19abr01
La policía antisecuestros interceptaba las comunicaciones de defensores y organismos de derechos humanos.
Tres días después de que El Espectador informara en primicia que desde varias sedes de la Policía en Medellín se falsificaban y enviaban órdenes y oficios para interceptar líneas telefónicas de ONG, defensores de derechos humanos, ganaderos y comerciantes, la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a dos coroneles y capturó a otros cuatro miembros de la institución armada.
Por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y falsedad material de empleado oficial en documentos públicos y privados, el ente investigador llamó a indagatoria a los coroneles Mauricio Santoyo y Germán Eduardo Flórez Sánchez, ex comandantes del Gaula de la Policía en Medellín.
El martes por la noche, efectivos del CTI capturaron al capitán Nelson Baracaldo Caballero, a los sargentos segundos José Emiliano Piza Reyes y Arley de Jesús Durango y al agente Luis Carlos Álvarez Jiménez, todos miembros activos de la Policía.
También fue aprehendido Rodrigo Bastidas Abril, "jefe de seguridad de Empresas Públicas de Medellín". Esta semana serán oídos en injurada para que se defiendan de los mismos punibles que se les imputan a los dos coroneles.
La historia
En la investigación, que intentaba dar con el paradero de dos personas desaparecidas en la ciudad de Medellín, un fiscal se encontró con una cadena de interceptaciones ilegales. Hasta el momento se han logrado establecer 2.020 y aún se siguen cotejando órdenes y oficios.
Todo comenzó con la desaparición de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín. Los dos eran miembros activos de la Asociación de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) seccional Medellín, y fueron vistos por última vez la noche del 6 de octubre del año pasado.
Después de reiteradas amenazas contra la vida de los integrantes de Asfaddes en todo el país, esta ONG decidió que nadie podía permanecer en las sedes después de las 5:00 p.m.
Ese viernes 6 de octubre, seis personas, entre ellas Ángel y Claudia, salieron de Asfaddes hacia una cafetería del centro de Medellín. Una hora más tarde se fueron hacia un bar contiguo, ubicado entre las avenidas Oriental y La Playa.
A las 10:00 de la noche, Claudia se despidió del grupo. Su casa quedaba en un retirado sector de la ciudad y a la mañana siguiente, muy temprano, debía llevar a su hijo menor a una cita médica. Ángel decidió acompañarla a coger la buseta, y advirtió que en pocos minutos regresaría. Por eso dejó sobre la mesa sus cuadernos y algunas frutas que había comprado para su mujer y sus cinco hijos.
Ángel jamás volvió. Tres de sus compañeros de trabajo lo esperaron hasta las 11:30 p.m. y uno más hasta las 12:00 de la noche. En las primeras horas del sábado 7 de octubre, las familias de Claudia Patricia y Ángel, de manera casi simultánea, se comunicaron con varios miembros de Asfaddes, porque sus seres queridos no habían llegado a sus casas.
Entonces la gente de esa ONG se propuso buscarlos. Empezaron por el centro de Medellín y tras varias horas de recorrido encontraron una pista clave. Un testigo les dijo que había visto cuando un hombre y una mujer eran forzados por varias personas a subir a un automóvil Swift, color gris, que a su vez estaba escoltado por una motocicleta negra de 175 c.c. La descripción que el testigo hizo de las personas retenidas, coincidía con la de Ángel José y Claudia Patricia.
Dos llamadas telefónicas a miembros de Asfaddes confirmaron la trágica noticia. "Nosotros tenemos a Ángel y la cosa es política", dijeron en ambos casos. No había duda, los dos miembros de Asfaddes habían desaparecido.
Las 'chuzadas' telefónicas
Intentando dar con el paradero de Ángel y Claudia, los investigadores del CTI establecieron que para el momento de la desaparición el teléfono de Asfaddes en Medellín es taba interceptado. Entonces los sabuesos empezaron a verificar el porqué de esa orden.
En inspección a la Empresa de Teléfonos de esa ciudad, solicitaron la resolución y el oficio que ordenaba la interceptación de la línea de la mencionada ONG. Los documentos aparecían en papel membreteado de la Fiscalía y diligenciados y firmados. Es decir, en apariencia estaban en regla. Para que una línea telefónica pueda ser interceptada de manera legal, se requiere la autorización del fiscal de conocimiento y la aprobación de la Dirección Nacional de Fiscalías. En casos de secuestro no se necesita este último requisito.
Sin embargo, el fiscal del caso de los desaparecidos no encontró copia de las órdenes en los archivos de la Fiscalía, lo cual le extrañó, porque allí debe reposar una réplica de todas las autorizaciones. Entonces llamó al fiscal delegado ante el Gaula, cuyo nombre y firma aparecía en la orden de interceptación de Asfaddes.
Sorprendido, éste dijo desconocer cualquier oficio para dicha organización, y al cotejar la letra y la firma que aparecían en el papel, quedó claro que el documento era falso.
Ante esa evidente irregularidad, se revisaron otras órdenes que también resultaron adulteradas. Entonces, a finales de noviembre de 2000, por decisión de un fiscal, hombres del CTI recogieron toda la documentación que sobre interceptaciones tenía la telefónica de Medellín, entre 1998 y 2000.
En las primeras semanas detectaron 40 órdenes falsas. A principio de 2001 ya iban en 170 y hasta el momento se han detectado 2.020. La investigaciones han establecido que las órdenes falsas fueron elaboradas y enviadas desde la Policía Metropolitana de Medellín -comandada para la época de los hechos por el general Luis Alfredo Rodríguez Pérez-, la Escuela de Formación de Oficiales Carlos E. Restrepo y el Gaula de Medellín.
Por la investigación de las chuzadas telefónicas, el intendente de la Policía Carlos Arturo Ceballos, quien trabajaba en la oficina de comunicaciones del Gaula en Medellín, había sido llamado a declarar en la Procuraduría General de la Nación. En confusos hechos, el uniformado fue asesinado el pasado 4 de abril. ¿Quién o quiénes, y con qué propósito, falsificaban documentos para escuchar conversaciones telefónicas de comerciantes, ganaderos, ONG y defensores de derechos humanos? ¿Qué nexos tienen las interceptaciones con la desaparición de los miembros de Asfaddes? Esa dos preguntas son las que trata de resolver la Fiscalía General de la Nación.
Cadena de desapariciones
Ángel José Quintero, de 44 años, y Claudia Patricia Monsalve, de 32 años, habían ingresado a Asfaddes con el propósito de encontrar algún día a sus seres queridos. A él le habían desaparecido a siete familiares de su esposa. A ella, a su hermano menor.
Ángel vivió una persecución constante. Durante dos décadas se radicó en Urabá junto con su esposa. Él, como casi toda su familia, era miembro de la UP. En una masacre, los paramilitares asesinaron a un hermano de su esposa y desaparecieron a otros tres familiares de ella.
Tras la barbarie, Ángel y su familia huyeron hacia Medellín. Allí recibió la noticia de la desaparición en Santa Marta de su suegro. Y el 25 de agosto del año pasado, tres familiares más de su mujer fueron retenidos y desaparecidos en pleno centro de Medellín. Ángel se había dedicado a buscarlos.
A Claudia Patricia, el 6 de mayo de 1995 le desaparecieron a su hermano menor, de 20 años. El muchacho, estudiante de bellas artes en la Universidad de Antioquia, desapareció en momentos en que caminaba, junto con uno de sus amigos, hacia un municipio vecino. Aunque los cadáveres de estos jóvenes nunca fueron encontrados, testigos dijeron que habían sido torturados y asesinados. La nación ya fue condenada por estas dos desapariciones.
"Confío en que queden libres", afirma el comandante de la Policía de Medellín
El comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, general Jorge Daniel Castro Castro, dijo ayer que, pese a estas investigaciones, no puede desconocerse la labor que han realizado los sindicados en contra del secuestro. El oficial se mostró dispuesto a aportar el material que sea necesario para la investigación que adelanta la Fiscalía.
- ¿Qué significan estas capturas para la Policía Nacional?
La Fiscalía ha sido muy clara en dictar unas órdenes de captura por interceptación ilegal telefónica, y ésta será la encargada de hacer las investigaciones pertinentes que involucran a los miembros de la Policía.- ¿Iniciarán una investigación interna?
De hecho, ya la Policía ha iniciado también la investigación pertinente. En este momento, esta labor está a cargo de la Inspección General, que asumió el hecho.- ¿Estos oficiales siguen en ejercicio o serán separados del Gaula?
Están en este momento a disposición de la Fiscalía y desde luego en el período de la investigación. Con esto no se quiere decir que sean culpables de esas imputaciones. Entregaremos todos los elementos de juicio para que esta entidad obre de conformidad.- ¿Cómo se explica que haya habido interceptaciones telefónicas con firmas falsificadas?
Yo no conozco esos detalles, pero esperamos que se revele la verdad.- ¿No es preocupante que se impute concierto para delinquir y que se involucre a oficiales de alto rango?
De todas maneras, nosotros estamos esperando a que la investigación concluya. Estas personas se han distinguido por ser unos luchadores contra el secuestro, como les consta a todos los ciudadanos de Medellín. Han sido unos hombres que han entregado lo más valioso de su carrera profesional en aras del rescate y de evitar tanto secuestro y extorsión. Por eso es que nosotros esperaremos el desarrollo de la investigación y que ellos salgan bien librados de este problema.- ¿Confía entonces en su libertad?
Sí.Por su parte, directivos de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclararon ayer que el investigado de su firma, Rodrigo Bastidas, nunca ha ejercido tal cargo y que se ha desempeñado como supervisor en el área de control y vigilancia.
[Fuente: Diario El Espectador, Bogota, Colombia, 20abr01]
Coroneles espiaban a defensores de derechos humanos
La Fiscalía ordenó la captura de los coroneles Mauricio Santoyo Velasco y Germán Eduardo Flórez Sánchez, así como de otros cuatro ex miembros de la Unidad Élite de la Lucha Antisecuestro (Gaula), por su presunta participación en la interceptación de líneas telefónicas de organizaciones no gubernamentales y de defensores de derechos humanos en Medellín.
La decisión del organismo de control ordena el arresto del jefe de seguridad de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Rodrigo Bastidas Abril, así como del capitán Nelson Baracaldo Caballero, el sargento segundo José Emiliano Piza Reyes, el sargento segundo Arley de Jesús Durango y el agente Luis Carlos Álvarez Jiménez.
Además son acusados de falsificar órdenes judiciales y documentos personales, así como de asociación para delinquir y violación de las comunicaciones. Desde octubre del año pasado, el Ministerio de Defensa ha destituido a 458 efectivos por supuestos nexos con paramilitares y acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Los casos fueron descubiertos por la Fiscalía durante la investigación por la desaparición de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero Mesa, activistas de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), ocurrida en Medellín el 6 de octubre del año pasado en la capital antioqueña.
De ellos aún no se sabe nada, pero en su búsqueda la Fiscalía encontró la interceptación ilegal de más de dos mil líneas telefónicas, pertenecientes a diferentes ONG, defensores de derechos humanos y diferentes ciudadanos particulares sin nexo alguno.
El pasado martes, la Fiscalía había ordenado la captura del capitán de la Sijin Harvey Grijalba Suárez, por el caso del asesinato del intendente Carlos Arturo Ceballos Gómez, muerto el 6 de abril de este año.
El intendente era uno de los testigos ante la Procuraduría, que también investigaba el caso de las 2.020 líneas telefónicas. En la época de las interceptaciones, el capitán se desempeñaba en el Gaula Urbano de la Policía Metropolitana.
[Fuente: Diario El Tiempo, Bogota, Colombia, 19abr01]
Este documento ha sido publicado el 21abr01 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights