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11oct18


Estrategia buena en lo político y comunicacional, débil en lo jurídico


Las aguas van calmando y los análisis emergen para entender de alguna forma la respuesta negativa de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a la demanda boliviana para negociar una salida soberana al mar, considerando que en 1879, en la Guerra del Pacífico, Chile le cerró a Bolivia la posibilidad de ejercer la cualidad marítima, y que más allá del Tratado de Paz firmado en 1904 había la posibilidad de que el tribunal internacional afincado en La Haya tome en cuenta los compromisos asumidos por el vecino país ante el nuestro, como parte de conversaciones o negociaciones bilaterales.

La desazón y la falta de una comprensión cabal de lo sucedido aún ronda en nuestras cabezas y pese a que varios críticos dan como sugerencia dar vuelta la página, será muy difícil, por lo menos en el corto y mediano tiempo, ya que no se puede extirpar de un sopetón de nuestra memoria colectiva las esperanzas que se amasaron en casi todos los bolivianos y bolivianas el retorno a las costas del Pacífico.

No sólo fue un acto de delirio patriotero, de los muchos que tuvimos en esta larga historia que parecía sin fin, y que se lo utilizaba como el elemento común que nos acercaba a los bolivianos, sino que, más allá de ello, fue ilusionado por la misma Corte Internacional de Justicia, en 2015, cuando por 14 votos a favor y dos en contra los jueces del tribunal rechazaron la solicitud chilena de objeción ante la demanda marítima de Bolivia.

Si bien fue un buen inicio, luego de cinco años nos damos cuenta de que no habíamos atado los cabos sueltos en lo jurídico y que no teníamos la fuerza categórica para obligar a Chile. Tal vez, el mejor momento de acercarnos a nuestro vecino hubiera sido antes de que la CIJ nos diera el tremendo golpe, del que todavía estamos recuperándonos.

En Chile, obviamente con la complacencia de haber obtenido una victoria contundente -que el presidente Piñera la calificara como un triunfo histórico, acrecentando su popularidad sin haber hecho mucho- señalan que los artífices principales de la defensa chilena fueron el excanciller Heraldo Muñoz (durante el gobierno de Michelle Bachellete de 2014 a 2018) y el agente de Chile ante La Haya, Claudio Grossman.

Tanto Muñoz como Grossman armaron la estrategia para lograr el resultado favorable para el país trasandino. Grossman calificó de “muy sólida” la argumentación jurídica de su país, que sostuvo que no había fundamento jurídico para la demanda boliviana, porque Chile nunca asumió una obligación de negociar,ni en un tratado ni en declaraciones unilaterales, lo que no fue desvirtuado categóricamente por el equipo legal boliviano.

Grossman expresó su satisfacción por el resultado y el trabajo arduo realizado durante estos cinco años y por haber ubicado, a su juicio, la disputa en el terreno del Derecho Internacional sin aceptar desviaciones históricas. “Es muy importante que la Corte haya resuelto esta disputa aplicando el derecho internacional”, opinó.

Para Grossman, el que Bolivia intentara buscar varias fuentes de una obligación significó una confesión de debilidad, que para el Derecho Internacional no es riguroso; por lo tanto, su evaluación inicial en 2013 fue ése y su equipo se preparó para responder a la aspiración boliviana, fortaleciendo lo legal, que le dio razón a la larga, pese a que Bolivia tenía, en ese momento, cierta ventaja en lo comunicacional y político.

El excanciller trasandino opinó que Bolivia erró al tomar este caso como algo político y comunicacional, y no concentrarse en una estrategia jurídica, que desde el inicio no tenía sustento (él la llamó sin plausibilidad jurídica) y tampoco fue consistente.

[Fuente: Por Gastón Flor Ameller, Página Siete, La Paz, 11oct18]

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