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13abr12


Fiscalía y Procuraduría pidieron condena contra Francisco Rojas Birry


Ante el juez noveno especializado de Bogotá, los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría General pidieron que se emita fallo condenatorio contra el expersonero distrital, Francisco Rojas Birry en el proceso que se le adelanta por el delito de enriquecimiento ilícito.

En su solicitud señalaron que durante el juicio, varios testigos y documentos que permiten inferir que el expersonero de Bogotá recibió 200 millones de pesos por parte de la captadora ilegal DMG para su campaña a la Personería.

En este sentido señalaron que entre las primeras pruebas se encuentran los testimonios de David Murcia Guzmán y su socio William Suárez, quienes señalaron que le entregaron este suma de dinero para que hiciera "lobby" con el fin de ser elegido.

En la etapa final del juicio, el 'cerebro' de DMG, David Murcia Guzmán señaló que en 2008 se reunió en dos oportunidades con Rojas Birry.

Según Murcia Guzmán, la primera de estas reuniones se llevó a cabo en la casa de la mamá de Samuel Moreno Rojas en el barrio Teusaquillo en el centro de Bogotá, para celebrar el triunfo en la alcaldía de Bogotá, y el segundo encuentro fue en el despacho de personas del David Murcia Guzmán.

En dicha reunión Rojas Birry le solicitó un dinero a David Murcia Guzmán "para cubrir unas deudas y pagar parte de la campaña a la personería de Bogotá".

En ese momento, según Murcia, el personero le aclaró que desde la Personería era "más fácil tener una relación con alcaldía de Samuel Moreno".

Igualmente aclaró que después de esto le ordenó a William Suárez que le entregara 200 millones de pesos en efectivo a Roja Birry.

En su declaración, Suárez aseguró que le entregó este dinero al expersonero en su casa, antes de que éste asumiera el cargo.

Rojas Birry es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito, sin embargo ha manifestado en diversas oportunidades que en ningún momento se reunió con William Suárez, ni buscó el apoyo de DMG.

Por estos hechos, en enero pasado la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos.

[Fuente: El Espectador, Bogotá, 13abr12]

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