EQUIPO NIZKOR |
|
10ene05
Declaración sobre los atentados contra los derechos humanos en los conflictos por tierras.
El miércoles 5 de enero de 2005, un grupo de aproximadamente 30 personas comandadas por dirigentes de la Asociación de Productores Agroforestales de Riberalta (ASAGRI), irrumpió en las oficinas del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), agrediendo a los funcionarios, dañando y sustrayendo equipos y mobiliario e incendiando documentos de trabajo de esta institución. Posteriormente, en un canal de televisión y en un Manifiesto Público firmado por Arturo Vidal Tobías, presidente de ASAGRI, ampliaron sus agresiones contra el Servicio Holandés de Cooperación (SNV), el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y el Instituto para el Hombre, la Agricultura y la Ecología (IPHAE) conminándoles a abandonar la región.
La agresión a estas entidades que promueven los derechos humanos y apoyan jurídicamente a indígenas y campesinos, es el más reciente episodio de una cadena de hechos violentos protagonizados por sectores interesados en evitar la resolución por vías legales de los conflictos de tenencia de predios agrarios, así como cualquier forma de redistribución de tierras en Bolivia. Lo ocurrido en Riberalta confirma que hay grupos organizados que están efectuando acciones de claro tinte delictivo buscando llevar al fracaso el actual proceso agrario, con grave daño a los derechos humanos, las garantías constitucionales y las libertades democráticas en nuestro país.
Se pretende justificar estos ataques acudiendo a un argumento -que en el pasado dio lugar a regímenes dictatoriales en Bolivia y en otros países de la región- según el cual los conflictos de tierras serían originados por la acción de "entes externos" (dirigencias sindicales, ONGs) por lo que al neutralizarlos o eliminarlos se acabaría el problema. Nada más falso. Las disputas por tierras son causadas al menos por los siguientes factores sociales: la desigual e injusta distribución de la tierra en Bolivia, el acaparamiento improductivo y especulativo de este recurso natural bajo formas latifundistas, los flujos migratorios internos que incrementan la demanda de tierras, y el inefectivo o parcializado accionar de las instituciones agrarias.
Si desde el gobierno y la sociedad civil no se toman medidas inmediatas en defensa de los derechos humanos y la democracia, la violencia rural puede llegar a convertirse en una confrontación generalizada e incontrolable por la tierra. Este extremo aún puede ser evitado y para ello las instituciones que suscribimos este pronunciamiento demandamos a las autoridades nacionales y planteamos a la sociedad civil boliviana:
1. Incorporar el tema tierra en la agenda de prioridades de las autoridades nacionales con vistas a encarar rápidas acciones que salven el proceso de reforma agraria que debe estar orientado a la redistribución de la tierra.
2. Conformar una Comisión de alto nivel entre representantes del Poder Ejecutivo, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, del Defensor del Pueblo, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que se traslade a la ciudad de Riberalta para allí reestablecer las seguridades constitucionales y evitar más confrontaciones.
3. De manera inmediata y a través del Ministerio Público efectuar una investigación a profundidad de lo sucedido para sancionar penalmente a los autores intelectuales y materiales de la agresión contra el CEJIS, sentando así un fuerte precedente legal que evite nuevos atentados de estas características en cualquier punto del país.
4. Presentar este caso de violación de los Derechos Humanos ante la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitará el país desde el 31 de enero al 4 de febrero de este año.
5. Conformar una amplia plataforma nacional de defensa y protección de los derechos humanos, de las garantías constitucionales y de las libertades democráticas frente al peligro de generalización de la violencia rural ejercida o fomentada por grupos de interés privado.
12 de enero de 2005
Organizaciones firmantes:
- Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb)
- Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)
- Asociación de Instituciones de Promoción Y Educación (AIPE)
- Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE)
- Red Nacional de Trabajadoras de la Información y la Comunicación (RED ADA)
- Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos Y Mártires por la Democracia (ASOFAMD)
- Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTB)
- Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB)
- Programa Tierra de la Comisión Episcopal de Pastoral Social - CÁRITAS
- Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD)
- Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS)
- Plataforma de la Mujer
- Centro de Servicios Agropecuarios (CESA)
- Fundación Solón
 | This document has been published on 15Jan05 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |