14 Mayo 1998
Declaración del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia sobre el allanamiento a Justicia y Paz.
Por +Alberto Giraldo Jaramillo, Arzobispo de Medellín
Presidente de la Conferencia Espiscopal Colombiana.
El pasado trece de mayo, una Fiscal Regional de Bogotá con el apoyo logístico de unidades militares adscritas a la Brigada Nº 13, realizó una diligencia de allanamiento a la sede de la "Comisión Intercongregacional Justicia y Paz", en el transcurso de la cual ocurrieron graves irregularidades. Sobre estos hechos, el Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia se permite informar a la opinión nacional e internacional lo siguiente:
- 1. La Comisión Justicia y Paz -como es de público conocimiento- es una organización no gubernamental de derechos humanos de la Iglesia Católica, dependiente de la Conferencia de Religiosos de Colombia, que desde hace diez años realiza labores de difusión y educación en derechos humanos, de asistencia humanitaria y asesoría a las víctimas de infracciones a sus derechos fundamentales y de documentación de tales conductas.
- 2. La diligencia judicial, según versión oficial, se fundó en un informe de inteligencia -ratificado bajo la gravedad del juramento- cuya pertinencia se cuestiona, puesto que al desconocer que en el lugar funciona una organización de derechos humanos de la Iglesia Católica, se evidencia que la información no había sido debidamente procesada y verificada. Por esta irregularidad se ha difamado la labor que, en defensa de los derechos humanos, realizan diversas organizaciones no gubernamentales y la Iglesia Católica misma, y se han lesionado los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de que son titulares la Comisión Justicia y Paz, y los religiosos y laicos que en ella prestan sus servicios.
- 3. En desarrollo del allanamiento, los funcionarios públicos participantes incurrieron en graves irregularidades, como éstas:
a) Unidades militares, en desconocimiento de la Constitución Política de Colombia, usurparon funciones de policía judicial procediendo a indagar personas; a filmar sus rostros, el material existente, los espacios de la edificación y a quienes pacientemente esperaban ingresar a la misma; y a revisar documentos, archivos y computadoras. Tal proceder constituye una violación al debido proceso constitucional.
b) Durante el allanamiento efectivos del Ejército Nacional, en desconocimiento del respeto a la dignidad humana -principio superior del ordenamiento jurídico colombiano- hicieron víctimas a algunos de los presentes de tratos crueles y degradantes, como mandarles arrodillar, apuntarles con armas en sus rostros y sindicarles de pertenecer a organizaciones subversivas. Este proceder, además, tiene un evidente contenido intimidatorio, por cuanto, según está documentado en los procesos pertinentes, comúnmente precede a las ejecuciones extrajudiciales.
c) Así mismo, igual contenido intimidatorio se aprecia en el irregular proceder de no estar identificables para las personas afectadas por la diligencia judicial, las unidades militares que participaron en el operativo y el oficial que les comandaba; comportamiento que, según se tiene entendido, es contrario a precisas instrucciones impartidas por la Procuraduría General de la Nación.
d) La Fiscal Regional no autorizó oportunamente el ingreso a la edificación allanada de la enviada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, contraviniendo precisos acuerdos internacionales que facultan a ese despacho, en observar la situación de los derechos humanos, para acceder al conocimiento de la actuación de las autoridades, incluida la de la Fuerza Pública. Así mismo, tampoco se permitió el ingreso durante la diligencia del enviado del Defensor del Pueblo y de un presbítero-abogado de la Conferencia Episcopal.
e) La Fiscal Regional, afirmando haber suspendido la diligencia una vez conocida la naturaleza de la entidad que funciona en la edificación, demoró el operativo por espacio de dos horas, dando ocasión a que las unidades militares y los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía intervinieran sobre las personas y los bienes que allí se encontraban, sin control de ninguna naturaleza.
- 4. El Presidente de la Conferencia Episcopal aprecia que la responsabilidad por las conductas ilegales sucedidas en el allanamiento -en cuanto diligencia judicial que es- corresponde a la Fiscalía, institución a la que compete la función indelegable de dirigirlo y coordinarlo. Con todo, también entiende que los comandantes militares son responsables por las órdenes ilícitas que, al margen de la diligencia judicial, hubiesen proferido.
- 5. El Presidente de la Conferencia Episcopal expresa su grave preocupación por la información ilegalmente recogida por las unidades militares, que no fue puesta a disposición de la Fiscal Regional. Por tanto, solicita que a la menor brevedad las autoridades competentes procedan a excluir de cualquier archivo de inteligencia militar, tales informaciones.
- 6. El Presidente de la Conferencia Episcopal hace responsable al Estado Colombiano, en cabeza del Presidente de la República en cuanto Jefe Supremo de las Fuerzas Militares y del Fiscal General de la Nación, por cualquier insuceso que pueda afectar a los religiosos y laicos que prestan sus servicios en la Comisión Justicia y Paz, quienes fueron ilícitamente reseñados por efectivos militares durante una diligencia de un Fiscal Regional.
- 7. El Presidente de la Conferencia Episcopal conmina a las autoridades competentes a investigar a los funcionarios judiciales y militares que llevaron a cabo una diligencia que, además de desafortunada y perturbadora, violó garantías constitucionales y precisas normas procedimentales, y ocasionó injusto descrédito y difamación a una entidad que ha dedicado todos sus esfuerzos a la construcción de una cultura de paz y de respecto a los derechos humanos.
- 8. El Presidente de la Conferencia Episcopal, en ejercicio del derecho de petición, solicita a la Fiscalía General de la Nación y al Ejército Nacional una relación exhaustiva y documentada sobre el informe de inteligencia que justificó el allanamiento, además del trámite y los resultados del mismo.
- 9. El Presidente de la Conferencia Episcopal exhorta a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, que reclaman el respeto, la confianza y el apoyo de la población, a que siempre ciñan su actuar a la Constitución, los Tratados Internacionales y las normas de la cordura. Recuerda, con el Santo Padre, que "más allá de las intenciones, a veces buenas, y de las circunstancias, a menudo difíciles, las autoridades civiles -militares y de policía- y los individuos particulares jamás están autorizados a transgredir los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana" (Encíclica El Esplendor de la Verdad, Nº 97).
Santafé de Bogotá, D.C., 14 de mayo de 1998
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