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Incursión armada de militares y paramilitares en el Jiguamiandó

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Informe ejecutivo no 7

Desde el mes de septiembre del año anterior, el programa presidencial de Derechos Humanos y D.I.H de la Vicepresidencia de la República, en cabeza de CARLOS FRANCO fue informado, por miembros del Consejo Comunitario de las Cuencas del Jiguamiandó y Curbaradó, de las amenazas de una incursión armada en el Territorio Colectivo, de estas comunidades afrodescendientes. Desde ese momento y hasta el día de hoy se produjeron desapariciones forzosas de pobladores indígenas, asesinatos, entre ellos de un integrante de las comunidades; al mismo tiempo que continuo el bloqueo económico y el control de bienes y personas en puestos de control en Riosucio, Vigía del Fuerte, Mutatá, Carmén del Darién, Pavarandó, algunas de estas acciones ejecutadas por militares de la Brigada XVII y en otras ocasiones por civiles" armados que participan en la estrategia paramilitar, en actuaciones realizadas en sitios de una altísima presencia militar oficial.

Hoy tres meses después de esa alerta, de decenas de acciones realizadas advirtiendo sobre la amenaza de incursión, un testigo presencial que alcanzó a salir de la cuenca del Jiguamiandó, informó a nuestra Comisión a eso de las 11:00 horas sobre la realización de una incursión armada ocurrida el día domingo 5 de enero de 2003.

De acuerdo con la versión inicialmente brindada por el habitante afrodescendiente:

1. Ayer domingo, a las 16:00 horas un grupo de hombres con armas cortas y largas, vestidos de camuflado, en una actuación militar encubierta de tipo paramilitar incursionaron, al parecer simultáneamente o en dos ataques armados desarrollados con pocos minutos de diferencia, a los caseríos de Puerto Lleras y Pueblo Nuevo, distante este último a 20 minutos en embarcación del primero.

2. En la comunidad de Pueblo Nuevo, los armados dispararon indiscriminadamente con fusiles hiriendo a varios pobladores, y posiblemente asesinando a otros. Mientras ametrallaban a la comunidad, varios campesinos huyeron hacia la zona montañosa, donde en la actualidad se encuentran refugiados y dispersos.

3. Así mismo, un número indeterminado de hombres armados, dentro de esta misma estrategia, ingresó a la comunidad de Puerto Lleras, atacando a la población. Hasta el momento se desconoce lo que allí sucedió.

Se requiere con urgencia al Gobierno Nacional, que en respuesta a las Medidas Cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en noviembre de 2002, ingrese a la zona las entidades gubernamentales civiles y estatales de control con los miembros no gubernamentales de la Comisión Mixta de Seguimiento, con la finalidad de verificar la situación actual

Han sido reiterados los incumplimientos del Estado Colombiano a las fechas acordadas con la comunidad para en terreno verificar todas las informaciones sobre las amenazas y acerca de las denuncias sobre asesinatos, desapariciones forzosas, bloqueos, intimidaciones, agresiones, y la implementación de modo ilegal en el Territorio Colectivo de las comunidades, del proyecto agroindustrial de Palma Aceitera que desarrolla la empresa URAPALMA, custodiada por "civiles" armados de los paramilitares a pocos minutos de instalaciones militares regulares

Si se ha producido un nuevo desplazamiento forzoso, si hay pobladores civiles heridos, y posibles asesinados, si ha continuado la presencia militar encubierta, tanto como los bloqueos, es evidente que el Estado colombiano nunca adoptó las medidas necesarias para evitar daños irreparables, medidas que estaban a su alcance. Como se expresó en la última sesión de la Comisión Mixta de Seguimiento, de ocurrir algo, sin el cumplimiento de la visita en terreno y sin la adopción de las medidas necesarias, incluso, de intervención administrativa sobre agentes estatales vinculados con la Brigada XVII, el Estado es responsable por COMISION POR OMISION. Sabían, escucharon y no hicieron nada. Sigue siendo evidente que bajo el pretexto de acciones contrainsurgentes contra las FARC EP se continúa victimizando a la población que afirma sus derechos a la vida y al territorio en el bajo atrato chocoano.

De acuerdo con el testigo, los armados continúan presentes en el territorio de las comunidades.

Bogotá, 6 de enero de 2003
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz