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07nov18


Y dale con el tipo de cambio fijo


De acuerdo a lo planteado en el reportaje de la periodista Carla Hannover, en la sección Ideas de Página Siete, publicado el 16 de septiembre, mantener el tipo de cambio por siempre fijo parecería una panacea. Gracias a ello, Bolivia disfruta de “estabilidad financiera”, además, exhibe “la menor tasa de desempleo de la región” y un “alto ritmo de crecimiento económico”. ¿Por qué será que sólo Bolivia percibe estas ventajas, mientras los países vecinos periódicamente aplican fuertes correcciones en sus tipos de cambio?

En la economía se puede distinguir dos grandes grupos de bienes y servicios (ByS): Los ByS que se exportan o importan (comercializables), cuyos precios dólar son determinados en los mercados externos; y los ByS netamente internos, que no son exportables ni importables, cuyos precios experimentan un incremento continuo por la inevitable inflación interna.

En la medida que la inflación interna supera al alza de los precios dólar en los mercados internacionales, sosteniendo el tipo de cambio fijo se agranda año a año la brecha entre los precios de los ByS internos y los ByS comercializables. Esto distorsiona el funcionamiento de la economía. Es más barato importar y menos rentable exportar. Su principal consecuencia es generar desempleo interno y desalentar el crecimiento del PIB. De acuerdo a cálculos del FMI, sería necesaria una devaluación real del 50% para recuperar la competitividad que tenía Bolivia en 2010.

Y no nos engañemos con cifras de bajo nivel de desempleo. Bolivia ostenta el récord mundial de actividad económica en el sector informal (70%). Y eso significa fundamentalmente desempleo disfrazado. ¡Nos estamos suicidando!

Para garantizar la estabilidad de la economía, lo que se debe mantener fijo es el tipo de cambio real; es decir, el tipo de cambio nominal debe periódicamente ajustarse para lograr que los precios en moneda nacional de los ByS internos y de los ByS comercializables se muevan al mismo ritmo.

Es irracional pretender contener la inflación interna sujetando artificialmente los precios de un grupo importante de ByS. La inflación en Bolivia es un fenómeno monetario y como tal corresponde controlarla con instrumentos monetarios.

Mantener el tipo de cambio nominal fijo puede compararse con resolver el problema de inundaciones en Tiquipaya, bloqueando el río mediante un enorme embalse aguas arriba. Al desaparecer el curso de agua, los pobladores podrían incluso edificar sus viviendas sobre el viejo curso del río, ahora firmemente represado.

¡Una maravilla de planificación urbana! ¡Qué estabilidad! Al cabo de un tiempo, cuando las aguas rompan la presa y haya una desastrosa avalancha, ¿la culpa correspondería al alcalde de turno? ¿o más bien a los irresponsables que embalsaron el poder de las aguas? La solución racional sería regular de alguna forma el flujo del agua (es decir una devaluación cambiaria nominal controlada), pero no pretender detenerlo eternamente.

Simétricamente al desbalance externo, la economía experimenta un desbalance en las cuentas del sector público. Siendo el sector público el principal exportador, la crisis del sector externo, agravada por la sobrevaluación cambiaria, reduce los ingresos públicos. Teóricamente el desbalance podría corregirse recortando el gasto público.

Sin embargo, el recorte en el gasto público frenaría la demanda agregada y podría hasta revertir el crecimiento del PIB. Además, tendría un inaceptable costo social pues el recorte no caería sobre la defensa, el aparato de propaganda, museos, palacios, canchas de fútbol y otros lujos del Ejecutivo. Caería inevitablemente sobre la educación, la salud, y el medioambiente.

Tradicionalmente, en Bolivia los desbalances macroeconómicos se originan en la política cambiaria. En el mediano plazo, cabe proponer una política de tipo de cambio real fijo, pero modificable de acuerdo con la evolución de la Balanza de Pagos. Defender un tipo de cambio nominal eternamente fijo es un espejismo populista, porque se trata de una medida insostenible y contraria a los intereses nacionales.

[Fuente: Por Walter Gomez D’Angelo, economista, Página Siete, La Paz, 07nov18]

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