. Jueces nacionales en lo penal federal Dres. Maria r. Servini de Cubria y
Nerio Bonifatti.

En el juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional
Federal numero 1 quedo radicada, en 1984, la denuncia efectuada por el
entonces Ministro del Interior, Dr. Troccoli, a raiz de haberse comprobado
la destruccion del archivo de personas desaparecidas existente bajo la
dictadura en el Ministerio del Interior.

Vale decir, que a partir de dicha denuncia hubo dos sumarios:

a) El sumario administrativo sustanciado por orden del Ministro Troccoli
para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios
responsables de tal destruccion.

b) El sumario penal instruido en el Juzgado Federal numero 1 para determinar
las responsabilidades penales de los autores de tal delito.

En el sumario administrativo obraban -en ejemplares originales- los
elementos ahora afectados por los hechos ilicitos senalados en el Cap. III
que antecede.

En el proceso penal obraban -en copias certificadas emanadas del Ministerio
del Interior- transcripciones fotograficas completas de aquel sumario
administrativo y de los cuatro expedientes sobre sendos casos individuales
de personas desaparecidas. Asi consta a folios 210/11 del expediente penal
81/84.

Tales piezas certificadas han desaparecido ahora del Juzgado Federal Penal
numero uno. Es decir, han desaparecido por partida doble los mismos vitales
elementos probatorios: los originales del Ministerio del Interior, y sus
fotocopias certificadas en el citado Juzgado federal.

Se trata de dos delitos simetricos, cometidos en dos ambitos estatales
distintos, sobre las mismas pruebas, y en el mismo periodo constitucional.

El comportamiento de la Jueza titular del Juzgado Penal Federal numero 1
Dra. Maria R. Servini de Cubria, ante los requerimientos del Juez federal en
lo Contencioso Administrativo requiriendo el envio de dichos instrumentos
(como prueba ofrecida por nuestra parte en el actual juicio contra el Estado
Nacional), fue el siguiente:

a) Primeramente contesto sosteniendo que no obraban en su Juzgado los
expedientes originales requeridos. Y es cierto que no obraban en su Juzgado
tales expedientes originales, pero lo que se requeria era precisamente lo
que si estaba en su Juzgado: las fotocopias autenticadas de aquellos
expedientes originales, agregadas fehacientemente al proceso penal por
destruccion del archivo de desaparecidos del Ministerio del Interior,
radicado en su Juzgado.

b) Al insistir el Juez Federal en lo Contencioso Administrativo en su
requerimiento, aclarando que lo solicitado eran precisamente copias
certificadas y no originales, la Dra. Maria R. Servini de Cubria contesto
que tales elementos no se hallaban en su Juzgado, afectados posiblemente por
un robo denunciado el 30 de agosto de 1993 ante la Seccional policial
correspondiente. Acompano con tal respuesta fotocopia del certificado
policial de denuncia de robo.

c) Como el certificado policial de denuncia de robo solo mencionaba la
desaparicion de un monedero con un billete de un peso (sic), el Juez en lo
Contencioso Administrativo insistio en su requerimiento.

d) La respuesta fue una comunicacion firmada por el Juez Federal en lo Penal
Dr. Nerio Boniffati (actuando interinamente en este acto tan singular)
reiterando la denuncia policial de robo y haciendo saber que en lo sucesivo
el Juez interviniente debia dirigirse con relacion a tales pruebas al
Ministerio del Interior, donde se hallaban los originales. Tal respuesta
obra a folios 269 y 323 del juicio contencioso administrativo contra el
Estado Nacional.

Ninguna constancia fehaciente de los autos permitia que un Juez interino
fundase la grave decision de indicar a otro Juez Federal que debia cesar en
sus requerimientos de remision de documentos por la supuesta desaparicion de
los mismos, ya que tal circunstancia no habia sido denunciada, ni objeto de
sumario o de procedimiento de reconstruccion.

Recientemente se ha localizado el expediente de la Justicia de Instruccion
donde se tramito la precitada denuncia de robo. Jamas se denuncio la falta
de otro elemento presuntamente sustraido que no fuera el monedero con el
billete de un peso. Lo cual constaba obviamente a los Jueces Federal en lo
Penal Dra. Servini de Cubria y Dr. Bonifatti.

No obstante ello, ambos magistrados informaban al Juez Federal Contencioso
Administrativo la sustraccion de los expedientes requeridos. De este modo,
el acceso a dichas pruebas se hizo imposible: no investigo su desaparicion
el Juez que intervenia en la denuncia de robo (porque no conocia tal
circunstancia) ni las pudo obtener el Juez en lo Contencioso Administrativo
(porque los precitados Jueces Federales en lo Penal, pretextando su supuesto
robo --que no habian denunciado-- lo remitian al Ministerio del Interior
"donde se encontraban los originales"). Y estos originales tambien
desaparecieron del Ministerio del Interior.

Los hechos y conductas descritos en este Capitulo estan especificamente
documentados en las fotocopias de las correspondientes actuaciones
judiciales que forman el Legajo IV de este Anexo General.

V. Juez de la camara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional
federal de la capital Dra. Luisa Riva Aramayo.

La Dra. Maria R. Servini de Cubria, con fecha 13 de mayo de 1994, comunico a
la entonces Presidente de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional que "...no han sido localizadas las fotocopias de los
expedientes administrativos numeros 178.383/76; 197.746/77; 197.794/76;
210.360/78 y 243.653/81, pudiendo haber sido sustraidas en oportunidad del
robo que sufriera una de las Secretarias del Tribunal... A mayor
abundamiento, se acompana copia de la denuncia oportunamente realizada" (que
no es otra que la del 30 de agosto de 1993 que menciona la falta de un
monedero con un billete de un peso). 

(Aclaramos que los expedientes mencionados son precisamente las ya citadas
copias certificadas del sumario administrativo por destruccion del archivo
de desaparecidos del Ministerio del Interior, y los cuatro expedientes
--tambien en copias certificadas-- de sendos casos individuales de
desaparicion de personas).

Y anade en su nota la Dra. Servini de Cubria: "por otra parte, y a fin de
contar con nuevas copias del sumario y los expedientes, se hace saber que
fue solicitado al Ministerio del Interior envie otras, habiendo enviado a la
fecha solo uno de ellos".

Se advierte claramente que la Dra. Servini de Cubria informa incorrectamente
sobre la naturaleza de los elementos desaparecidos, que eran "fotocopias
autenticadas" y no meras copias (como se ha demostrado al tratar el Cap. III
de este Anexo General).

Con fecha 8 de julio de 1994 la Dra. Servini de Cubria comunica a la Camara
que "por tratarse de fotocopias de expedientes administrativos cuyos
originales se encuentran reservados en la sede respectiva, su faltante no
modifica el cuadro probatorio de los autos principales por cuanto ademas los
mismos poseen resolucion firme".

Aqui se produce una nueva y flagrante tergiversacion, porque en dichos autos
principales --cuyo "cuadro probatorio" no habria sido alterado-- no existia
resolucion firme (estaba apelada la de 1ª instancia) sino INDULTO DEL PODER
EJECUTIVO NACIONAL (Decreto 1002/89 que incluyo expresamente a los imputados
por la destruccion del archivo del Ministerio del Interior, ex presidente de
facto Gral. Bignone, ex Ministro del Interior Gral. Lindo, y Coroneles Lacal
y Tepedino).

Por anadidura, es un sofisma inadmisible la afirmacion de que la falta de
los elementos desaparecidos "no altera el cuadro probatorio" de la causa,
porque lo que tanto la Dra. Servini de Cubria y la Dra. Aramayo sabian era
que se alteraba sustancialmente el cuadro probatorio en el juicio contra el
estado nacional, donde los elementos sustraidos constituian una prueba vital
de los actores en su busqueda de informacion y verdad.

Precisamente, esos elementos se le habian requerido para cumplir tal funcion
probatoria en el juicio actual, por lo cual dicha Jueza no podia ignorar
cual era la consecuencia esencial de su desaparicion.

En resolucion del 30 de noviembre de 1994, el Tribunal de Superintendencia
presidido por la Dra. Riva Aramayo desarrolla aun mas la tergiversacion:
sostiene que "...tratandose de copias simples, de sencilla reconstruccion,
no habra de ordenarse la formacion de sumario administrativo a este respecto".

De modo que los cinco expedientes constituidos por "copias autenticadas"
agregadas fehacientemente como tales a la causa penal por investigacion del
delito de sustraccion del archivo de desaparecidos, terminan siendo
mencionados como "copias simples de facil reconstruccion", de lo cual
resulta que ni siquiera hubo investigacion por via de Superintendencia.

Si bien es indudable que existe una transgresion imputable a todos los
miembros del Tribunal de Superintendencia, aparece como especialmente grave
la presencia de su presidente, Dra. Riva Aramayo, pues ella tuvo
conocimiento directo de la Causa penal en el ejercicio de sus funciones, y
le constaba por tanto la naturaleza de las piezas agregadas al mismo. Le
constaba tambien que en el expediente de la instruccion donde se investigaba
el supuesto robo solo se habia denunciado la falta de un monedero con un
billete de un peso.

Ademas, la conducta de la Dra. Riva Aramayo aparece agravada por haber
negado a los letrados que denunciaron tales irregularidades toda informacion
sobre la resolucion recaida en el sumario respectivo, y por haberse dirigido
al Juez en lo Contencioso Administrativo requiriendole informes sobre los
expedientes en cuestion, transgrediendo el deber de mencionar la
comunicacion respectiva en que actuaciones solicitaba tal informe.

La primera irregularidad consta en acta notarial, y la segunda resulta del
texto del oficio librado por la Dra. Riva Aramayo al Juez Guglielmino.

De este modo los sumarios resultaron inaccesibles para los damnificados por
las irregularidades denunciadas y para el propio Juez interviniente en el
juicio contra el Estado, y aparecen ahora como una ficcion cuyo verdadero
objeto debe ser investigado.

La doble sustraccion de identicas pruebas ha quedado asi, hasta el presente,
envuelta en la penumbra y en la impunidad, por actos u omisiones que
aparecen prima facie como concertados entre sus respectivos autores.

El Legajo V del presente Anexo General contiene fotocopias de las
actuaciones judiciales y documentos que acreditan lo expuesto.


VI. Convergencia procesal de maximos representantes de la dictadura y de la
representacion del estado.

Por primera vez el Estado nacional tuvo en este juicio la posibilidad de
interrogar como testigos (y no como imputados) a maximos exponentes de la
dictadura militar responsable del terrorismo de Estado, puesto que
declararon como testigos citados por nuestra parte ex miembros de la Junta
Militar (Nicolaides y Franco), ex Presidente de facto Reynaldo B. Bignone,
ex Ministro del Interior Albano Harguindeguy y ex Comandante del III Cuerpo
de Ejercito Benjamin Menendez.

Dichos testigos fueron preguntados extensamente por la parte actora, pero la
representacion del Estado (abogados del Ministerio del Interior) nada les
pregunto. Nada intereso saber al Estado, ninguna verdad busco en las
audiencias, a pesar de que los testigos reconocieron circunstancias sobre
las que no existia prueba alguna hasta ese momento: que la Junta Militar
habia dirigido la lucha antisubversiva, que las ordenes impartidas durante
aquella habian sido escritas, y que las actas de la Junta Militar se
encontraban en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, dependiente del
Ministerio de Defensa.

De modo que entre estos testigos plenamente representativos de la esencia y
obra de la dictadura, por un lado, y los representantes del Estado, por
otro, se constituyo de hecho un bloque de silencio que es una expresion
indudable del pacto de impunidad.

Y esta es la actitud de un Estado que dice en la contestacion de demanda que
nada puede informar porque todo esta destruido. El deber de informar
implica, desde luego, una minima actividad tendente a preservar la
informacion que se tiene, y a obtener la que no se tiene; pero el Estado
nacional, ademas de ocultar la que ciertamente posee, renuncia de hecho a
obtener via interrogatorio en audiencias publicas la que en ese momento
estaba potencialmente disponible en el pleno conocimiento de los testigos,
calificados por el alto rango de las funciones que desempenaron como jefes
del proceso militar.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1995.

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