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12jun17
Corte le planteó 19 preguntas a la Presidencia sobre los bienes de las Farc
La Corte Constitucional le pidió formalmente al fiscal General, Néstor Humberto Martínez que precise y desarrolle los comentarios hechos en los medios de comunicación sobre los alcances del Decreto Ley 903 de 2017 por medio del cual se fijaron los lineamientos para realizar el inventario de los bienes y activos de la guerrilla de las Farc.
El alto tribunal le pidió al jefe del ente investigador que fije que en un término de tres días presente una ampliación de sus cuestionamientos al mencionado decreto. Igualmente se le dio un plazo de 10 días a la Procuraduría General que presente un concepto sobre la constitucionalidad del tema materia de estudio jurídico. (Ver Tenemos el inventario de los bienes de las Farc: fiscal Néstor Humberto Martínez)
Estas peticiones se hicieron en el marco del control automático de constitucionalidad del Decreto Ley 903 de 2017. El magistrado Alejandro Linares le pidió a la Presidencia de la República frente a una serie de factores relacionados sobre el control y verificación del listado de bienes que serán entregados por los guerrilleros que suscribieron el acuerdo de paz.
Uno de los principales puntos hace referencia a los plazos de elaboración de los bienes, el control para reparar a las víctimas y el mecanismo de extinción de dominio que realizarán las respectivas autoridades y órganos de control: "¿La urgencia en la expedición del decreto se refiere a la elaboración de los inventarios o en la implementación del fondo de víctimas y la asunción de la administración de los bienes en cuestión?"
Igualmente se pide claridad sobre los mecanismos que se pondrán en marcha a la hora de verificar el origen de dichos bienes y controlar su destino. "¿Cómo se verificará la titularidad y procedencia de los bienes que se incluirán en dichos inventarios? ¿Existen mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas de despojo de bienes por parte de las Farc cuyos bienes sean incluidos en los inventarios?"
El tercer punto hace referencia a la extinción de dominio y su aporte al fondo de víctimas. Uno de los puntos centrales del documento enviado por la Corte Constitucional, y el cual ha sido un punto de debate en el Congreso y en la Fiscalía General, trata el tema de las acciones que se tomarán si dicho grupo armado no reporta todos sus bienes a los organismos encargados de recibir los listados y los respectivos informes: "¿Cuál es el trámite a seguir si las Farc no declaran la totalidad de sus bienes?"
"¿De qué manera podrá invertir los recursos del fondo de víctimas la organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común -ECOMÚN? ¿Por ejemplo, sus afiliados podrán recibir créditos, subsidios, etc.? ¿Los recursos otorgados a la organización ECOMÚN tendrán naturaleza pública y, por lo tanto, serán objeto de control y responsabilidad fiscal?"
El documento igualmente cita a la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministro Consejero para el Posconflicto, los representantes del Congreso, observatorios, ONG, universidades públicas y privadas para que presenten sus respectivos conceptos.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 12jun17]
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