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02jun05
El gobierno de Mesa, ¿en la cuenta final?
La permanencia de Carlos Mesa en la presidencia de Bolivia parece estar en su recta final. Durante las dos últimas semanas el país del altiplano vive una gran tensión social que todavía no vislumbra una pronta solución.
Los peores momentos que vive Mesa se dan en especial por la exigencia de dos sectores enfrentados y que apuntan a visiones distintas. Por un lado, se encuentran los movimientos sociales que demandan una ley de hidrocarburos que les permita acceder al 50 por ciento de la renta petrolera, y reclaman una fecha para realizar una Asamblea Constituyente. Por el otro lado, están las oligarquías del sector oriental, que encierran los departamentos de Santa Cruz, Tarija, y en menor medida, Pando y Beni, que presionan al gobierno para que apruebe una fecha que dictamine un referéndum de autonomías.
Sin embargo, no solo son estos sectores que ejercen presión sobre la administración de Mesa. A casi 15 días del nuevo inicio de las marchas en la ciudad de La Paz, distintos partes se manifestaron en contra del presidente boliviano, algunos solicitaron su renuncia, otros le retiraron el apoyo y hasta se escucharon voces de supuestos intentos de golpes de estado.
Los primeros en bajarle el pulgar a Mesa, fueron los empresarios de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), y las influyentes, Cámara de industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que pidieron la renuncia del presidente.
"El presidente de la República debe dar un paso al costado para evitar que la situación de conflicto que vive el país termine por asfixiarnos a todos", declaró Roberto Mustafá, presidente de la CEPB.
Por otro parte, el lunes 30 de mayo, el primer mandatario tuvo que lidiar con la policía. "Cómo se pudo tolerar la existencia de un motín (policial) que sublevó el orden legalmente constituido", dijo Mesa. Esas declaraciones provocaron el malestar policial que derivó en un intento de motín que fue sofocado por el Comandante General de la Policía, David Aramayo, y el viceministro de Gobierno, Adrían Oliva.
Ante esta situación, horas después que se conociera la existencia de la molestia policial por el descrédito de Mesa a la institución, el palacio de Gobierno se apresuró al día siguiente a emitir un comunicado para calmar los ánimos de la Policía, tal como lo hizo el lunes con los militares.
Cabe recordar, que la semana pasada, un pronunciamiento militar pidió la renuncia del presidente boliviano. La proclama militar había anunciado que su supuesto futuro gobierno convocará a la Asamblea Constituyente y nacionalizará los hidrocarburos y otros recursos naturales estratégicos. Esas propuestas fueron descalificadas por la cúpula de las Fuerzas Armadas que ratificó su respaldo al mandatario y a la democracia, y anunció sanciones para los oficiales rebeldes.
En relación a los miles de manifestantes que cercaron a La Paz por estos días, el presidente Mesa, calificó minoritarias, carentes de representatividad, provocadoras y hasta golpistas, las protestas sociales que se expresan en forma multitudinaria en esta capital.
Al endurecer sus ataques a las movilizaciones populares, fustigó a los dirigentes del vecino municipio de El Alto, bastión de las protestas y paralizado por una huelga general. Los acusó de mentir a sus bases, arrastrarlas con mentiras y consignas contradictorias y golpistas y de llevar adelante una conspiración contra la democracia.
El mandatario sostuvo que los sectores radicales que exigen el cierre del parlamento buscan un golpe de estado, al tiempo que ratificó su rechazo a la represión sangrienta.
Por su parte, Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), que participa en las movilizaciones, declaró que Mesa “carece de autoridad para hacer acusaciones de conspiración, aunque estuvo de acuerdo en que la salida de la crisis pasa por aprobar el referendo y la constituyente”.
Algunos analistas sostienen que los ataques de Mesa contra las protestas coinciden con los ataques repetidos de sectores derechistas y empresariales respectos a las mismas.
En relación a la cuestión militar el sociólogo, James Petras, en una entrevista a un medio radial uruguayo, sostuvo que “ Estados Unidos tiene que tratar con tres tendencias, una que es nacionalista en favor de la nacionalización del petróleo, el segundo es un nacionalismo derechista que puede apoyar un golpe contra la izquierda pero también está muy fuerte contra los santacruceños por el separatismo y un tercer grupo de militares que podrían cumplir con tareas de apoyar la mal llamada autonomía en el Sur”.
“Creo que son factores que no se ven abiertamente pero que en un momento dado Estados Unidos puede dar luz verde para que se lance un ataque frontal o por los separatistas o por los militares”, argumentó Petras.
A su vez, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó ante la prensa extranjera que se gesta un golpe de estado fascista para destruir la democracia y descabezar a su partido y a las organizaciones sociales con la liquidación de sus principales dirigentes, él en primer término.
Morales sostuvo que la oligarquía de la región de Santa Cruz influye decisivamente en el movimiento autonomista y es acusada de buscar el separatismo. “Se está armando para provocar al movimiento popular y a los indígenas”, sostuvo le dirigente cocalero.
Para dejar en claro que las pretensiones autonomistas de Santa Cruz planteadas por el Comité Cívico y los grupos empresariales, no representan el total del pensamiento de su población, sino más bien, solo desde la oligarquía.
El miércoles 1 de junio, organizaciones como la Coordinadora de Pueblos étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Asamblea del pueblo Guaraní (APG), la Central de Pueblos étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) así como la Organización Indígena Chiquitana (OICH) emitieron un pronunciamiento en Santa Cruz, señalando que "la única salida a este pozo en el que nos han metido los partidos políticos corruptos, es la realización de la Asamblea Constituyente, lo que supone la inmediata aprobación considerando que la misma deberá ser por circunscripciones uninominales y respetando la participación de los constituyentes indígenas de tierras altas y bajas, elegidos por usos y costumbres".
A ese pronunciamiento se habían adelantado los chóferes de La Paz, quienes resolvieron realizar un paro de 48 horas, exigiendo la nacionalización de los hidrocarburos. Esa medida implica aumentar más el encierro en que vive actualmente la sede de gobierno.
Por su parte, el Congreso boliviano volvió a aplazar una sesión en la que se discutiría el llamado a un referendo sobre autonomías y una asamblea constituyente. Su presidente, Hormando Vaca Diez, no precisó para cuándo sería convocada la próxima sesión.
Mientras tanto, la tensión en Bolivia aumenta cada día más, ni el congreso, ni el presidente Mesa tratan de presentar soluciones eficaces a la difícil situación que vive el país altiplanico.
Carlos Mesa, el hombre apoyado por el grupo de espontáneos que le expresó apoyo cuando amenazó con su renuncia en marzo de 2005, actualmente se encuentra solo y arrinconado en Palacio de Gobierno. Algunos sostienen que, al no contar con apoyo político, al tener que resistir los pedidos de las protestas sociales y los autonomistas del oriente, se refugia en las Fuerzas Armadas para obtener algo de sustento.
El abogado, periodista y ex parlamentario boliviano, Andrés Solíz Rada, sostiene que “Mesa, no es igual que Gonzalo Sánchez de Lozada, este, por sus intereses económicos y formación intelectual, es parte del imperialismo. Mesa, en cambio, es un títere del capital financiero internacional. Fue aliado de Sánchez de Lazada, pero al llegar al gobierno, se halla tan aterrorizado por las fuerzas foráneas que, en los hechos, actúa de la misma manera que su antecesor”, afirmó el letrado.
Además, Solíz Rada concluye que “el gobernante que se somete al Imperio está obligado a dividir y enfrentar a los sectores sociales y populares. Por el contrario, si resuelve defender los intereses vitales del país, sólo puede tener éxito si logra una férrea unidad interna de regiones y capas sociales interesados en la pervivencia y fortalecimiento de la nación oprimida”.
Los recientes acontecimientos en Bolivia demuestran como las crecientes desigualdades económicas y sociales afectan la calidad de la democracia que tras una década neoliberal no logro solucionar las necesidades más básicas de una población que se encuentra casi sumergida en la pobreza como lo es en Bolivia.
El analista político argentino, Carlos Vilas, sostiene que la solución a la crisis en Bolivia “no pasa por la suerte política de Mesa”. El futuro de Mesa es incierto, pero el futuro de Bolivia como país en mucho mas incierto aun.
Fuente: Agencia Periodística del Mercosur, Facultad de periodismo y comunicación social, UNDLP, La Plata, 02jun05]
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