Ralco:¿Represa o pobreza?
Los Hombres del Pehuén

"Los araucanos se volvieron raíz !
les fueron quitando hojas
hasta que sólo fueron esqueleto
de raza, o árbol ya destituido,
y no fue tanto el sufrimiento antiguo
puesto que ellos pelearon como vertiginosos,
como piedras, como sacos, como ángeles,
sino que ahora ellos los honorarios,
sintieron que el terreno les faltaba,
la tierra se les iba de los pies:
Va había reinado en arauco la sangre:
llegó el reino del robo:
y los ladrones éramos nosotros"

Pablo Neruda


1.- Los ancestros

Antes del descubrimiento y conquista de América, el territorio central de Chile estaba habitado por los promaucaes, junto a curias y caliqueños. Hacia Concepción los puelches y trulos. Más al sur los pehuenches recolectores del pehuén o piñón. En la Patagonia los tehuelches. En los canales del extremo sur los chonos y ya en la Patagonia misma los onas, yaganes y alacalufes. Así se refiere a esta parte humana de nuestras culturas Antonio Márquez en su opúsculo titulado Los Mapuches, Héroes Olvidados.

Malú Sierra, en su libro Mapuche, Gente de la Tierra, identifica a los pehuenches como "gente de frontera, montañeses de los Andes australes, que acostumbran a ir y venir de Argentina a Chile por razones de comercio, parentesco o amistad".

Diversos historiadores señalan que los pehuenches eran temidos por los demás indígenas. "Antes que viniesen los españoles solían bajar 150 de ellos y los robaban y se volvían a sus tierras libres", contaba Jerónimo de Vivar. "No sirven éstos a los españoles por estar en tierra tan agria, fría e inhabitable".

La población pehuenche estaba constituida por unas diez mil personas a lo menos durante la conquista de los españoles. Se les conoció, primero, como semi-nómades que vivían principalmente de la caza. Tiempo después se convirtieron en ganaderos. Por lo general, en las zonas cordilleranas buscaban vivir donde hubiese menos nieve.

El origen étnico de los pehuenches ha sido materia de diversos estudios. Para algunos estudiosos los pehuenches no siempre fueron mapuches propiamente tal. Se les suponía relacionados con la etnia tehuelche argentina.

Su condición trashumante los hacía menos estables, territorialmente, de tal modo que donde fuese que se encontrasen, se asentaban por un breve tiempo para continuar luego con su ruta.

La compleja geografía pre-cordillerana, salvaje y virgen, implicó que para los españoles conquistadores las tierras pehuenches fueran un misterio y constituyeran zonas de muy difícil acceso. No se tenía conocimiento, además, de que tales dominios implicasen riquezas que ameritasen una ofensiva militar.

El Coronel Luis de La Cruz, en 1827, escribe sobre los pehuenches: "Estos indios se tratan entre sí con particular benevolencia y ésta proviene de la misma insubordinación que tienen, porque como no dejan de conocer que unos con otros se necesitan, que por medio de sus amistades, de su caridad y de sus servicios adquieren partido, quieren tenerse seguros, unos con otros, además de los sentimientos de hermandad y humanidad que ellos conservan".

Probablemente la expedición más exitosa viene de mano de los misioneros que acompañan a los españoles. Con enorme sacrificio logran internarse en las localidades cordilleranas e inician una lenta y agobiante "evangelización" teniendo como símbolo a la Virgen María.

Continúa Malú Sierra con su interesante relato: "En tiempos de Ambrosio 0'Higgins la paz se fue extendiendo por los aguerridos valles mapuches. Surgieron las primeras experiencias de comercio de trigo y vino. Esto dura hasta cuando se inicia la lucha por la independencia. Historias de los Hermanos Pincheira, bandoleros feroces de esta época, se mezclan con las luchas brindadas por los Pehuenches y asolan las localidades comprendidas entre Chillan y Mendoza. La Pacificación de la Araucanía encuentra a los Pehuenches diezmados por la batallas, el alcohol y la miseria. Los antiguos guerreros pasan a la historia" (Donde Todo es Altar. Mapuche, Gente de la Tierra. Malú Sierra, Editorial Persona, 1992).

2.- Conociendo el Alto Bío Bío

Cuando uno se adentra por Santa Bárbara hacia Quepuca Ralco y Ralco Lepoy bordeando el agitado río Bío Bío entra, sin duda a otro mundo. Verdes montañas, cerros soberanos, bosques de indescriptible belleza...

Por las accidentadas huellas pre-cordilleranas y cordilleranas propiamente tal se adentra uno hacia un mundo natural sin parangón. Si nieva intensamente, la blancura intensa de cada tramo hiere los ojos. El historiador Sergio Villalobos escribió al respecto que "el clima ofrece diferencias notorias entre las diversas estaciones y también en el transcurso del día. La influencia de las barreras montañosas y el encierro de algunas cuencas, provocan contrastes en unas áreas a otras. En el verano, el sector occidental, influido por las masas de aire frío del Pacífico, presenta una temperatura diurna templada y desciende enferma pronunciada en la noche, llegando a algunos grados bajo cero al amanecer en los lugares interiores de altura cercana o superior a los 1.000 metros. Durante el otoño y el invierno el frío extrema su rigor, frenando la actividad de todos los seres vivientes. Las precipitaciones aumentan de norte a sur y se concentran del otoño a la primavera, sin que dejen de hacerse presente en el verano. Conforme se avanza en altura y latitud las nevazones son más espesas, cubriendo incluso el fondo estrecho de los valles y cerrando por completo los portezuelos. El calor del estío no logra fundir el manto blanco de las más altas cumbres" (Los Pehuenches en la Vida Fronteriza, Sergio Villalobos, ediciones Universidad Católica, p.l9, cap. 1 "El país de los Pehuenches").

El 31 de julio de 1997 realizamos una primera misión técnica al Alto Bío Bío con el objeto de conocer las localidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, compuesta por comunidades afectadas por el proyecto Ralco. El ascenso se inició a las ocho de una muy lluviosa mañana de invierno. En vehículos de doble tracción, pertenecientes a conadi, el equipo de la Corporación, en el marco de la política de la nueva Dirección institucional, se aprestaba a conocer en terreno a las familias pehuenches involucradas en el proyecto Ralco y se quería conocer también la zona en donde se había proyectado la construcción de la represa.

El viaje hasta Quepuca Ralco duró cerca de cinco horas en ascenso. La ruta era escabrosa, llena de barro y piedras sueltas. En diversos sectores el ancho de la huella era un poco más que el ancho de los vehículos y había tramos en que podíamos mirar a través de las ventanas del vehículo impresionantes cortes a pique, de entre cíen a ciento cincuenta metros de altura hasta el caudaloso río mismo.

En otros kilómetros nos rodeaban inmensas paredes de bosque nativo, con árboles centenarios de altura majestuosa. "Asociaciones de robles de hoja caduca, coihues, cipreses cordilleranos y canelos, los que se encuentran hasta los 1000 metros de altura en terrenos con buen drenaje" (id. obra cita. Los Pehuenches en la Vida Fronteriza).

De pronto, luego de avanzar a través del bosque nativo, se nos ofrecían llanos despejados para alcanzar de nuevo orillas de cerros cortados a pique sobre el legendario y bramoso río Bío Bío. El frío de la jornada lo combatíamos con termos de café caliente y algún reparador sandwich o fruta fresca aportada por los pehuenches que nos acompañaban en la comitiva.

"Uno de los grandes caprichos de la zona -escribe Villalobos- es el régimen de los vientos. Predomina el del suroeste, en ocasiones extremadamente frío y violento, especialmente en las tierras altas, llegando a perturbar las actividades y las andanzas de los hombres. En breves minutos puede cesar y el calor se hace agobiante en los parajes más encerrados. Desde el noroeste soplan en el invierno los vientos ciclónicos portadores de los frentes nubosos y las
precipitaciones. En cambio, a veces se produce una inversión cólica y desde las pampas patagónicas y la cordillera corre con enorme fuerza el puelche o tierral, que causa muchos perjuicios por su fuerza y trae temperaturas más elevadas" (id. obra citada Los Pehuenches en la Vida Fronteriza).

La accidentada geografía de esta zona del Alto Bío Bío constituye un atractivo sin igual para todo visitante. No es fácil comprender las razones por las cuales alguna forma de comunidad humana se asentó en las condiciones de vida de estas localidades, pero lo cierto es que se adaptaron de manera significativa.

En la primera fase del trayecto nos encontramos con la represa de Pangue. Es una construcción que contiene un amplio lago artificial. Fue inaugurada oficialmente en marzo de 1997. La presencia de esta obra es sin duda extraña a la naturaleza del entorno. Emerge como un componente artificial y a su alrededor se observan importantes obras viales que, por cierto han implicado mejoramientos relevantes en la ruta que lleva hacia las localidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy.

Cerca de esta represa radican familias pehuenches que mantienen un antiguo litigio por la posesión de las tierras del Avellano, cuya propiedad-cuestionada por los Pehuenches locales- es de un hacendado del lugar Enrique Richard. Habitan ahí pehuenches y algunos colonos. El litigio es complejo y engorroso. Mientras tanto, el propietario parceló y vendió parte de las tierras a la orilla del río Bío Bío y habría arrendado a Endesa una importante cantidad de hectáreas para el tendido de líneas eléctricas y para la instalación de faenas, todo lo cual estrechó el área territorial de los pehuenches.

Conversamos en varias ocasiones que visitamos el Alto Bío Bío con las familias afectadas por el litigio. Literalmente sienten como si estuvieran en propiedad ajena. En algunas ocasiones se ha cernido sobre ellos el fantasma del desalojo, pero ellos estiman que esas son sus tierras y que antiguamente fueron despojados injustamente de ellas, con argucias legales. Al respecto, en los casos de enajenaciones de territorio pehuenche, los historiadores Martín Correa y Raúl Molina dirán que "en 1852 la zona del Bío Bío había sido incorporada a la Provincia de Arauco. Diez años después la frontera se corre al Malleco y entonces comienza el rápido acaparamiento de tierras y la formación de los fundos agrícolas por parte de los pro-hombres del poder local, que progresan en sus acumulaciones por diversos métodos de apropiación ".(Territorio y comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío, Edición Conadi).

Río arriba, visitamos uno de los sencillos cementerios ancestrales inserto en medio de una amplia extensión de nieve. Acompañados por el Cacique Antolín Curriao y miembros de varias familias de las comunidades de Quepuca Ralco, nos narraron diversos aspectos relacionados con la religiosidad pehuenche y la presencia de sus ancestros en dicho cementerio local.

En el mapu, la tierra, coexisten la luz y la oscuridad; la materia y el espíritu. Los que fallecen son viajeros que van el encuentro de la luz al Wenumapu (lugar tradicional para el descanso del difunto). Su espíritu o Pellu, generalmente vinculado al tránsito entre la muerte física y el entierro es acompañado por el Cnao Ngenechén, el Padre Dios. Como deben viajar una larga distancia, antiguamente se ponía junto al deudo sus principales pertenencias para que pudiera hacer uso de ellas en el trayecto y así se les enterraba. Cuando los familiares están convencidos de que el espíritu de su pariente comenzó el viaje esperado, se habla entonces de alwe (o espíritu vagabundo). Cuando el proceso ha concluido a entera satisfacción de las esperanzas y recuerdos de la familia el espíritu viajero del difunto pasa a formar parte del pu am o pu laku de la comunidad (kuifiche).

En el cementerio de Quepuca Ralco, junto a modestas cruces y el típico encajonamiento de listones de madera asemejando un rectángulo como espacio delimitante observamos algunas sencillas pertenencias culinarias y algún objeto de cuero ya viejo y roído por el tiempo junto a leyendas cortas a modo de saludo.

Sobre el particular escribe Louis Faron en su libro Moral y Ritual Mapuche (editorial Nuevo Extremo1997): "Entre los mapuches hay una creencia universal y es que los espíritus vuelven a la tierra y se hacen presentes durante los sueños. Estos son llamados "espíritus de sueño" (peumo), e indican otros cambios sufridos por la esencia de los espíritus de difuntos. Hay veces en que su presencia es considerada como portadora del mal señal de muerte, de enfermedad, de desgracia- especialmente, sí un espíritu viene en busca de una persona específica, como fue revelado en el sueño. Pero, si la persona buscada no tiene alguna razón especial para estar alarmada, la venida de un ancestro podría considerarse como un buen augurio, dependiendo siempre de las circunstancias del sueño y de los acontecimientos de la vida diaria actual, que ha experimentado la persona. El sueño es adaptado generalmente, para que calce con la ambición mundana o alguna forma de miedo del que sueña. Los espíritus ayudan a sus parientes a localizar objetos tales como animales perdidos, ítems de valor robados o mal guardados, demases. Este tipo de revelaciones son siempre consideradas como una buena señal. Sin embargo, por el hecho de haber vuelto a la tierra, el peligro de sucumbir a las fuerzas del mal está siempre presente".

En la escuelita de Chequenco nos esperaban decenas de familias Pehuenches de Ralco Lepoy y Quepuca Ralco. Varios habían iniciado el trayecto a pie desde temprano para concurrir a la reunión con la comitiva de conadi. Esto siempre constituye un gran esfuerzo para hombres y mujeres puesto que deben dejar sus hogares su siembra y el cuidado de sus animalitos para asistir a una reunión la que además por falta de sedes comunitarias se hace en gran parte a la intemperie pero el encuentro con la comitiva de la conadi era importante para ellos pues requerían información y también necesitaban exponer sus dudas.

Las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy ribereñas con el Bío Bío y las principalmente afectadas por el Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Ralco provienen de una sola comunidad original Ralco.

La población de estas comunidades alcanza a unas 215 familias que suman alrededor de 1.200 personas. También habitan en la localidad unas 12 familias de colonos. Ralco es un territorio indígena que ha experimentado diversos procesos de dominio pehuenche originalmente. Luego sufrió intensas ofensivas militares como resultado de la "Campaña del Desierto" llevada a cabo por los militares argentinos y la "Excursión Militar a la Cordillera Araucana" por la Guardia Nacional chilena. Más tarde vino la apropiación de tierras por parte de chilenos y la venta de hijuelas. Ahora es una zona afectada por mega proyectos empresariales.

Es interesante considerar una breve reseña histórica de las comunidades indígenas pehuenches que componen hoy el Alto Bío Bío y conocer una parte de su rica historia especialmente, la que está relacionada con los acontecimientos que implicaron (e implican) una pérdida relevante de su patrimonio territorial y cultural. Para tales efectos, haremos un recorrido por las siete comunidades que componen la población pehuenche del Alto Bío Bío. El lector podrá apreciar, de manera sustantiva, a través de los antecedentes que se exponen a continuación, que lo que hoy sucede en esta zona, con el proyecto Ralco, guarda una estrecha continuidad con una historia ya conocida.

Previamente, quisiera destacar que en este recorrido nos basaremos en un excelente trabajo realizado por los investigadores Raúl Molina y Martín Correa, profesionales que por encargo de conadi, y con la contribución de la Agencia de Cooperación española, realizaron una extensa investigación sobre el territorio y las comunidades pehuenches. Trabajaron en terreno, se adentraron en antiguos documentos históricos, pesquisaron cuanto detalle legal era necesario y concluyeron su labor con un excelente libro titulado "Territorio y Comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío". En este momento, esta obra -de circulación modesta- es, probablemente, la obra más exhaustiva escrita contemporáneamente sobre los Pehuenches. Es gracias a este trabajo que podemos conocer una parte muy relevante de la historia de las siete comunidades pehuenches. Hemos dejado al final de este recorrido las comunidades afectadas por el Proyecto Ralco, pero el lector podrá apreciar, en cada situación que se describe, el intenso proceso histórico de apropiación de la tierra indígena y los consecuentes efectos sobre esta rica etnia nacional.

Las Comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío

l.-El Alto Bío Bío: Callaqui

Siete comunidades de indígenas pehuenches componen la rica zona del Alto Bío Bío. Una de ellas es la Comunidad de Callaqui, situada a 45 kms de Santa Bárbara. Habitan 80 familias con una población de aproximadamente 500 personas.

Callaqui fue una especie de pasadizo hacia la cordillera, por donde transitó principalmente mercadería, siendo zona de encuentro entre indígenas y chilenos. En el período de la República, Callaqui era identificada como zona de frontera de los pehuenches.

A fines del siglo XIX, entre 1878 y 1900 los indígenas de Callaqui comenzaron a sufrir los efectos de intensos procesos de apropiación de sus tierras de veranadas en Pangue y Colluco. Prácticamente hacia 1880 gran parte de los terrenos ancestrales ya estaban en manos de la familia de José Miguel Brito.

Es interesante destacar cómo se realizaron estos procesos de apropiación de tierras indígenas. Comprobará el lector que los métodos empleados a fines del siglo pasado, y que se mantuvieron a lo largo del presente siglo, aún no han sido del todo superados. En ese sentido la rica investigación histórica realizada por Martín Correa y Raúl Molina deja una enseñanza digna de ser considerada.

El primer antecedente de compraventa de tierras en la comunidad de Callaqui data de 1878. Los datos precisos se encuentran en la Notaría de Los Angeles. El hacendado José Miguel Brito figura como el comprador de una amplia extensión de tierras de Queuco en una suma indicada en mil quinientos pesos de la época. La compra de los terrenos se hizo a las familias de los indígenas Manquein, Manquepi y Manquemilla.

En 1880 Brito constituyó una sociedad con otro hacendado Pedro Arias y su meta fue obtener el resto de las tierras indígenas lo que se hizo efectivo a fines de ese año en la misma Notaría de Los Angeles en compraventa efectuada a los indígenas Manuel Raiman Inaimán, Puñaleo, Manquein Manuel Rapi Quintremán María Paine y Purrán Rapi "quienes fueron juramentados al efecto y otorgan todos a los comparecientes que por la cantidad de dos mil pesos de que se confiesan recibidos a su entera satisfacción, venden perpetuamente a don Pedro Arias y a don José Miguel Brito, el terreno comprendido dentro de los siguientes deslindes: norte, propiedad de Juan Núñes Fernández, según sus escrituras, separados por una línea que partiendo de la desembocadura del río Queuco en el Bío Bío; sigue Queuco arriba hasta el punto donde se junta a este río el estero Guaicfuimaleo que sale de la cordillera Queben, pasa dicha línea por la laguna Larauén y sigue por el filo de la Cordillera hasta el Río Pangue; al oriente, este río Pangue; y por el sur y poniente, el río Bío Bío". (Citado por Raúl Molina y Martín Correa en Territorio y Comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío, edición conadi junio 1996, "Las escrituras de ventas". Capítulo 4 "Enajenación de las Tierras Pehuenches de Callaqui" p.38 y sgtes).

El 5 de noviembre de 1880 en la Notaría de Los Angeles se suscribió otro acuerdo de compraventa.

"Los indígenas Manquein Manquetú, Luinemán, Ñantrimán, Ñamiñel y Luimeimán (...) por la cantidad de un mil pesos, de que confiesan recibidos, venden perpetuamente a don José Miguel Brito y a don Pedro Arias un retazo de terreno situado en la subdelegación del Queuco de este departamento que tiene los siguientes límites: norte y oriente, el estero Queuco; sur, propiedad de los compradores y poniente el río Bío Bío."

El 9 de noviembre de 1880 esta vez en la Notaría de Mulchén concurrieron mujeres indígenas mayores de edad que efectuaron otra compraventa.

"Las indígenas españolizadas Clorinda Manuela y Margarita Man mayores de edad vecinas de este departamento y hablando correctamente el español dijeron que venden perpetuamente a favor de don Pedro Arias y de don José Miguel Brito un retazo de terreno (...) comprendido dentro de los siguientes deslindes: por el norte, con el río Queuco; por el sur, con camino público que va a la cordillera blanca; por el oriente, el estero denominado Puente de Tierra y propiedades de los compradores y, por el poniente, con Lactaque y terreno de los compradores (...) en la cantidad de mil pesos".

Un año después, en diciembre de 1881, en la misma Notaría de Mulchén se realizó la compraventa de otro terreno con el cual se completó un proceso amplio de enajenación:

"Los indígenas Coña, Epumán, Manquías y la indígena Diumán Maripé (...) venden a favor de don Pedro Arias y José Miguel Brito las acciones y derechos que les corresponden por herencia de su finada madre Llancachi Paine acaecida según los parientes más de diez años a la fecha en un retazo de terreno ubicado en la subdelegación de Queuco, del citado departamento del Laja cuya acción y derecho la estiman en el número de cien cuadras más o menos y que limita al norte, oriente, sur y poniente con propiedad de los compradores. El precio de venta es de mil pesos".

Señalan los investigadores Molina y Correa que "todas las escrituras facultaban a los compradores 'para que por sí o encargado requiera la. inscripción de este título en el Conservador respectivo, bastando sólo la presentación de la copia que se da en papel de tercera clase".

Los procesos de compraventa de estos terrenos pehuenches escondían acciones de dudosa calidad, y por lo general constituían verdaderos actos de fraude legalizado. Básicamente la compraventa se realizaba en un idioma de difícil manejo para el indígena, que no hablaba adecuadamente el castellano. A este detalle se sumaba el hecho de desconocer los conceptos jurídicos con que se abordaban los complejos manuscritos legales. En algunos casos los indígenas eran acompañados por otros indígenas bilingües.

Para dar "testimonio" de la compraventa concurrían personas conocidas de los compradores, quienes en algunos casos firmaban a ruego por los indígenas, representando su firma.

Es interesante destacar que este procedimiento también es empleado117 años después por Endesa a objeto de garantizar el consentimiento de algunos pehuenches que firman a ruego solicitudes de permutas de tierra en el caso del proyecto Ralco, situación que fue ampliamente constatada -en terreno- por el equipo jurídico de conadi.

A fines del siglo pasado, en estos procesos de apropiación de tierras en la Comunidad de Callaqui, actúan entonces como "testigos fieles" de la compraventa, personeros vinculados a los compradores Brito y Arias.

Para constituir el consentimiento de parte de las familias indígenas, los compradores individualizados recurrieron a diversas argucias. Al respecto Molina y Correa detallan testimonios de personas indígenas que explican la verdadera maniobra realizada en esos años. Tal es el caso de Julia Piñaleo.

"Los antiguos iban a buscar trigo donde Brito y él les dio con una condición: si gustan me pueden dar un pedazo de tierra, donde ustedes están viviendo, para poder instalar un negocio. El Cacique le dijo que sí, que estaba bien, según cuenta mi mamá. Entonces, este caballero vino a ver cómo era la tierra y dijo que podía venirse y se vino este caballero a vivir ocupando un pedazo de tierra de los mapuches.

Empezó a traerles trigo, puso un almacencito, boliche. Llegó, pero conquistado por los caciques, pero nada más por un pedazo de tierra para que él tuviera su negocio.

Después empezó a hacer cercos, con la tierra más grande, más grande y, nunca más se supo con qué condición quedó viviendo para siempre y después apareció don Miguel"(...)

Contaba mi mamá que (los Brito) llegaron arrendando talaje trajeron cualquier cantidad de animales (...); ese talaje no lo pagó a los mapuches (fueron como 4 mapuches los que arrendaron) después vino trajo chicha y caballos viejos y con eso pagó el talaje pero no pagó plata y ése fue el primer huinca que llegó acá a la reserva Callaqui".

En el caso de la familia Arias se hizo uso de otro recurso. Se dijo a los indígenas que el gobierno iba a quitarles tierras y que él contaba con los recursos para enjuiciar al gobierno para que eso no sucediera... Entonces los indígenas le concedían que los "representara" y le cedían sus tierras pero Arias nunca llegó a entablar juicio alguno al gobierno... Transcurrido un tiempo se concretaba la usurpación. Los propietarios indígenas en su mayoría adultos y ya ancianos iletrados e ignorantes de los procedimientos legales eran "invitados" a beber chicha y comerse un caballo... Afectados por el alcohol no contaban con el discernimiento adecuado para resolver sobre la oferta que se les ponía por delante y terminaban vendiendo -legalmente- sus derechos.

A fines del siglo pasado en 1890 se constituyeron entonces varios fundos bajo eta modalidad de apropiación legalizada. La sociedad entre Brito y Arias se disolvió en 1892. Brito se quedó con el Fundo San Miguel de Callaqui, con una superficie de 1.200 hectáreas y Arias con el Fundo Callaqui.

En 1962 el Fundo Callaqui, de Pedro Arias, fue dividido por la sucesión familiar y una parte fue vendida a una Sociedad Panameña "Dallas Invertiment Corporation", unas 2.200 has. La otra parte fue cedida en 1963 a la Sociedad Maderas Ralco S.A. En 1971 esta propiedad fue expropiada por el Gobierno del Presidente Salvador Allende. En 1973 pasó a la ODEPA Oficina de Planificación Agrícola del Ministerio de Agricultura. De ahí pasó al Servicio Agrícola Ganadero SAG y posteriormente a INDAR En 1981 la endesa compró 17 hectáreas...

En 1974 José Carmen Reyes del Fundo San Miguel de Callaqui obtuvo de parte de un juzgado una reserva de 800 hectáreas.

En 1976 el Instituto de Desarrollo Indígena IDI del Ministerio de Agricultura inició un estudio de saneamiento de estas tierras. Los fundos expropiados fueron transferidos a la ODENA, oficina de normalización agraria creada bajo la dictadura militar para "regularizar" en favor de antiguos propietarios las tierras expropiadas por el Gobierno del Presidente Allende. Luego se traspasaron al SAG y posteriormente al INDAP cuando se inició el proceso de asignación de tierras a la Comunidad indígena de Callaqui.

Entre 1985 y 1986 INDAP inició los trámites de subdivisión de las tierras. En 1987 incorporó los antecedentes al Juzgado de Los Angeles. La sentencia de subdivisión se obtuvo entre 1988 y 1989 pero se produjeron diferencias de opinión al interior de la comunidad en relación a la transferencia pues algunas familias deseaban que se mantuviese la fórmula de propiedad comunitaria de la tierra y otras familias deseaban que se establecieran hijuelas individuales. Esto llevó tiempo antes de que INDAP en 1991 procediese a la subdivisión y asignación individual de la propiedad indígena.

Los resultados de este largo e injusto proceso vivido por la Comunidad de Callaqui generó una sentida frustración en las familias indígenas, pues de partida- no se les entregaron todas las tierras ancestrales.

Del Fundo San Miguel de Callaqui, de 1.200 hectáreas originales, se les devolvieron 400 hectáreas. Del Fundo Bío Bío, la mitad de sus tierras fue entregada a colonos chilenos. De la parte correspondiente a 2.200 hectáreas del Fundo Bío Bío se les entregó sólo una zona de veranada consistente en 590 hectáreas. De Colluco sólo una mínima parte y en la localidad de Pitrolón, prácticamente la totalidad de sus tierras fue entregada a personas y familias no indígenas.

En 1991 estábamos en plena transición a la democracia. El movimiento indígena discutía aun con las nuevas autoridades y los parlamentarios electos las condiciones del Pacto de Nueva Imperial y se trabajaba en los primeros borradores de la Ley Indígena. El Presidente Aylwin había creado la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEFI, con el objeto de atender a la formación de una política pública destinada al mundo indígena. Todo este proceso, sin embargo, no sería de gran ayuda para los Pehuenches de Callaqui que al momento de recuperar sus tierras ancestrales, las vieron disminuidas notablemente a menos de la mitad de las que poseían históricamente.

De este modo, la Comunidad de Callaqui entró al Decenio de los Pueblos Indígenas, así proclamado por las Naciones Unidas para la década de los años 90.

l.-La Comunidad de Pitril

A 55 kilómetros de Santa Bárbara, entrando por un camino que une a Ralco con Trapa Trapa se encuentra la Comunidad de Pitril en donde viven unas 90 familias con cerca de 500 habitantes.

Pitril es resultado de una donación de tierras en el siglo XIX. Tiempo después se constituyeron los Fundos Pitril y San José y la hijuela de la sucesión Gatica. Otra parte se conformó como dominio fiscal en favor de la familia Gallina. En 1979 el Fundo Pitril fue expropiado e INDAP lo traspasó con títulos individuales incluyendo una parte de terrenos destinados a veranadas.

Los orígenes de estas tierras se remontan al Butalmapu Pehuenche de Queuco {Agua del Río Queide. Co=agna. Queu= diminutivo de Quenle).

Los primeros actos de apropiación de las tierras de Pitril se relacionaron con remates producidos por la no cancelación de impuestos al dominio de la propiedad material. Es el caso de los terrenos de Pueñán Maripe afectado por no pago de contribuciones. Esta suerte de impuesto era rechazado por los pehuenches en razón de que sus tierras ancestrales les pertenecían con anterioridad al surgimiento del Estado chileno.

No obstante, el no pago de las contribuciones hizo inevitable el remate de gran parte de sus tierras, las que fueron adjudicadas por Casimiro Cabezas en una suma módica. Posteriormente, Cabezas vendió el predio rematado a José Lagos en un valor relativamente superior, y quien fue dueño del predio por dos décadas. En 1922 vendió esta propiedad a Luis Gatica González en tres mil pesos. Gatica dejó en sucesión a esposa e hijos quienes constituyeron la propiedad a su nombre en 1934, la que terminaron de inscribir en 1942. A mediados de la década de los 70 algunos de los miembros de esta sucesión comenzaron a vender parte de sus derechos; en 1976, a Oscar Pulgar Rodríguez; en 1977 otra parte al mismo comprador... Pulgar, con la propiedad a su haber, vendió a su vez en 1989 a Pedro Esquerré quien actuó como comprador en representación de la Sociedad Agrícola "Azul Grande S.A".

Otro heredero de Gatica vendió a esta empresa otra de las cuotas del predio. Esquerré y "Azul Grande" obtuvieron así casi el 63% de los derechos de la Sucesión Gatica con la cual se produjeron inconvenientes legales a comienzos de la presente década con otros herederos de la Sucesión Gatica.

A mayor abundamiento, el indígena Pueñán Maripe contaba con deudas personales con un particular que a modo de resarcirse le exigió una superficie de 770 hectáreas, que pasaría a llamarse "San José de Pitril". En 1902 Pueñán Maripe vendió otra parte de sus derechos, esta vez a Claudio Rojas, quien tomó posesión de 11.000 hectáreas.

En 1905 el Cacique Francisco Alabao Gallina inició entonces un juicio de reivindicación de tierras. Este juicio concluyó señalando que las tierras vendidas eran de Maripe y se reconoció al Cacique Alabao Gallina las tierras al sur del estero Huilquillillío hasta el estero Boquiamargo.

En 1918 esta hijuela fue inscrita a nombre de Claudio Rojas con 200 cuadras. En 1960 Juan Fuentes Cid la constituyó como "San José de Pitril". En 1964 la vendió a Eduardo Pons González. En 1982 Pons y señora formaron la "Sociedad San José de Pitril Limitada" para explotar madera. En 1983 la sociedad se terminó y los esposos Pons Serra se repartieron el predio. En 1988 Elisa Serra transfirió su parte a su hija Berta Pons. El padre, Eduardo Pons murió en 1991. En 1992, Clotilde Pons transfirió parte de la herencia a Gabriel Zegpi Pons.

Otro sector de la Comunidad de Pitril denominado Fundo Pitril era del Cacique Duguñan Gallina. Fue parte de la venta efectuada por Pueñán Maripe a Claudio Rojas, quien vendió el fundo a Celestino Delgado en 1918, quien contaba con una sociedad de capital con Enrique Pozzi. En 1923 ambos formaron la "Sociedad Delgado & Pozzi". A la muerte de Delgado en 1936, su cónyuge e hijo liquidaron la Sociedad y transfirieron su dominio a Enrique Pozzi, quien a su vez traspasó la mitad del fundo a Manuel Gavilán. En 1937 Gavilán vendió el fundo a Osear Bohme, con quien se generó un litigio por incumplimiento de la compraventa. En 1946 el fundo fue rematado y se lo adjudicó la "Sociedad Agrícola y Forestal La Leonera Limitada", la que inició trabajos forestales y agrícolas adquiriendo propiedades aledañas, entre ellas el Fundo Ralco. En 1955 Le Leonera terminó su giro. Parte del Fundo fue transferido a Dionisio González y otros, quienes forman la "Comunidad Forestal Ralco S.A". En 1962 el Fundo Pitril fue transferido a "Dallas Investiment Corporation" (empresa panameña). En 1963 esta firma se asoció con "Maderas Ralco S.A." inscribiendo el fundo a su dominio en 1964.

En 1971 la Corporación de la Reforma Agraria, CORA, expropió los fundos de esta empresa, y fue inscrito a su nombre en 1975, dejando fuera al Fundo Ralco por abandono y mala explotación. En 1972 el fundo fue traspasado a la CONAF, la que arrendó el predio a tres ganaderos locales. En 1979 Pitril fue traspasado por CORA al SAG. A partir de 1980 el SAG transfirió las tierras al INDAR En 1986 INDAP midió en 10.662 hectáreas las tierras y las dividió en 32 hijuelas con dos o más adjudicatarios, las que fueron otorgadas en gran parte a familias de la Comunidad del Cacique Andrés Gallina.

A fines de los años 70, las tierras de Pitril fueron traspasadas a los pehuenches en calidad de hijuelas individuales. Esto aconteció con las tierras de Andrés Gallina con excepción de la Sucesión Gatica (30 cuadras) y San José de Pitril (770 has). Otras tierras provendrán del Fundo Ralco (Veranadas de Colluco, con unas 3.700 has) que entraron en liquidación en 1980 como resultado del término de la Sociedad Maderas Ralco. Las tierras fueron donadas al Fisco.

El Ministerio de Bienes Nacionales dividió el fundo en cuatro partes:

  1. lote 1 (Sector Colluco) con 6.185 has, que se transfirió a INDAR
    Una parte de estas tierras se entregó a familias de las Comunidades de Pitril y Callaqui: diez hijuelas que comprenden 3.710 has. La inscripción de títulos se realizó en 1991. La recuperación material se efectuó en un acto a comienzos de 1992.
  2. el lote 2 (Reserva Nacional Ralco), con 12.421 has, que se transfirió a la CONAF,
  3. los lotes 3 y 4 ("Vegas de Ralco"), con 468 has y ( "Quepuca Ralco") con 17.344 has.

3.-La Comunidad de Caiñicu (Círculo en la luna)

Esta Comunidad se encuentra ubicada en el Valle de Queuco. Está distante de Santa Bárbara unos 75 kms y a unos 20 kms de Villa Ralco. Viven 105 familias que componen unos 500 habitantes. Es poseedora de un Título de Merced provisto en 1919 a la comunidad del Cacique Anselmo Pavián. Es un título indiviso, es decir, permite la propiedad comunitaria de la tierra por decisión de las propias familias en consideración a sus valores ancestrales.

A pesar del Título de Merced, parte importante de las tierras no fue incorporada en dicho Título y se asignaron a particulares. De acuerdo a testimonios proporcionados por los antiguos habitantes de Cauñicu se trata de dominios obtenidos mediante la especulación de títulos.

Los principales conflictos, incluso varios de ellos vigentes se relacionan con los propietarios de fundos aledaños, el Queuco los Chenques, Trumpehuenu y Chinchintahue.

En el caso de conflictos con el Fundo El Queuco los comuneros indígenas entendían que originalmente estas tierras no tenían otros dueños que no fueran los pehuenches. En 1960 el Cacique José Queupil formuló una demanda de recuperación de tierras ancestrales ocupadas por Humberto Poblete, Juan Ortiz y Nicolás Velásquez.

En 1965 el Jugado de Victoria estableció una extensa relación de los hechos y el litigio concluyó con una sentencia favorable a los indígenas demandantes. Es uno de los pocos casos en que familias indígenas se vieron favorecidas por una sentencia judicial dado que después de un engorroso reclamo legal sus demandas fueron reconocidas.

No obstante se mantuvieron otros conflictos en este caso vigentes aun con Ortiz Tariz por una ocupación de 100 hectáreas. En respuesta Ortiz señaló estar haciendo uso de tierras heredadas en localidades en donde no habían indígenas y que por el contrario éstos recién habían llegado con una data no superior a diez años.

En 1987 Ortiz demandó a Juan Huenupe por deslindes de la reducción indígena Caiñicu. Al respecto Huenupe declaró ante los investigadores Martín Correa y Raúl Molina lo siguiente:

"Estuve viviendo dos años donde hice mi puebla dentro de esa parte. Después de eso él como es de plata metió juicio y yo como no tenía plata nunca me dieron las razones; todas las autoridades fueron contrarias para mí; no tuve oportunidad de que me defendieran. Entonces me fue a botar con todo con toda la familia y todavía se está haciendo por dueño. Después trajo ingeniero y midió. Andaba con hacha con Carabineros... Hará unos 7 años que voltearon y donde yo ocupaba está dentro del Título de Merced".

Con los propietarios del Fundo Los Chenques el conflicto guarda relación con una servidumbre de caminos indispensable para facilitar las faenas de explotación forestal de parte de la empresa Azul Grande S.A. Esto en favor de Pedro Esquerro. El objetivo eran 5.000 m3 de bosque nativo.

La negociación debía realizarse con los hermanos Maripil Milla. A cambio de la autorización para que por sus terrenos pasase la servidumbre de camino se ofrecía trabajo y dos camionadas de tapas.

Todo esto acontecía mientras estaba vigente la Ley 17.729 especialmente su artículo número 5 que prohibía enajenar arrendar o parcelar la reserva indígena. A fines de 1990 Esquerro acompañado de algunos funcionarios del antiguo Departamento de Asuntos Indígenas DASIN llegó hasta la localidad de los hermanos Maripil y presentaron documentos en donde Azul Grande S.A se comprometía a proporcionar empleo en las faenas construir unos cercos donar 50 pulgadas de maderas y de tapas más 25 mil pesos a cada comunero afectado por la servidumbre. Testimonios locales señalan que nada o muy poco de estas promesas fueron cumplidas a pesar de la formalidad de las ofertas de rigor.

La Comunidad de Cauñicu pidió su radicación en mayo de 1919 mediante documento público otorgado en Temuco y con la finalidad de preservar su dominio sobre tierras ancestrales.

Haciendo referencia a normas de 1866, la Comisión hizo entrega de la merced correspondiente al Cacique José Pavián, quien representaba a 269 personas indígenas. La comunidad informó posteriormente que las tierras reconocidas eran menores a las solicitadas, pues sólo se les entregó los terrenos en donde tenían sus viviendas y sitios de pastoreo de los animales. Segundo Ligai declarará ante los investigadores Molina y Correa lo siguiente:

"Los Caciques nunca pidieron Título de Merced. Fueron los interesados particulares que hacían los papeles y acortaban la reducción. Ellos pidieron esos ingenieros, hacían planos; por los interesados no más... No los Caciques. Compraron el papel porque tenían billete y mandaban a hacer, y ya... es mío esto; hasta aquí es mío, ...y así fueron despojando. El indígena no pidió Título de Merced. Nosotros reclamábamos hasta allá y decían que no, que este papel reza aquí, éstos son del Fundo Queuco y marcaban hasta ahí no más... Más no se podía arreglar las cosas, porque ellos pagaban para que se quedara hasta ahí. Después llegaba otro y así nos fueron achicando y con el tiempo quedamos chicos...".

En 1961 surgieron una serie de juicios con el objeto de recuperar tierras. Son demandas por usurpación de tierras interpuestas por el Cacique José Queupil en contra de Humberto Poblete y otros, actuando como abogado defensor de Indígenas, Hugo Ormeño Melet. En 1965 el Juzgado de Indios de Victoria ordenó diversas diligencias en terreno. Los demandados Poblete y Ortiz señalaron que ellos no concurrirían al Juzgado de Victoria, pues el Fundo Queuco era ajeno a la reserva y que dicho litigio no correspondía...

Sin embargo, el juicio siguió su curso. Surgió una segunda demanda contra Poblete por cuanto ocupaba un pedazo de terreno de la Comunidad de Anselmo Pavián donde había sembrado y explotado madera y tenía instalado animales. El Juzgado falló, finalmente, en favor de la comunidad indígena afectada, pero los conflictos con Ortiz y familia continuaron.

Otros problemas se relacionaron con servidumbres de tránsito para explotaciones forestales como en el caso del Fundo Los Chenques (Pedro Esquerré y la empresa "Azul Grande S.A."). En 1990 el Gobernador del Bío Bío informó a la naciente Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI, que Esquerré pretendía explotar 5.000 m3 de bosque nativo del predio Los Chenques y que, para el efecto. Esquerré deseaba iniciar negociaciones con la comunidad para los respectivos accesos. Sobre el particular expresó que contaba con el plan de manejo respectivo y que ofrecería trabajo a algunas personas, más un par de camionadas de tapas.

A fines de 1990 Esquerré y funcionarios del DASIN visitaron al Cacique a quien manifestaron que no había problemas para la construcción de un camino e hicieron entrega de un documento sin fecha ni timbre, en donde la empresa "Azul Grande S.A." se comprometía a abrir (sic) empleos, hacer unas construcciones familiares menores, donar 50 pulgadas de madera y tapas que estimasen convenientes más $ 25.000 a cada comunero afectado por la servidumbre. Comuneros como José Maripil Milla afectado por este compromiso, señalaron en 1992, dos años después que las ofertas fueron escasamente cumplidas

En los casos del Fundo Trompelhuenu y Chinchintahue en 1981 el Cacique Bemardino Huenupe señala que se trataría de ocupaciones de más de 30 años sobre 500 hectáreas respecto de lo cual iniciaron un litigio de recuperación. En dicho año se realizó un comparendo en el tribunal de Los Angeles con Máximo Saavedra quien alegaba que los mapuches habían ocupado parte de sus tierras. A su vez la familia indígena señaló que ellos ocupan lo que correspondería a una herencia de Martina Quiniñir quien formaba parte de la comunidad de Anselmo Pavián. Este es un tipo de conflicto que permanece latente.

4.- La Comunidad de Malla Malla

Esta comunidad está ubicada en el Valle de Queuco distante 35 kms de Villa Ralco. Su primer Cacique fue Antonio Marihuán que recibió el Título de Merced en 1919. La población de esta comunidad son aproximadamente 400 personas (65 familias). Se trata de una comunidad con tierras indivisas.

Los primeros problemas de tierras se presentaron a partir de 1870 cuando se formó el Fundo Queuco, que abarcó la casi totalidad de las tierras de Malla Malla. En 1881 se formó el fundo Trapa. Ambos fundos, con prontitud abarcaron todo el Valle de Queuco. Pehuenches habitantes antiguos de esta comunidad señalan que por lo general los mapuches arrendaban tierras por género alimento yerba mate y azúcar... Poco a poco sus tierras fueron siendo arrebatadas.

La Comunidad recibió el Título de Merced el 27 de mayo de 1919 a pesar que las autoridades indígenas no habían realizado gestiones para la radicación. Estas diligencias fueron necesarias después de habérseles otorgado dicho Título pero para recuperar las tierras que el Título de Merced dejó excluidas. Los deslindes antiguos no habían sido respetados y los particulares se quedaron entonces con tierras de mejor calidad.

En 1920 el Cacique Antonio Marihuán inició las reivindicaciones correspondientes y las autoridades indígenas que le han continuado en el mando constantemente han solicitado que se reconozca la línea antigua.

La subsistencia de las familias de esta comunidad es tremendamente precaria precisamente por haber sido arrinconados en terrenos de mala calidad que no le permiten una adecuada veranada y piñalería.

De ocho piñalerías antiguas hoy sólo pueden laborar en dos de ellas; las otras seis son de propiedad de colonos avecindados. De las once antiguas veranadas sólo cuatro pueden ser ocupadas por los pehuenches; las otras siete están en manos privadas.

Otro conflicto latente se relaciona con el bellísimo sector de "Baños Termales de Nitrao" hoy a cargo del Municipio y entregado en Concesión a un particular quien a su vez, es el propietario de uno de los transportes públicos que va a Trapa Trapa.

5.-La Comunidad de Trapa Trapa

Esta comunidad está ubicada en el Valle de Trapa Trapa y deslinda con la República de Argentina. En 1920 la Comunidad recibió el Título de Merced sobre terrenos que ocupan actualmente. En 1950 la comunidad fue dividida en dos sectores: Butalelbun y Trapa Trapa.

La población de Trapa Trapa se la estima en 900 personas (unas 160 familias). Es una comunidad que ha logrado mantenerse bajo régimen de propiedad comunitaria de la tierra.

El territorio de esta comunidad estuvo afectado severamente por las incursiones militares argentinas. Entre 1879 y 1883 la zona sufrió diversos despoblamientos como resultado de la necesidad de protegerse de la persecución militar. Es durante estos difíciles períodos cuando algunos particulares tomaron posesión de las tierras y formaron el fundo Trapa, mediante la compra de unas acciones y derechos a los indígenas Cuilipán, Canío Pedro Llancar y otros varios de los cuales, en su estampida de la zona de conflicto, bajaron al valle y encontraron alguna forma de trabajo en el fundo de un señor Palacios, quien los llevó a una Notaría y les hizo firmar una escritura de venta de sus tierras, las que fueron inscritas en 1890.

Los pehuenches mantienen no obstante sus certezas de dominio sobre la tierra usurpada pero tendrán que lidiar constantemente con colonos que, a nombre del "dueño" de la escritura del fundo llegaron hasta estas tierras para poblarla y colonizarla. Atilio Pereira, Cacique de Butalelbun diría a los investigadores Molina y Correa:

"Después de la persecución a los pehuenches por los militares argentinos vinieron los ricos atropellando a la gente un tal Mellado Ortega... Dicen que habían venido de visita no más y les gustó el campo. Ahí los paisanos (pehuenches) tenían que esconderse; salir de noche a buscar agua porque si los pillaban les echaban el caballo encima abusaban de las mujeres. Después pusieron un cerco en Ñirehueco... Si pillaban un caballo de la gente indígena lo mataban... Todo eso ocurría antes del Título de Merced".

Es en medio de estos procesos que la comunidad inició los trámites para obtener la radicación respectiva en 1920. Aprobada la solicitud en Temuco se realizó la medición de los terrenos acto que implicó nuevos conflictos que se extendieron por casi 70 años, básicamente porque la tierra asignada por el Título de Merced no corresponde a las tierras antiguas de los Pehuenches. Una porción muy relevante de estas tierras originales fueron entregadas a particulares.

Tierras como las de Cochico y Trapa Bajo intentaron ser recuperadas por los Caciques en forma constante. En los años 50 la comunidad perdió cierta cohesión interna en su lucha y Trapa Trapa quedó dividida en dos cacicazgos. En los años 60 se inició una nueva etapa en el proceso reivindicativo. En 1965 varios pehuenches enviaron una nota al Presidente Eduardo Freí Montalva solicitando "urgente amparo" en favor de sus tierras usurpadas. No hubo respuesta del Gobierno.

En 1967, el Defensor de Indígenas abogado Hugo Ormeño interpuso una medida prejudicial en orden a pedir la revisión de los deslindes en favor de 4.000 has de tierras excluidas del Título de Merced, lo que implicó un extenso e intenso proceso de alegatos de las partes.

En la localidad de Cochico se registraron también diversos conflictos entre pehuenches y colonos. En enero de 1969 la Oficina de Tierras y Colonización intentó buscar soluciones transitorias a los problemas ocurridos entre ellos la división de la veranada. Para dicha oficina lo básico de este conflicto surgía de la codicia de los pehuenches sobre tierras colindantes de mejor calidad desconociendo en la práctica el carácter de tierras antiguas de los indígenas.

En 1970 las tensiones en Cochico fueron gravísimas: tres pehuenches fueron asesinados en la zona de veranada: Pedro Salazar José Ñaupa y José Flores Ilimán. Tres años después, con motivo del golpe militar de 1973, fue asesinado el Cacique José María Tranamil. Sabino Salazar diría al respecto en 1992 lo siguiente:

"José María Tranamil fue a buscar alimento a Santa Bárbara, cuando llegó el golpe de Estado ese día... Salió para acá arriba. Ya había llegado a Pitril y ahí creo que volvió otra vez y no se vio más. Muchos decían que estaba detenido... Después supe yo que lo habían matado... A uno de Cauñicu dicen que lo mataron también a esa fecha (...) Lo agarraron mal al finado José María Tranamil porque él estaba de Cacique en ese tiempo... Entonces él luchaba tanto por el Cajón de Cochico... Le decía a la gente que teníamos que pedir ese campo; él porfiaba que ese campo era de nosotros. Así que por eso lo agarraron mal, hasta los Carabineros; así que seguramente por eso lo mataron... Lo tomaron y lo mataron. Del Estero Pilunchaya para acá abajo, todo eso lo mandaba él. Este campo no es de Víctor Hugo Vásquez, ni tampoco de Palacios, es de nosotros y eso es lo que peleaba él también, por eso lo tomaron por comunista, porque él reclamaba lo que es de uno".

A partir de 1973 los colonos se asentaron en el Cajón de Cochico sin mayor dificultad. A los Pehuenches les fue prohibido su acceso a las veranadas respectivas y que incluso les habían sido asignadas.

No obstante, los pehuenches fueron obteniendo algunos logros. En 1986 INDAP realizó una nueva medición de tierras que arrojó como resultado una proporción de tierras indígenas mayor a la que había establecido el Título de Merced de 1920, de tal modo que de 8.430 has otorgadas por dicho Título las tierras indígenas aumentaron a 13.760 has. La comunidad recuperó además un importante dominio de 2.038 has sobre tierras del Fundo Trapa y Lengas de Trapa. Un poco de justicia había llegado, finalmente, a la comunidad Pehuenche de Trapa Trapa, no sin antes dejar una huella de dolor y muerte.

6.- Comunidades Pehuenches de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy

Ambas comunidades constituyen lo que conocemos como Comunidad de Ralco, la que en 1954 fue dividida por el Juzgado de Indios de Temuco. Están ubicadas en el Alto Bío Bío, con distancias entre 70 y 90 kms respecto de Santa Bárbara. Ambas comunidades, las de Quepuca y Lepoy bordean el río Bío Bío y son las afectadas directamente con las represas hidroeléctricas de Pangue y Ralco.

En relación a sus habitantes, Quepuca cuenta con 90 familias (400 personas) y Lepoy con 125 familias (800 personas). Viven también en la zona de Lepoy, cerca de 12 familias de colonos (unas 70 personas).

Quepuca y Lepoy son zonas que han vivido distintos momentos de dominio. Primero, el pehuenche. Luego, la invasión militar. Posteriormente, se produjo el proceso de apropiación de tierras y la formación del Fundo Ralco, lo que continuó con la venta del fundo entre chilenos y la venta de hijuelas. Más tarde el fundo fue entregado al Fisco el que lo distribuyó entre los pehuenches mediante títulos individuales por familia, lo que constituye la propiedad natural indígena del sector.

Desde la Colonia, Ralco estuvo fuera de la jurisdicción de los españoles. En la República, se mantuvo al margen del naciente Estado chileno. Los militares chilenos irrumpieron en la zona a partir de 1880, siendo característica la instalación de fuertes militares como el de Nitrito, tanto para contener el avance militar argentino en la frontera como también para resguardarse y controlar la arremetida de los pehuenches en su huida de la ofensiva militar argentina.

Junto con la incursión de los militares chilenos se instaló también un proceso de apropiación de las tierras por parte de privados y la incorporación de tierras al Estado. Rafael Anguita es el primer chileno que se apropia de parte importante de estos terrenos, mediante la "compra" de acciones y derechos a indígenas del sector, lo que se lleva a cabo en la Notaría de Los Angeles en 1881.

Es importante recurrir a la memoria histórica para dar cuenta de estos procesos de usurpación:

"Yo escuché la conversación que hacía el finado Antonio Ancanao donde yo me crié. El decía que los llevaban a Mulchén. Los mapuches llevaban su carguita como para traer una ayuda que le daban. De esta forma le tomaron la firma a la gente y ahí dijeron que fue venta. Contaba que a los mapuches los hacían ponerse en fila, todos bien ordenados... Entonces les enseñaban para poder decir "sí" con la cabeza "estoy de acuerdo en vender" y el otro le ponía el nombre... Esa fue la compra que hicieron antes..."(Cacique de Ralco-Lepoy Manuel Neucumán).

En 1881 Anguita inscribió cada una de las acciones y derechos adquiridos por estas compraventas realizadas a diversos indígenas. Sus dominios alcanzarían a 30.000 hectáreas en Ralco por la suma total de 1.600 pesos de la época. Paradójicamente los indígenas que aparecen vendiendo no abandonaron sus tierras.

En 1886 muere Anguita. En 1888 concluyó la partición de sus dominios en favor de Octavio Anguita quien inscribió las tierras como suyas en 1889. La administración del Fundo Ralco la asumió el hijo de Octavio Anguita Héctor Anguita. Este en su empeño por desalojar a los pehuenches solicitó la fuerza policial la que le fue denegada en dos ocasiones en 1910 y en 1911.

Los Anguita mantuvieron el fundo en sus manos hasta 1909 cuando fue traspasado a Luis Martín Bunster. En el contrato se agregó la siguiente cláusula: "se previene que el vendedor no se obliga a expulsar o lanzar del fundo vendido a los indios que viven en él".

En 1924 luego del deceso de Bunster sus bienes fueron repartidos. Cada uno de sus herederos recibió un porcentaje de la vasta propiedad. En 1933 Celmira Gómez viuda de Bunster dueña de seis décimas del fundo, cedió a Hernán Eguiguren Errázuriz la sexta parte de sus derechos con la finalidad de restituir a Aída Bunster viuda de Eguiguren la cuota que a ésta correspondía en dicho Fundo.

La sucesión Bunster Gómez enfrentaría importantes conflictos posteriores: otros poseedores de acciones y derechos adquiridos a indígenas reclamaron su parte del fundo. Entre 1940 y 1945 se constituyeron varias hijuelas en el sector poniente del fundo y los pehuenches iniciaron un juicio de radicación, todo lo cual concluyó con la nulidad de los títulos de propiedad y su correspondiente reposición.

En efecto a partir de 1907 la comunidad de Ralco había iniciado las gestiones tendientes a lograr su radicación territorial. En 1908 Octavio Anguita reclamó ante la Oficina de Colonización por este intento y solicitó suspender la orden de radicación. Esto atrasó las posibilidades de la Comunidad de obtener su Título de Merced.

Al año siguiente en 1909 Anguita vendió el fundo a Bunster.

En 1937 los Caciques de Ralco Antonio Ancanao y Domingo Huenteao pidieron nuevamente al Juez de Indios de Victoria la radicación de sus tierras. En enero de 1938 el Juzgado respondió con una diligencia de medición con lo cual se dio apertura al proceso respectivo.

En 1939 varias familias indígenas escribieron al Ministro de Tierras y Colonización expresándole su meta de radicarse. En diciembre de ese año, algunos integrantes del Juzgado de Indios visitaron la zona con el objeto de realizar un censo familiar.

Entre 1940 y 1941 se continuó trabajando en el plano general de la comunidad.

La sucesión Bunster se opuso a estos procedimientos y a mediados de 1941 ofrecieron una franja de terreno para ubicar, extrajudicialmente, a los indígenas y constituir así un acuerdo que no afectase a sus intereses territoriales.

El proceso tiene un giro jurídico interesante, pues el abogado Defensor de Indios, Ernesto Márquez Molina, señaló ante el Juzgado que, antes de resolver sobre la radicación, debe considerarse el problema del dominio, pues los pehuenches solicitaban radicarse en tierras que les pertenecían ancestralmente en tanto que la sucesión Bunster se oponía a dicha radicación porque en su parecer las tierras eran de su propiedad.

Estaba en juego además la competencia del Juzgado de Indios de Victoria, la que había sido impugnada por la sucesión Bunster. El 30 de octubre de 1941 el Juzgado resolvió que era plenamente competente y el Juez solicitó los títulos de posesión del Fundo Ralco.

La Sucesión Bunster abrió entonces un segundo flanco legal para demostrar que los pehuenches eran usurpadores, pues se habían instalado a vivir en Ralco, después que el fundo se constituyó como propiedad privada en 1881... El abogado Carlos Schnake, por parte de la familia Bunster, expuso de este modo sus argumentos:

"...que los pretendidos indígenas no son tales; que es público y notorio que los que se presentan como aborígenes chilenos, que están ocupando parte de ese fundo desde hace pocos años atrás eran descendientes de indígenas argentinos; que durante las campañas de colonización de territorios y limpia del suelo argentino huyeron a Chile y se avecindaron contra la voluntad de sus dueños en los terrenos del Fundo Ralco... No hay pues tales indígenas araucanos". (Juzgado de Indios de Victoria, Sentencia, expediente 2099).

El 30 de noviembre de 1942 el Juez Gustavo Bisquert Susarte dictó la sentencia definitiva sobre Ralco, constituyéndose en un acontecimiento relevante, al declarar que la Comunidad Bunster-Gómez no era dueña de las hijuelas Los Avellanos, La Malla, Lepoy y Ralco; que no había lugar a la oposición a la solicitud de radicación por parte de los pehuenches; que tales hijuelas son terrenos fiscales disponibles y que en consecuencia, procedía la radicación en la superficie estimada de 30.550 hectáreas.

Este espectacular fallo legal implicó la inmediata reacción de Bunster y compañía quienes, junto a otros recurrentes privados, en 1944 recurrieron ante la Corte Suprema de Santiago para lograr la nulidad de la sentencia de Bisquert Susarte.

El 5 de enero de 1945, la Corte Suprema sentenció que el Juez de Indios había fallado "con manifiesta falta de jurisdicción" y dejó sin efecto el importante fallo que había beneficiado a los pehuenches no sin antes devolver la causa al Tribunal correspondiente, esto es Los Angeles.

Sorprendentemente, sin embargo, el Juez de Indios de Victoria mantuvo su tesis y alegó, esta vez, contra el fallo de la Corte Suprema enarbolando una muy profunda argumentación ético-jurídica que constituye una pieza histórica en la defensa de los Derechos Humanos y Sociales de los indígenas. Los investigadores Raúl Molina y Martín

Correa, en su investigación en la cual nos amparamos, citan la extraordinaria defensa que el Juez de Indios hace de su fallo ante lo resuelto por la Corte Suprema:

"A virtud de lo fallado por la Excma. Corte Suprema, un total aproximado de 545 individuos en su mayoría indígenas analfabetos y menesterosos, sin más escudo que el de una posesión material remota, residentes en plena cordillera, a odíenla o más leguas de un poblado, deberán ver sus intereses dirimidos en conformidad a los rígidos preceptos del derecho común y estricto.

"Todo el edificio tan cuidadosamente levantado por el legislador chileno para regir por una legislación y judicatura especiales, intereses especiales, amenaza su derrumbe ante la doctrina de la Excma. Corte. Nos asiste la certidumbre absoluta que dicho Tribunal (inteligente, humano y respetuoso de la Ley en alto grado), va a reaccionar en la doctrina que le ha sido arrancada progresivamente.

"Desgraciadamente, para diversos casos -de los varios que van llegando al Excmo. Tribunal- esa reacción será tardía. Y llegará cuando los últimos vástagos de una raza, arraigados todavía a la tierra que siempre les fue propia, reposen ya en los únicos lugares de que no podrán ser lanzados: los cementerios y las carreteras públicas.

"Por ahora, en el caso concreto de los indígenas de Ralco, le cumple al Ministerio de Tierras, definir su actitud ante la extraña situación planteada por el Tribunal Supremo y ponderar cuidadosamente las proyecciones de esa actitud hacia el futuro".

A continuación el talentoso Juez de Indios de Victoria solicitó la intervención del Consejo de Defensa Fiscal para que dicha institución asumiese la recuperación de las tierras indígenas de Ralco pero su gestión fue infructuosa. En esas circunstancias, los Caciques de Ralco, solicitaron el 12 de septiembre de 1945, al Presidente Juan Antonio Ríos su amparo.

La respuesta del Mandatario se remitió a lo ya resuelto por la Corte Suprema, sin perjuicio de señalar que dada la no existencia de juicios contra los indígenas se proponía una "acuerdo amistoso" entre la Sucesión Bunster y la Comunidad Ralco.

La sucesión ofreció 5.000 hectáreas para la radicación de los pehuenches. Un informe del Ministerio de Tierras y Colonización señaló que la radicación de 88 familias pehuenches requería 16.460 hectáreas... Tiempo después, la sucesión, no exenta de tensiones, ofreció 12.497 hectáreas.

Posteriormente a 1944, el abogado de la sucesión, Roberto de La Maza formuló una tercera oferta, en la que se retrocedió a 3.000 hectáreas. El abogado argumentó al respecto:

"Mi parte, no obstante, desea solucionar equitativa y racionalmente el problema que se les presenta a estos ocupantes que sin causa, sin títulos, sin medios de vida, sin conocimiento, sin espíritu de trabajo y sin más vaguedades que el prurito de ocupar tierras inhóspitas e improductivas... En efecto, dichas tierras, especialmente la sección de Lepoy -que es la que ocupan en parte- nada producen y sólo sirven para la explotación maderera en la cual no podrán jamás hacer base por carecer de todos los elementos adecuados... En cambio mi parte propone una solución en beneficio de todos hasta 3.000 hectáreas en las cuales se radicaría extrajudicial y administrativamente a dichos ocupantes.

Estas hectáreas representan el terreno suficiente para vivir en él quedando el resto de Ralco libre de toda turbación o embarazo..."

Nótese el tono francamente racista y discriminatorio de este argumento. Por cierto, la Comunidad de Ralco rechazó esta propuesta.

En 1948, el ahora Ministerio de Tierras intentó alcanzar un nuevo acuerdo entre la sucesión Bunster y la Comunidad indígena. En tal ocasión, la sucesión ofreció una transacción consistente en la cesión del lote Lepoy al Fisco y parte o todo el lote de Malla para la radicación, lo cual fue terminantemente rechazado por la Comunidad.

En 1949 el Fundo Ralco fue vendido a Dionisio González. De un total aproximado de 9.360 has se habían constituido las hijuelas de Pangue (donde está emplazada la actual represa Pangue), San Pedro, Las Huellas y El Avellano. Estas hijuelas quedaron excluidas de la transacción con González porque fueron vendidas a otros particulares.

En 1952 Dionisio González integró el Fundo Ralco a la Sociedad Agrícola y Forestal "La Leonera Ltda", la que en 1955 fue disuelta. El Fundo quedó en manos de la Comunidad Forestal Ralco formada por los mismos socios que se habían repartido la división anterior.

En 1964 el fundo fue transferido a la empresa "Maderas Ralco S.A." constituida con capitales conjuntos provenientes de Panamá. "Maderas Ralco" se forma a su vez con los Fundos Pitrilón o Bajo Pitrilón, dos porciones del fundo Bío Bío, el fundo Pitril y el Fundo Ralco propiamente tal.

Esta empresa inició sus faenas de explotación forestal en la zona de Callaqui. Los aserraderos se instalaron en Villa Ralco y Alto Bío Bío con una importante presencia de trabajadores externos y los consecuentes efectos en la cultura indígena local. A mediados de los años 60 estas faenas abarcaron el fundo Ralco y se produjeron diversos tipos de conflictos como resultado de las reivindicaciones de los pehuenches sobre sus tierras y bosque nativo. Es interesante transcribir el testimonio que los investigadores Molina y Correa recogen en su libro Territorio y Comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío:

"Cuando llegaron los González, lo hicieron a fuerza de amenaza, cortando la madera. Nosotros aquí nos opusimos, peleamos con los González, y les dijimos: "de aquí van a tener que salir. Nos matan a nosotros; algo tenemos que hacer defendiendo nuestros pinos araucarias". Al final de tanto reclamo salieron amparados los indígenas y dejaron los González 45.000 pulgadas en la Cordillera Negra, botados y trozados, los que se perdieron, pues se pudrieron totalmente.

"Los González tramitaron, fueron al Juzgado de Indios y ahí le dijeron que no podía ser, que esto era totalmente de los indígenas, porque... González, ¿a quién le habría comprado?... González decía que a los Bunster; pero, ¿Bunster, a quién le había comprado?... Esto era ocupado antiguamente por los indígenas" (Cacique Antolín Curriao Pinchulef, mayo de 1992).

A comienzos de los años 60 las faenas forestales paralizaron. "Maderas Ralco S.A." funcionó hasta 1970. La Corporación de Reforma Agraria, CORA, bajo el gobierno del Presidente Salvador Allende, procedió a su expropiación, con excepción de Ralco, el que permaneció en manos de González y socios.

La Comunidad retomó un cierto brío organizacional y restableció su autoridad sobre los bosques de araucaria. Se eligió un nuevo Cacique: don Manuel Neicumán, quien se empeñó en iniciar una campaña legal para salvar las piñalerías de Ralco.

En 1972 las Araucarias de Ralco fueron declaradas Parque Nacional.

A principios de los años 80 la Sociedad Ralco S.A.I. de Maderas, filial de CORFO y propietaria del fundo Ralco, entró en liquidación. El 19 de enero de 1981 el fundo fue donado al Ministerio de Tierras y Colonización, y posteriormente fue transferido a INDAP con una superficie de 36.419 hectáreas, reservándose áreas del volcán Callaquén y los terrenos de araucarias para destinarlos a Reserva Forestal. Este último detalle le restó a las comunidades parte de sus veranadas más importantes y bosques de piñón en donde realizaban su recolección ancestral.

Hecha esta transferencia, la Dirección de Asuntos Indígenas de INDAP, el DASIN y el Ministerio de Bienes Nacionales, entre 1984 y 1985 efectuaron una completa medición del Fundo Ralco para dividirlo en lotes. Gran parte de los bosques quedaron en propiedad de CONAF. Esta medición concluyó en 1987: 12.421 has quedaron como Reserva Nacional (CONAF) y 23.988 has quedaron a disposición de INDAP.

En 1986 los Caciques del Alto Bío Bío firmaron el Acta de Ralco en donde se señaló que serían los miembros de las propias comunidades quienes resolverían el tipo de propiedad (comunitaria o individual) que se otorgarían... Concurrieron con su firma en esta Acta autoridades regionales de gobierno y representantes de la Iglesia Católica... Sin embargo, se procedió a la división de las tierras y su traspaso en hijuelas individuales... La comunidad no tuvo tiempo de resolver democráticamente la tenencia de sus tierras.

En 1989 se procedió, en consecuencia, al traspaso formal de 6.180 has en Colluco, 479 has en Vegas de Ralco y 17.344 has en Quepuca-Ralco y Ralco Lepoy.

En septiembre de 1991 quedó inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Los Angeles la división de la Comunidad Quepuca Ralco. En octubre del mismo año quedó inscrita en iguales condiciones la división de la Comunidad de Ralco Lepoy. En medio de este acelerado proceso de inscripciones, 78 familias pehuenches solicitaron al DASIN-INDAP que se considerase su firme opinión de constituir Tierras Comunitarias y no individuales. A pesar de existir precisas instrucciones del Presidente Patricio Aylwin en orden a no continuar la política de división de comunidades indígenas, que ya había causado profundos estragos durante la dictadura militar, el proceso quedó igualmente consumado... El Gobierno democrático recién iniciaba su primer año de labor y eran muchas las urgencias que había que enfrentar... Esta petición de los Pehuenches de Ralco no alcanzó a ser cautelada y los resabios de la dictadura, instalados en INDAP cumplieron su propósito de hijuelizar las tierras de Ralco Lepoy.

Si los Pehuenches de Lepoy hubiesen triunfado en su meta de declarar su propiedad como Tierra Comunitaria el proyecto Ralco hoy sería sólo un dato del pasado, pues las tierras comunitarias, de acuerdo a la Ley Indígena, no son enajenables bajo ninguna fórmula...

El Avellano.

Valga concluir esta reseña respecto de las Comunidades Indígenas Pehuenches del Alto Bío Bío y la historia de usurpaciones que ha sido investigada acuciosamente por Raúl Molina y Martín Correa, con una breve referencia al caso de la Comunidad Indígena de El Avellano.

Se trata de una comunidad cuyo principal deslinde es el Puente Ñireco que marca una especie de inicio de la frontera de tierras pehuenches. De hecho, en los conflictos existentes con la endesa, en agosto de 1998, decenas de indígenas y personas que solidariamente apoyan su causa ocuparon el Puente Ñireco, cortando con ellos la principal vía de acceso de los camiones y maquinaria que ingresan hacia la zona de faenas de la represa Ralco a través de dicho Puente.

En 1942 la sucesión Bunster enajenó la hijuela El Avellano en favor del comprador Silvio Franzetti. Cuando se concretaba el traspaso, el Cacique de Ralco solicitó al Presidente de la República su especial amparo... Juan Antonio Ríos, el destinatario, envió la solicitud al Ministro de Tierras y Colonización... el Ministro envió la solicitud al Juez de Indios para su análisis...

El Avellano, ciertamente, fue transferido y comenzaron así importantes litigios que se mantienen hasta ahora. Los nuevos propietarios demandaron a los pehuenches por "usurpadores"...

En 1950 se vendió El Avellano a Rafael Richard quien constituyó la "Sociedad Agrícola y Forestal Richard Ltda" la que se compone de las hijuelas Las Huellas y El Avellano. En 1954 adquirió la hijuela San Pedro.

Los conflictos resurgieron. En 1954 el Cacique José Levi y familias indígenas de El Avellano y Las Huellas recurrieron de amparo contra Richard. En 1955 la solicitud fue reiterada. Estaba en juego la defensa del bosque nativo y el patrimonio territorial indígena.

En 1958 solicitaron la paralización de faenas sobre el rico capital de maderas de Raulí y Pellín, en tanto los indígenas mantenían su residencia en las hijuelas en conflicto. En 1969 las hijuelas pasaron al dominio de Enrique Richard Waugh.

En 1976 el Instituto de Desarrollo Indígena (IDI) señaló que la demanda de los indígenas comprendía 1.423 has. Esta es una situación vigente hasta el día de hoy.

Síntesis

Los hechos descritos permiten apreciar que el Alto Bío Bío ha sido una zona de conquista permanente, primero, por los conquistadores españoles. Luego por la avanzada militar argentina. Posteriormente, por la campaña militar chilena. Después, por el Estado nacional y los privados no indígenas... Hoy, por el modelo económico y la modernidad.

Así y todo, los indígenas -en general- no se niegan al progreso y el bienestar. No son refractarios a la modernidad, pero estos hechos, sumados a situaciones contemporáneas, indican que la manera como se ha procedido con la etnia pehuenche, y por añadidura, con las demás culturas originarias, en el marco de una intensa expansión política, económica y militar, ha ido generando inevitables secuelas de desconfianza, no pocas veces actos de violencia o, lo que es igualmente negativo, una sensación de sentirse ajenos al país que progresa con cargo a su identidad y cultura.

¿Qué son, en definitiva, todos estos hechos protagonizados hasta con muertes de pehuenches en algún momento de la historia reciente?

Al final de cuentas, el Cacique José María Tranamil, víctima del golpe militar, no es sino la expresión de un modo de relación social dominante y de un desconocimiento de las etnias como componente esencial de la sociedad. Pero no es sólo la muerte física... Es también la muerte civil, esa especie de deceso inexorable que se produce cuando ya no hay espacio territorial, cuando los valores ancestrales pierden su vigencia, cuando los derechos no son reconocidos y entonces, la persona y la comunidad quedan convertidos en objetos de negociaciones dudosas, moralmente repudiables y socialmente impresentables.

Uno podría decir que esto era posible, y tal vez comprensible, a comienzos de siglo... Podríamos decir que a mitad de siglo la sociedad chilena todavía estaba en proceso de maduración y que ciertas cosas... bueno, no podían ser totalmente cauteladas... Todavía hay la oportunidad de cargarle responsabilidades a la agitada década de los años 60, con reformas agrarias, expansión del movimiento social y otros complejos asuntos propios de una década de cambios profundos...

Pero, son las constantes las que debieran llamar a una reflexión: los mismos procedimientos de fraude legalizado; las mismas connivencias entre los poderes; iguales circunstancias de dolo y engaño; idéntica fragilidad de los más pobres ante el poderoso...Y aun así. Jueces como Bisquert Susarte, Juez de Indios de Victoria, son señales poderosas de intentos profundos de justicia.

No se extrañe, por tanto, que la historia de injusticias en el Alto Bío Bío no haya concluido. Y que las constantes a las que hacía referencia permanezcan, vigentes o latentes. En el Chile contemporáneo existe aun el desafío de comprender mejor lo que ocurre con nuestras Comunidades Indígenas.

Tal vez... el nuevo siglo depare un mejor destino a los Pueblos Originarios.


Fuentes Bibliográficas:

  1. "Los Mapuches, héroes olvidados". Antonio Márquez.
  2. "Mapuche, gente de la tierra". Malú Sierra.
  3. "Los Pehuenches en la vida fronteriza". Sergio Villalobos. Editorial Universidad Católica.
  4. "Territorio y Comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío". Raúl Molina y Martín Correa. Edición conadi.
  5. " Moral y Ritual Mapuche". Louis Faron. Editorial Nuevo Extremo.

Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor- Derechos Human Rights el 01jun02
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