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20ago22


Caso La Angostura: Así es como los avasalladores de tierras acaban con 100 años de historia en Cochabamba


100 años de historia están a poco de venirse abajo, una vieja enfermedad caló hondo en una hacienda del municipio cochabambino de Arbieto, una región productiva distante a unos 40 kilómetros de la capital departamental. Cuando el resto del país le hacía frente al covid-19, en octubre 2020, en la Hacienda Angostura fueron testigos de la llegada de un mal que no logra ser atendido pese a los pedidos de auxilio: el de los avasallamientos.

Esta afección trajo consigo desesperación y temor, que se reflejan en mortandad de animales, pérdidas productivas, freno de inversiones, cambios en el ecosistema, y trabajadores y funcionarios golpeados y heridos. Pese a las denuncias, las autoridades no dan con los responsables.

El modus operandi es el mismo utilizado en el predio Las Londras (Santa Cruz). Los avasalladores llegaron 'como Pedro por su casa', levantaron campamentos, empezaron a construir y trazar parcelas y caminos, alegando que habían comprado los terrenos, que son tierras de ocupación agraria, conocidas por ser una granja lechera de propiedad de la familia Canelas.

Los avasalladores, que se han identificado con grupos interculturales que levantan la bandera del masismo, empezaron a instalarse tapando las acequias, zanjas que conducen el agua para el riego y el crecimiento de pastizales, por lo que la escasez de alimento fue uno de los varios problemas que se tuvo que enfrentar, según el relato de la propietaria, Luz Marina Canelas.

Los avasalladores han sido calificados como personas violentas, no se puede hablar con ellos y las amenazas de muertes están latentes.

Afectación productiva

La granja producía un promedio de 1.000 litros diarios de leche, pero la falta de alimento, la mala calidad del alimento (se tuvo que comprar alimento seco y confinar al ganado en corrales) obligó a ralentizar la ordeña, lo que redujo la producción en un 80%, asunto que además de generar una pérdida productiva conlleva a que las vacas padezcan de mastitis, una afección que provoca inflamaciones en el tejido mamario que a veces implica una infección.

En los últimos días se reportó la muerte de 25 animales de la granja (todos de raza), por la falta de agua y forraje fresco, pese a que la región no adolece de esto por las buenas condiciones climáticas que son aptas para la actividades productiva y al desfogue -legítimo- de agua de la represa de La Angostura no fue suficiente.

En 2019, el municipio de Arbieto recibió un reconocimiento de parte de la Cámara de Senadores, en mérito a su contribución al desarrollo local y nacional. El movimiento económico de la región es impulsado por los cultivos agrícolas principalmente de trigo, maíz, cebada y durazno, los cuales se adaptaron adecuadamente a las condiciones del clima semiárido predominante en la zona.

Pero los productores ya no quieren saber de continuar impulsando la economía sectorial, puesto que la llegada de los avasalladores es sinónimo de pérdidas, ya no se puede sembrar debido a la erosión de la tierra.

"Los avasalladores están por todas partes, el rubro lechero está perdiendo terrenos, y los agricultores y lecheros prefieren vender sus tierras y dedicarse a otras cosa", manifestó la afectada, tema que se refleja en el bajón de la producción que cayó de 600.000 a 260.000 litros de leche por día, según datos sectoriales.

El tema no solo pone en riesgo la economía de las familias del área productiva cochabambina, sino que también afecta a toda una cadena que apunta a la seguridad alimentaria, según las cifras.

Los afectados lamentan que no se cuiden territorios agrícolas, tampoco los espacios donde crecen las especies nativas y tienen su rol en el ecosistema. A la mano y tala de los avasalladores se suma la desertificación de los suelos como consecuencia de la falta de lluvia.

En esta zona había zorros andinos, conejos, aguiluchos, reptiles y otras especies nativas que se han ido borrando de estos espacios, lo que es una muestra clara de la afectación a la biodiversidad.

Trabajadores golpeados

Según un reporte de Los Tiempos, en semanas pasadas un grupo de trabajadores del predio que se alistaban para sembrar forrajes para el ganado fueron sacados a golpes del lugar por los avasalladores, lo que llevó a que estos tengan que ser atendidos en centros de salud.

En sus declaraciones a las fuerzas del orden, los trabajadores señalaron que no solo fueron golpeados, sino que les quitaron sus pertenencias y los amenazaron de muerte si retornaban a realizar trabajados al lugar.

Y, pese a que se sentaron las denuncias, la Policía no logra dar con los responsables del ataque. Los trabajos no continuaron debido a la falta de garantías para realizar las labores.

Labor del sector público

Los que sí continúan en el lugar son los avasalladores, haciendo caso omiso a la alerta del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que en junio de este año notificó a unos cuatro grupos asentados ilegalmente en la Hacienda Angostura que no se permite construir o tomar posesión del predio.

Una comisión del INRA y la Policía visitó a zona e intentó colocar letreros oficiales con el anuncio de medidas precautorias para el lugar, pero fueron desalojados con amenazas.

El INRA indica que no busca favorecer a la familia Canelas. El predio está en proceso de saneamiento, pero se halla paralizado. En 2015, el INRA declaró el lugar "tierra fiscal", pero las partes impugnaron y se está a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que no llega hasta la fecha.

Y esto se impulsa haciendo caso omiso a las certificaciones de la Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riego Nš1 de La Angostura, que indican que el predio es propiedad de la familia Canelas, así como también se ha certificado que en el lugar existen asentamientos ilegales que dañan sistemas de riego legales que no respetan los usos y costumbres que tienen garantías desde hace más de 70 años.

En ese entonces, según reseña la prensa cochabambina, el director departamental del INRA, Armando Mita, sostuvo que es la municipalidad de Arbieto la que tiene tuición para frenar y demoler las construcciones ilegales, pero el asunto no está en agenda de las autoridades, que eluden los cuestionamientos de los medios de comunicación.

El tema preocupa y la 'enfermedad' sigue avanzando, llevándose a su paso animales, inversiones, seguridad ciudadana y biodiversidad, todos en terapia intensiva.

[Fuente: Por Alvaro Rosales Melgar, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 20ago22]

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