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21feb18


Fiscalía ha incautado más de 5 mil bienes a testaferros de la extinta Farc


Desde el año 2011 a la fecha, le confirmó la Fiscalía a este diario, han sido ocupados 5.632 bienes pertenecientes a las antiguas Farc y sus testaferros, que alcanzan una suma de $2,9 billones. Ninguno fue reportado por la exguerrilla en el inventario que entregaron al Gobierno como parte del Acuerdo de Paz firmado en La Habana. Así las cosas, se viene un denso debate en la Jurisdicción Especial de Paz, pues si se comprueba que ellos ocultaron propiedades –que sirven para reparar a víctimas–, podrían ser expulsados del sistema de justicia transicional.

"No tenemos dinero", era la frase más usual que usaban los exjefes guerrilleros cuando se les preguntaba por los bienes que habrían adquirido durante la guerra. Sin embargo, el cruce de información contenida en 5'500.000 archivos de computadores recuperados en operativos de la Fuerza Pública se convirtió en la base para que la Fiscalía sospeche que el patrimonio de las Farc es mucho más amplio de lo que los exguerrilleros mismos han admitido.

La fortuna estaría invertida en múltiples actividades, entre ellas ganado, carne y supermercados, como se vio hace unos días en el operativo de extinción de dominio a los supermercados Supercundi, Merkandrea y Mercacentro, ubicados en Pereira, Armenia, Ibagué, Fusagasugá, Funza y Bogotá.

¿Quién tiene los bienes de las Farc?

A este inventario se suman $650.000 millones en bienes y redes de supermercados incautados por la Fiscalía, con ayuda del Ejército, a señalados testaferros de las Farc. Esos supermercados estaban en poder de los hermanos Norberto, Uriel y Edna Mora Urrea, quienes fueron enviados a la cárcel mientras se desarrolla su proceso judicial. La investigación tuvo su génesis en el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en 2007, que la Fiscalía continuó para llevar ante el juez 16 de garantías a los hermanos Mora Urrea por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El ente investigador presentó las declaraciones de Luis Alberto Grajales, Tifer Quiroga Vargas y Wilson Rivas Bonilla, quienes, como integrantes de las Farc, constataron los supuestos nexos de los hermanos en el recaudo y la administración de dineros provenientes del frente 53 de las Farc. La tesis de la Fiscalía es que ese frente, comandado por Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, enviaba el dinero para que, a través de establecimientos comerciales, dieran apariencia legal a riquezas producto de extorsiones, secuestros y las llamadas "pescas milagrosas".

De hecho, en el informe de gestión de 2016, la cadena de supermercados Supercundi expone que tuvo ventas por $259.146 millones, lo que significó un crecimiento de 25 % con respecto al año anterior, y la llevó a estar entre las empresas más grandes del país. Asimismo, el informe destaca que los ingresos de la compañía fueron de $4.252 millones y la utilidad neta fue de $1.353 millones.

Cerraron 2017 con 27 sucursales en diferentes municipios de Cundinamarca, Tolima y Quindío, las tres últimas abrieron en Armenia, Puerto Boyacá y Anapoima, por lo que proyectaban ventas por $310.000 millones para el cierre del año. "Los 24 almacenes sumaban más de 17.500 metros cuadrados, generaban 1.100 empleos directos y 300 indirectos", señalaron a este medio fuentes de la Superintendencia de Sociedades. La Fiscalía citará a Yineth Hernández Gaviria, revisora fiscal de Supercundi que dio fe de los estados financieros.

La Fiscalía asimismo indagó las declaraciones de renta, los registros de instrumentos públicos y los registros mercantiles, con el fin de establecer cómo se encontraba la situación patrimonial de los hermanos Mora Urrea. El ente investigador encontró incrementos patrimoniales no justificados, por ejemplo, en el caso de Norberto Mora, por $20.332 millones. "Se estableció un incremento significativo e inusual en la actividad económica del señor Norberto durante los años 1997, 1999, 2000, 2006 y 2007 frente al estudio de crecimiento de ingresos", precisó la Fiscalía.

El próximo operativo de las autoridades va dirigido a recuperar propiedades que tendría el extinto grupo guerrillero en el exterior. Con el gobierno de Ecuador se firmó un acuerdo de cooperación para recuperar los bienes inmuebles rurales y urbanos, así como automotores y semovientes, cuya propiedad habría recaído antes de la desmovilización en el frente 48 Pedro Martínez del bloque Sur de las Farc.

[Fuente: El Espectador, Bogotá, 21feb18]

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