31may04

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Referéndum: una trampa de cinco preguntas

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El presidente Carlos Mesa le ha quitado legitimidad y representatividad al referéndum del 18 de julio. Al excluir la demanda popular para nacionalizar el gas y el petróleo, la consulta oficial ha perdido su esencia democrática al desconocer el derecho del pueblo a decidir qué hacer con su riqueza hidrocarburífera.

El referéndum de Mesa -calificado por los sindicatos y organizaciones populares como "tramparéndum", por "tramposo" y "engañoso"-pretende que los bolivianos elijan entre dos políticas que son igualmente entreguistas y antinacionales, y que consagran el pleno dominio de las transnacionales sobre los hidrocarburos y el destino de la Patria.

Por el contenido y la forma de las cinco preguntas del referéndum, no importa mucho que gane el Si o que triunfe el NO, ya que las petroleras extranjeras seguirán teniendo la "propiedad real" de los hidrocarburos y serán las que más se benefician con su explotación, dejando muy poco o casi nada para el país más pobre del Sur de América.

El análisis de las cinco preguntas no deja lugar a dudas.

La primera pregunta: żEstá usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada?

En caso de que triunfe el NO, se mantendrá inalterable la ley que ha permitido que el Estado suscriba 78 contratos de riesgo compartido con las transnacionales y pierda la propiedad real de los hidrocarburos.

Si triunfa el SI, la ley de Sánchez de Lozada se mantendrá inalterable por los próximos 36 años para todas las transnacionales que tienen contratos con el Estado boliviano y controlan el 100% de las reservas de gas y petróleo del país. "Los contratos son ley entre partes y éstos no se tocan", aseguraron tanto el Presidente Carlos Mesa como su delegado Francesco Zaratti.

Sólo para las nuevas empresas que lleguen al país regirá una "nueva" legislación, pero que no se apartará mucho de lo que es la Ley de Sánchez de Lozada. Esta presunción se basa en dos hechos: a) los contenidos y alcance de la propuesta de Ley de Carlos Mesa que son muy similares a la Ley 1689, y b) la nueva ley debe ser debatida y aprobada por el Parlamento boliviano, que está dominado en sus dos tercios por los partidos neoliberales que gobernaron con Sánchez de Lozada.

Conclusión: Gane el SÍ o el NO, la ley de Sánchez de Lozada seguirá vigente en sus aspectos fundamentales al menos por los siguientes 36 años.

Segunda pregunta: żEstá usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?

Si triunfa el NO, las petroleras extranjeras continuarán siendo las propietarias "reales" del gas y el petróleo, al controlar las reservas, explotar los yacimientos, procesar y producir carburantes, transportarlos, comercializarlos hacia el mercado interno y exportarlos, obteniendo utilidades y ganancias en todo el proceso.

Si triunfa el SI, las petroleras extranjeras continuarán gozando de todos y cada uno de sus privilegios y prerrogativas, como establecen sus contratos que serán respetados de principio a fin, tal como admiten el Presidente Mesa y sus principales colaboradores.

Con el SI, el Estado boliviano tendrá la "propiedad formal" de los hidrocarburos desde el subsuelo hasta un metro por encima de la tierra, pero sólo en los contratos que pueda firmar en el futuro o cuando concluyan los actuales contratos (dentro de 36 años) o se agoten los yacimientos en explotación.

Según lo que explicaron Mesa y sus colaboradores, "la recuperación de la propiedad en boca de pozo" significa que el Estado tiene derecho a fijar políticas de precios internos de carburantes, verificar mejor los volúmenes de producción y aprobar o no la exportación a otros mercados externos, pero nada más.

Conclusión: Triunfe el SI o el NO, las petroleras extranjeras no pierden ninguno de sus beneficios y continuarán siendo las "propietarias reales" del gas y el petróleo, por lo menos por los siguientes 36 años o antes, si se agotan los yacimientos. Por tanto, "la recuperación de la propiedad" planteada por Mesa es tan sólo un saludo a la bandera y no tiene nada que ver con la demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) y del 81% de los bolivianos que quieren la propiedad real sobre el gas y sobre sus beneficios.

Tercera pregunta: żestá usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), recuperando la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?

En caso de que triunfe el NO, la empresa estatal de YPFB seguirá siendo una pequeña unidad administrativa que sólo firma contratos con las petroleras extranjeras, pero sin ninguna injerencia en la exploración, explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos, tal como quedó tras ser privatizada parcialmente en la llamada "capitalización" de Sánchez de Lozada. YPFB había sido partida en tres y fusionada con capital extranjero, dando origen a tres empresas: Andina, Chaco y Transredes. La dirección, administración y manejo de estas empresas capitalizadas están en manos de las transnacionales, mientras que las acciones del Estado, estimadas en 700 a 800 millones de dólares, fueron transferidas a nombre de los bolivianos y son manejadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Con las utilidades de estas acciones se paga el bonosol, la pensión anual vitalicia para los mayores de 65 años.

Si triunfa el SI, el único cambio real que existirá será que YPFB asumirá la representación minoritaria de los accionistas bolivianos en los directorios de las empresas Chaco, Andina y Transredes en reemplazo de las AFPs. El Estado, a través de YPFB, tendrá un mayor control sobre estas empresas, pero éstas seguirán siendo manejadas por las transnacionales, por lo que la empresa estatal no volverá al circuito productivo ni siquiera en el mediano plazo.

Sobre este tema, las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos aclararon que como el Estado no confiscará las acciones que están a nombre de los bolivianos, YPFB sólo será la tenedora de las acciones y la beneficiaria de los dividendos que distribuyan las empresas capitalizadas, que no tienen más del 15% de las reservas de gas y petróleo. Bajo esta perspectiva, el monto del bonosol se reduciría aproximadamente a la mitad.

Conclusión: Triunfe el SI o el NO, YPFB no volverá a ser la empresa petrolera que manejaba y dirigía toda la industria petrolera nacional y aportaba anualmente al Estado por encima de los 470 millones de dólares. Las reservas de gas y petróleo y su explotación quedan en manos de las transnacionales y la estatal YPFB tendrá, en el mejor de los casos, un papel marginal en la actividad hidrocarburífera.

Cuarta pregunta: żEstá usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico?

Si triunfa el SI, la población habrá dado carta blanca para que el gobierno pueda negociar con Chile y tomar las decisiones que crea conveniente. Así, puede darse la eventualidad de aprobar el proyecto de las transnacionales de exportar gas a Estados Unidos y México a través de un puerto chileno, con el simple compromiso del vecino país para iniciar negociaciones sobre la demanda marítima.

Si gana el NO, se pone en cuestión la política gubernamental.

En todo caso, la interpretación del resultado de esta pregunta, como del resto, es potestad del gobierno de Mesa.

Quinta pregunta: żEstá o no de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que cubra el consumo de gas de las bolivianas y los bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país; destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos?

En caso de que triunfe el SI, no habrá ningún cambio significativo en el corto y mediano plazo. Sólo en el largo plazo (a partir del 2010) y siempre y cuando aumenten espectacularmente las exportaciones de gas, el Estado obtendrá mayores ingresos por impuestos, aunque sin llegar al 50%.

El SI autoriza la exportación de gas natural como materia prima a todos los mercados y virtualmente aprueba el contenido del proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos presentado hace poco por Mesa y que no incluye la industrialización del gas como un eje de la política nacional de hidrocarburos.

Sin tener la propiedad real de las reservas de gas y petróleo y sin una empresa estatal con recursos suficientes y que dirija, controle y participe en toda la cadena productiva, la industrialización se queda en el papel o, lo que es lo mismo, en manos de las transnacionales.

En materia de impuestos, el voto del SI significa dar apoyo a la propuesta gubernamental de introducir el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH) en reemplazo del Surtax (otro tributo a las ganancias extraordinarias). Como el ICH puede ser descontado del Impuesto a las Utilidades y se necesita, además, un notable crecimiento de las exportaciones y ventas de gas y petróleo para que entre en vigencia, su impacto será mucho menor al calculado por las autoridades. Con este tema impositivo se consolida también, indirectamente, la onerosa reclasificación campos que ha permitido el pago del 18% de regalías para los pozos nuevos y del 50% para los pozos viejos, con graves daños económicos para el país.

En caso de que triunfe el NO se mantiene inalterable la actual situación.

Conclusión: Gane el SI o el NO, las transnacionales podrán seguir exportando el gas como materia prima, no habrá industrialización del gas en el país y no habrá un aumento significativo de ingresos para el Estado.

[Fuente: Por Gabriel Tabera Soliz en Econoticiasbolivia.com, La Paz, Bolivía, 31may04]

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Este documento ha sido publicado el 01jun04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights