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24ago08


CPI viene por respuestas


EL arribo hoy al país del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno, no es un hecho protocolario más ni puede dar lugar a creer que con dos o tres informes que se le presenten y algunos documentos y promesas de buenas intenciones que se firmen, todo se saldará.

Pecan de ingenuidad y visión provincial aquellos voceros gubernamentales y sectores afectos al Ejecutivo que insisten en disminuir las implicaciones del análisis que sobre la situación colombiana adelanta el que, sin duda, es el máximo tribunal mundial creado para evitar que queden en la impunidad los culpables de delitos de lesa humanidad, guerra, genocidio y agresión. Moreno no viene a enterarse de las bases de la judicialización de los grupos paramilitares ni tampoco a echar un vistazo por encima al proceso de la parapolítica. No, el fiscal de la CPI viene a buscar respuestas concretas y directas en torno de cómo va a garantizar el gobierno Uribe que los delitos graves cometidos por los cabecillas de las autodefensas que fueron extraditados a E.U. para ser juzgados por narcotráfico, no queden en la impunidad.

También viene a que le expliquen si los congresistas y dirigentes políticos que están investigados por nexos con los grupos ilegales, no son también co-responsables indirectos de las masacres, asesinatos, desplazamientos forzados y otro tipo de delitos que los alzados en armas cometieron para mantener, mediante el terror y la violencia, el dominio de territorios y la coacción sobre miles de colombianos, cuyos votos terminaron favoreciendo en las urnas a quienes cohonestaron con los paramilitares y la guerrilla.

Moreno no viene a conocer la columna vertebral de la Ley de Justicia y Paz, lo que quiere es indagar sobre las múltiples falencias que se han detectado en la aplicación de esa jurisdicción especial que, al final, parece que está privilegiando más a los victimarios que a las víctimas, y que en vez de generar verdad, justicia y reparación para estas últimas, se enruta poco a poco hacia un sendero de impunidad. También arriba al país cargado de múltiples interrogantes sobre los móviles de los duros e injustos ataques a las instancias judiciales que están adelantando los procesos. Particular atención pondrá sobre las denuncias de la Corte Suprema de Justicia acerca de las maniobras que desde el Ejecutivo y otros sectores se han implementado para interferir en el avance de las investigaciones y cómo la entrega a un tercer país de los testigos y protagonistas directos de los más abominables crímenes en el hemisferio occidental en las últimas décadas significó un golpe casi mortal a la obligación de esclarecer lo sucedido, identificar autores materiales e intelectuales y proceder luego a imponerles castigos proporcionales a la gravedad de sus acciones demenciales.

En su edición dominical este diario publicó un trascendental documento en el que Moreno explica la misión de la CPI en el corto plazo y, en especial, cómo casos como el de Colombia darían lugar a aplicar el principio de "complementariedad".

Ello implicaría, de entrada, una colaboración armónica entre la jurisdicción nacional y la del tribunal internacional, con el fin de asegurar que los culpables de delitos de lesa humanidad no queden impunes. El solo hecho de que esa posibilidad sea mencionada por el fiscal de la CPI ya evidencia que el análisis que esa entidad supranacional realiza sobre la situación en nuestro país va muy en serio y claramente enmarcado dentro del mandato de globalización jurídica que encarna el espíritu del Estatuto de Roma, del cual es signataria Colombia. Ese principio de "complementariedad" sería una ruta muy novedosa en el papel de la CPI y deja sin piso las excusas de los analistas colombianos que consideran que es imposible que el alto tribunal internacional abra formal investigación sobre nuestro país debido a que no tenemos una situación parecida a la de Sudán o Uganda, en donde el mundo presenció acciones de guerra similares a las del

Holocausto nazi.

Como se ve, la visita del fiscal de la CPI no tiene nada de protocolaria ni sus inquietudes se resolverán con discursos ni informes llenos de formalidades y promesas de buenos propósitos.

Sustentado en una globalización judicial real y actuante, Moreno viene a hacer muchas preguntas y de las respuestas que obtenga dependerá, en grado sumo, si el análisis que el tribunal internacional realiza sobre la situación colombiana puede pasar a niveles más complejos e inquisitivos.

[Fuente: El Nuevo Siglo, Editorial, Bogotá, 25ago08]

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