La impunidad, obstáculo para la

gobernabilidad democrática


Carta abierta a la VI Cumbre de Jefes de Estado Iberoamericanos de

los organismos de Derechos Humanos Chilenos:

FASIC- Fundacion de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas

CODEPU- Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo

SERPAJ - Servicio Paz y Justicia de Chile


Las organizaciones y personalidades que suscriben este documento estiman del más alto interés para el futuro de los pueblos iberoamericanos el encuentro de los Jefes de Estado y de Gobierno que se está llevando a cabo en Santiago de Chile, y consideran que el debate central que cruza este importante evento, esto es, la gobernabilidad de nuestras renacientes democracias, no puede resultar más oportuno y necesario.

Durante los últimos 25 años, los países de Latino América y Centro América, se vieron gobernados por dictaduras militares.

Sin perjuicio de las peculiaridades de cada país, y de las circunstancias específicas que hicieron gatillar las revueltas militares, hay cierto consenso con respecto a determinadas características comunes que ellas presentaron.

En primer lugar, todas ellas se inspiraron en la ideología de la seguridad nacional, creada y difundida por el Pentágono entre los ejércitos hispanoamericanos.

Conforme a ella, y a la visión de un mundo bipolar, caracterizado por una disputa entre dos potencias por la hegemonía mundial, estos ejércitos se alinearon con la causa del "mundo libre" liderada por Estados Unidos, en oposición al otro polo, liderado por el comunismo soviético, que fué definido como "el enemigo".

Esta tensión entre ambos polos fué considerada como una guerra permanente, en donde el enemigo podía encontrarse en cualquier parte.

Se rompió así el esquema clásico del conflicto bélico entre naciones, y la guerra se trasladó al interior de cada país. Se inauguró, de esta forma, el concepto de "guerra interna".

Esta nueva guerra, tuvo, sin embargo, caracteres diferentes. Se trató de una guerra anti-subversiva y encubierta, en donde las leyes de la guerra clásica no sirvieron.

Fué la llamada guerra sucia, con sus dramáticas consecuencias que se arrastran hasta hoy en día.

En segundo lugar, durante la vigencia de los diversos regímenes militares, se llevaron a cabo profundas reformas en las estructuras económicas de cada país.

En lo sustancial, se establecieron las bases de lo que se llaman "las economías de mercado" o "economías libres", caracterizadas por un retiro paulatino del Estado de las actividades económicas, traspasándose la responsabilidad de movilizarla al sector privado, y en especial, a la empresa de carácter capitalista.

Por lo tanto, y con las lógicas de esa economía, se liberalizaron todos los mecanismos de control que el aparato estatal imponía sobre las estructuras productivas. La consigna fué: libertad económica absoluta !

Resulta paradojal, que dicho sistema económico, haya necesitado en sus comienzos, para implantarse, eliminar o reducir, a su mínima expresión, la libertad política.

En tercer lugar, cuando estos regímenes de seguridad nacional comenzaron a agotarse, principalmente por el desprestigio internacional en el que habían caído, a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos, y al cese de la amenaza, debido al desplome del bloque soviético, se iniciaron procesos de transición a la democracia, que si bien, en cada país tuvieron sesgos y causas inmediatas distintas, tienen, sin embargo, en común, el hecho de que fueron procesos "pactados", en los que las fuerzas armadas negociaron su repliegue.

El mayor o menor grado de condiciones que las fuerzas armadas lograron imponer para su retiro del poder político de primera línea, va en directa relación con el mayor o menor desgaste que sufrieron con el ejercicio del poder.

Pero, ninguno de los procesos de transferencia del poder político, implicó una derrota total de las fuerzas armadas.

Por cierto, que en algunos países, como Argentina por ejemplo, después de la experiencia de la guerra de Las Malvinas, las fuerzas armadas salieron del poder muy debilitadas. Pero, en ningún caso, derrotadas por el movimiento democrático del hermano país.

En Chile, más allá de la anécdota, un tanto épica, de la derrota del general Pinochet en el plebiscito de 1988, lo cierto fué que todo el proceso de transición en el que hemos estado inmersos, se ha llevado a cabo bajo las reglas que impuso el gobierno de las fuerzas armadas, teniendo presente, que, no obstante el repliegue de la primera línea política de éstas, ellas siguen siendo un actor nacional con una alta dósis de gravitación.


Estos procesos de transición, tienen en común, por su parte, al menos dos aspectos fundamentales, que, de una u otra forma, se reproducen en los distintos países:

En primer lugar, no implicaron modificaciones sustanciales al nuevo modelo económico-social de mercado implantado durante la vigencia de las dictaduras militares, y, en segundo lugar, debieron garantizar altos niveles de impunidad para los violadores de los derechos humanos.

Con respecto al primer punto, habría que decir que ello no representó mayores dificultades, desde el momento que la clase política democrática, que se aprestaba a tomar el poder político, no oponía mayores reparos estructurales al modelo en vigencia, planteando, más bien, la necesidad de hacer ciertas correcciones con respecto a problemas de inequidad que éste presentaba.

El segundo aspecto, sin embargo, presentó y aún presenta mayores complejidades.

En efecto, las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que estos regímenes de seguridad nacional llevaron a cabo para eliminar al "enemigo interno", dejaron una secuela de problemas pendientes, de muy difícil tratamiento.

Entre ellos, cabe mencionar, especialmente, el caso de los llamados "detenidos-desaparecidos", método de represión inédito, que se aplicó con mayor o menor intensidad practicamente en todo hispano américa y que dejó una secuela de aproximadamente 90.000 víctimas.

Los abusos masivos cometidos contra estos pueblos, que fueron puestos sistemáticamente bajo sospecha, y tratados, por mucho tiempo, con las lógicas de la guerra, dejaron una profunda brecha entre el mundo civil y el mundo militar.

Durante esa época, que bien puede calificarse de terror, se afectó lo más profundo y sensible del alma nacional de muchos países.

Los derechos básicos de la persona humana fueron puestos en interdicción, y la dignidad y señorío de millones de americanos fueron afectados en sus fibras más íntimas.

No hubo límites en esta guerra sin cuartel que las fuerzas armadas libraron contra sus propios pueblos.

Las vallas que, en esos difíciles días, se pudieron levantar, para poner atajo a lo que estaba sucediendo, provinieron de la comunidad internacional, que levantó con fuerza su voz de protesta canalizando importantes apoyos para solidarizar con las víctimas; y de las diversas iglesias que captaron muy lúcidamente el drama que estábamos viviendo.

Cabe sostener que las heridas infligidas y la suma de problemas pendientes, en materia de violaciones a los derechos humanos, que quedaron al final de las dictaduras militares, hicieron imposible encontrar fórmulas que compatibilizaran las demandas de impunidad que buscaban las fuerzas armadas, y las demandas de verdad y justicia que estaban presentes, y con mucha fuerza, en la conciencia moral de nuestros pueblos.

Y, es precisamente esa contradicción, la que ha tensionado, ya por muchos años, estos procesos de transición de las dictaduras a las democracias, y que hoy, se siguen manifestando en forma tan dramática en la región.

Si se observan los diversos procesos de transición de latino américa, y especialmente, los del cono sur, apreciaremos que el retiro de las fuerzas armadas del ejercicio del poder político, se llevó a cabo garantizándoles altos grados de impunidad.

En América Latina se ha dictado en los últimos 20 años, una legislación para la impunidad sin precedentes en nuestra historia. Esta ha tenido por objeto central dejar sin sanción a graves y masivas violaciones a los derechos humanos, cometidas durante los regímenes de facto.

Cabe citar, como ejemplo, leyes dictadas en Chile (1978), Brasil (1979), Argentina (1983, 1986, 1987 y 1989), Uruguay (1986), Guatemala (1986), Honduras (1987), El Salvador (1987 y 1993) y Perú recientemente (1995).

La impunidad, en consecuencia, sea de facto y de jure, constituye un fenómeno internacional y generalizado en la región, cuyos efectos sobre nuestros países tiene directa relación con las dificultades que han presentado nuestras sociedades para reconciliarse y reencontrarse efectivamente con la democracia, generándose, por el contrario, fuertes tensiones que incluso han puesto en riesgo los espacios de libertad ya ganados.

Los gobiernos civiles que han precedido a las dictaduras militares, han terminado por aceptar esta impunidad como un hecho ineluctable y necesario para la "estabilidad" del sistema político.

Por su parte, el poder militar cuando se ha encontrado en la disyuntiva de tener que dar respuestas por los problemas que dejaron pendientes en materia de violación a los derechos humanos, han presionado, más o menos solapadamente, a las autoridades civiles, para lograr nuevos mecanismos que aseguren la impunidad y pongan atajo a las estrategias que pugnan por cuotas, cada vez más crecientes, de verdad y justicia.

Normalmente, lo logran, creándose fuertes tensiones en el mundo civil, que, mayoritariamente siente que sus demandas, en estas materias, tienen menos acogida en las autoridades civiles.

En resumen, la piedra de tope de las transiciones a la democracia en nuestra región tienen un solo nombre: Impunidad.

Resulta entonces de la más alta trascendencia que Uds., los Gobernantes de Iberoamérica, tengan en consideración que las esperanzas de una efectiva y real democracia a la que tienen derecho nuestros pueblos chocan, antes que nada, con este fenómeno que desencadena los más nefastos y perniciosos efectos en nuestros países.

La impunidad permea y corroe nuestras sociedades en sus basamentos éticos y morales, de una manera demoledora, amenazando con transformarnos en sociedades de fachada democrática pero profundamente afectadas en su interior.

De allí que no resulta inoportuno, sino por el contrario, necesario y urgente, que las más altas autoridades de nuestra Región incorporen en su debate este tema de capital importancia para la reconstrucción de sólidas democracias que permitan el desarrollo, cada vez más creciente, de los derechos humanos, pilar fundamental de la reconstrucción moral y material de Iberoamérica.

Cabe agregar también, en este mismo orden de ideas, que nos parece igualmente trascendental que Uds. incorporen en la agenda de sus deliberaciones el tema del rol, cada vez más creciente, que deben ir jugando en los distintos Estados, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos plasmado en diversos intrumentos internacionales de los cuales vuestros paises son signatarios.

Lo anterior, porque el tema de la gobernabilidad democrática, está estrechamente vinculado al tema de los derechos humanos.

Los Estados y sus autoridades sólo se justifican, en último término, en función del respeto, promoción y garantía de esos derechos fundamentales.

Como ya señalamos, vivimos una época en que subsisten grandes problemas en este plano, siendo substancialmente los más relevantes los referidos al fenómeno de la ausencia de verdad y justicia frente a las graves violaciones de tales derechos, que se llevaron a cabo en el pasado reciente y que se proyectan hasta el presente.

Es necesario, entonces, que todos los Estados Iberoamericanos, sin excepción, reconozcan este déficit, lo asuman y busquen corregirlo, como paso necesario para entrar a plantearse el tema de la gobernabilidad democrática, demostrando, de esta forma, la decidida voluntad de realizar un serio esfuerzo por reconstruir la convivencia pacífica y civilizada de nuestros pueblos.

Sin justicia, ninguna gobernabilidad democrática puede estar asegurada.

En este orden de ideas, nos parece que un paso correctivo que apunte en dicho sentido, sería el hecho de quer Uds. acuerden el compromiso de impulsar e implementar las siguientes iniciativas:

I.- Adoptar todas las medidas necesarias, en los niveles que corresponda, para fortalecer los mecanismos de protección de los derechos fundamentales en la Región, para cuyo efecto, sugerimos lo siguiente:

a) Se acuerde en dar el carácter de obligatorio al cumplimiento de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, generándose una instancia para fiscalizar el efectivo cumplimiento de esas resoluciones, como por ejemplo, la creación de un Consejo de Presidentes, o bien, otorgándosele a la Asamblea General de la OEA el control de dicha tarea de fiscalización.

b) Se acuerde que los Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que representen a los Estados miembros una violación a la Convención Americana u otro instrumento regional, en el marco de las denuncias presentadas en contra de tales Estados, y que impongan medidas para ser cumplidas por éstos, sean sometidos directamente a la Corte Interamericana de Justicia, en caso de incumplimiento de dichos Estados.

c) Se acuerde abrir espacios para la petición de Informes Consultivos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de parte de Organizaciones No Gubernamentales o simples ciudadanos, derecho actualmente sólo reservado a los Estados miembros de la OEA.

d) Se adquiera el compromiso formal de los Estados reunidos de adoptar medidas que permitan adecuar efectivamente sus legislaciones internas, ya sea por vía legislativa, judicial o administrativa, a la normativa del Derecho Internacional y del ámbito regional sobre derechos humanos. A objeto de que ello no pase de ser una declaración meramente formal, se acuerde constituir una instancia de control y fiscalización, que haga efectivo y concreto dicho compromiso contraído por los Estados participantes de esta cumbre.

e) Se acuerde generar igualmente una instancia de control y fiscalización internacional de la práctica de la tortura, que sigue siendo un flagelo no erradicado de nuetras sociedades. En esta materia, se trata de crear instrumentos eficaces de protección que se transformen en una valla infranqueable para tan aberrante práctica.

f) Se acuerde rebustecer el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dotándola de mayores recursos materiales y humanos, de tal forma, que permitan un funcionamiento permanente de la misma, y no simplemente periódico, como existe hoy, a fin de que se imprima una mayor agilidad al conocimiento y resolución de los casos individuales que se le presentan, los cuales actualmente se tramitan con demasiada lentidud, transformándose muchas veces esa lentitud en una nueva forma de injusticia e ineficacia. Por cierto, que este fortalecimiento de la referida Comisión, deberá permitir una actividad de inspección más oportuna de sus miembros, en casos de visitas in loco.

En suma, se trata de fortalecer dicho organismo, precisamente, para darle una mayor cobertura de acción e imprimirle un ritmo más dinámico a su quehacer protector y promotor de los derechos humanos en esta parte del planeta.

Hay que convertir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual la mayoría de los Estados asistentes a la Cumbre le ha reconocido competencia en la tarea de supervigilar el respeto de los derechos fundamentales, en el más formidable instrumento de protección que nos hayamos dado los pueblos americanos, y evitar que pueda sucumbir a las tentaciones políticas o influencias nefastas que sobre ella pudieran manifestarse.

Por ello es que este fortalecimiento de esa instancia, debe ir aparejada con el compromiso serio, concreto y no simplemente formal como ha parecido ser hasta ahora, de los Estados miembros de cumplir sus resoluciones.

II.- Un segundo grupo de tareas y compromisos que llamamos a los señores Presidentes a adoptar, y que también apuntan a darle contenido a la gobernabilidad democrática de nuestras naciones, dice relación con la adopción de los siguientes acuerdos:

a) Desterrar completamente la Pena de Muerte de sus respectivaos ordenamientos jurídicos, y

b) Propender a la ampliación de la participación de nuestros pueblos Iberoamericanos en la generación de las políticas públicas. Hoy, en todo nuestros países, el pueblo y sus organizaciones siguen siendo el gran interlocutor ausente en las políticas nacionales. Ello compromete seriamente el carácter de nuestras democracias en construcción, y las bases mismas de su propia gobernabilidad.

Esperamos señores Presidentes y Jefes de Gobierno que el presente documento sea tomado en consideración por Uds. y sus Gobiernos, y sus temas y propuestas, tengan la posibilidad de ser incorporados en vuestras agendas de discusión, para una provechosa y fructífera labor que llevarán a cabo en esta VI Cumbre.

Saludan fraternalmente a los señores Presidente y Jefes de Gobierno,

Santiago de Chile, 7 de noviembre de 1996.


La edición electrónica del presente documento público, ha sido realizada en Madrid (España) por el Equipo Nizkor - Apartado de Correo 15116 - 28080 Madrid. Noviembre de 1996.
El departamento de Derechos Humanos de OSPAAAL (Organización para la Solidaridad con los Pueblos de Asia, Africa y América Latina) puede vender copias en disquetes a las organizaciones de Derechos Humanos que lo soliciten. Estas copias están editadas en Wordperfect 6.1 y listas para editar. Se pueden entregar en otros formatos compatibles, previa consulta.
Para ello, deben dirigirse por fax al número +34.1. 521.1736 O por correo postal al apartado de Correo del Equipo Nizkor.
nizkor@derechos.org


Derechos Humanos en Chile