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13mar21


Con operativos sorpresa e ignorando la norma, persiguen a Añez y sus ministros


La Fiscalía emitió ayer una orden de aprehensión en contra de la expresidenta Jeanine Añez, cinco de sus exministros y cuatro exjefes de las Fuerzas Armadas (FFAA) por el caso de supuesto "golpe de Estado" en 2019. En operativos sorpresa y sin notificaciones previas a los involucrados, la Policía "secuestró" en Beni a los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, denunció el exprefecto Ernesto Suárez.

Además, instaló vigilancia en la puerta de ingreso y los alrededores del condominio donde vive la exjefa de Estado.

"La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura", escribió Añez a las 13:41 en su cuenta de Facebook, minutos después de enterarse de la aprehensión de Guzmán en Trinidad. "Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones", agregó, y adjuntó la orden de aprehensión firmada por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala.

Coimbra denunció por la misma red que "de manera ilegal y abusiva" detuvieron a Guzmán "por el acaso armado de 'golpe de Estado'" y que había una orden similar en su contra. "No hubo previa citación y además nosotros ocupamos los cargos luego de constituirse un gobierno constitucional. Este gobierno es igual al de Evo. Nuevo caso terrorismo, ahora en el Beni", denunció. Minutos después fue aprehendido y trasladado al aeropuerto de Trinidad, donde se encontraba Guzmán esperando su traslado a La Paz.

"Hemos dicho que nos vamos a poner a disposición de la ley, siempre", afirmó Coimbra al momento de subir al vehículo de la Policía. Guzmán también deploró la actuación diligente de la Policía. "Este es un secuestro y un abuso, como al que está acostumbrado el MAS (…) Dicen que tengo orden de aprehensión por el tema de terrorismo y sedición pero nunca me notificaron, pero lo vamos a asumir, seguiremos como opositores a este Gobierno, a esta tiranía. Un saludo a toda la población, vamos a salir de esta dictadura", declaró.

Según la Fiscalía, existen órdenes de aprehensión por presunto terrorismo, sedición y conspiración contra Jeanine Añez, los exministros de Gobierno Arturo Murillo, de la Presidencia Yerko Núñez y de Defensa Luis Fernando López. En el caso de los exmiembros del Comando en Jefe de las FFAA, aparecen el almirante Palmiro Jarjuri, excomandante de la Armada; Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); el general Jorge Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; Jorge Elmer Fernández Toranzo, de la FAB, y Yuri Calderón, excomandante de la Policía, y el excomandante en jefe de las FFAA, Sergio Orellana.

En el documento, los fiscales justifican las órdenes de aprehensión señalando que los sindicados podrían modificar las pruebas del supuesto golpe y dejar el país. Además, afirman que estarían involucrados en el pedido de renuncia de Evo Morales que realizó el entonces comandante de las Fuerzas Armandas Williams Kalimán, éste con detención domiciliaria.

El traslado de Coimbra y Guzmán fue seguido por el canal estatal Bolivia TV y cuando ambos llegaron a dependencias del Ministerio Público se instalaron en las puertas las denominadas "víctimas de la masacre de octubre", para solicitar que sean enviados a la cárcel.

El proceso había comenzado con ocho acusados y cuando los periodistas preguntaron al fiscal Mejillones el motivo por haber realizado la ampliación, la autoridad judicial no tuvo respuesta. "Más adelante vamos a oficializar cualquier situación en relación a la ampliación de investigación", respondió.

El 10 de noviembre de 2019, luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó en un informe que hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019 , en las que había ganado el expresidente Evo Morales, se desató una protesta social que derivó en graves enfrentamientos, que no pudieron ser controlados por la Policía. En ese contacto, los excomandantes de la Policía y de las FFAA, además de la dirigencia de la COB, plantearon su renuncia, lo que finalmente Evo Morales hizo para luego dejar el país.

Dos casos: supuesto golpe y terrorismo

Dos procesos: Por denuncia de la exlegisladora Lidia Patty, la Fiscalía abrió dos procesos contra políticos de oposición, militares y policías que participaron en los hechos de 2019, durante y luego de la renuncia de Evo.

"Golpe" y terrorismo: El primer caso tiene que ver con un supuesto "golpe de Estado" dirigido, según Patty, por los policías y militares que pidieron la renuncia de Morales, además de los cívicos, encabezados por el cruceño Luis Fernando Camacho. Inicialmente Jeanine Añez y sus ministros no estaban incluidos. El segundo, por presunto terrorismo, tiene que ver con la muerte de personas en los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los grupos violentos que pedían el retorno de Morales, tanto en Senkata como en Sacaba.

Exjefe militar es encarcelado

La autoridad del Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de La Paz determinó ayer la detención preventiva en el penal de San Pedro, por seis meses, del exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA) almirante Flavio Arce San Martín, por el caso del presunto "golpe de Estado". Fue imputado por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

El abogado de Arce, Roger Valverde, afirmó que los fiscales no presentaron ningún indicio material de la participación de su cliente en ese presunto delito y lo implicaron solo por el hecho de haber acompañado al excomandante en jefe de las FFAA general Williams Kaliman, cuando el 10 de septiembre de 2019 recomendó la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, acorralado por un paro cívico, denuncias de fraude electoral y un motín policial.

Valverde anunció que se apelará la determinación judicial. Visiblemente afectado, el militar sólo atinó a declararse inocente al momento ser llevado a celdas policiales de la fuerza anticrimen. Es el primer militar enviado a la cárcel por el caso en el que el exlíder cívico y virtual gobernador cruceño Luis Fernando Camacho es el principal acusado.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, expresó ayer que "los militares golpistas" de la gestión 2019 deberán someterse al debido proceso.

"Existen militares golpistas que al momento de irse tomaron todos los recaudos para no dejar rastro alguno, destruyendo la documentación, borrando pruebas en los sistemas informáticos", afirmó la autoridad gubernamental.

[Fuente: Por Carlos Quisbert, Página Siete, La Paz, 13mar21]

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