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13mar07


Las multinacionales petrolíferas consideran "indebidos y arbitrarios" los pagos exigidos por Bolivia


La discusión pública entre las multinacionales y el Gobierno boliviano sobre la cantidad que éstas deben abonar con la nueva política de nacionalizaciones ha reavivado el escándalo político desatado tras los errores cometidos por el gabinete de Evo Morales en la redacción de los nuevos contratos con las petrolíferas.

Según la petrolera brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la francesa Total, el pago que deben abonar correspondiente a noviembre del 2006 debe ser de 4 millones de dólares (3,03 millones de euros), una cifra que depositaron en febrero. Sin embargo, el gobierno boliviano pide 30 millones de dólares (22,7 millones de euros), cifra que abonaron el pasado lunes, a pesar de haber presentado sus protestas oficiales a la administración.

La diputada opositora Lourdes Millares aseguró ayer a Efe que dicha discrepancia exige que sea el Congreso quien aclare las participaciones del Estado y las multinacionales en el negocio, pero el presidente de la petrolera estatal YPFB, Manuel Morales Olivera, dijo que el gobierno será el único que fije lo que debe pagarse.

El escándalo está cargado de confusión por numerosas versiones contradictorias de la oposición, el oficialismo, las petroleras y la prensa local.

Las discrepancias no surgen solo respecto a los contratos firmados en octubre del 2006 para los próximos 40 años, sino sobre los anexos de reparto de ingresos y respecto a la gravedad de los errores que cometió el gobierno en las leyes que los aprobaron en noviembre.

Las 44 contratos fueron suscritos a finales de octubre del año pasado por doce empresas, entre ellas Repsol YPF, Petrobras y TotalFinaElf (estas tres socias en los más grandes campos del gas de Bolivia, "San Alberto" y "San Antonio").

Petrobras protestó el pasado lunes, en un comunicado, contra la decisión del Ejecutivo de seguir cobrando a las tres un impuesto especial del 32%, fijado en el decreto de nacionalización dictado por el presidente Evo Morales el 1 de mayo del 2006.

Pago "indebido" y "arbitrario"

En representación de las tres petroleras, Petrobras abonó tras expresar su protesta conjunta, lo que restaba por pagar para cubrir los 30 millones de dólares (22,7 millones de euros) que exige el gobierno, según confirmó en un comunicado.

Pero advirtió que acudirá "a todos los medios legales" para recuperar ese cobro, que considera "indebido" y "arbitrario".

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos respondió a las multinacionales advirtiéndolas de que deben cumplir con el decreto que amplía el impuesto especial del 32% de la nacionalización hasta este mes.

"Existe un decreto y la empresa debe someterse a ese decreto que es la expresión de la voluntad del pueblo boliviano", dijo Morales Olivera, que no es familiar del jefe de Estado.

Esta medida, según aseguró Olivera, seguirá hasta que entren en vigor los contratos de octubre, pero éstos están atrapados en un conflicto político entre el partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo, y la oposición.

Aprobar una ley de enmiendas

El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, compareció ayer nuevamente ante la Cámara de Diputados para abogar porque se apruebe una ley de enmiendas que corrija los errores cometidos por el gobierno de Morales en las normas que aprobaron los 44 contratos.

El MAS, que tiene mayoría en la Cámara Baja, aprobará en los próximos días la ley de correcciones, pero no podrá hacer lo mismo en el Senado, controlado por los opositores.

Millares, jefa de los diputados de la alianza conservadora Poder Democrático y Social, dijo que la oposición no quiere "perjudicar nada", sino "dejar en claro" las confusiones sobre los ingresos del Estado y las petroleras.

Morales Olivera aseguró que en 30 años Bolivia ingresará por el campo "San Alberto" unos 20.000 millones de dólares (15.130 millones de euros) y por "San Antonio" otros 19.000 millones (14.374 millones de euros).

Gran parte del escándalo político se debe a la revelación de la oposición de que fueron cambiados los anexos del contrato de Petrobras referidos a sus costos recuperables.

Morales Olivera asumió la responsabilidad por las negociaciones del 2006, pero el ministro Villegas ha dicho que los acuerdos para cambiar los anexos del contrato con Petrobras no fueron consultado ni a él ni al anterior presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz.

[Fuente: Estrella Digital, Madrid, Esp, 13mar07]

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