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10nov06


Investigar a dos ex gobernadores y a tres políticos más de Sucre ordena Corte Suprema de Justicia.


Salvador Arana Sus, Miguel Nule Amín, Ángel Daniel Villarreal Barragán, Octavio Botero y José Joaquín García son los dirigentes que la Fiscalía deberá investigar.

La petición a la Fiscalía está contenida en la misma providencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la captura de tres de seis congresistas investigados por supuestos vínculos con paramilitares.

Arana Sus es ex gobernador de Sucre y ex embajador en Chile; Miguel Nule Amín es ganadero y también ex gobernador de Sucre; Ángel Daniel Villarreal Barragán es ex presidente de la Asamblea Departamental de Sucre.

El presidente de la Corte, Yesid Ramírez, dijo que los cinco políticos no pertenecen actualmente al Congreso y por ello sus acusaciones deben ser examinadas por la justicia ordinaria.

La Corte también solicitó a la Fiscalía que envíe al alto tribunal una copia completa de la transcripción de la información obtenida en el llamado computador de Jorge 40, pues a la fecha solo tiene una copia parcial.

Las órdenes de captura

La petición a la Fiscalía para investigar a estos dirigentes se conoce pocas horas después de que la Corte ordenó la caputra de tres ex congresistas de Sucre: Álvaro García, que lleva seis periodos consecutivos en el Congreso, es acusado de ser determinador de una masacre. Jairo Merlano, de ser integrante de las Auc, y Erik Morris, de financiarlas.

El escándalo ocasionado por esta decisión, comunicada en la tarde por la Corte Suprema de Justicia, solo es comparable con las detenciones ordenadas en la década del 90 contra congresistas, que también estaban en ejercicio, en el llamado Proceso 8.000.

En esa ocasión, los políticos pagaron cárcel por sus relaciones con el narcotráfico. Ahora, la Corte ha encontrado indicios para procesar a tres congresistas por sus supuestos nexos con las autodefensas, grupo que también tiene tintes de mafia gracias a sus lazos con el narcotráfico.

Los senadores García y Merlano y el representante Morris son buscados afanosamente por las autoridades.

La trascendental determinación puede ser el precedente para nuevos procesos (hay averiguaciones preliminares contra por lo menos tres congresistas más).

Durante los últimos años, la justicia recibió denuncias y testimonios sobre los nexos de los 'paras' con parlamentarios, pero no había hallado evidencias para vincular a congresistas a casos formales.

De hecho, desde junio del 2005 la Corte contaba con una denuncia instaurada por Clara López Obregón, ex candidata a la Cámara de Bogotá. Luego, la Fiscalía aportó otros testimonios e indicios. Y recientemente, envió su informe sobre el computador de 'Jorge 40'.

Hoy, un aspecto clave es que la gravedad de las sindicaciones va más allá de la supuesta colaboración con los 'paras'.

García-uno de los caciques más poderosos de Sucre- fue señalado de ser el supuesto "determinador de la masacre de Macayepo (donde murieron 15 personas) y el crimen de Georgina Narváez Wilches", una testigo electoral.

Además, está sindicado de la apropiación de 17 millones de pesos de un contrato celebrado en 1998 por el ex alcalde de Sucre (Sucre), Ángel Villarreal. La plata habría sido usada para financiar a los 'paras'.

Otro señalamiento sin precedentes es el que se le formuló al senador Merlano, pues se le sindica de ser "integrante del grupo paramilitar" del desmovilizado 'Diego Vecino', líder del bloque 'Héroes de los Montes de María'. Es decir, su actividad habría ido más allá del apoyo político o financiero a la estructura.

Terremoto político

La noticia cayó como un baldado de agua fría en Sucre, pues saca del camino a tres de sus más reconocidos líderes. Aunque pueden ser remplazados por sus segundos renglones, algunos creen que la política del departamento entrará en crisis.

De hecho, este caso se suma a la detención de cuatro diputados del departamento por sus supuestos vínculos con el bloque de 'Jorge 40', en septiembre. Dos de ellos son hombres del senador García.

Por el momento, Sucre tiene para mostrar a dos representantes más (Gabriel Espinosa, liberal, y Jairo Fernández, del partido de 'La U') y al senador Antonio Guerra.

El efecto de las órdenes de captura también golpea al movimiento Colombia Democrática, ya que García y Morris habían hecho fórmula por ese grupo en las pasadas elecciones.

Llama la atención el hecho de que si son hallados culpables podrían enfrentar penas superiores a 10 años, es decir sus condenas serían más altas que las de los procesados bajo la Ley de Justicia y Paz.

De otro lado, anoche la Fiscalía llamó a indagatoria a la ex congresista Muriel de Jesús Benito Rebollo, por presuntos nexos con 'paras'.

Estos son los tres 'caciques' que serán capturados

Álvaro García: Nació en Ovejas hace 53 años. Su incursión en la política fue en 1974 cuando fue alcalde de su municipio; luego fue secretario de Gobierno Departamental y administró Tabacos Bolívar. Fue diputado en dos períodos y en tres estuvo en la Cámara. Ha sido senador en los últimos 4 períodos.

Jairo Merlano: Nació en Sincelejo en 1956. Fue magistrado del Tribunal Superior de Sincelejo, de donde se retiró para aspirar a la Alcaldía de esa ciudad, siendo elegido en dos ocasiones (1994 y 1998). Llegó al Congreso como senador tras ser elegido en marzo de 2002 en las listas de Colombia Viva.

Erick Morris: Administrador de empresas nacido en Ovejas; salió elegido a la Cámara avalado por Colombia Democrática. Entre 1990 y 1992 fue alcalde de Sincelejo, y entre 1998 y 2000, gobernador de Sucre. Su esposa fue electa diputada con la votación más alta en la historia de Sucre.

Lo que sigue en el proceso judicial

  • 1. Por tratarse de congresistas, son investigados por la Corte y el proceso es de única instancia.

    Los parlamentarios podrían solicitar un recurso de reposición, es decir, solicitar ante la misma Corte que revise la medida en su contra. Si la Corte acepta, resolverá la solicitud en menos de dos semanas. Los sindicados utilizan muy poco este recurso.

  • 2. El proceso continúa en la etapa de investigación y tanto la Corte como los implicados pueden solicitar pruebas como presentar testimonios, documentos e inspecciones.

    En esta etapa la defensa prepara sus mejores argumentos mientras que la Corte avanza en la consecución de pruebas. Esto tardaría máximo un año.

  • 3. La Corte entra a calificar el proceso y decidirá si hay pruebas para llamarlos a juicio o por el contrario deberá precluirles. Si la calificación no se hace en los 8 meses siguientes a la detención, los sindicados podrían quedar libres por vencimiento de términos. Si son acusados el expediente pasará a juicio y allí nuevamente se debatirán las pruebas.

Indicios que comprometen a los políticos

Confabulación en Mancayepo

A Álvaro Alfonso García Romero una grabación de 60 minutos lo compromete con una de las matanzas que más ha estremecido a Sucre y al país: Macayepo.

La cinta es del 6 de octubre del 2000, cuando la Sijín interceptó una comunicación en la que un hombre, al que se identifica como el hoy senador García Romero, y Joaquín García coordinan una incursión paramilitar en la población para octubre de ese año.

Justamente el 16 de ese mes, quince campesinos fueron asesinados a piedra y machete por 80 hombre que, según expedientes, estaban bajo el mando de Rodrigo Mercado Peluffo, 'Cadena', desaparecido jefe paramilitar sucreño.

La cinta le fue entregada a Elba Beatriz Silva, de la Fiscalía, en el 2000, pero hasta ahora no había decisión contra el político.

También fue de conocimiento de la Procuraduría General, que terminó por absolverlo de responsabilidad en la masacre. Ahora la Corte lo vincula con ese crimen como determinador.

Al senador, la Corte también lo relaciona con el asesinato de Georgina Narváez Wilchez, el 19 de noviembre de 1997, un mes después de las elecciones en las que Erikc Julio Morris Taboada disputaba la gobernación con Édgar Martínez Romero. Ella era una maestra de 30 años que sirvió de testigo electoral en La Barcé, un corregimiento de San Onofre.

La profesora Narváez, cuentan testigos, tenía los datos de las mesas que demostrarían un supuesto fraude en favor de Morris, candidato de García Romero. Dicen que la mataron para escarmentar a los opositores.

El nombre de García suena desde hace tres décadas y, según algunos, nada en política se mueve en Sucre sin su consentimiento.

Un hombre aliado de García

Al representante Erick Julio Morris Taboada se le imputa la conformación de grupos paramilitares. El político, también de Ovejas, fue elegido con una de las mayores votaciones, avalado por Colombia Democrática. Siempre ha contado con el aval de García y su candidatura a la Gobernación de 1997 estrechó aún más los lazos entre ambos.

Merlano-'paras', ¿una relación estrecha?

Jairo Enrique Merlano Fernández, abogado de 50 años, ha sido alcalde de Sincelejo. Es más, desde hace 17 años su movimiento maneja esa alcaldía como su feudo.

Llegó al Congreso como senador tras los comicios de marzo del 2002, en las listas de Colombia Viva. En el 2006 obtuvo el aval de la U.

Fue asegurado como integrante del grupo paramilitar de 'Cadena', que promovió su campaña en el 2002, y de Edwar Cobos Téllez, 'Diego Vecino. En Sincelejo se comenta que Merlano, como ala política, mantenía comunicación directa con ambos 'paras'.

'Cadena' y 'Vecino' eran los que daban el visto bueno a los candidatos. Se dice que en El Palmar y otras haciendas base de 'paras' y donde se han hallado varias fosas, se hacían las listas a concejos, Asamblea, alcaldías, Gobernación y Congreso.

[Fuente: El Tiempo, Bogotá, Col, 10nov06]

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