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Crímenes e Impunidad

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Capítulo III
Regiones y población estudiada

En las tres regiones investigadas logramos establecer que fueron ejecutadas o hechas desaparecer un total de 305 personas, cifra que luego contrastamos con la entregada en marzo de 1991 por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Los antecedentes incluidos en el presente capítulo son el fruto del trabajo, durante todos estos años, con los familiares de estas 305 personas.

Primeramente nos referiremos a las características demográficas, socioeconómicas y jurídicas de las tres regiones, a fin de conocer el medio ambiente social, cultural y político en que aquellas personas vivieron y en el cual continúan viviendo sus familiares.

Luego daremos a conocer los antecedentes y rasgos específicos de la poblaciónestudiada, acompañado de un somero análisis interpretativo. Finalmente, abordaremos las repercusiones que los Crímenes Contra la Humanidad provocaron sobre las personas, las familias y la comunidad.

III. 1. Características de las Regiones.

En una extensa y estrecha geografía se encuentra Chile, en el extremo sur del continente americano. Aislado por mar y cordillera, ocupa una superficie de 756.252 km2 con una longitud superior a los 8.000 kms. Norte, centro y sur del país, presentan encontradas geografías. El sur tiene un clima predominantemente frío y lluvioso lo que favorece la existencia de grandes lagos y ríos, así como una abundante vegetación.

La etapa de recolección de datos la realizamos en cinco de las trece regiones en que se divide administrativamente Chile. Sin embargo, por la falta de recursos humanos y materiales hubo de suspenderse la elaboración del trabajo en la Quinta Región, capital Valparaíso, y en la Octava Región, capital Concepción. De este modo, los antecedentes que entregamos se refieren a tres regiones ubicadas todas en el sur de Chile: la VII o Región del Maule, la IX o Región de la Araucanía y la X o Región de los Lagos.

El estudio de los aspectos geográficos, históricos, socioeconómicos, culturales y étnicos, que conforman el contexto humano y físico donde vivieron las personas afectadas, lo realizamos en profundidad y fue publicado al final de la investigación del proceso de búsqueda de la verdad.(1)

Mapa de las Regiones estudiadas

Regiones de estudio
 

A continuación, entregaremos dichos antecedentes de una forma somera pero suficiente para comprender el medio en que vivían las familias con las cuales trabajamos, y de qué manera iniciamos algunas medidas de carácter reparatorio.

III. 1.1. Séptima Región.

La región más cercana a Santiago de las tres investigadas es la Séptima Región, cuya ciudad capital es Talca (en lengua mapuche significa trueno). Hacia el Océano Pacífico presenta extensas planicies litorales con un valle central que abarca la mayor parte de la región, cuya conformación, generosa y fértil, hace que su tierra sea eminentemente agrícola. De la cordillera, en el oriente, brotarán grandes ríos y afluentes que cruzan al territorio proporcionando otra de sus riquezas naturales, las fuentes hidrográficas.

Esta zona, desde la época de la conquista, se estructuró como una zona agraria, y la tenencia de la tierra estableció desde sus inicios una diferencia entre quienes eran sus propietarios y quienes la trabajaban, situación que se prolongó hasta bien avanzado el siglo XX. Al promulgarse, en 1967, la Ley de Sindicalización Campesina y la Ley de Reforma Agraria, se abrió paso a un ciclo de grandes movilizaciones reivindicativas campesinas que se prolongaron hasta el golpe de Estado de 1973.

En 1970, más de la mitad de la población era rural, 325.015 habitantes (52,64%), siendo el sector con mayor protagonismo social y político entre ese año y mediados de 1973. La expropiación de fundos, las tomas de terrenos y el aumento de la organización campesina se hicieron frecuentes desde fines de la década del 60.

Con el golpe militar se paralizó todo el proceso social y político derivado de la reforma agraria y la sindicalización, y ocurren profundas transformaciones en los sistemas de producción regional al imponerse un nuevo modelo de economía de libre mercado. Una de estas transformaciones fue la capitalización del sector agrícola con la incoporación de mayor tecnología, lo que produjo un significativo despoblamiento de las zonas rurales. Así, en 1992 la densidad poblacional mayoritariamente será urbana ( 59%), a diferencia de 1970, en que la población urbana no superaba el 48%.

Otro elemento económico significativo que hoy caracteriza a la zona es el que se refiere al importante aumento del sector servicios, transporte, comercio e instituciones financieras (entre 1970 y 1990, pasa de 29,48% a 40,6%). Crecimiento que no puede interpretarse como un mejoramiento general de la situación económica y social de la población, sino por el contrario, estas nuevas estructuras económicas han aumentado las tasas de pobreza en la región. En el transcurso de veinte años, el indicador de pobreza aumentaría desde un 42,0% a un 46,3%. El crecimiento del sector servicios, entre otros efectos, genera una expansión de trabajos de sobreeplotación y de extrema pobreza, como es el caso de las empleadas domésticas, cuya fuerza laboral entre 1982 y 1990 se incrementó de 17,5% a 31,6%.

El proceso vivido en esta región desde el golpe militar significó pues, una destrucción de las organizaciones sindicales y campesinas, persecución, tortura y muerte, paralización por el miedo, todo lo cual facilitó la implantación de un modelo económico que cambió las relaciones laborales y sociales. Aunque se establecen nuevos centros de desarrollo económico, surgen y se agravan importantes núcleos de pobreza.

Sin embargo, la violencia política ejercida durante la dictadura en toda esta región, principalmente en zonas campesinas, constituye el factor más determinante para explicar los profundos cambios producidos en las relaciones humanas, familiares y sociales.

El trabajo de búsqueda de los casos de violación del derecho a la vida se inició en esta región en 1989. Nos fuimos interiorizando paulatinamente sobre la magnitud de los crímenes cometidos, destacando como figuras represivas más habituales los operativos militares, los allanamientos, la prisión política y la tortura. Durante estos años recorrimos las diferentes comunas, las zonas campesinas más aisladas, para cumplir con los pasos metodológicos que nos habíamos propuesto.

En 1990, el régimen militar es derrotado en las urnas y al igual que en otros países de América Latina se inicia un proceso llamado de transición a la democracia. El nuevo gobierno creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), iniciándose un proceso de búsqueda de la verdad por parte del Estado.

Del total de personas que sufrieron violación del derecho a la vida, es decir, muerte y desaparecimiento, la CNVR determinó una cifra para todo el país de 2.920 personas. En lo que se refiere a esta región, sólo en 62 casos la CNVR se formó convicción ( 2%). Contrasta con el universo encontrado por nosotros (109 casos); es decir, en 47 casos la Comisión no encontró elementos de convicción. Ello significó que en el transcurso del tiempo entregáramos antecedentes sobre las formas en que murieron o se les hizo desaparecer, para que el Estado los incorporara en el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, organismo que sucedió a la CNVR.

III. 1. 2. Novena Región.

Se encuentra a 700 km. de Santiago y su ciudad capital es Térmico. Presenta relieves geográficos similares a la anterior. Hacia la costa se encuentran planicies litorales con extensos terrenos que favorecen los cultivos de cereales y de trigos. Hacia la cordillera se ubican terrenos de difícil acceso donde existen laderas abruptas y abundantes ríos rodeados de una vegetación exuberante.

Su clima, frío y lluvioso durante la mayor parte del año, favorece el crecimiento de grandes extensiones de bosques naturales; robles, mañíos, raulíes, lingues, araucarias, son variedades naturales que han dado origen a numerosos poblados que viven de la explotación de la madera.

En esta región, a diferencia de la anterior, se concentra el mayor porcentaje de población mapuche del país (alrededor de un 10%). Originariamente, los mapuches eran propietarios y trabajadores de estas tierras, estableciendo con ella una relación de profundas y ancestrales significaciones: se identifican con la tierra, la tierra es vida, es la mujer, es la madre, por lo tanto ellos la cuidan, la aman y la respetan. Más tarde, con la expansión de otras ciudades y las campañas de colonización impulsadas a mediados del siglo pasado, este pueblo será diezmado y expulsado definitivamente de la zona central del territorio. Se establecen en pequeñas comunidades costeras y precordilleranas, que se reconocen a la distancia por sus casas construidas de viejos maderos, distantes unas de otras y cuyos habitantes deben recorrer largos caminos para comunicarse.

Esta región se caracteriza en el aspecto demográfico y sociocultural por la gran influencia de la población originaria mapuche (gente de la tierra). Tradicionalmente en esta región se concentraba el mayor porcentaje de población mapuche del país. Sin embargo, las políticas impulsadas por el Estado nacional a partir del denominado proceso de "pacificación de la Araucanía" en 1883 y las posteriores leyes de radicación de 1866 se tradujeron en usurpaciones, división y reducción sistemática de las tierras mapuches.

Problemas sociales de carácter estructural e histórico caracterizan este lugar. Por una parte, el intento de las comunidades mapuches de recuperación de las tierras que les fueron usurpadas y, por otra, la formación de un sector obrero forestal en la zona colindante con la décima región que progresivamente demandará una mayor participación en la producción dando origen a nuevas organizaciones sindicales.

Lo anterior ha implicado la pauperización de la población mapuche y ha derivado en posteriores migraciones hacia los principales centros urbanos del país, proceso agudizado durante los últimos veinte años a causa del ingreso en los territorios mapuches de megaproyectos forestales, turísticos, entre otros, como resultado de las políticas económicas neoliberales impulsadas primero por el régimen militar y continuado luego por los gobiernos del período de transición a la democracia.

Mapuches y obreros forestales fueron los principales protagonistas sociales. Tomas de fundos, "corridas de cercos" y sindicalización obrera, eran algunas de las frecuentes manifestaciones de la lucha por mejores condiciones de vida. En esta región, la sindicalización obrera y campesina y la recuperación de tierras abrieron paso a grandes movilizaciones reivindicativas que terminaron abruptamente con el golpe militar. Este no sólo aniquiló a las organizaciones y a sus principales dirigentes, sino que impuso una política de negación y de asimilación del pueblo mapuche, frustrando cualquier expectativa de recuperación de tierras y de desarrollo de las comunidades.

Entre 1970 y mediados de 1973, los sectores con mayor protagonismo social y político serán aquellos que se concentran en sectores rurales (la mitad de la población era rural). Por ejemplo, fue significativo el nivel de organización y participación que lograron familias en to-

mas de fundos o complejos madereros, quienes incluso intervinieron en la toma de decisiones de las empresas que, junto a cursos de capacitación, creaban esperanzas y expectativas de una vida mejor.

Todo este proceso se interrumpió con el golpe militar. Al igual que en la región anterior, la imposición de un nuevo modelo económico capitalista y la despiadada violencia ejercida en la zona, frenó todos los avances sociales. La capitalización del sector agrícola también provocó un despoblamiento de las zonas rurales. En 1992, la población urbana corresponde a un 59% de la población total de la región, mientras que en 1970 este sector no superaba el 51%.

Por otra parte, tiene lugar un fuerte crecimiento en los sectores del transporte, comercio, instituciones financieras y otros establecimientos de servicios. Entre 1970 y 1990, estas áreas aumentaron de un 30,37% a un 41,9%, lo que a diferencia de la región anterior, ha significado un leve mejoramiento de la situación económica y social de la población. Sin embargo, ello ha determinado al mismo tiempo un aumento de mano de obra desvalorizada cuya oferta es requerida para trabajos de sobreexplotación.

Del total de casos incluidos en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el porcentaje de violación del derecho a la vida en relación al total de casos nacionales, aumenta hasta el 3,9% (la Comisión se formó convicción de que 115 personas fueron muertas o hechas desaparecer). Cabe señalar que la población total de esta novena región es menor que la población de la séptima región.

Como en la región anterior, la intensidad represiva afectó en mayor grado a algunos grupos sociales. Sea por los niveles de organización alcanzada, por sus demandas, por la radicalidad de sus luchas o por su focalización territorial, los obreros forestales y mapuches fueron los grupos más reprimidos.

III. 1. 3. Décima Región.

Volcanes, formaciones glaciales, planicies, mar, ríos y lagos, exhibe la geografía de la zona más austral donde realizamos este trabajo. Su capital. Valdivia, se encuentra a 900 km. de Santiago. Por la abundante vegetación, la fertilidad de sus valles y sus recursos hidrográficos, destacan en su economía actividades agrícolo-pecuarias, silvícolas y pesca, las cuales han generado altos niveles de industrialización.

De las tres regiones investigadas es la más extensa en superficie, concentra un mayor número de población y, por tanto, agrupa más localidades territoriales.

Hacia la cordillera, entre quebradas y ríos encajonados, rodeados de exuberantes bosques cubiertos de araucarias, lengas, coigües, alerces, se ubican comunidades indígenas desplazadas, durante la colonización, desde los valles más productivos de la zona central de la región.

A mitad del siglo XIX, uno de los grupos pioneros más importantes para el desarrollo económico de la región fueron emigrantes alemanes quienes, alentados por políticas gubernamentales, se establecieron en la zona impulsando diversas actividades manufactureras e industriales que a la postre se transformarían en las matrices del crecimiento regional.

Una vez anexado definitivamente todo este territorio al gobierno central, a principios del siglo XX, luego de una resistencia del pueblo mapuche que duró trescientos años, el proceso de desarrollo industrial incorporó en su crecimiento la explotación forestal y maderera. Esta actividad, unida al dinamismo agropecuario, determinaría la creación de numerosas fuentes de trabajo y de nuevos poblados rurales. El proceso de la Reforma Agraria, su profundización y extensión, será el otro vértice social articulador.

Desde la década del 60, obreros industriales y forestales, campesinos y mapuches, apoyados por partidos de izquierda y sectores cristianos, serán los protagonistas del proceso de luchas sociales, económicas y sindicales. La recuperación de tierras, la expropiación de fundos, la administración de complejos madereros y la mayor sindicalización de los trabajadores, serán las acciones que movilizarán a los sectores más postergados de esta región, confiados en impulsar grandes cambios.

Al igual que en las regiones anteriores, la intervención militar provocó profundas transformaciones. Su densidad demográfica se modificó: en 1970, más de la mitad de la población era rural, 376.433 habitantes (50,56%), mientras que en 1992 la población urbana bordea el 60%.

En lo económico también ocurren importantes cambios. En 1990, el sector servicios concentra el mayor porcentaje de la población activa (40,8%), mientras que en 1970 era sólo un 31,6%. Este crecimiento tampoco puede interpretarse como un mejoramiento general de la situación económica y social de la población, ya que sus índices de pobreza, entre 1970 y 1990, aumentaron de 41,8% a 43,22%. También en esta región el crecimiento del sector servicios ha favorecido trabajos de sobreeplotación y de extrema pobreza.

El golpe de Estado fue excepcionalmente brutal. Sectores de derecha utilizando variados medios de desestabilización con la finalidad de derrocar al gobierno de Allende (especialmente la manipulación de la prensa), habían logrado crear en el imaginario colectivo la idea de que en la precordillera de esta región el "enemigo interno" había establecido zonas de insurrección y resistencia.

Sin embargo, a pesar del desarrollo de las organizaciones campesinas, mapuches y obreras, y a un intento de defender en los primeros momentos al gobierno del Presidente Allende asaltando un retén de carabineros en un pequeño poblado, no hubo ningún tipo de resistencia física ante la brutal represión desencadenada por el golpe de Estado.

La persecución política se produjo fundamentalmente a través de fuerzas militares combinadas, cuyo mayor despliegue lo realizaron en lugares precordilleranos y cordilleranos, dirigida a golpear y neutralizar especialmente a los habitantes de las zonas que conformaban los Complejos Madereros.

En esta región, las víctimas por graves violaciones de los derechos humanos señaladas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación representa un 5,27% del total nacional (154 personas). De las tres regiones descritas, esta será la que concentra más personas muertas o desaparecidas.

En síntesis, de la descripción general de estas tres regiones se destacan algunos elementos comunes que intervinieron en la etapa previa y en el transcurso del tiempo de persecución política que las afectó. En lo político, sobresale el proceso de la Reforma Agraria y la Sindicalización Campesina: ambos elementos potenciaron a lo largo de toda la zona sur del país un protagonismo social y político de sectores campesinos, mapuches y obreros forestales. Reivindicaciones sociales, económicas, laborales y agrarias, fueron la expresión común de las demandas por una vida más digna. En lo económico, las estructuras socioeconómicas impuestas desde procesos históricos anteriores serán similares en las tres zonas. Las poblaciones rurales, campesinas y mapuches fueron los sectores más postergados, víctimas directas de la sobreexplotación y la marginación.

Las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en estas regiones estarán dirigidas principalmente hacia esos sectores sociales.

Operativos militares cercaron zonas rurales completas, rastrearon extensas rutas cordilleranas y precordilleranas, persiguieron a los dirigentes y asociados de las principales organizaciones, en fin, todos los recursos represivos disponibles unidos al establecimiento de un modelo económico explotador, determinarían altos niveles de terror y el fin de los procesos de cambio social.

Durante los diecisietes años de dictadura, muchas de las localidades de estas regiones fueron territorios militares ocupados. Como veremos, fue el miedo y la desconfianza lo que predominó en todos los habitantes, especialmente en los familiares con quienes trabajamos.


III. 2. Características de la población.

III. 2.1. Antecedentes generales.

En estas tres regiones habitaban las 305 personas que fueron ejecutadas por razones políticas o hechas desaparecer (109 en la VII Región, 112 en la IX Región, 74 en la X Región). Doce personas originarias de estas regiones y cuyas familias siguen viviendo en ellas, fueron detenidas y ejecutadas o hechas desaparecer en la Región Metropolitana (Cuadro Nš1).

Cuadro Nš1: Violación del Derecho a la vida.
Distribución de casos según región.[n=305]
VII Región 109
IX Región 122
X Región 74

Del total de casos, 297 eran hombres y sólo 8 mujeres. Las mujeres detenidas desaparecidas o ejecutadas políticas constituyen, dentro del total de víctimas, un porcentaje menor. Sin embargo, las mujeres de estas tres regiones, al igual que en el resto de Chile, forman parte de un importante contingente de "sobrevivientes". Especialmente en zonas campesinas, las mujeres fueron detenidas, torturadas, las más de las veces vejadas sexualmente. Dentro de las familias con las que trabajamos algunas mujeres sufrieron diversas técnicas de tortura (Cuadro Nš2).

Cuadro Nš 2: Violación del Derecho a la Vida.
distribución de casos según sexo [n=305]
Mujeres 8
Hombres 297

Las edades de estas personas fluctuaban entre los 15 y más de 65 años de edad. La mayoría de ellos eran jóvenes, entre 15 y 44 años (241 personas). Se encontraban en la plenitud de su vida y la perdieron en manos de las Fuerzas Armadas de su propio país. Cincuenta se encontraban entre los 45 y 64 años. Sorprendente es el hecho que dos ancianos de más de 65 años al igual que dos niños menores de 14 años, fueron hechos desaparecer. Sólo en diez casos no logramos conocer su edad exacta (Cuadro Nš3).

Ciento setenta de estas personas estaban casadas y tenían familia e hijos. Hemos trabajado con sus viudas y con sus hijos, la mayoría de los cuales eran menores de 15 años cuando perdieron a sus padres.

Cuadro Nš 3: Violación del Derecho a la Vida
distribución de casos según edad [n= 305]
Entre 0 - 14 años 2
entre 15 - 44 años 241
entre 45 - 64 años 50
mayor o igual a 65 2
sin antecedentes 10

Algunas esposas se encontraban embarazadas en el momento del crimen, de tal manera, que un pequeño número de jóvenes son hijos postumos.

Las víctimas solteras tenían en su mayoría padres y/o hermanos a su cargo, es decir, su muerte o desaparecimiento significó además un agravamiento importante de las condiciones de vida y económicas de la familia (Cuadro Nš 4).

Cuadro Nš 4: Violación del Derecho a la Vida
distribución de casos según estado civil [n= 305]
Casados 170
Solteros 117
Viudos 9
Otro 7
sin antecedentes 2

En cuanto al origen étnico, 58 eran mapuches. El porcentaje de víctimas de origen mapuche es relevante en la novena y décima regiones. En la séptima región, en cambio, la población mapuche es prácticamente inexistente, pues fueron diezmados por los españoles durante la Conquista, y los sobrevivientes huyeron hacia las zonas más al sur de los grandes ríos que durante siglos marcaron el límite de la Región de la Araucanía (Cuadro Nš 5).
Cuadro Nš 5: Violación del Derecho a la Vida
distribución de casos según origen étnico [n= 305]
Mapuche 58
No Mapuche 247

Del total de la población estudiada, 173 casos eran de origen rural y sólo 134 de origen urbano. Sin embargo, tras un análisis somero de las familias, constatamos que la mayoría, como gran parte de la población chilena, había emigrado recientemente del campo a la ciudad, y muchas de ellas no tenían más de una generación viviendo en el medio urbano, de tal modo que sus hábitos y sus formas de relacionarse guardan mucho de las costumbres campesinas (Cuadro Nš 6).

Cuadro Nš 6: Violación del Derecho a la Vida
distribución de casos según localidad de origen [n= 305]
Origen Rural 163
Origen Urbano 134
sin antecedentes 8

III. 2. 2. Antecedentes socioeconómicos.

Un total de 85 personas desempeñaban actividades laborales como obreros (agrícola, forestal o campesino).

La categoría comerciante, la cual agrupa un número importante de casos, está formada principalmente por personas campesinas o muy modestas de la ciudad, que se ganaban la vida en pequeños locales de ventas.

Treinta y nueve personas realizaban actividades sea como empleado público o particular. Sólo 32 personas habían alcanzado un nivel profesional y/o técnico.

Destacamos que cinco jóvenes eran conscriptos y que otros cinco realizaban exclusivamente tareas políticas y/o sociales.

Sólo siete de estas personas, en el momento de su muerte o desaparecimiento, se encontraban sin trabajo. Relevante también es el hecho que veinticinco de ellos eran estudiantes (Cuadro Nš7).

III. 2. 3. Antecedentes políticos.

Una difícil tarea fue determinar la militancia polític desconocían la militancia o, conociéndola no proporcionaron los antecedentes a de estas 305 personas. En algunos casos los familiares por considerarlo riesgoso en la época que se realizó el presente estudio. Logramos establecer, sin embargo, que 191 personas eran militantes, en su mayoría de partidos de izquierda, un pequeño grupo provenía del ámbito cristiano, e incluso tres eran militantes de la Democracia Cristiana.

Al profundizar sobre el compromiso partidario, pudimos constatar que la mayoría había iniciado su vida militante a fines del gobierno demócratacristiano, y especialmente durante el período de la Unidad Popular.

Cuadro Nš 7: Violación del Derecho a la Vida
distribución de casos según actividad u oficio [n= 305]
Dirigente Político / Social 5
Conscripto 5
Sin trabajo 7
Técnico 8
Empleado Particular 10
Artesano 20
Campesino 22
Obrero Forestal 22
Profesional 24
Estudiante 25
Obrero Industrial 28
Empleado Público 29
Obrero Agrícola 41
Comerciante 42
Sin antecentes 8
Otros 9

Un número significativo (33) no tenían militancia real y en 91 casos no existían antecedentes de militancia política (Cuadro Nš 8).

Cuadro No 8: Violación del Derecho a la Vida
distribución de casos según militancia política [n= 305]
PIR 1
MAPU 1
FPMR 1
PR 3
DC 3
IC 4
Simpatizante Izquierda 5
Sin Militancia 33
PC 40
MIR 53
PS 70
Sin antecedentes 91
PIR: ; MAPU:Movimiento de Acción Unitaria; FPMR:Frente Patriótico Manuel Rodríguez; PR:Partido Radical; DC:Democracia Cristiana; IC:Izquierda Cristiana; PC:Partido Comunista; MIR:Movimiento de Izquierda Revolucionaria; PS:Partido Socialista

Ciento diecinueve personas pertenecían a organizaciones sociales, especialmente obreras y campesinas. Doce personas participaban en organizaciones poblacionales y cinco pertenecían a organizaciones cristianas (Cuadro No 9).

Cuadro Nš 9: Violación del Derecho a la Vida
distribución de casos según organización social [n= 305]
Indígena 1
Estudiantil 3
Profesional 3
Cristianas 5
Otras 6
Poblacional 12
Obrera 43
Campesina 46
Sin antecedentes 186

III. 2.4. Situación represiva.

Entre septiembre y diciembre de 1973, organismos internacionales (Naciones Unidas y Amnistía Internacional) comunicaron que aproximadamente 250 mil personas a lo largo de todo Chile se encontraban detenidas. Por otra parte, según cifras entregadas por el gobierno militar y registradas por la Vicaría de la Solidaridad, entre 1973 y 1975, se registraron 42.486 detenciones políticas.

No ha sido posible precisar la cifra de chilenos que fueron perseguidos durante los primeros meses que siguieron al golpe militar, así como el número de personas, hombres, mujeres e incluso niños, que en imnumerables operativos realizados hasta los últimos días de la dictadura fueron detenidos y torturados.

En las tres regiones estudiadas las detenciones fueron masivas, realizadas tras operativos de rastrillo en poblaciones campesinas o de copamientos militares en comunidades cordilleranas o precordilleranas. Todas las comisarías de las ciudades o de los poblados campesinos se encontraban repletas de personas que durante dos o tres días fueron sometidas a brutales técnicas de tortura. Tras ser liberadas, sus nombres no quedaron registrados ni formaron parte de ninguna estadística oficial.

En estas regiones, especialmente en la Séptima donde existía una Escuela de Artillería en la ciudad de Linares con oficiales preparados en la estrategia de la contrainsurgencia, todos los recintos militares y de investigaciones estaban igualmente repletos de personas detenidas. El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, refiriéndose a dicha Escuela de Artillería, señaló que "prácticamente todos los que allí permanecieron fueron sometidos a un régimen de incomunicación. Sus familiares relatan que sabían de su permanencia allí sólo porque ésta se les reconocía verbalmente o sólo porque les recibían alimentos y vestuario" (pp.427-428, Vol.IL, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación).

En la Novena Región, donde según este mismo Informe "no hubo resistencia alguna al nuevo régimen", la Comisión estimó "que entre 500 y 700 personas fueron privadas de libertad desde septiembre a diciembre de 1973"... "Los encargados de practicar las detenciones eran generalmente efectivos de Carabineros. Detenían a los requeridos en sus casas, las allanaban y a veces les prendían fuego o las destruían y hurtaban los bienes de los aprehendidos".

El Informe relata que "los detenidos que se encontraban en la Cárcel de Temuco... [capital de la Novena Región]... eran conducidos hasta el Regimiento Tucapel" (pp. 519-521, Vol.IL, del mismo Informe). En este Regimiento, al igual que en la Escuela de Artillería de Linares, ya existían desde antes del golpe militar cursos de contrainsurgencia, aprendizajes en técnicas de tortura, según hemos comprobado en investigaciones anteriores.(2)

En la Décima Región, salvo en las zonas cordilleranas o precordilleranas donde las detenciones se realizaban en las comisarías o en lugares públicos de esas localidades, "como regla general, no se hizo uso de unidades militares o policiales como lugares permanentes de detención o tortura... la norma general fue que los detenidos eran mantenidos en la Cárcel Pública de la ciudad respectiva" (pág. 558, Vol.IL, del mismo Informe).

Del total de personas de la población estudiada por nosotros, sólo en trece casos se desconoce la fecha exacta de la detención o secuestro así como de su ulterior muerte o desaparecimiento (Cuadro No 10).

Cuadro Nš 10: Violación del Derecho a la Vida
distribución de casos según períodos (*) [n= 305]
Sep 1973 - Dic 1973 222
Ene 1974 - Dic 1977 51
Ene 1978 - Mar 1990 19
Sin antecedentes 13
(*) Se consideran los mismos períodos señalados en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I.

El mayor porcentaje de muertes o desaparecimientos en estas regiones ocurre durante los tres primeros meses que siguieron al golpe militar (222 casos).

A partir del año 1974 y hasta diciembre de 1977, la represión fue más selectiva, especialmente en regiones, dirigida principalmente hacia personas reconocidas como dirigentes políticos o sociales. El número de personas muertas o desaparecidas alcanza a 51 casos.

Sólo en 12 casos no logramos determinar con precisión el lugar donde fueron detenidos o secuestrados. De los restantes, 109 fueron arrestados en la vía pública. De este acontecimiento existen uno o más testigos. En sus propias casas y en presencia de sus familiares se practicaron 77 detenciones. En ocasiones, la detención alcanzó a varios miembros de la familia, de entre los cuales, uno no regresaría más. En doce casos los servicios de seguridad fueron a buscar a las personas a su lugar de trabajo: todos sus compañeros de labor fueron testigos de este acontecimiento.

Difícil de comprender es el crimen cometido sobre 83 personas que se presentaron voluntariamente ante las Fuerzas Armadas a declarar. Ellos y todos los demás casos estaban absolutamente desarmados y no opusieron resistencia a su detención. Es más, ninguna de estas 305 personas murió en enfrentamientos o en algún tipo de escaramuza militar (Cuadro Nš 11).

Cuadro Nš 11: Violación del Derecho a la Vida
distribución de casos según lugar de detención [n= 305]
Manifestación 8
Lugar de trabajo 12
Sin antecedentes 12
Domicilio 77
Presentación Voluntaria 83
Vía Pública 109
Otros 4

Excepto en 32 casos, una cuidadosa investigación nos permitió identificar a los organismos responsables de estos crímenes. En el curso de estos años, hemos podido también conocer a las personas directamente responsables: sus nombres, sus antecedentes, su participación y su acción criminal constan detalladamente en nuestras publicaciones anteriores.

En estas tres regiones, como en otras del país, fueron los carabineros pertenecientes a pequeños retenes o cuarteles locales quienes detuvieron, identificaron e incluso torturaron, a hombres y mujeres. El tipo de tortura correspondió más bien a tortura predominantemente física: golpes directos de puño y pies, azotes, maltrato vejatorio, aislamiento, además de amenazas de muerte. Ellos no aplicaron técnicas más refinadas de tortura como lo hicieron desde el primer día las otras ramas de las Fuerzas Armadas.

De los 305 casos estudiados, en 129 los responsables de su muerte o desaparecimiento son carabineros. En 108 son efectivos del Ejército. La Fuerza Aérea, la Marina y la Policía de Investigaciones fueron responsables en menor proporción, posiblemente porque en estas regiones no tenían una presencia importante (Cuadro Nš12).

Cuadro Nš 12: Violación del Derecho a la Vida
distribución de casos según organismo responsable [n= 305]
Marina 4
DINA 5
Fach 8
Investigaciones 9
Fuerzas Conjuntas 10
Militares 108
Carabineros 129
No identificado 32

En estas tres regiones sólo se ha encontrado una fosa, en un lugar boscoso precordillerano, que ocultó por más de dieciseis años los cuerpos de 17 campesinos que fueron secuestrados por una patrulla militar y luego ejecutados fríamente en el jardín de una casa patronal, cuyos habitantes civiles fueron cómplices de los asesinatos. Al realizar las excavaciones sólo se encontraron restos óseos dispersos, todos inidentificables. La circunstancia del crimen y su autoría fue establecida plenamente en el curso de esta investigación. Todos los responsables permanecen absolutamente impunes hasta hoy.

Igualmente existe la certeza que una noche de octubre de 1973 efectivos militares y otras personas ejecutaron, sobre el puente del río Toltén, (Novena Región) a quince campesinos, la mayoría mapuches. Sus cuerpos no fueron nunca encontrados y hasta ahora se les considera detenidos desaparecidos.

En la Región de la Araucanía, de las personas hechas desaparecer sólo se ha encontrado un cuerpo, el que fue enterrado clandestinamente en el propio cementerio general de la misma ciudad. Se ignora el destino final de todos los demás casos, así como la forma, el momento y la hora en que se realizó el crimen.

Las restantes 118 personas fueron muertas. Sólo en 39 casos se tiene la certeza de que murieron a causa de la tortura.

Es muy probable que algunos de los 44 casos respecto de los cuales no tenemos certeza de la forma en que fueron asesinados, hayan encontrado la muerte bajo tortura, siendo luego abandonados en diversos lugares. Por otra parte, algunos cadáveres presentaban heridas de bala y signos claros de tortura.

Sólo en 21 casos se dio la explicación de que ellos murieron por no obedecer la orden de detención, presumiblemente al intentar escapar y debido a ello se aplicó la ley de fuga. Este último método, muy recurrente a lo largo de todo Chile, fue utilizado como pretexto para asesinar a los opositores sin necesidad de realizar un proceso contra ellos.

Otros de las formas empleadas para aniquilar a las personas fueron los Consejos de Guerra. En las tres regiones, 14 personas fueron ejecutados políticos. Esta modalidad no respetó el debido derecho a un juicio justo ya que en la práctica se constituyeron en ejecuciones sumarias donde la sentencia de fusilamiento se cumplía de forma instantánea (Cuadro No 13).

Cuadro Nš 13: Violación del Derecho a la Vida
distribución de casos según tipo de violencia [n= 305]
Muerte por Consejo de Guerra 14
Muerte por Ley de Fuga 21
Muerte por Tortura 39
Detenidos Desaparecidos 187
No precisada 44


Notas:
1. CODEPU-DIT-T. "Chile Recuerdos de la Guerra: Valdivia-Neltume-Chihuio-Liquiñe". Serie Verdad y Justicia. Volumen 3. Diciembre 1992.

2. "Tortura y Resistencia en Chile: estudio médico-político"; Reszczynski K., Rojas R, Barceló R; Chile; 1991.


Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor- Derechos Human Rights el 29jun01
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