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Capítulo X
Colombianos en busca de refugio en Panamá
Por considerarlo de interés para el análisis del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia en 1997, Codhes Informa presenta el documento final de la visita a la República de Panamá suscrito en mayo por una comisión ad hoc humanitaria que conoció en terreno la situación de los colombiano que huyeron del Urabá chocoano al vecino país en busca de un refugio que, oficialmente, les fue negado. Hoy deambulan en la zona fronteriza decenas de familias colombianas que huyen de la acción paramilitar en Colombia y se esconden de la autoridades panameñas que desconocen sus derechos como refugiados. Otro grupo de colombianos que fue repatriado a Bahía Cupica espera una solución a su drama.
Colombianos en busca de refugio en Panamá
Comisión Ad hoc Humanitaria:
- Comisión de Paz de la Cámara de Representantes
- Defensoría del Pueblo
- Conferencia Episcopal de Colombia
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
Informe de Visita en TerrenoContenido
- Naturaleza y composición de la Comisión
- Desarrollo de la Agenda de la Comisión en la República de Panamá
- Conclusiones
- Recomendaciones
1. Naturaleza y composición de la ComisiónPreocupados por el éxodo de población civil desde la zona del Urabá chocoano de Colombia hacia zonas fronterizas de la hermana República de Panamá, como consecuencia del conflicto armado, un grupo de instituciones del estado, de la Iglesia y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, se constituyó en Comisión Adhoc para realizar una gestión de carácter humanitario en concordancia con las normas internacionales que operan en estas situaciones.
La Comisión se integró a partir de una convocatoria del congresista Adolfo Bula Ramírez de la Comisión de Paz y de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y de la misma hacen parte, además, Monseñor Héctor Rabio Henao de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia, María Girllesa Villegas delegada de la Defensoría del Pueblo y Jorge Rojas Rodríguez de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Para cumplir con el objetivo humanitario de la Comisión se acordó realizar visitas en terreno a la República de Panamá, a la zona fronteriza de Colombia con Panamá, así como adelantar gestiones ante organismos internacionales y producir un informe final sobre estas actividades.
Este informe resume la visita a la República de Panamá, así como las gestiones adelantadas ante organismos internacionales para evitar la deportación y reclamar, antes que nada, un tratamiento humanitario a los colombianos que buscan refugio en el vecino país.
2. Desarrollo de la agenda de la Comisión en la República de Panamá
La Comisión cumplió su visita a la República de Panamá entre el 10 y el 13 de abril y posteriormente, entre el 14 y el 18 del mismo mes, adelantó gestiones en la ciudad de Santafé de Bogotá ante la Comisión de Vecindad Colombo-Panameña, el Comité Internacional de la Cruz Roja e informó de sus actividades a los medios de comunicación. Asimismo, la Comisión solicitó oficialmente la intervención en Ginebra del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales de carácter internacional.
2.1 Entrevista con el señor embajador de Colombia en Panamá
La Comisión se entrevistó con el señor embajador de Colombia en Panamá, doctor Edgardo Sales Sales el día 13 de abril quien, enterado del propósito de la misión, informó de las gestiones de la delegación diplomática en el caso de los colombianos en busca de refugio en Panamá.
El doctor Sales manifestó que su gestión ante el gobierno de Panamá se había centrado en aclarar que se trata de dos situaciones diferentes que involucran población colombiana:
Los compatriotas que viven desde años atrás en la Provincia de San Blas, localidad de la Bonga, donde se registró el 7 de abril una incursión de hombres armados, al parecer paramilitares, provenientes de Colombia, ocasionando un muerto y al parecer cuatro más, cuyos cadáveres no habían sido recuperados. Este hecho, según el embajador, provocó la expulsión de aproximadamente 56 familias hacia la población de Puerto Ubaldía, también en territorio de Panamá. Precisó el diplomático que en esta localidad existe un viceconsulado al cual dio precisas instrucciones para que adelantará a la mayor brevedad los trámites correspondientes a la legalización de la situación de éstos colombianos, de conformidad con el acuerdo suscrito entre los dos gobiernos. Indicó que 25 de éstos colombianos elevaron solicitud de refugio político ante la Oficina Regional para la Atención de los Refugiados de Panamá. Finalmente informó que el gobierno de Panamá ubicaría 50 efectivos de la fuerza pública en la zona para garantizar la seguridad.
Los colombianos ubicados en la Provincia del Dañen, de los cuales la embajada tiene conocimiento de un registro de 56 familias ubicadas en los corregimientos de Bocas de Cupé y Paya. Estos connacionales provienen de los municipios de Unguía y Riosucio en el departamento del Chocó y arribaron a territorio de Panamá el 11 de marzo de 1997.
El embajador Sales indicó a la Comisión que el gobierno de Panamá consideraba que los colombianos deberían regresar a su patria y que este traslado debería ser por vía aérea. Dijo que su gobierno estudiaba la posibilidad de reubicar a los colombianos una vez regresaran al país y que las decisiones respectivas serían adoptadas por los presidentes de Colombia y Panamá, quienes se ocupan directamente del caso.
2.2 Entrevista con el director general de la Cruz Roja Panameña
La Comisión se entrevistó el 13 de abril con el señor José a Beliz, director general de la Cruz Roja Panameña e integrante del Organismo Nacional para Asuntos de Refugiados. El señor Beliz se refirió a la colaboración interinstitucional entre la Cruz Roja de Panamá y la Cruz Roja Colombiana, en especial en los casos de las personas que llegan a territorio panameño huyendo de la violencia y el conflicto armado.
Indicó que en la actualidad dos brigadas de salud de su institución trabajaban en la zona del Darién y Puerto Ubaldía y anunció sendos informes sobre esta labor y las necesidades de las poblaciones afectadas, como también un estudio sobre la viabilidad de establecer un campo de refugiados para mil o más personas si esa era la situación. Recordó que luego de la repatriación de los colombianos en Noviembre de 1996 alertó sobre la posibilidad de que nuevos grupos llegarán a territorio panameño huyendo de la violencia y en busca de refugio.
Prometió entregar el informe a la embajada colombiana. Afirmó que se había comunicado con las Brigadas que se encontraban en terreno quienes le manifestaron quela situación no era como la presentaban.
2.3 Entrevista con ONPAR (Oficina para la Atención de los Refugiados)
La Comisión se entrevistó el 11 de abril con la doctora Lizia Lu, Directora de ONPAR, quien, en asocio con un asesor de la referida institución, precisó así sus informes y opiniones sobre el tema de los colombianos en busca de refugio:
• La ONPAR tiene conocimiento de que el Gobierno Panameño presta atención humanitaria a colombianos localizados en Puerto Ubaldía, a través del Sistema Nacional de Protección a la Población civil (SINAPROC).
• Manifestó que entendía que el conflicto armado en Colombia era localizado y no general, razón que impedía pensar en un Campamento de Refugiados. Tampoco podía concederse un status general de refugiados, cuando este trámite se hacía de manera individual y no encontraba posible que la ACNUR garantizara la seguridad de los colombianos en la frontera.
• Con relación al tratamiento dado a los 88 colombianos trasladados en noviembre 23 de 1996, de Panamá a Apartado, Antioquia, expreso que los medios de comunicación panameña habían exagerado al presentar como forzada la salida de éstos colombianos de territorio panameño, cuando la imagen de un niño llorando al abordar un helicóptero no obedecía a una resistencia, sino al temor de un niño a viajar por primera vez por el aire y a la alegría que sentían los campesinos colombianos frente al retorno. Puntualizó que el traslado de los 88 colombianos obedeció a un conducto regular utilizado por los dos gobiernos, en el que medio el aval de la Cruz Roja Colombiana. Dijo que tenía información según la cual el gobierno colombiano había cumplido con la atención humanitaria y reubicación y retorno de los deportados.
2.4 Entrevista con directivos y miembros de las ONGs Asociación Regional Para Migraciones Forzadas, Coordinación Panamá; Asistencia Legal Alternativa de Panamá y Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá
El doctor Rafael Carvajal Arda, presidente de ALAP y de la Coordinación Panamá de ARMIF, y el sacerdote Conrado Sanjur, presidente de COPODEHUPA y aspirante a Defensor del Pueblo de Panamá, manifestaron a la Comisión lo siguiente:
• Después de visita de ARMIF a la localidad de Pinoganas, Provincia del Dañen, en enero de presente, con el objeto de verificar las circunstancias en que fueron trasladados forzosamente los colombianos solicitantes de refugio en noviembre de 1996 y recoger información sobre posibles flujos migratorios en igual sentido, presentaron una denuncia pública alertando sobre la situación. Asimismo, solicitaron en su momento la presencia oficial del ACNUR, demandando respeto por el principio de la "non refoulemen" de las personas refugiadas de conformidad con la normatividad internacional.
• Con relación a los colombianos que llegaron el mes de marzo indicaron que presentaron una Acción Urgente por parte de ARMIF, coordinación Panamá, el día 1° de abril, y solicitaron audiencia al Presidente de la República Dr. Ernesto Pérez Balladares para que tuviera en cuenta a ACNUR y ARMIF, en la búsqueda de una solución a la problemática.
•Igualmente informaron que tenían conocimiento de que muchos colombianos se habían internado en la selvas del Dañen, desde el primer proceso de deportación, y que las cifras que presentaban las autoridades como las del número de personas colombianas que buscaban refugio en Panamá en el momento no correspondían a la realidad, razón por la cual realizarían en pocos días un trabajo en terreno para identificar la verdadera dimensión del fenómeno.
• Informaron que los medios de comunicación de Panamá habían dado amplio despliegue al hecho del traslado forzado de colombianos desde Panamá, en noviembre de 1996, y estaban informando continuamente sobre el nuevo éxodo hacia ese país.
2.5. Entrevista con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. Abril 13
• El ingeniero Rafael Mezquita, director general de política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, inició su intervención afirmando que se trata sólo de 400 colombianos que represen tan una "migración reducida frente al problema de los desplazados por la violencia en Colombia". Tras advertir que "el problema no es de Panamá" manifestó la preocupación de su gobierno porque "a diferencia del pasado éxodo (septiembre de 1996) ahora hay muertes y violencia" haciendo referencia a los hechos ocurridos en la Bonga, los que calificó de "antecedente inédito por la violación de las fronteras en cuanto acciones de guerra". Explicó ampliamente que la zona del Darien y la frontera con Colombia tienen para el gobierno de Panamá una importancia política y estratégica en el marco del cumplimiento de los tratados del Canal. Agregó que "cual quier signo de inestabilidad política en el Darien es grave para Panamá" y pidió a la Comisión que entendiera que "es fundamental la estabilidad política en la región del Darien porque es un problema estratégico".
• El licenciado Daniel Delgado Diamante, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que hay tres tipos de migraciones: migrantes económicos, movilidad de grupos armados o narcotraficantes ("sin que causen problema") y migrantes que usan el territorio del Darien para ingresar ilegalmente a Panamá (concretamente a San Miguelito, Ciudad de Panamá y Colón). Dijo que "hasta el momento ha habido control de las autoridades en esos 18 mil kilómetros de selva que difícilmente se pueden custodiar controlar o proteger, para dar garantía al personal que está en el área".
• Al referirse a los colombianos en busca de refugio en Panamá El señor Delgado informó que ha habido asistencia humanitaria pero " Panamá no permitirá ni aceptará refugiados colombianos en su territorio ". Dijo que "hay que buscar una solución binacional en la prioridad de reubicarlos o devolverlos voluntariamente , como se ha hecho". Al ser informado por la Comisión sobre el caso del colombiano Mario Calderían Paterina, deportado a la región de Urabá y posteriormente asesinado el señor Delgado dijo que "el gobierno de Panamá no tiene referencias sobre muertes o situaciones difíciles de los colombianos deportados". Sobre el criterio de refugio de acuerdos con las normas internacionales reiteró que "se trata de inmigrantes ilegales en nuestro territorio y Panamá no puede ser operador de una solución al problema de los desplazados de Colombia".
• El licenciado Fábrega, secretario general de la Comisión de Buena Vecindad Colombo-Panameña, recordó que Panamá tuvo repercusiones similares como consecuencia de los conflictos armados en el área de Centroamérica. Propuso un proceso de "repatriación coordinada" de los colombianos desplazados y , ante una sugerencia de la Comisión para crear un campamento de refugiados dijo que eso sería posible pero en territorio colombiano. Se refirió al caso de un ex legislador del Darien secuestrado en la zona de frontera para reafirmar el problema de seguridad.
• El señor Mezquita advirtió que el término /'repatriación voluntaria " no procedía en este caso y aclaró que se trata de una deportación de inmigrantes ilegales. Rechazó la idea de un campamento de refugiados colombianos en territorio panameño porque " sería un imán que atraería más colombianos". Resumió la posición del gobierno en tres puntos: 1.cuantitativamente el problema no es grave y su ocurrencia es responsabilidad de Colombia. 2. Son inmigrantes ilegales y procede la deportación en una acción coordinada con el gobierno de Colombia. 3. Para Panamá es un problema de seguridad nacional porque se trata de una zona estratégica que tiene relación con los tratados de devolución del Canal.
2.6 Entrevista con representantes de la Conferencia Episcopal de Panamá. El Real de Santamaría. 14 de abril
• Monseñor Pómulo Emiliani, obispo de la Diócesis del Darién, saludó la Comisión adhoc humanitaria procedente de Colombia y se refirió al pro ceso de deportación que estaba en marcha. Dijo que tenía información según la cual un grupo de colombianos que habían llegado a territorio de Panamá huyendo de la violencia y procedentes de la región del Urabá chocoano, estaban siendo deportados por las autoridades de su país. Indicó que se trata de una acción coordinada de los gobiernos de Colombia y Panamá y que expresó su preocupación por este procedimiento. Preguntó:
"¿A dónde pretenden llevarlos? ¿A la misma zona? ¿Para que los maten?" Recordó que con motivo del éxodo de noviembre de 1996 se anunciaron unos acuerdos para la deportación que finalmente no se cumplieron y "no estamos seguros que esta vez haya garantías" Dijo que la Iglesia sabe que hay 45 mil personas que viven en una zona de violencia en territorio colombiano que, eventualmente pueden cruzar la frontera en busca de protección para sus vidas. Admitió que no hay condiciones para recibir un flujo masivo de población en el Dar/en pero indicó que la deportación "no es la solución". Informó que hay un grupo de delincuentes comunes colombia- nos y panameños que están creando problemas de orden público en la zona del Darién.
• El Padre Gerardo dijo que el 11 de abril a las 4:15 p.m. se reportó el desalojo de los colombianos en la población de Villa del Real en una operación con cinco helicópteros del Servicio Aéreo Nacional adscrito a la Policía. Manifestó que estos desplazados se encuentran en Paya. En cuanto a los colombianos ubicados en Yape dijo que fueron trasladados 81 y que otro grupo, entre 30 y 35 se escondieron en la selva. Señaló que en Boca de Cupé habían 29 colombianos sobre los cuales no se tiene información. Afirmo que en Punusa había otro grupo integrado por 147 personas, según información del Sistema Nacional de Erradicación de la Malaria. Al referirse al proceso de deportación en Yape dijo que la comunidad intento oponerse al procedimiento policial y que una líder de la comunidad fue llevada por las autoridades para que constatará el sitio donde serían concentrados los colombianos para proceder a la deportación. El padre Gerardo manifestó su preocupación por la suerte de los colombianos una vez sean llevados a Colombia porque tiene información según la cual "de los que llegaron en septiembre de 1996 y fueron deportados, por lo menos dos fueron asesinados y algunos de los familiares de esa deportación regresaron".
2.7 Testimonios de la comunidad panameña sobre los colombianos desplazados. Yape, 14 de abril
• Testimonio 1. "Aquí llegaron hace 15 días 77 hermanos refugiados colombianos , de los cuales 38 eran niños...habían dos huérfanos de padre y madre que venían de Unguía y también había un muchacho con la sola ropa que le había matado a toda la familia...El los llegaron y en seguida les conseguimos comida y ropa con 20 dólares que recogimos entre todos... Después ellos empezaron a trabajar y nosotros les dijimos que descansen pero ellos querían colaborar y empezaron a sembrar maíz y sandía y los niños los pusimos en la escuela y les señalamos un sitio para levantar los ranchos... Ellos eran muy trabajadores , esa gente no amanecía en cama...desde temprano estaban trabajando y ayudando..."
• Testimonio 2: "Incluso ellos estaban colaborando para hacer un sistema comunitario de pozos sépticos que aquí no se nos había ocurrido. Esa gente es muy buena y muy trabajadora y nosotros estábamos muy bien con ellos...Ojala vinieran más porque aquí hay mucho que hacer... "
•Testimonio 3: "Por qué se los tenían que llevar de esa forma si ellos no querían , ellos decían que si los regresaban los iban a matar porque eso ya había pasado con otros colombianos...A Panamá llegaron unos balseros cubanos y los recibieron y les ayudaron y, en cambio, el gobierno no quiere recibirá nuestros hermanos colombianos que huyen de la violencia..."
• Testimonio 4: "La policía llego en los helicópteros y dijo que se iban a llevar a los colombianos a un sitio para darles ayuda y que ya habían hablado con Monseñor Emiliani y eso era mentira, nos engañaron porque la policía nunca habló con Monseñor... Nosotros nos opusimos a que se los llevarán y uno de los policías, el sargento Gómez me dijo que nosotros no debíamos hablar por ellos porque nosotros éramos panameños y me dijo que me iba llevar arrestada y yo le dije que me llevara porque estaban cometiendo un atropello y me dijo cállese la boca... E II os se fueron y nosotros nos fuimos para El Real a hablar con el padre Gerardo para que no se llevaran a los hermanos refugiados y salimos río abajo como a las siete de la noche y llegamos a las 11 y el padre nos dijo que regresáramos para evitar que se los llevaran y volvimos en la madrugada y otra vez los helicópteros llegaron con el Mayor Espinosa y algunos colombianos se escondieron y los otros los embarcaron y nosotros protestamos y ellos me dijeron venga con nosotros que la vamos a llevar dónde están los colombianos y yo me fui con ellos y allí vi como 200 personas concentradas en un sitio en muy malas condiciones.."
• Testimonio 5: "Nosotros queremos que ustedes intercedan para evitar que maten a estas personas, nosotros queremos que ellos vuelvan y si es del caso vamos y los buscamos para que regresen...el gobierno no puede ha- cer esto, son gente humilde y buena y nosotros los podemos acoger a ellos y otros que necesiten venir acá..."
3. Conclusiones
• El conflicto armado interno en Colombia tiende a expandirse y agravarse afectando especialmente a la población civil. En 1996 se registraron 34 mil muertes violentas y alrededor de 32 mil familias, que integran una población estimada en 181 mil personas, fueron desplazadas acercando a un millón el número de colombianos en situación de desarraigo. En la zona de U raba se presentaron 1.777 muertes violentas y se mantiene la zona como una de las más afectadas por el conflicto armado en Colombia. En los últimos cuatro meses se registraron acciones guerrilleras y se intensificaron las operaciones militares en el Bajo Atrato del Urabá chocoano. También se denunció la presencia de grupos paramilitares. Esta situación provocó el desplazamiento masivo, individual y por grupos familiares de más de 15.000 personas de las áreas rurales de los municipios de Riosucio y Unguía, de los cuales cerca de once mil están albergadas en el Urabá Antioqueño (Turbó y Pavarandó), un número no determinado en ciudades y localidades colombianas, mientras otro grupo cruzó la frontera hacia la Provincia del Dañen, República de Panamá, en busca de protección y refugio.
• La decisión de cruzar la frontera es una manifestación de las dimensiones del conflicto y constituye una nueva característica de su desbordamiento y de la necesidad de la población de buscar nuevos sitios para su seguridad.
• Este éxodo hacia territorio de la República de Panamá es un problema generado en las condiciones de inseguridad y desprotección en que se encuentra la población civil y la responsabilidad principal es del gobierno y el estado que tiene la obligación de proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. También hay responsabilidad de los grupos armados por fuera de la ley que infringen las normas del derecho internacional humanitario que regulan los conflictos armados de carácter no internacional.
• Un primer éxodo de 88 colombianos de la región de Urabá hacia la Provincia del Darien en Panamá se registro en septiembre de 1996 y, en esa ocasión, los gobiernos de Colombia y Panamá acordaron la "repatriación" de los colombianos a un albergue en el municipio de Apartado, en un hecho que causó preocupación internacional porque se puso en riesgo la seguridad de las personas trasladadas. Los compromisos del gobierno colombiano para la seguridad y la recuperación de esta población no se cumplieron y se conoce del asesinato de uno de ellos Marco Caldería Paternina, y de la dispersión del albergue por las dramáticas condiciones en que se encontraban los desplazados. A quienes abandonaron el albergue el gobierno les entregó la suma de $360.000. Según voceros de las comunidades panameñas donde estaban los colombianos, la repatriación, en muchos casos, no fue voluntaria.
• A pesar de este antecedente, y ante la agudización de la confrontación armada y las amenazas contra la población, en Marzo de 1997 se inició un nuevo éxodo hacia la zona del Urabá antioqueño y hacia la provincia del Darien, en condiciones más difíciles y con la masiva participación de mujeres y niños. Más de 500 colombianos se ubicaron entre otros sitios, en las poblaciones de Boca de Cupe, Yape, Villa del Real y Punusa.
• Esta situación es diferente a los hechos ocurridos el mismo mes de marzo en los caseríos fronterizos de Titiná y la Bonga, en la Provincia de San Blas, en donde la incursión de un grupo armado, que manifestó pertenecer a las autodefensas de Urabá y Córdoba, provocó el asesinato de los colombia- nos José Sánchez, Alberto Martínez y Metida Rubiano, y de Remberto Arrieta, al parecer de nacionalidad panameña. Ante las amenazas de los hombres armados se inició un éxodo de 90 familias hacia Puerto Ubaldía. Estos graves hechos no tienen relación directa con el éxodo reciente de población colombiana procedente de Urabá y constituye un problema de violencia con actores armados colombianos dentro del territorio panameño y que afecta a población de ambos países asentada en la zona desde hace varios años.
• El gobierno de Panamá ofreció mensajes contradictorios sobre los colom- bianos que llegaron a su territorio en busca de refugio. La delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores que se entrevistó con la Comisión Adhoc manifestó que por seguridad nacional a los colombianos se les daría un tratamiento de inmigrantes ilegales y se coordinaría con el gobierno colombiano su deportación. El Canciller de Panamá Ricardo Díaz Arias en declaraciones de prensa dijo que los colombianos no serían deportados porque las familias que ingresaron a Panamá "1o hicieron sin saber que cruzaron un límite internacional y no porque estuvieran huyendo de Colombia , por lo que no se les puede otorgar el tratamiento de refugiados" (El Tiempo , 19 de abril de 1997).
• Es evidente el interés por desconocer la real causa de la migración forzada y , en consecuencia normas humanitarias aplicables en estos casos y / en especial , la Declaración de Cartagena, suscrita por Panamá, que establece el principio de No Devolución y amplía el status de refugiado a las personas que huyen de zonas de guerra hacia zonas de frontera de otros países.
• La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como organizaciones internacionales como Aministía Internacional, La Iglesia Católica de Panamá y Colombia y organizaciones no gubernamentales de ambos países epresaron su preocupación por el tratamiento dado a los colombianos en busca de refugio.
• Los colombianos que buscaban refugio en Panamá fueron engañados y no actuaron voluntariamente en el proceso de repatriación.
• En total 325 colombianos repatriados fueron ubicados en Bahía Cupica, en el municpio de jurad o, en cuyo territorio se produjo doce meses atrás la masacre de once personas por parte de un grupo armado y hace cuatro meses la retención de 10 soldados adscritos a la infantería de marina por parte de un grupo guerrillero.
El problema subsiste en la medida en que siguen llegando individual y familiarmente colombianos a la provincia del Darién en busca de un lugar seguro ante la persistencia de los hechos de violencia en el Urabá Chocoano. La Diócesis del Darién ha advertido sobre posibles nuevos éxodos.
La Comisión deplora el procedimiento adoptado por los gobiernos de Colombia y Panamá para proceder a la repatriación de los colombianos que buscaban refugio en la Provincia del Darién , República de Panamá, y expresa su preocupación por la ausencia de criterios humanitarios mínimos en el tratamiento del problema.
4. Recomendaciones
La Comisión reclama un pronunciamiento de los actores armados (Fuerzas Militares, grupos guerrilleros y autodefensas) que operan en la zona de Urabá frente al éxodo de población civil como consecuencia directa o indirecta de sus acciones. La Comisión reclama el respeto por las normas humanitarias que protegen la población civil en casos de conflictos arma- dos no internacionales y demanda la pronta liberación de los infantes de marina retenidos por la guerrilla en el Urabá chocano con una muestra de acatamiento al derecho humanitaria
La Comisión demanda de los gobiernos de Panamá y Colombia el pleno acatamiento de las normas contempladas en el Derecho Internacional de los Refugiados, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como en la declaraciones de Cartagena (1984) y de la Conferencia Internacional sobre Desplazados y Refugiados en Centro América (CIREFCA), suscrita en Guatemala (1989)
Ante la posibilidad de nuevos éxodos la Comisión Adhoc recomienda la instalación de un campamento de refugiados con apoyo, control y veeduría internacional, un tratamiento especial de carácter humanitario a los refugiados y el pleno respeto al principio de No Devolución.
El gobierno colombiano debe explicar públicamente las decisiones y gestiones adelantadas en el caso de los connacionales que fueron expulsados de Panamá, ¡as condiciones de seguridad y protección que se ofrece en el sitio de asentamiento y las propuestas de reubicación y apoyo a éstas familias. Asimismo, informar sobre los compromisos adquiridos con motivo de la deportación del mes de noviembre de 1996, la muerte de Calderín Paternina y la suerte de los desplazados reunidos en el albergue de Apartado.
• Ante la persistencia, expansión e incremento del conflicto armado interno la Comisión recomienda estudiar la convocatoria de una Conferencia Internacional sobre Desplazados y Refugiados con la participación de los gobiernos de países limítrofes con Colombia, Organismos internacionales de carácter intergubernamental, gobiernos amigos, agencias de cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales, Iglesias y asociaciones de desplazados y refugiados para concertar un plan de acción humanitario frente al drama de los desplazados y refugiados que provoca el prolongado conflicto armado interno, la violación de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia.