12mar03

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Reiniciar denuncia la persecuión estatal y paramilitar contra la ACVC.

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La estrategia para acabar con la labor desarrollada por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) dio un paso más ayer al anunciar la Fiscalía, a través de un periódico, que existe una orden de captura contra el presidente y el fiscal de esta organización, Gilberto Guerra y Andrés Gil, respectivamente, y contra dos de sus anteriores directivos, Álvaro Manzano, ex presidente y ex concejal de la Unión Patriótica en el municipio de Yondó, y Exheober Polanía, ex vocal de la misma asociación. La medida, según la prensa, está vigente desde el pasado 14 de enero cuando un fiscal de la Unidad Especializada de Bucaramanga (departamento de Santander) los vinculó formalmente al proceso.

Pareciera que se ha establecido una acción coordinada que combina la violencia ilegal con la represión legal para desmantelar la ACVC: al fracasar los intentos de los paramilitares del Bloque Central Bolívar de eliminar físicamente a sus líderes se recurre a su judicialización orquestada en "testimonios de varios testigos de la zona del valle del Río Cimitarra, que aseguran que los implicados tendrían supuestos nexos con la guerrilla de las FARC" (diario Vanguardia Liberal, 11-03-03).

Y toda esta campaña de macartización contrasta con la realidad. La existencia de la ACVC ha permitido a los campesinos (muchos de ellos desplazados por la violencia de su lugar de origen) suplir la ausencia total del Estado (que sólo se ha manifestado en acciones militares y paramilitares) con la creación de una fuerte organización; a lo largo de estos años se han desarrollado proyectos como el de seguridad alimentaria, la construcción de un centenar de viviendas y la conservación de más de 150.000 hectáreas de bosque nativo.

Esta labor ha obtenido respaldo internacional y también, paradójicamente, del Estado Colombiano: en el mismo periódico que se informa de las órdenes de captura se explica que la ACVC es una ONG de derechos humanos reconocida en el ámbito nacional e internacional por su labor en el Magdalena Medio, "la cual se vio cristalizada a comienzos de este año, cuando el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez avaló cinco años de gestión que antecedieron a la declaratoria de la quinta zona de reserva campesina".

Sin embargo, en la misma medida en que el trabajo de la ACVC ha avanzado se han incrementado las agresiones en su contra. Tal como Reiniciar ha informado en diversos comunicados, los paramilitares los señalaron como objetivo militar en diversas ocasiones y hace tan sólo una semana Miguel Cifuentes, directivo de la asociación, fue objeto de un atentado cuando regresaba por el río Magdalena a Barrancabermeja. Paralelamente, las autoridades civiles y militares adelantaron una campaña de estigmatización de sus líderes acusándoles de instigar incursiones guerrilleras, calificándolos de "afectos a la insurgencia" y allanando las viviendas de algunos de sus directivos y de la propia sede en Barrancabermeja.

Esto se enmarca en la persecución que sufre desde hace años el movimiento social y de defensa de los derechos humanos del Magdalena Medio que se ha intensificado con el Gobierno de Uribe Vélez y se ha centrado en las organizaciones más arraigadas en la región como son la ACVC, la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Credhos y la Organización Femenina Popular OFP.

Por todas estas razones, Reiniciar exige al Estado Colombiano:

-Que sea consecuente con sus propias afirmaciones y cese en la campaña de persecución contra la ACVC.

-Que cumpla con las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los miembros de la ACVC.

-Que en caso de que sea cierto que existe un proceso penal en contra de estos dirigentes, se establezca una vigilancia especial por parte de la Procuraduría General de la Nación que asegure el respeto por el debido proceso toda vez que en Bucaramanga la Fiscalía no ofrece garantías para un proceso judicial imparcial.

[Fuente: Corporación Reiniciar, Bogotá, Col, 12mar03]

Este documento ha sido publicado el 12mar03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights