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08ene18


Colegio de Abogados de Bolivia pide abrogación del Código Penal y dice que no les permitieron revisar la norma


El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia denunció este lunes que, pese a haberlo solicitado, ni las autoridades del Gobierno ni las del Legislativo convocaron a sus miembros para revisar los alcances del nuevo Código de Sistema Penal, que desató movilizaciones en todo el país. Anunció además que "no descansaremos hasta que se logre la abrogatoria" de ese instrumento legal.

En un comunicado, los abogados aseguran que "no tuvimos la oportunidad de advertir a la sociedad de estos artículos" y anuncian su respaldo a las movilizaciones que encaran los médicos hace 47 días en contra de esta normativa. "No descansaremos hasta que se logre la abrogatoria del Código y se construya uno nuevo con la participación de la sociedad en su conjunto", afirman.

La postura se refleja en el comunicado que en nombre de la entidad, su presidenta María Moreno rubricó el 5 de enero con el que critican la construcción de la norma en cuestión que, aseguran, "se realizó con total hermetismo y envuelta en velo de misterio" a tal punto que no se conoce ni quiénes fueron los proyectistas.

Además, al sector señala que le causa sorpresa que la redacción de "algunos artículos" sea "ambigua, vaga e inconstitucional", pese a que, según rumores, participaron de la misma varios juristas destacados del ámbito nacional e internacional.

"Cuando se inició con el tratamiento de la Ley en la Cámara de Diputados solicitamos oficialmente una copia del proyecto de Ley para analizar y criticar constructivamente la norma, pero hasta el día de hoy no tenemos respuesta", escribió Moreno.

La directiva apunta que solicitaron reuniones con el Ministerio de Justicia y otras autoridades "para hacerles conocer el riesgo que conllevaría realizar un Sistema Penal sin la participación de especialistas (…) y de habernos escuchado y tomado en cuenta hoy en día no tendríamos tantos artículos que vulneran los principios básicos del derecho penal".

La normativa es cuestionada por sectores de médicos que lideran las protestas, sectores del transporte, iglesias católico cristianas, colectivos contra el aborto, gremios de periodistas y otros profesionales.

La Asamblea Legislativa trabaja en la derogación de los artículos 137 y 205 referidos a la mala práctica profesional y el homicidio en medio de transporte con el fin de favorecer a los transportistas y los médicos, respectivamente y revisará los alcances de los artículos 293 y 294 que se refiere a las protestas, pero no abrogará la norma. Esa es la postura del Gobierno.

[Fuente: Por Rubén Aireñez, La Razón, La Paz, 08ene18]

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