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DERECHOS


28may03


Denuncian la detención masiva de activistas sociales en una continuación de la campaña de criminalización de las organizaciones sociales.


Las Organizaciones sociales y de Derechos Humanos abajo firmantes preocupadas por la situación cada vez mas grave que esta viviendo la comunidad del Norte del Tolima , comunicamos a la comunidad Nacional e Internacional nuestro RECHAZO ante la detención masiva de que fueron objeto funcionarios públicos, miembros de la Misión Médica y dirigentes sociales y pobladores de diferentes municipios del Norte del Tolima.

HECHOS

El 22 de Mayo de 2003, en horas de la madrugada en operativo del Gaula de la Policía Nacional, realizado en los Municipios de Villahermosa, Líbano, Honda y Mariquita fueron capturadas por orden de la Fiscalía General de la Nación desde Bogota 17 personas señaladas de tener vínculos con organizaciones insurgentes en esa región del país.

Los detenidos son:

EN VILLAHERMOSA

  • 1. JESÚS ANTONIO GIRALDO VEGA, alcalde de Villahermosa
  • 2. ALEXIS BEDOYA PEÑA. Comerciante y hermano del personero de Villahermosa
  • 3. GUSTAVO MONTOYA, comerciante
  • 4. WALTER EVELIO GARCIA CORTEZ, conductor de un bus escolar
  • 5. GERMAN URIBE, ex alcalde de Villahermosa y candidato al mismo cargo en la actual campaña electoral.
  • 6. MARIA DEYANIRA CALDERON LONDOÑO, enfermera
  • 7. OMAR CASTRO, medico
  • 8. JOSE ALIRIO HENAO CARDONA, locutor y propietario de la emisora comunitaria Pentagrama Estéreo
  • 9. JAMES PÉREZ URREA, jefe del Sistema de Atención Inmediata de Telecom.
  • 10. JOSE ALBERTO MELO, Secretario de Planeación municipal.

EN EL LIBANO

  • 11. DAVID MARTINEZ LUGO, Personero del Líbano
  • 12. ALIRIO LEMUS ALVAREZ
  • 13. MILLER FERNANDO ROJAS, hijo de un comerciante del Libano

EN IBAGUE

  • 14. JOSE GREGORIO LIBERATO, odontólogo
  • 15. REINEL TORRES, vigilante

EN HONDA

  • 16. ALBERIO DUQUE OCAMPO, profesor

EN MARIQUITA

  • 17. YEMINSON LUBIN NIETO GUZMAN

La versión oficial de los hechos, divulgada por diferentes medios de comunicación, justifican esta acción afirmando que "la Fiscalía General de la Nación inicio la investigación hace tres meses, y fue después de la recolección de algunas pruebas que se libraron 28 ordenes de capturas de las cuales ya se hicieron efectivas 17, por los delitos de rebelión y concierto para delinquir (extorsión y secuestro)" (periódico Nuevo Día, 23 de Mayo de 2003).

Las organizaciones Sociales y de Derechos Humanos hemos denunciado en varias ocasiones los señalamientos proferidos contra comunidades de distintos municipios del Norte del Tolima, las cuales han sido tildadas en su conjunto como "colaboradores de grupos insurgentes que operan en la región".

Estos señalamientos han facilitado el cometimiento de crímenes de lesa humanidad contra la población por parte de los grupos paramilitares, masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, aniquilamiento de las organizaciones sociales de la región y destrucción del tejido social de la misma.

Pese a lo anterior el Estado Colombiano no ha realizado ninguna acción para proteger la vida e integridad física de sus pobladores; por el contrario se adelanta una arremetida del Estado Colombiano en cabeza del Presidente Alvaro Uribe Vélez, por medio de su política de persecución a pobladores de la región como el caso anteriormente denunciado, y se consolida el proyecto paramilitar contra la comunidad del Norte del Tolima.

Igualmente es importante resaltar que la judicialización y criminalización del personal hospitalario, por el cumplimiento de las actividades sanitarias , no es un caso fortuito, sino por el contrario, es un hecho que se viene acentuando y ya son innumerables los casos de miembros de la misión médica que son criminalizados por atender a heridos y enfermos sin discriminación alguna tal como lo impone el protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra y el principio de neutralidad que caracteriza a la misión sanitaria, este hecho se constituye en una abierta violación al derecho Internacional Humanitario por parte del Estado.

Solicitamos a todas las organizaciones hermanas nacionales e internacionales solicitar al estado colombiano:

EXIGIMOS al Gobierno Colombiano y a la Fiscalía General de la Nación;

  • 1) Se ordene la libertad inmediata de los funcionarios públicos, pobladores y lideres sociales detenidos.
  • 2) Se detengan los atropellos por parte del estado Colombiano en montajes en contra de los dirigentes campesinos, lideres sociales, sindicalistas, funcionarios públicos y defensores de derechos humanos en su afán de mostrar resultados en su supuesta lucha contra el terrorismo.
  • 3) Se ordene el desmonte de los grupos paramilitares en la región y se protejan los derechos fundamentales de la población del Norte del Tolima.
Firman
Corporación Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar; Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo; Comité de Solidaridad con Presos Políticos; Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Norte del Tolima - ASOPEMA; Central Unitaria de Trabajadores CUT - TOLIMA; Departamento de Derechos Humanos y Misión Medica de ANTHO.C

DDHH en Colombia

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Este documento ha sido publicado el 29may03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights