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DERECHOS


27 de octubre de 1998


Human Rights Watch Pide A Aznar Que España Se Mantenga Firme En El Proceso En Contra Del Gral. Pinochet


S.E. José María Aznar López
Presidente de Gobierno
Complejo de la Moncloa
28071 Madrid
España

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a S.E. con el propósito de expresar el firme apoyo de Human Rights Watch en favor del proceso que se sigue en contra del Gen. Augusto Pinochet, quien fuera dictador militar de Chile entre los años 1973 y 1990.

Interesada en ver que los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile durante la época militar no queden impunes, nuestra organización ha seguido de cerca los acontecimientos relativos a este caso. En este sentido, hemos visto con agrado las declaraciones hechas por S.E. que indicaron que no existirían obstrucciones al accionar de la justicia española y en particular ante un posible pedido de extradición, siempre que el mismo fuera ajustado a derecho. Por la importancia de tales señalamientos, constatamos con grave preocupación otras declaraciones recientes hechas a la prensa por S.E., sugiriendo que el posible procesamiento del General Pinochet podría inhibir a otros dictadores de propiciar transiciones a la democracia en sus respectivos países.

Por tres razones fundamentales, quisiéramos aprovechar esta carta para enfatizar la importancia del procesamiento del general chileno. En primer lugar, las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen del General Pinochet constituyen crímenes de lesa humanidad, tal como ha sido extensamente verificado por investigaciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, instancias oficiales chilenas han documentado que más que 3,100 personas fueron "desaparecidas" o ejecutadas extrajudicialmente por agentes estatales durante la dictadura militar. Miles de personas más sufrieron detenciones arbitrarias, tortura o exilio interno. Las violaciones de derechos humanos cometidas en Chile durante el régimen del Gral. Pinochet concitaron el repudio generalizado de la comunidad internacional hace ya más de dos décadas, y llevaron a organizaciones como la ONU y la OEA a establecer mecanismos y emprender iniciativas hasta entonces sin precedentes en materia de derechos humanos. Es tal la gravedad de esos crímenes que la mera sugerencia de que los mismos deberían ser dejados en la total impunidad por razones de incierta conveniencia política socava el más elemental principio de justicia. Es importante recordar que la impunidad de la que el General Pinochet disfruta en su país hoy en día, se debe a la auto amnistía dictada por el mismo régimen militar en 1978, cuando las atrocidades contra civiles indefensos en aquel país alcanzaban su punto más agudo.

En segundo lugar, no cabe duda que la realización de la justicia en el caso Pinochet, si fuera encontrado culpable, promovería un mensaje sumamente beneficioso para la democracia y la vigencia de los derechos humanos. El alto contenido ejemplarizante que conlleva el procesamiento de un dictador responsable por la muerte y la "desaparición" de miles de personas constituiría un disuasivo de enorme potencial preventivo para aquellos tiranos, que habiendo subvertido el Estado de Derecho, se muestren también proclives a abusar de los derechos humanos de sus ciudadanos. No existe para un torturador mayor freno a la hora de cometer las atrocidades, que el saber que un día, tanto él como sus superiores, deberán comparecer a rendir cuentas por sus actos ante un tribunal de justicia.

Finalmente, la obligación de investigar, juzgar y condenar a los responsables de actos tan graves como los crímenes de lesa humanidad, así como de prestar cooperación para estos propósitos, alcanza a todos los miembros de la comunidad internacional, incluida España. El derecho español se armoniza con el derecho internacional actual al prever que los tribunales españoles son competentes para juzgar al General Pinochet por los crímenes que se le imputan.

Human Rights Watch considera que el arresto del General Pinochet en Londres el pasado día 16 de Octubre constituye de por sí un triunfo del Estado de Derecho. Los fundamentos éticos y legales que sustentan la necesidad de que el Gral. Pinochet comparezca ante la justicia, son claramente aceptados por la comunidad internacional y no contradicen, sino que refuerzan las posibilidades de una transición democrática en aquel país.

Por las razones expuestas me permito instarlo respetuosamente a que tome todas la providencias necesarias, incluyendo el dar claras instrucciones a los funcionarios pertinentes para que no se obstruyan los procedimientos legales tendientes a lograr la extradición y el enjuiciamiento del General Pinochet.

Sin otro particular, reitero las seguridades de mi más alta estima y consideración.

Atentamente,

Kenneth Roth
Director Ejecutivo


Juicio contra Pinochet

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Este documento es publicado en la internet por Equipo Nizkor y Derechos Human Rights