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DERECHOS


10may02


Un punto de vista y una propuesta para el Congreso Nacional Paz y País.


Los abajo firmantes, ante los hechos de violencia perpetrados en el país durante las últimas semanas y ante las manifestaciones en favor de la paz, de la salida negociada del conflicto y por la noviolencia, hacemos las siguientes consideraciones:

1.Que la degradación del conflicto armado es cada vez mayor, con su inevitable impacto de sufrimiento y dolor en sus víctimas directas e indirectas y de incertidumbre para el pueblo colombiano. A este drama contribuyen todos los actores armados: las autodefensas o paramilitares mediante el terror sobre la población civil y el asesinato de ciudadanos indefensos; sectores de las fuerzas armadas del Estado mediante el apoyo, la connivencia o la omisión frente al accionar de las anteriores; y las guerrillas a través de actos violentos atentatorios contra los derechos fundamentales de los colombianos.

2. Que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una vez se produjo la ruptura de la mesa de negociaciones, incrementaron sus acciones por fuera de los mínimos establecidos por el Derecho Internacional Humanitario, como la acción contra la población civil del corregimiento de Bellavista, Municipio de Bojayá (Chocó) con un resultado de 119 civiles muertos, entre ellos 45 niños y una gran cantidad de mujeres y ancianos que buscaron refugio en un templo.

3. Que ningún contexto de operaciones militares, conducta del adversario, ni involuntariedad aducida por los autores, pueden ser invocados para justificar o evadir la responsabilidad de quienes causaron tan horrendo acto de barbarie. La inmunidad de la población civil, postulada por el DIH, debe ser respetada por encima de cualquier consideración por parte de los actores armados.

4.Que el secuestro de los líderes de la Marcha por la Noviolencia y la reconciliación con Caicedo (Antioquia), el Gobernador Guillermo Gaviria y el Consejero de paz Gilberto Echeverri, sucedieron en el contexto y en desarrollo de una movilización masiva en contra de la violencia, de una expresión ciudadana y solidaria por la paz, por lo cual se constituyen en un ataque contra el movimiento por la paz en su conjunto.

5.Que los líderes retenidos de este movimiento fueron voluntariamente al encuentro de sus captores como voceros de un actor noviolento que quiso intervenir en el conflicto mediante el uso de la razón y de la palabra y por lo tanto su privación de la libertad constituye una toma de rehenes y un acto de perfidia, graves hechos de violación a los Convenios de Ginebra.

6. Que en medio de esta crisis generada por la agudización del conflicto armado, se manifiestan en todo el país acciones civiles de resistencia a la guerra y a los actores armados, como la Marcha por la Noviolencia y por la Reconciliación con Caicedo (Antioquia); la resistencia de los pobladores de los municipios de Caldono y Bolívar (Cauca); las Comunidades de Paz de la zona de Urabá; la Resistencia Ciudadana contra el terrorismo; la Ruta Pacífica de las Mujeres por la Paz y las Comunidades Indígenas, entre muchas otras. Que estas manifestaciones de resistencia civil se constituyen en una clara y categórica desautorización a los actores armados para representar los intereses y las aspiraciones de dichas poblaciones y comunidades.

7. Que la noviolencia constituye una postura ética y política, que renuncia a cualquier uso de la fuerza y de la violencia contra las personas y las cosas para la consecución de fines sociales y políticos. Tal doctrina y postura, se propone como una alternativa ante los crecientes y graves atentados contra la vida, la integridad y la libertad que están siendo perpetrados por toda clase de grupos armados en el contexto del desarrollo de este conflicto armado. El movimiento por la paz debe adoptar como principio rector para su acción la no violencia.

8.Que el secuestro de civiles anónimos, de personalidades y funcionarios públicos, de soldados y policías constituye una violación de los derechos fundamentales de las personas y ninguna causa social o política justifica tal método de lucha.

9. Que una postura de rechazo a la guerra no significa inconsciencia respecto a las graves injusticias e inequidades que sufre el pueblo colombiano, razón por la cual se reclaman los procesos y los espacios necesarios para la realización de las reformas y los cambios urgentes y profundos que requiere nuestra sociedad.

10. Que en las injusticias, inequidades y exclusiones tienen una inmensa responsabilidad las elites que han manejado el Estado y la cosa pública para su provecho, produciendo con ello un acumulado histórico que contribuye a la crisis profunda en que se encuentra la sociedad colombiana.

11. Que los medios democráticos de lucha por la consecución de reivindicaciones y por el acceso al poder político son los indicados para la búsqueda de las soluciones que Colombia requiere.

12.Que el conflicto armado que agobia al país por sus características y su desarrollo solamente tiene como salida viable la negociación política entre las partes con amplia participación de la sociedad civil.

13. Que las conversaciones que se desarrollan actualmente con el ELN deben avanzar con suficiente celeridad y ompromiso.

1.Nuestra convicción a favor de la búsqueda de una salida política a este conflicto armado degradado y por lo tanto exigimos la reapertura inmediata de las negociaciones en Colombia o en el exterior.

2. Nuestro rechazo a la guerra y a toda forma de violencia como alternativas para la consecución de reformas para superar la situación de injusticia social y exclusiones de la sociedad colombiana.

3. Nuestra exigencia de un cese de hostilidades general y permanente por parte de todos los actores armados.

4. Nuestra exigencia al Estado de procesos responsables y con amplia participación ciudadana para debatir y decidir los grandes cambios que el país requiere.

5. Nuestra condena a la toma de rehenes, el secuestro, las desapariciones, los homicidios fuera de combate y los ataques desproporcionados e indiscriminados contra la población civil y los bienes civiles.

6. Nuestra exigencia de la liberación inmediata de todos los retenidos y secuestrados sin contraprestación alguna.

7. Nuestro reclamo de cese de todo acto de guerra contra la población civil.

8. Nuestra demanda de suscripción de acuerdos humanitarios, los acercamientos, intermediaciones y acciones humanitarias a todo nivel en beneficio de la población civil y de las víctimas.

9. Nuestro reclamo a las autoridades para el mantenimiento y refuerzo de las garantías sobre la vida, integridad, asistencia, visita y demás prerrogativas legales en las cárceles colombianas para los detenidos de las FARC y de todas las organizaciones armadas.

10. Reafirmamos nuestra voluntad de seguir trabajando por la construcción de una sociedad pacífica, justa y próspera.

Firman:

Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez- Gobernador del Departamento del Tolima, Floro Alberto Tunubalá- Gobernador del Departamento del Cauca, Parmenio Cuéllar Bastidas-Gobernador delDepartamento de Nariño, Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, Horacio Arango S.J.-Provincial de la Compañía de Jesús, Edgar Ruiz-Representante a la Cámara por Bogotá, Gerardo Jumi-Senador de la República (electo), Boris Polo-Representante a la Cámara por el Atlántico, Padre Gustavo Suárez-Ciudadanos por Boyacá, Fabio Villa-Director Ejecutivo de FENACON, Camilo González Posso-Indepaz, Adriana Delgado-Decana Facultad de Ciencia Política Universidad Javeriana, Germán Darío Rodríguez - Dir. De Integración Universitaria Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, José Joaquín Bayona-Universidad del Valle, Héctor Torres-Revista Utopías, Mario Gómez Jiménez-Miembro del Comité de Seguimiento del Mandato Ciudadano por la Paz, Central de Trabajadores de Colombia-CTC, Central General de Trabajadores Democráticos-CGTD, Red Nacional de Iniciativas por la Paz-REDEPAZ, Corporación Viva la Ciudadanía, Cinep, Corporación Nuevo Arco Iris, Corporación Región, Escuela Nacional Sindical, Corporación Podion, Corporación Casa de la Mujer Bogotá, Fundación Foro Nacional Por Colombia, Foro Costa Atlántica, Ciret Foro, Foro Capítulo Valle del Cauca, Universidad de Antioquia, Instituto Popular de Capacitación-IPC, Fundación Cultura emocrática, Federación Comunal de Bogotá, Movimiento Humanidad Nueva, Federación de Vivienda - Unavida, Corpades,Asociación de Vivienda EMECE, Funprocep, Mesa Departamental de Paz de Santander, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica de las Mujeres, Red Nacional de Mujeres, Federación Nacional de Vivienda Popular-Fenavip, Federación de Organizaciones de Vivienda Popular-FEDEVIVIENDA, Corporación Compromiso, Partido del Socialismo Democrático, Alianza Social Indígena.

Bogotá D.C., 10 de mayo de 2002

DDHH en Colombia

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