Los Tiempos (http://www.lostiempos.com) Cochabamba - Bolivia, viernes 3 de septiembre de 1999 BUSCAN LA VERDAD DE AMAYAPAMPA Dos médicos forenses y un perito en balística extrajeron dos esquirlas de plomo de los restos del menor Wilmer Gonzales Casano, asesinado en el Norte de Potosí. Entregaron lo hallado a una juez. Sacaron restos de bala de una víctima de la masacre Dos esquirlas de plomo, una de cuatro por 6.5 milímetros, otra de uno por dos milímetros, y un pedazo de esternón con un orificio de proyectil fueron extraídos ayer del cadáver de Wilmer Gonzales Casano, un menor de 15 años que falleció por impacto de bala el 20 de diciembre de 1996, en los desmontes de la tranca de Llallagua, durante las jornadas de la masacre de Amayapampa y Capasirca, en el norte de Potosí. Los resultados obtenidos por dos médicos forenses y un perito en balística de la Corte Superior de Distrito y la Policía Técnica Judicial (PTJ) corresponden a la necropsia instruida por una Comisión de Fiscales de La Paz, Oruro y Potosí, que investiga los hechos de sangre registrados entre el 19 y 22 de diciembre de 1996, por encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Entre las 05:30 y 07:35 del jueves, en audiencia pública presidida por la juez de Instrucción en lo Penal, Mercedes Claure, se procedió a la necropsia del cadáver de Wilmer Gonzales, enterrado en el Cementerio de Quillacollo. La Comisión del Ministerio Público estaba presidida por Luis Andrade Chacón, fiscal de Sala Superior. Concluida la necropsia los médicos forenses y el perito en balística entregaron las dos esquirlas y el esternón de Wilmer Gonzales a la juez Claure, en una bolsa de polietileno debidamente cerrada para ser sometidos a un examen de laboratorio. El estudio de las esquirlas de plomo extraídas del esternón izquierdo del cadáver permitirá conocer el calibre, origen, fabricación, incluso el tipo de arma, para determinar luego si el disparo salió de los efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de los viejos fusiles "Mauser" y escopetas que utilizaron los mineros y campesinos de Amayapampa y Capasirca para rechazar la intervención a las minas de oro. Durante la necropsia, los forenses detectaron, a la altura del orificio de entrada del proyectil, una incisión, un corte de bordes finos que fue suturada por atención médica o autopsia, pero ninguna fractura del esternón. Concluida la audiencia, los restos de Wilmer Gonzales retornaron al nicho del Mausoleo de la Asociación de Maestros Rurales de Quillacollo. Los familiares del desafortunado joven no estaban presentes porque al parecer no fueron notificados. Los médicos forenses, el perito en balística y el fotógrafo de la Corte Superior de Distrito deberán redactar un protocolo y un informe detallado de la primera necropsia, que serán entregados a la juez Claure y posteriormente al Ministerio Público. El fiscal Luis Andrade recordó que a solicitud de la Comisión Interamericana de la OEA, el Ministerio Público comenzó las necropsias de ocho civiles y un jefe policial, fallecidos durante la masacre. Participaron de la necropsia practicada en el cementerio de Quillacollo, Luis Andrade Chacón, Fiscal de Sala Superior del Ministerio Público; Jhonny Quilo, agente fiscal del Distrito de Oruro; Jorge Garnica Durán y Félix Guido Romay del Distrito de Potosí. La Comisión de Fiscales se trasladará la próxima semana a Llallagua, Amayapampa y Capasirca para proceder a la necropsia de los cadáveres enterrados en los cementerios de esas localidades. El joven Wilmer Gonzales fue a pasar vacaciones, pero encontró la muerte Los primeros días de diciembre Wilmer Gonzales Casano, natural de Quillacollo, con los 15 años de su adolescencia, escuchaba impresionado las referencias sobre las luchas sindicales en las minas de Catavi y Siglo XX, donde una tía suya realizaba estudios de enfermería en la Universidad Nacional "Siglo XX". Dos semanas antes de la intervención policial y militar a Capasirsca y Amayapampa decidió acompañar a su tía a la tierra de mineros, aprovechando las vacaciones de fin de año. El 20 de diciembre se trasladó, junto a otros menores curiosos, a las montañas de granza de la tranca de ingreso a Llallagua para observar la resistencia de mineros y campesinos a las fuerzas policiales y militares que llegaban de Oruro y La Paz como refuerzo a los efectivos que intervinieron las minas de oro. De pronto una bala perdida se incrustó en el costado izquierdo de su cuerpo, muy cerca del corazón para arrebatarle la vida. El resto de las víctimas caídas en la masacre de Amayapampa y Capasirca fueron enterradas: tres en el Cementerio de Llallagua, uno en La Paz, dos en la comunidad de Jaltapalca y uno en las lomas de Antara, según los informes oficiales. Todo comenzó el 19 de diciembre durante en el primer enfrentamiento que se registró en la zona de K'ellu K'asa. Cuando las fuerzas combinadas del Ejército y la policía intentaban ocupar la mina de Amayapampa, fallecieron por impactos de bala y en forma instantánea: Santos Ossio Padilla, Miguel Angel Choque, Marcial Calla Fiesta y Galo Luna Salinas, éste último dirigente de la Federación de Trabajadores Mineros que trató de mediar en el conflicto. El 20 de diciembre, en otro enfrentamiento y emboscada de K'ellu K'asa, se registró la muerte del coronel Eduardo Rivas, comandante del Grupo Especial de Seguridad de La Paz, presuntamente por disparos efectuados por un francotirador. Ese mismo día, en horas de la noche y en la tranca de ingreso a Llallagua, fallecieron Wilmer Gonzales Casano y el mecánico José Luis Espinosa, cuando los mineros y pobladores de Siglo XX intentaban evitar el ingreso de refuerzos policiales. El sábado 21, en las colinas de Amayapampa murió la enfermera Ercilia López Condori, cuando intentaba socorrer heridos y, el martes 24 pereció el trabajador minero Gregorio Carlo Estalla en el Hospital General de Oruro. Falta de tino La Paz | Los Tiempos.- La masacre se hubiera evitado si los empresarios mineros y el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada actuaban con más tino en un conflicto cuyo origen era estrictamente laboral, sugiere el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1997. La empresa canadiense Da Capo compró las minas, impuso otras condiciones de explotación, cambió el trato e incluso prohibió a los mineros masticar coca. Amayapampa fue transferida el 15 de marzo de 1996 y Capasirca el 10 de abril. El 10 de abril los mineros de Capasirca declaran una huelga indefinida. Los empresarios prometen pagar sueldos y garantizar la estabilidad laboral a cambio de levantar la medida. Los mineros dicen haber sido insultados por el gerente de la Da Capo, David O'Connor. La empresa solicita al gobierno garantías a través de los comandos militares y de la Policía. El 18 de septiembre, el ingeniero Guillermo Cordero es retenido por los mineros y luego es liberado. La empresa abre causa penal. Tres días más tarde, la Da Capo anuncia el cierre de la mina. El 14 de noviembre, policías se movilizan hacia Capasirca y Chuquiuta, para detener al dirigente Mario Mancilla por el secuestro de Cordero. Los mineros despojan a los policías de su armamento y equipo y los expulsan de la comunidad. El Prefecto de Potosí detiene una columna militar y obtiene la devolución de armas y equipos. El 17 de diciembre, los mineros exigen el cumplimiento de acuerdos y la empresa denuncia la toma de Amayapampa. Los trabajadores exigen el abandono de la mina, tanto de los ingenieros y técnicos, como de los 25 policías que resguardaban el lugar. El 18 de diciembre llegan a la región 150 efectivos, a la cabeza del comandante de la Policía, general Willy Arriaza. Al día siguiente estalló la masacre.