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29ene20


Londres buscará a los "inmigrantes mejores del mundo" fuera de la UE


El primer ministro británico Boris Johnson ha proclamado a los cuatro vientos que, después del Brexit, el Reino Unido aplicará un sistema de inmigración "a la australiana", como si fuera la panacea. Pero aunque Australia es un país en muchos sentidos fantástico y líder mundial en lo que a canguros, koalas y tiburones se refiere, el trato a los aborígenes y el respeto a los derechos humanos no es su fuerte, tiene recluidos durante años a solicitantes de asilo y refugiados que llegan por barco en la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea) y Nauru, con repercusiones para su salud física y mental, y numerosas organizaciones han calificado ese tratamiento como inhumano, racista y xenófobo.

El plan de Johnson no es recluir a los ciudadanos de la UE que pretendan trabajar ilegalmente y lleguen sin los documentos necesarios en la isla de Man o la isla de Jersey, sino hacer una criba entre los inmigrantes potenciales en base a sus cualificaciones (lo mismo que hace Australia), dándoles puntos por el dominio del idioma, el patrocinio de una empresa y el salario que se les ofrece. Londres no primaría, como hace Canberra, la edad de los interesados (si tienen menos de 33 años su ventaja es enorme), pero sí su disponibilidad a instalarse fuera de la capital, en esas localidades deprimidas de Gales y el norte y centro de Inglaterra que han apoyado el Brexit y "prestado" su voto a los conservadores en las últimas elecciones.

Aunque pasado mañana el Reino Unido dejará de ser oficialmente miembro de la UE, todo seguirá igual en materia de inmigración hasta el 1 de enero del 2021, cuando acabe el periodo "de implementación". Pero Johnson desea que el corte sea entonces radical. Así como su predecesora Theresa May, atendiendo a los deseos de los empresarios, contemplaba una fase de transición adicional de dos años para los ciudadanos de la UE, el actual premier ha dicho que de eso, nada de nada, y que a la primera oportunidad todo quisqui será igual a los ojos de la ley migratoria británica, ya venga de Banjul o de El Masnou.

¿Qué va a significar el Brexit para los catalanes. vascos, gallegos, castellanos o andaluces? Todo dependerá del acuerdo bilateral que suscriba el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Downing Street (el anterior había garantizado de manera provisional los derechos de los 400.000 ciudadanos británicos en España a la espera de ver cuáles obtienen los alrededor de 200.000 españoles en este país, asumiendo que se establecería un principio de reciprocidad). Inicialmente no cambiará nada, y tampoco a largo plazo para quienes vengan a hacer turismo. Podrán seguir entrando sin necesidad de visado, con el pasaporte o el carnet de identidad, aunque este último dejará de ser válido en una fecha todavía no decidida del 2021. Quienes ya vivan aquí y se les conceda la residencia permanente tendrán la posibilidad de seguir utilizando el DNI hasta el 2026.

Más complicado es para quienes vengan a trabajar a partir del año que viene, porque se les aplicará el nuevo sistema de concesión de visados por puntos, y competirán con todos los ciudadanos del resto del mundo, sin ninguna ventaja por ser de la UE. El Gobierno Johnson está estudiando exigir el pago de una cantidad de dinero (se barajan cifras hasta 800 euros) como un depósito no reembolsable para el caso de tener que recibir tratamiento en la sanidad pública, pero ello dependerá también de los acuerdos bilaterales con Madrid, que tiene una posición de bastante fuerza dada la cantidad de jubilados británicos que viven en España y dependen de la Seguridad Social.

El plan de Londres -aún no perfilado del todo- es establecer cuatro tipos de visados, uno para estudiantes, otro para trabajadores cualificados con oferta de trabajo, un tercero para trabajadores no cualifi-cados (que habrían de percibir ganancias de alrededor de 30.000 euros al año), y el último para personas de "excepcional talento" en su campo, ya sea la ciencia, la cultura o el deporte. Los puntos requeridos variarían para cada grupo.

El estudio de una comisión independiente, hecho público ayer, ha recomendado un sistema mixto, de puntos para los trabajadores sin oferta firme de trabajo, y con un mínimo salarial para quienes sí la tengan. Pero son meras sugerencias que el Gobierno puede ignorar. Las restricciones que va a imponer a los ciudadanos de la UE que en la actualidad trabajan en la construcción (sobre todo polacos y rumanos) o en la hostelería (españoles, italianos, franceses) contrasta con el interés de las empresas, cuya prioridad es tener acceso a mano de obra barata. ¿De dónde va a salir?

El informe pronostica que con los cambios se reducirán la inmigración y las presiones sobre los servicios públicos, pero habrá un grave problema de cuidados a las personas dependientes, descenderá la población del Reino Unido, su PIB y productividad. Las universidades -un sector que aporta cada año 21 millardos de euros a la economía y sostiene un millón de empleos- temen una fuga de talentos y una caída en picado de estudiantes de posgrado en proyectos de investigación. En cuyo caso este país se quedaría sin los mejores expertos en inteligencia artificial, los científicos capaces de desarrollar o combatir bacterias, los matemáticos que diseñen algoritmos con aplicación para la industria de defensa.

[Fuente: Por Rafael Ramos, La Vanguardia, Barcelona, 29ene20]

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